SAN SALVADOR (AP) — El Salvador buscaba desesperadamente el viernes convencer a las autoridades estadounidenses para alcanzar una solución favorable para los miles de salvadoreños radicados en ese país amparados bajo el estatus migratorio conocido como TPS.
Se espera que en las próximas horas el gobierno de Donald Trump haga pública su decisión sobre la petición de ampliación del TPS (siglas en inglés de estatus de protección temporal) migratoria para 190.000 salvadoreños. En noviembre pasado, Estados Unidos retiró el beneficio para los nicaragüenses y aplazó por seis meses su dictamen sobre el de los hondureños.
“Hemos completado algunas de las últimas gestiones y llamadas y hoy por la mañana el presidente (Salvador) Sánchez Cerén sostuvo una conversación prolongada con la secretaria (Kirstjen) Nielsen para reiterar la solicitud de prórroga y plantearle los aportes de los compatriotas con TPS”, manifestó el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
En caso de que la decisión sea desfavorable para los nacidos en El Salvador no se implementaría de inmediato, pero de cualquier manera el gobierno ya ha dicho tener un plan específico para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde se han contratado abogados y se han formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños para que gestionen la ciudadanía estadounidense.
También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no llenen los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.
Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador, más de 260.000 salvadoreños fueron beneficiados con el TPS. Con el tiempo algunos mejoraron su estatus migratorio y otros perdieron este beneficio. En la actualidad solo 190.000 lo conservan y vence en marzo de 2018.
El 97% de los salvadoreños con TPS son población económicamente activa con 25 años de edad o más. Una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en construcción. El 53% de los hogares salvadoreños tiene una hipoteca y el 69% reside en viviendas de su propiedad.
Mientras esto ocurre, la preocupación de la población en El Salvador aumenta y muchos piensan que la situación podría complicarse en el campo económico y laboral.
“Aquí hay problema para conseguir trabajo y mucha gente come con el dinero que les mandan sus familiares que viven en Estados Unidos. Creo que la situación se va poner difícil”, dijo a The Asociated Press, Josefa Tenorio, una mujer de 52 años que trabaja en el comercio informal.
Las remesas familiares procedentes de Estados Unidos son fundamentales para la economía de este pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en el país norteamericano enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador con una tasa de crecimiento de 7,6%, un incremento de 306 millones con relación al monto total de remesas percibido en 2015. La cantidad de remesas recibidas en 2016 equivale al 17,1% del producto interno bruto estimado para ese año.