Una presión tributaria para el desarrollo
Pavel Isa Contreras
Las prácticas políticas e institucionales hacen que el Estado gaste de manera insatisfactoria, y la correlación de fuerzas resulta en una carga impositiva desigualmente distribuida. En ese contexto, es entendible que se cuestione la calidad de lo que el Estado aporta al desarrollo. Además, de manera más general, tenemos un Estado pobre de recursos y la presión tributaria, que es el monto de las recaudaciones tributarias expresado como porcentaje del tamaño de la economía, es baja.
Se podría acordar que las cifras oficiales exageran el crecimiento recién pasado, que la economía es más pequeña y que el peso de los impuestos es mayor al presentado. También, que frente a las falencias de los servicios públicos, hogares y empresas incurren en gastos extraordinarios que actúan como impuestos encubiertos. Esto puede llevar a escepticismos entendibles sobre lo que dicen algunos indicadores.
Sin embargo, para lograr un debate constructivo, la claridad conceptual es muy importante: los gastos privados, aunque resulten de una precaria provisión pública, no son impuestos porque no se derivan de una imposición estatal. El más que justificado descontento con los servicios públicos no debe dar espacio a artificios e imprecisiones. Además, el argumento de los “impuestos escondidos” tiene dos efectos indeseados. Primero, desvía la atención de lo fundamental que es exigir y aportar a que el Estado cumpla con su obligación en materia de servicios públicos. Segundo, contribuye a legitimar la exclusión social porque al enfatizar en las cargas individuales, acepta implícitamente el estado de postración de los servicios públicos, la adquisición privada de éstos por parte de quienes pueden pagar, y el descarte de quienes no pueden hacerlo.
Por otra parte, aunque ajustemos rigurosamente las cifras del ingreso nacional a montos que podamos considerar más razonables, dicho ajuste nunca será tan grande como para concluir que las recaudaciones impositivas son adecuadas para acometer metas deseables de desarrollo.
La realidad es que las recaudaciones que resultan de la estructura tributaria actual son insuficientes. Ciertamente, se podría hacer muchísimo más con los recursos disponibles; de hecho, esto urge para dar legitimidad fiscal a un Estado que la ha perdido a fuerza de discrecionalidad, opacidad y corrupción. Pero si la apuesta es al desarrollo, acrecentar gradualmente el peso de los ingresos y del gasto público es una pieza de política clave.
La pregunta es: ¿Quién debe pagar? La respuesta debe ser: quien puede más. Esto apunta a reformar la tributación en al menos dos direcciones. Primero, gravar a quienes teniendo riqueza, no están gravados (eliminación de exenciones). Segundo, cobrar a quienes estando gravados y poseyendo riqueza, no pagan (combatir la evasión).
Datos oficiales cifran en casi RD$119 mil millones las exenciones para 2012. ¿Quiénes se benefician de ellas, y por tanto, quiénes cargarían con el peso de su eliminación? El grueso corresponde a las de ITBIS, que explican un 63% del total. De éstas, un 40% (RD$30 mil millones) es alimentos, y la mayor parte del resto es servicios de salud, educación, vivienda y transporte. Otros RD$27 mil millones (23%) corresponden al impuesto sobre la renta y el patrimonio. Finalmente, las exenciones a hidrocarburos son de RD$11,500 millones (9.6% del total); de éstas, más de RD$7 mil millones son para la generación de energía.
Lo anterior sugiere que el potencial recaudador de una eliminación de exenciones que no exacerbe la inequidad ni agudice las desventajas competitivas es limitado. Eliminar masivamente exenciones del ITBIS implica gravar alimentos, salud, educación y/o vivienda. El impacto social sería severo. Focalizar la eliminación en segmentos de ingresos elevados le quitaría poder recaudatorio. Eliminar las exenciones a los combustibles para generación de energía sería impensable en una situación energética como la actual.
Por lo tanto, el único espacio relevante de recaudación que queda sería la eliminación de exenciones al impuesto sobre la renta y el patrimonio. Esto es lo más sensato porque tiene un importante potencial recaudador y respeta el criterio de equidad sin comprometer la producción de riqueza.
A mediano plazo, los esfuerzos deberían concentrarse en reducir la evasión de grandes perceptores de ingresos. Pero para ello hace falta forjar consensos, tener determinación e impulsar un esfuerzo técnico e institucional sin precedentes.
http://www.elcaribe.com.do/2011/10/19/una-presion-tributaria-para-el-desarrollo-pavel-isa-contreras/
El autor es economista pavel.isa.contreras@gmail.com/t:@isapavel
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