Juicio y Constituyente
Marcha Verde-MV entregó el 5 de diciembre a los diputados Fidelio Despradel y Fidel Santana, y diputada Faride Raful el proyecto de resolución de juicio político al presidente Danilo Medina fundamentado en sus vínculos con Joao Santana y Odebrecht, con un fuerte énfasis en el contrato de Punta Catalina y los financiamientos electorales.
Ese es un paso trascendente del MV, al enfilar sus potentes misiles morales contra la principal figura institucional del sistema de corrupción e impunidad en interés de despojarlo de todo blindaje.
Sustentada en evidencias, testimonios y pruebas contundentes, esta iniciativa queda situada así: si a Danilo no lo condena ese Congreso, lo hará la sociedad.
Igual podrían elaborarse otros expedientes consistentes relacionados con las mafias del GLP, OISOE, el CEA, Corde, OMSA… Porque si algo ha develado este singular año verde, es cómo se ha podrido el poder constituido con la complicidad de sus máximos responsables.
Pero en cualquier caso, cualquier negativa a despojar a Danilo de la inmunidad constitucional que lo protege –algo muy propio de la esencia y dependencia del Poder Legislativo respecto del neo-caudillismo presidencialista- provocará un mayor descrédito e ilegitimidad de esa entidad; contribuyendo de paso a que este justo reclamo se convierta en avalancha incontenible de un pueblo hastiado de tanta podredumbre.
Esa perspectiva se apoya en algo incontrovertible: el poder estatal en República Dominicana está conformado por instituciones controladas desde la Presidencia de la República y el Comité Político del PLD, ambos asociados a diferentes variables de corrupción política, militar y empresarial.
Es, en consecuencia, una dictadura negadora de justicia, de democracia en general y democracia electoral. Con un gobierno corrupto, corruptor y tramposo, instrumentador de fraudes electorales y mecanismos de corrupción debidamente articulados y blindados en la esfera judicial, y con un sistema de partidos (incluido el “bloque opositor”) funcional a ellos.
Esto obliga a desplegar la democracia y crear conciencia colectiva a favor del reemplazo de este régimen antes del 2020, asumiendo la necesidad de un proceso constituyente que sustituya lo constituido, que abarque el desarrollo paralelo de un poder constituyente, ruptura institucional, asamblea constituyente, nueva constitución, nuevas elecciones y nueva institucionalidad.
En verdad no existe otra vía para alcanzar el fin de la impunidad, lo que no excluye, que mientras exista este gobierno y estas instituciones, se asuman también las demandas y propuestas de reformas que presionen sobre ellas y posibiliten incrementar los niveles de movilización social y política. http://elnacional.com.do/juicio-y-constituyente/
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