Las autoridades fiscales ya nos tienen acostumbrados cada año a este juego de solicitar modificaciones presupuestarias al Congreso Nacional al finalizar el año, cuando ya los hechos están cumplidos. Lo hacen así porque el Ejecutivo sabe que el Congreso no sirve de contrapeso ni cumple su papel de fiscalización en materia presupuestaria, y que la propuesta será aprobada sin mayores miramientos ni sentido de responsabilidad.
En esta ocasión, sin embargo, no se trata de ajustes menores al presupuesto. Los cambios son mayúsculos.
Aumenta el gasto y el déficit por Punta Catalina
En primer lugar, incrementará el gasto total autorizado y la deuda pública autorizada en el presupuesto en 29,500 millones de pesos, unos 615 millones de dólares. En el presupuesto original, se autorizaba al Poder Ejecutivo a contratar deuda por un monto de casi 172 mil millones de pesos y al Gobierno Central a incurrir en gastos por 624 mil millones de pesos. Con la modificación, el gobierno está solicitando que se le eleve el tope de deuda hasta más de 201 mil millones, más de un 17% por encima de lo autorizado, y el tope de gastos hasta 654 mil millones, casi un 5% más de aprobado en el presupuesto.
De esos 615 millones de dólares, ya el gobierno había adquirido deuda por unos 500 millones de dólares, mediante bonos autorizados por el Congreso en noviembre de 2016 y colocados en los mercados en junio pasado. Sin embargo, estos no estaban consignados en el presupuesto de 2017.
Igualmente, de esos, 29,500 millones de pesos, 25,500 millones servirán para pagar facturas pendientes de ser saldadas, asociadas al proyecto de Punta Catalina, gastos que tampoco estaban consignados en el presupuesto y que el gobierno, frente a los hechos cumplidos, logró que el Congreso le diese el visto bueno formal. De los cerca de 5 mil millones de pesos restantes, 3,400 millones se pretenden asignar a la Presidencia de la República.
En segundo lugar, como resultado de lo anterior, el déficit del Gobierno Central crecerá en ese mismo monto. Si antes de esa modificación, el déficit del Gobierno Central iba a cerrar en el nivel programado, esto es, casi 85 mil millones de pesos, equivalente a 2.4% del PIB, con la modificación el déficit terminará siendo de 114 mil millones de pesos o 3.2% del PIB.
Despojo al Banco Central
En tercer lugar, autoriza al gobierno a desviar otros 29,500 millones inicialmente destinados a pagar los intereses por la recapitalización del Banco Central, para el pago de deudas del Gobierno Central. Los pagos al Banco Central contribuyen de forma moderada a que esa institución emita menos títulos y con ello a que la política monetaria, que tiene como objetivo contener la liquidez para evitar inflación y devaluación, sea un poco más flexible y a que las tasas de interés sean menos elevadas.
De esos 29,500 millones que el gobierno le quitó al Banco Central, 25,300 millones servirán para pagar deudas, esto es facturas de gastos incurridos que no estaban presupuestados.
Otros 3,200 millones apoyarán el gasto en salud.
Esta operación tiene importantes implicaciones. Primero, aunque el déficit del Gobierno Central no sube, sí lo hace el Banco Central y con ello incrementa el déficit del sector público consolidado en ese mismo monto. Lo que está haciendo esta operación es haciendo que el Banco Central financie al Gobierno Central, elevando el déficit público total.
Cuando se suman los 29,500 millones para Punta Catalina mencionado arriba con los 29,500 millones tomados del Banco Central, el aumento del gasto primario (en bienes y servicios) y del déficit del sector público consolidado es de casi 60 mil millones o 1.2% del PIB.
Segundo, esa operación no va a salir gratis. La vamos a pagar todos y todas con mayores tasas de interés porque para neutralizar el efecto monetario de no contar con esos recursos, el Banco Central se va a ver obligado a emitir más títulos y a ofrecer tasas de interés atractivas para capturar recursos en el mercado. En otras palabras, para cubrir el hoyo que le va a dejar Hacienda, el Banco Central va a tener que pedir prestado más de lo que hubiese tenido que pedir.
Para que se tenga una idea de las dimensiones del hoyo para el Banco Central, mientras el valor total de los nuevos títulos que esa institución coloca en el mercado para contener la liquidez todos los años es de cerca de 45 mil millones de pesos, el despojo que la medida implica es de casi 30 mil millones. Si el Banco fuera a neutralizar totalmente el efecto de ese despojo, tendría que llevar sus colocaciones hasta quizás 75 mil millones, más de 65% por encima de lo “normal”. Hacer ese esfuerzo necesariamente pasa por subir las tasas de esos títulos, y con ello todas las tasas.
El resultado de eso será menor inversión y menor crecimiento del que hubiese podido lograr, precisamente todo lo contrario de lo que el Banco Central ha estado procurando recientemente frente a la evidente desaceleración económica. Pero, además, eventualmente el propio Gobierno Central se va a ver afectado porque como las tasas de interés serán mayores, las nuevas emisiones de bonos de Hacienda tendrán que ser ofrecidas a mayores tasas.
Operaciones con el Banco de Reservas
En cuarto lugar, la modificación presupuestaria transparenta 9,700 mil millones de pesos en deudas de corto plazo no presupuestadas ni aprobadas: 8 mil millones con el Banco de Reservas para responder a los daños en la infraestructura que resultaron de las lluvias, y unos 1,700 millones, también con el Banco de Reservas, para financiar obras ejecutadas por el Ministerio de Turismo. De ese total, convierte 8,100 millones de pesos en deuda de largo plazo.
En quinto lugar, incrementó el tope autorizado de crédito con el Banco Mundial para financiamiento contingente asociado a catástrofes desde 100 millones de dólares hasta 150 millones. Por último, asignó unos 1,880 millones de ingresos generados por entidades públicas (FONPER, ETED e INDOTEL), para apoyar principalmente gastos de la Presidencia, Salud Pública y Obras Públicas.
Conclusiones
En síntesis, la modificación presupuestaria supone un incremento impresionante en los gastos en bienes y servicios del Gobierno Central respecto a lo presupuestado. El incremento es de poco más de 70 mil millones de pesos: 29,500 millones principalmente para Punta Catalina, 29,500 millones para pagar deudas diversas (gastos ya efectuados), 8 mil millones principalmente para infraestructura dañada por las lluvias, y 1,700 millones para el Ministerio de Turismo.
También implica un incremento del déficit del sector público consolidado (incluyendo del Banco Central) de casi 2% del PIB, y del Gobierno Central de 1.1% del PIB. Este último resulta de la suma de los 29,500 millones para Punta Catalina, la Presidencia y otros, y los 9,700 millones en operaciones crediticias con el Banco de Reservas.
Por último, incrementa (o formaliza el incremento) en la deuda del Gobierno Central en 9,700 millones de pesos, autoriza a contratar nueva deuda con el Banco Mundial por 2,400 millones, y probablemente obligará al Banco Central a endeudarse más todavía, quizás por unos 30 mil millones más, 6% más de lo que es ahora.
Pavel Isa Contreras
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