domingo, 7 de mayo de 2017

Democracia amenazada por autoritarismo, invasión haitiana, interferencias medios en la frontera, inseguridad, bomba de tiempo del endeudamiento público, puentes y carreteras mal construidas, sobornos, ríos saqueados, montañas destruidas, carbón en front ALEX JIMÉNEZ / DIRECTOR DE PRIMICIAS

Democracia amenazada por autoritarismo, invasión haitiana, interferencias medios en la frontera, inseguridad, bomba de tiempo del endeudamiento público, puentes y carreteras mal construidas, sobornos, ríos saqueados, montañas destruidas, carbón en front

( Trabajo periodístico dedicado a Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Luis Reyes Acosta, Plinio Díaz, Guido Gil Díaz, Marcelino Vega, Juan Andújar, como a todos  los mártires de la prensa dominicana; a Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Nuria Piera, Alicia Ortega, Andrés L. Mateo, Edith Febles, Ricardo Nieves, Sara Pérez, Luis José Chávez, Domingo Páez, Elsa Peña, Saúl Pimentel,  Marino Zapete,  Altagracia Salazar, Ana Mitila  Lora, Adalberto Grullón, José Abreu, Mario Rivadulla, Ramón Lara (en los Estados Unidos), Esteban Rosario, Fausto Rosario Adames, Manuel Quiroz, Germán Marte, Robert Vargas,  Henry García, Ángela Peña,  Daniel Soriano,  Hugo López Morrobel, Minerva Isa,  Danilo Cruz Pichardo, Khaterine Hernández, Roberto Cavada, Félix Victorino, Danilo Santiago López,  Rafael Fafa Taveras, Claudio Caamaño Vélez, Glovis Reyes, Luis Pérez Casanova, Renaldo Bodden, doctora Sonia Vargas, Rafael Núñez Grassals, Alvaro Arvelo, Julio Hazim, Juan Taveras Hernández,  Claudio Acosta, Isidro Silva, Llenny Jiménez, Jaime Fernández Lazala, Jesús Nova,  Ivonne Ferreras,  Juan Manuel García, Ramón Reyes, Antonio Espinal,  y a los inolvidables maestros Alberto Malagón, Félix Francisco Ayuso,  Emilio Herasme Peña, Narciso González, Silvio Herasme Peña, Victoriano Félix, Rafael Valera Benítez, Alberto Villaverde, Pascal Peña Peña, Lipe Collado, Freddy Gatón Arce, Rafael Molina Morillo y José Sillié Gatón).
La democracia dominicana está amenazada por las acciones autoritarias de algunas instancias de poder, como la Policia Nacional  que en un retroceso sin precedentes ha puesto un cerco a las informaciones sobre el auge delincuencia, violentando la libertad de expresión y de información.
Otro problema confesado hace poco por un funcionario es el pinche de teléfonos, violador de la privacidad ciudadana.
La clase periodística y los medios de comunicación combaten esa censura que pone la Policía a ese tipo de información, necesaria para los ciudadanos y ciudadanas de la nación, que pagan un alto precio por el auge delincuencial.
Otros daños a la democracia dominicana es la creciente invasión, arrabalización de sectores como La Castellana con cientos de haitianos indocumentados que residen en un solar frente a una subestación eléctrica, la instalación de negocios informales en la Avenida Núñez de Cáceres casi avenida J. F. Kennedy, casi al lado del Banco Popular; la preocupante interferencia de medios de comunicación dominicanos en la zona fronteriza por el desorden en las frecuencias radiales y de televisión en Haití.
Otros atentados de los haitianos son la quema de decenas de miles de árboles para producir carbón en diferentes puntos de la frontera Sur y Norte para exportarlo hacia Francia y otras naciones, destruyendo la foresta dominicana y la entrada masiva de haitianos y haitianas sin documentación, ampliando los cinturones de miseria.
Muchos haitianos atracan, como ocurre  en Engombe, Santiago, Gran Santo Domingo, pueblos fronterizos y otros lugares.
La inseguridad es otro problema que debilita la democracia dominicana. Todos los días se reportan atracos como si nada estuviera pasando en medio del alto costo que tienen para el contribuyente dominicano  las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado.
A esto se suma el alarmante endeudamiento público que va incrementando  el compromiso de pago de deudas del país con cargo a los ingresos fiscales.
La situación se agrava con  la caída de puentes y otros afectados por las inundaciones de pueblos, que también han destruido autopistas, caminos vecinales, acueductos y carreteras.
Eso ocurre en un país que espera que sean llevados a las cárceles los que sobornaron y recibieron sobornos por las obras de ODEBRECHT, cuyas sobrevaluaciones generan otro problema grave a la nación dominicana.
El mismo pueblo que espera sanciones con los actos de corrupción  detectados en el Consejo Estatal del Azúcar ( CEA), OISOE, Corporacion Dominicana de Empresas Estatales ( CORDE), otro escándalo de corrupción  destapado en España y que se investigue el tema del financiamiento a la campaña electoral con  fondos de ODEBRECHT y otras fuentes de ingresos.
La población dominicana apuesta también a la sanción al caso de soborno en los aviones tucano,  como a quienes destruyen las montañas, arroyos y ríos.
La sociedad retoma también el caso de la Torre Atiemar y los vínculos de capos extraditados por Estados Unidos con altas instancias de poder.
Nunca se llegó a investigar el nexo de oficiales militares con  el tráfico de cargamentos de drogas, como  llegaron a confesar en Puerto Rico dos oficiales de la armada dominicana que guardaron prisión por narcotráfico  y que hicieron trascendentales relevaciones de los vínculos del narcotráfico con algunos oficiales militares de la nación.
Luego de la extradición y condena de un narcotraficante puertoplateño, el apresamiento en España de un narcotraficante que  fue llevado al Palacio Nacional cuando el ex presidente Leonel Fernández gobernaba el país, la detención de Figueroa Agosto y el retorno de Quirino, no se han investigado las profundidades de las conexiones de narcotraficantes  con estamentos de poder en el país.
Tampoco se investigó el accionar de una persona influyente en el Este que fue condenado por narcotráfico en Puerto Rico.
Nunca se profundizó sobre el ingreso de un narcotraficante español como teniente coronel asimilado en la Policía Nacional,  al igual que la denunciada mafia de los combustibles en la Policía Nacional, que le ha costado cientos de millones de pesos al contribuyente dominicano.

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