El Caribe | 24 noviembre, 2021
Esperan concluir este miércoles con la lectura solicitud de coerción contra implicados Operación Larva
SAN CRISTÓBAL. -El Ministerio Público espera concluir este miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra 14 de los imputados del Caso Larva, para quienes pide a un tribunal de esta demarcación la imposición de 18 meses de prisión preventiva y, además, que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, recordó que, por decisión del tribunal, la medida contra el último arrestado del caso se conocerá en un proceso distinto. “La fusión no tiene nada que ver con la imputación”, dijo, al referirse a las intenciones que tuvo el Ministerio Público de que toda la medida se conociera junta por economía procesal.
Dijo a periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, luego de aplazamiento de la audiencia, que este martes iniciaron con la lectura de la solicitud de la coerción contra los primeros 14 arrestados, la cual continuarán este miércoles, además de que también conocerán por separado la solicitud contra el imputado número 15.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Katherine Rubio Matos, luego de rechazar en audiencias anteriores múltiples incidentes de las defensas, dio inicio este martes al conocimiento de la coerción, cuya jornada continuará este miércoles a las 3:00 de la tarde.
El Ministerio Público sometió por este caso a los imputados Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).
En tanto que, como entidades con personería jurídica, la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
El órgano de la persecución penal está representado además por los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura, Fanny Garabito.
El pasado 27 de octubre el Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
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