Por: Narciso Isa Conde
Además de la estrecha conexión del Presidente Medina con Joao Santana y la corporación Odebrecht, lograda con la alianza de la cúpula del PLD con la del PT de Brasil, heredando lo logrado por Leonel Fernández, la solicitud al Congreso de la República del juicio político al Presidente Medina, está sustentada en una de sus principales y más infames consecuencias: el contrato de Punta Catalina y su enorme y descarada sobrevaluación.
Con esos fines, una vez impuesto fraudulentamente Danilo Medina como Presidente de la República se organizó la visita del expresidente Lula junto a Alejandrino Alercart, alto ejecutivo de esa transnacional mafiosa para el mes de enero del 2013.
 Y tres meses después de la visita de Lula y Alecarta República Dominicana (financiada por Odebrecht, se anunció la licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del banco estatal de Brasil (BNDES).
Híper sobrevaluación, híper corrupción 
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la stanley Consultant en noviembre de ese mismo año declaró que solo la Odebrecht clasificaba para:
Construir dos unidades de 360 mw  (720 mw en total).
A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la Oak Ridge, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830 dólares, mientras la empresa china lo ofrecía  a no más de 1,350 dólares.
En el 2007 la misma Sichoun, de China Popular, había ofertado construir dos plantas a carbón en  Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.
En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado y luego frustrado contrato con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: Deustche, Santander, Ing General y Unicredit Spa.
Eso todavía no cubría todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continuó en medio de muchas incertidumbres, recurriendo posteriormente a descapitalizar ilegalmente al Banco Central.
Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor Luiz Dulci, exministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto o fundación, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.
Pese a que en abril del 2015 el Congreso Nacional autorizó el préstamo brasileño a favor de Odebrecht-Grupo Estrella para las plantas de Punta Catalina, todo se complicó cuando explotó el escándalo de Lava Jato y se frustró el referido financiamiento.
Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón de Punta Catalina, a esos mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez, habría que sumarle estafas con altísimos porcentajes en las demás obras ejecutadas y por ejecutar.
El presidente, sus alcancías, sus cómplices y protectores 
Los altos funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y que más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño (cartel entonces al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección), son el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el vicepresidente de la Corporación Dominicana  Eléctrica Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara. 
Todos ellos, presidente Medina incluido y en primer lugar, son sujetos procesables pasibles de fuertes  condenas por los graves delitos cometidos.
En este caso presidente de la República aparece asociado y/o protegido en esa gran estafa al gran empresariado criollo y a los sectores de la cúpula eclesial católica que lidera el inefable y corrupto Monseñor Agripino Núñez Collado, destacándose la complicidad del Grupo Estrella, principal socio local de Odebrecht y el Grupo Vicini, quien  le arrendó al estado -vía otro contrato-estafa- los terrenos de Punta Catalina.
A su vez el Grupo Corripio, el propio Agripino y los magnates del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) -bajo la hegemonía de carteles empresariales como Vicini, Rica y Bonetti- le han servido al gobierno dominicano para montar una farsa que oculta la estafa mayor y saca el caso Punta Catalina del tren judicial, poniéndolo bajo control del propio Presidente y su tristemente famosa “Comisión de Personalidades”.
 Aún inexistente el sistema de justicia, al estar secuestrado por esa mafia política, procede de todas maneras demandar el juicio político que lo despoje de su inmunidad constitucional y posteriormente facilite sanciones ejemplares para el presidente Medina… hasta convertir la exigencia en una avalancha que desborde esta institucionalidad absolutamente pervertida y rompa el régimen de la impunidad manipulado por el propio Jefe de Estado.
Ese paso tiene la virtud de apoderar a la sociedad -no importa como actué el Congreso cómplice- de ese reclamo, posibilitando convertirlo en un clamor nacional que contribuya a desplazar a este Gobierno antes del fraude reeleccionista que está preparando para el 2020 y ayude a abrirle cauce a un proceso constituyente que reconstruya el sistema institucional y convoque elecciones sobre bases democráticas y nuevas normas constitucionales que contribuyan a ponerle fin a la impunidad y a la corrupción.
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