Soborno y corrupción Añadir a myFT
Donald Trump detendrá la aplicación de la ley que prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros
El presidente dice que la medida "significará muchos más negocios para Estados Unidos"
Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que detenga la aplicación de una ley anticorrupción estadounidense que prohíbe a los estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para ganar negocios.
"Esto significará muchos más negocios para Estados Unidos", dijo el presidente en la Oficina Oval después de firmar el lunes una orden ejecutiva que ordena a Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, pausar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977.
“Suena bien en el papel, pero en la práctica es un desastre”, dijo Trump sobre la FCPA. “Significa que si un estadounidense viaja a un país extranjero y comienza a hacer negocios allí de manera legal, legítima o no, es casi seguro que lo investiguen y lo acusen, y nadie quiere hacer negocios con los estadounidenses por eso”.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que “la seguridad nacional del país depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo”.
El funcionario agregó: “El presidente Trump está frenando la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas”.
La orden constituye una de las políticas de aplicación más audaces emitidas por la administración Trump, y podría socavar una herramienta fundamental para tomar medidas enérgicas contra la mala conducta tanto individual como corporativa.
La FCPA ha respaldado algunos de los casos más destacados del Departamento de Justicia, incluido un acuerdo de culpabilidad alcanzado el año pasado con Trafigura por los sobornos que la empresa comercializadora de materias primas realizó en Brasil para mantener negocios con la compañía petrolera estatal Petrobras.
En 2022, uno de los ex socios principales de McKinsey se declaró culpable de participar en una conspiración para violar la FCPA en relación con un escándalo de corrupción en expansión durante la administración del ex presidente sudafricano Jacob Zuma.
En octubre pasado, el contratista de defensa estadounidense RTX acordó pagar más de 950 millones de dólares por acusaciones de haber sobornado a un funcionario qatarí para facilitar la venta de armas al país de Medio Oriente y defraudado al Pentágono para que pagara de más por armas, incluidos los sistemas de misiles Patriot.
La decisión provocó críticas de expertos anticorrupción que dijeron que detener la aplicación de la ley perjudicaría a las empresas estadounidenses que operan en el extranjero.
“La mayoría de las empresas [estadounidenses] aprecian el hecho de que la FCPA les permite ser firmes al rechazar los sobornos porque la mayoría de las empresas del sector privado, sensatamente, ven el soborno como un costo improductivo”, publicó en X Richard Nephew, ex coordinador anticorrupción del Departamento de Estado.
El funcionario de la Casa Blanca dijo que Bondi emitiría nuevas pautas de cumplimiento que “promueven la competitividad estadounidense y el uso eficiente de los recursos de aplicación de la ley federal”, y agregó que se revisarían las acciones anteriores y existentes de la FCPA.
Las empresas estadounidenses se vieron perjudicadas por la “aplicación excesiva” de la ley, ya que “se les prohíbe realizar prácticas comunes entre competidores internacionales, lo que crea un campo de juego desigual”, añadió el funcionario.
La Casa Blanca dijo que la seguridad nacional de Estados Unidos requería ventajas estratégicas en diversos activos de infraestructura, como minerales críticos y puertos de aguas profundas.
Los procesos penales en virtud de la FCPA han impuesto “un costo creciente a la economía de nuestra nación”, dijo el funcionario, citando las 26 acciones de cumplimiento relacionadas con la ley presentadas por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores el año pasado.
El funcionario dijo que la aplicación de decenas de medidas coercitivas cada año agotó los recursos de las empresas y de las fuerzas del orden. A fines de 2024, 31 empresas estaban bajo investigación relacionada con la FCPA, agregó.
La SEC creó una unidad especializada en 2010 para fortalecer la aplicación de la FCPA, que había descrito como un “área de alta prioridad”.
El año pasado, el regulador acusó a un ex ejecutivo de Azure Power Global, una empresa de energías renovables que está en el centro de un caso en el que se acusa al multimillonario indio Gautam Adani de perpetrar un plan de sobornos. El Departamento de Justicia también presentó una acusación penal.
Azure afirmó que los ex empleados a los que se hace referencia en las acusaciones habían estado “separados” de la empresa durante más de un año. Adani Group calificó las acusaciones de “infundadas”.
Los expertos legales han argumentado que el caso, que fue presentado antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, podría depender de su presidencia .
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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