Finjus sugiere ver con telefónicas proyecto de ley de regulación
Publicado el: 12 abril, 2018 Por: Loyda Peña e-mail: l.pena@hoy.com.do
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que el proyecto de Ley de Regulación a los Servicios Telefónicos promovido por el Senado necesita ser sometido a una revisión y discusión con representantes del sector para evitar una “afectación desmedida” al mercado de las telecomunicaciones que pudiese derivar, incluso, en un desincentivo a la inversión y expansión del mercado.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que como el proyecto presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, es bueno que se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.
Consideró conveniente revisar que las medidas insertas en el referido proyecto, se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), dijo que es importante aclarar, que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos.
“Se debe tener en cuenta que al adquirir el servicio prepago, se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos”.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que como el proyecto presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, es bueno que se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.
Consideró conveniente revisar que las medidas insertas en el referido proyecto, se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), dijo que es importante aclarar, que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos.
“Se debe tener en cuenta que al adquirir el servicio prepago, se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos”.
Dijo que extender a 6 meses el período de vigencia de los minutos, además de no corresponderse con el principio de razonabilidad que procura actualmente el plazo de tres meses para usar los saldos no consumidos, fue consensuado con el sector y el ente regulador.
Agregó que la regulación que entraría en vigencia el próximo mes de mayo, “eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica”.
Afirmó que esa limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.
Recordó que las empresas prestadoras del servicio realizan una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado “y donde se continúa imponiendo numerosas cargas regulatorias que, inclusive, pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad” situación que dijo, puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.
Agregó que la regulación que entraría en vigencia el próximo mes de mayo, “eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica”.
Afirmó que esa limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.
Recordó que las empresas prestadoras del servicio realizan una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado “y donde se continúa imponiendo numerosas cargas regulatorias que, inclusive, pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad” situación que dijo, puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.
En cuanto a la eventual eliminación del cargo por reconexión del servicio por falta de pago, la Finjus dijo que hay que tomar en consideración que, además de que la Ley 153-98 reconoce el derecho a cobrar cargos vinculados a la reinstalación, las empresas prestadoras incurren en costos operativos, técnicos y administrativos.
“Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requiere de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores”, dijo Castaños Guzmán.
“Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requiere de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores”, dijo Castaños Guzmán.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que el proyecto de Ley de Regulación a los Servicios Telefónicos promovido por el Senado necesita ser sometido a una revisión y discusión con representantes del sector para evitar una “afectación desmedida” al mercado de las telecomunicaciones que pudiese derivar, incluso, en un desincentivo a la inversión y expansión del mercado.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que como el proyecto presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, es bueno que se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.
Consideró conveniente revisar que las medidas insertas en el referido proyecto, se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), dijo que es importante aclarar, que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos.
“Se debe tener en cuenta que al adquirir el servicio prepago, se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos”.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que como el proyecto presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, es bueno que se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.
Consideró conveniente revisar que las medidas insertas en el referido proyecto, se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), dijo que es importante aclarar, que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos.
“Se debe tener en cuenta que al adquirir el servicio prepago, se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos”.
Dijo que extender a 6 meses el período de vigencia de los minutos, además de no corresponderse con el principio de razonabilidad que procura actualmente el plazo de tres meses para usar los saldos no consumidos, fue consensuado con el sector y el ente regulador.
Agregó que la regulación que entraría en vigencia el próximo mes de mayo, “eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica”.
Afirmó que esa limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.
Recordó que las empresas prestadoras del servicio realizan una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado “y donde se continúa imponiendo numerosas cargas regulatorias que, inclusive, pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad” situación que dijo, puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.
Agregó que la regulación que entraría en vigencia el próximo mes de mayo, “eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica”.
Afirmó que esa limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.
Recordó que las empresas prestadoras del servicio realizan una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado “y donde se continúa imponiendo numerosas cargas regulatorias que, inclusive, pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad” situación que dijo, puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.
En cuanto a la eventual eliminación del cargo por reconexión del servicio por falta de pago, la Finjus dijo que hay que tomar en consideración que, además de que la Ley 153-98 reconoce el derecho a cobrar cargos vinculados a la reinstalación, las empresas prestadoras incurren en costos operativos, técnicos y administrativos.
“Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requiere de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores”, dijo Castaños Guzmán.
“Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requiere de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores”, dijo Castaños Guzmán.
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