Responsabilidades ante advertencias consumándose
Las advertencias que se han venido haciendo al gobierno están consumándose; amenazando sostenibilidad del crecimiento económico, mejoramiento de condiciones de vida, armonía social y supervivencia democrática.
Partiendo de la desesperación financiera. Evidencia de ello es que acaba de someter la modificación del presupuesto 2017, cuando se está acabando el año y para legalizar hechos cumplidos, consignando conversión de deuda de corto en largo plazo y reprogramando partidas; algunas delicadas como inobservar Ley de capitalización del Banco Central, violando compromisos internacionales y llevando a la entidad a seguir monetizando, recibiendo a cambio papeles y registros contables. Colma esa desesperación el sometimiento de bonos previstos en el presupuesto 2018 antes que éste fuera aprobado.
Otros signos de desesperación se observan en sobreprecios de combustibles y la no reducción de tarifa eléctrica. Y en la vana y majadera campaña publicitaria que desarrolla DGII contra evasión ignorando que el gobierno la provoca con sobrecargos tributarios y gastos públicos sin resultados.
Evidencia de esto último revela la reciente encuesta Latinobarómetro 2017. Consigna un 42% de personas/familias dominicanas que “no han tenido lo suficiente para alimentarse” durante el último año-compitiendo con Venezuela- en circunstancia que encabezamos, vanidosamente, la lista de personas beneficiadas de ayudas estatales: 29% cuando la petrolera Venezuela es 23%.
A este fracaso de la política social hay que añadirle el de la económica al no haber reducido el desempleo en los últimos 20 años a pesar de una economía que las autoridades pregonan estar creciendo a un ritmo exorbitante. Y que a pesar de ese crecimiento, tenemos que importar US$10,000 millones anuales en bienes para satisfacer nuestras necesidades.
Otros fracasos institucionales de la presente gestión no pueden dejar de mencionarse: el limitado combate a la corrupción que ha merecido el reciente reproche de la más alta representación diplomática de nuestro principal socio comercial, la inseguridad ciudadana, el desorden ambiental y demoterritorial, el desgano gubernamental por defender nuestra identidad que ha contaminado a otros poderes como Ayuntamiento del Distrito Nacional que autorizó irreverencias a nuestro símbolos patrios. Y pretensiones de dominio ejecutivo sobre los demás poderes que caracterizan un Estado de derecho.
En este escenario, continúan demandas con repercusiones financieras difícil de satisfacer. Ej: presión social ante impostergable retiro de vehículos destartalados cuyos requerimientos no se vislumbra con un gobierno agobiado por sus gastos y desesperado de recursos.
Cambiar este estado de cosas compete a toda la sociedad y a agentes económicos libres de connivencias y complicidad gubernamental.
Pero sobre todo a los partidos opositores llamados a sistematizar un accionar con la mira puesta en modificar este escenario más allá del entretenimiento ofrecido alrededor del mejoramiento de los sistemas electorales.
Partiendo de la desesperación financiera. Evidencia de ello es que acaba de someter la modificación del presupuesto 2017, cuando se está acabando el año y para legalizar hechos cumplidos, consignando conversión de deuda de corto en largo plazo y reprogramando partidas; algunas delicadas como inobservar Ley de capitalización del Banco Central, violando compromisos internacionales y llevando a la entidad a seguir monetizando, recibiendo a cambio papeles y registros contables. Colma esa desesperación el sometimiento de bonos previstos en el presupuesto 2018 antes que éste fuera aprobado.
Otros signos de desesperación se observan en sobreprecios de combustibles y la no reducción de tarifa eléctrica. Y en la vana y majadera campaña publicitaria que desarrolla DGII contra evasión ignorando que el gobierno la provoca con sobrecargos tributarios y gastos públicos sin resultados.
Evidencia de esto último revela la reciente encuesta Latinobarómetro 2017. Consigna un 42% de personas/familias dominicanas que “no han tenido lo suficiente para alimentarse” durante el último año-compitiendo con Venezuela- en circunstancia que encabezamos, vanidosamente, la lista de personas beneficiadas de ayudas estatales: 29% cuando la petrolera Venezuela es 23%.
A este fracaso de la política social hay que añadirle el de la económica al no haber reducido el desempleo en los últimos 20 años a pesar de una economía que las autoridades pregonan estar creciendo a un ritmo exorbitante. Y que a pesar de ese crecimiento, tenemos que importar US$10,000 millones anuales en bienes para satisfacer nuestras necesidades.
Otros fracasos institucionales de la presente gestión no pueden dejar de mencionarse: el limitado combate a la corrupción que ha merecido el reciente reproche de la más alta representación diplomática de nuestro principal socio comercial, la inseguridad ciudadana, el desorden ambiental y demoterritorial, el desgano gubernamental por defender nuestra identidad que ha contaminado a otros poderes como Ayuntamiento del Distrito Nacional que autorizó irreverencias a nuestro símbolos patrios. Y pretensiones de dominio ejecutivo sobre los demás poderes que caracterizan un Estado de derecho.
En este escenario, continúan demandas con repercusiones financieras difícil de satisfacer. Ej: presión social ante impostergable retiro de vehículos destartalados cuyos requerimientos no se vislumbra con un gobierno agobiado por sus gastos y desesperado de recursos.
Cambiar este estado de cosas compete a toda la sociedad y a agentes económicos libres de connivencias y complicidad gubernamental.
Pero sobre todo a los partidos opositores llamados a sistematizar un accionar con la mira puesta en modificar este escenario más allá del entretenimiento ofrecido alrededor del mejoramiento de los sistemas electorales.
http://hoy.com.do/responsabilidades-ante-advertencias-consumandose/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario