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La gestión de contratación de abogados por parte del Gobierno para representar los intereses del Estado en posibles juicios por prevaricación no resulta nada extraño ni espectacular, sino una diligencia procesal de naturaleza ordinaria y mandatorio de la ley.
El presidente Luis Abinader posee las calidades para instruir, como lo anunció en su alocución del jueves, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo “a contratar de manera inmediata a abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patrimonio sustraído…”
De lo que se trata es de emprender una diligencia procesal y de otorgar poderes a abogados para que representen al Estado en las jurisdicciones penales correspondientes que conozcan de acusaciones sobre prevaricación solventada por el Ministerio Público.
La ley confiere potestad a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República para tramitar expedientes acusatorios ante el Orden Judicial contra funcionarios y particulares por delitos de corrupción o cohecho contra el Estado, aunque siempre corresponderá al Ejecutivo la constitución en parte civil.
Dicho de otra manera, en un expediente criminal por prevaricación, el Ministerio Público representa a la sociedad y los intereses del Gobierno son defendidos por abogados contratados para tales fines, quienes en pedimentos por separado solicitarían en audiencia devolución de bienes o sanciones civiles contra los justiciables.
Es por eso que se reclama no convertir la lucha contra la corrupción en un circo romano, sino que mansos y cimarrones acepten o escojan al Ministerio Público y a los tribunales de la República como escenario idóneo para investigar, procesar, acusar, litigar y sancionar de conformidad con la ley.
Al Poder Ejecutivo le asiste derecho de constituir abogados para que gestionen ante los tribunales devolución de bienes que alega han sido sustraídos o distraídos, como también les asiste el mismo derecho a los imputados a contratar togados que los representen.
Para procurar justicia o sanción penal y económica no se requiere de instalación de recintos feriales, carruseles ni toboganes, sino que se activen los mecanismos de la justicia y que cada cual elija la vía jurídica que corresponda, en el entendido de que jueces y fiscales cumplirán cabalmente con su deber. ¡Justicia es lo que se pide y se espera merecer!
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