SAN DIEGO (AP) — El secretario de Justicia Jeff Sessions inició el viernes la revisión de una práctica poco conocida pero habitual de los jueces de inmigración de cerrar casos sin emitir un fallo, lo que en potencia pone a miles de personas en un mayor limbo legal.
Sessions planteó una serie de cuestionamientos en los que impugnó el uso de los “cierres administrativos”, una resolución cada vez más frecuente que permite a la gente permanecer en el país sin estatus legal. El secretario pidió comentarios a abogados y otras partes interesadas, después de lo cual podría emitir nuevas instrucciones a los jueces de inmigración en todo el país.
Los cierres administrativos han sido una tabla de salvación para inmigrantes que solicitan naturalizarse, la residencia permanente u otras visas, al protegerlos de la deportación mientras realizan sus trámites. Pero los detractores dicen que los jueces suelen permitir a la gente permanecer en el país por más tiempo de lo que debería en una suerte de purgatorio legal.
Unos 350.000 casos están cerrados administrativamente, y el Departamento de Justicia dice que se cerraron 180.000 casos durante el gobierno de Barack Obama, más que en los 22 años anteriores. En 2012, la Junta de Apelaciones de Inmigración del departamento resolvió que ni los abogados del Departamento de Seguridad Nacional que intentan deportar a alguien, ni el inmigrante que quiere quedarse pueden impedir que el juez cierre un caso, lo que allana el camino para el incremento.
Los jueces de inmigración son empleados de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria del Departamento de Justicia, por lo que el secretario tiene amplios poderes de supervisión incluso mientras ellos hacen valer su independencia. Sessions, firme defensor del control de la inmigración, indicó el mes pasado que pensaba ocuparse de elaborar normas para reducir el cúmulo de 650.000 casos pendientes y acelerar las sentencias, y el anuncio del viernes fue un paso en esa dirección.
Sessions intervino el viernes en el caso de Reynaldo Castro Tum, que llegó a Estados Unidos desde Guatemala cuando era niño en 2014, para iniciar una revisión que podría afectar a cada uno de los jueces. Preguntó cuál es la autoridad de éstos para emitir un cierre administrativo y bajo qué criterios, si debe despojarlos de esa autoridad y si existe otro mecanismo para responder a inquietudes legítimas. También preguntó si los jueces deben revisar los 350.000 casos ya cerrados en caso de que decida que la práctica es injustificada.
Pidió a Seguridad Nacional, a Castro Tum y a otras partes interesadas que envíen sus respuestas antes del 9 de febrero. Castro Tum carece de abogado y no se presentó a una audiencia.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración considera emitir una respuesta, pero se muestra recelosa sobre la “posible intromisión en la independencia de la toma de las decisiones judiciales” y sobre los límites a la manera como los jueces manejan sus expedientes, dijo Dana Leigh Marks, jueza de inmigración y portavoz del grupo.
“Es como pedirles a los jueces que se encarguen de su abrumador número de expedientes y después amarrarlos de las manos por la espalda”, agregó.
La reapertura de 350.000 casos aumentaría en forma considerable los asuntos pendientes, aunque quienes apoyan la medida de Sessions la consideraron tardía. Andrew Arthur, juez retirado de inmigración, dijo que la práctica se había convertido en “una amnistía indirecta”.
“Desde el punto de vista práctico, es como echar esos casos con la escoba abajo de la alfombra”, declaró el exjuez, ahora miembro del Centro para Estudios de la Inmigración, que apoya las restricciones a la inmigración.
Los predecesores de Sessions han intervenido en casos individuales durante décadas para establecer una política, pero la autoridad es ejercida rara vez y a menudo esos casos tienen alcances limitados. Según el Departamento de Justicia, lo anterior ocurrió cinco ocasiones durante la presidencia de Obama y 16 durante la de George W. Bush.
En un memorando dirigido el mes pasado a los aproximadamente 350 jueces de inmigración y personal correspondiente, Sessions manifestó su desacuerdo con “las críticas constantes de que el número de expedientes nos abruman y de que la acumulación de casos pendientes carece de solución”, y les avisó que habría cambios. El funcionario señaló que los jueces deben resolver con rapidez “los casos o mociones sin mérito”, y les advirtió en contra de las demoras injustificadas.
“Aunque continuamos contratando jueces adicionales de inmigración y personal de apoyo para abordar estos desafíos, todos debemos trabajar para identificar y adoptar _en forma congruente con la ley_ procedimientos y técnicas adicionales para aumentar la eficiencia y garantizar la administración oportuna y adecuada de la justicia”, afirmó.
Jeremy McKinney, abogado de Greensboro, Carolina del Norte, y secretario de la Asociación de Abogados Estadounidenses de Inmigración, dijo que la revisión de Sessions constituye “otro ataque innecesario contra los tribunales administrativos del país”, y subraya la necesidad de que los tribunales de inmigración sean independientes del Departamento de Justicia.
La Junta de Apelaciones de Inmigración perteneciente al departamento puede anular la decisión de un juez. Los fallos de la junta son apelables en una corte federal, pero relativamente pocos casos llegan tan lejos.