lunes, 26 de octubre de 2020

Del uso al origen: un enfoque para destapar la corrupción

EDITORIAL

Del uso al origen: un enfoque para destapar la corrupción

Mientras que para el gran público una auditoria es equivalente a descubrir fraudes o ilícitos económico-financieros, los auditores rehúyen que identifiquen su trabajo con destapar fraudes e ilícitos

Por ACENTO.COM.DO 

Cada vez que hay cambio de gobierno, el término “auditoría” se pone de moda. En el cambio del pasado 16 de agosto, no sólo no ha sido una excepción, sino que ha adquirido un carácter de mantra. Para estar seguro, el candidato Abinader, hoy presidente, enarboló el término como elemento clave de su promoción política en la lucha contra la corrupción.

Pero existe una gran brecha entre lo que el gran público (incluyendo los medios de comunicación y el propio presidente Abinader) entiende por auditoria y lo que los auditores entienden por auditoria. Siendo justos, en estos momentos, esta brecha de percepción es activo tema de debate entre los principales auditores y organismos reguladores de los países con mercados de valores más importantes. Las razones son las continuas fallas de las auditorias en descubrir fraudes colosales, y a veces muy obvios, incurridos en algunos de sus entes auditados.

Mientras que para el gran público una auditoria es equivalente a descubrir fraudes o ilícitos económico-financieros, los auditores rehúyen que identifiquen su trabajo con destapar fraudes e ilícitos. La realidad es que la economía y composición de las firmas de auditores significa que tienen muy poca posibilidad de llevar a cabo auditorias que descubran fraudes, ya que para ello se necesita personal experimentado, con amplia competencia y especial habilidad profesional. Estas firmas están estructuradas en forma piramidal, como los ejércitos, donde la novena décima parte está ocupada por soldados inexpertos y de bajos salarios (recién graduados), y sólo una décima parte ocupada por personal con más tiempo en la actividad con salarios más altos. Cierto es que existen las llamadas “auditorías forenses” pero éstas, cuando son útiles, resultan en costos elevadísimos por requerir una capacidad y diversidad profesionales poco comunes. https://www.accountancyage.com/2020/09/07/auditors-must-stop-pretending-its-not-their-job-to-catch-fraud/

Si es al través de auditorías que se piensa dar con los corruptos y llevarlos, según proceda, a la justicia, pasarán los cuatro años de este gobierno y la mayoría de las auditorias estarán en proceso. También habría que ver con más de un dejo de duda la calidad de las que se hayan concluido. Es decir, si existe una voluntad seria de perseguir a los corruptos ya consumados y de intentar disuadir los que puedan reemplazarlos, habría que repensar la estrategia y buscar alternativas innovadoras. Las auditorías podrían dar indicios, solamente. Y lo hemos dicho antes, una auditoría detecta fallas o incumplimientos en la ejecución de lo presupuestado. Nada más. Lo demás, corresponde al Ministerio Público, que es el destino de las auditorías que pudieran estar diciendo algo más allá de lo habitual.

Una de estas alternativas es la que estamos llamandoInvestigación del Uso al Origen, amparado en el Articulo 10, párrafo 10 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas. Esta sería una investigación ágil que, con el poder que esa ley otorga a la Cámara de Cuentas, produciría resultados a muy corto plazo y además sería un mensaje anticorrupción poderoso. Trataremos de identificar como funciona esta estrategia por medio de un ejemplo. Se identifica el Sospechoso A (la cita legal anterior otorga facultad a la Cámara de Cuentas para investigar denuncias y sospechas de hechos ilícitos al patrimonio público). La primera prueba sería investigar qué posee y qué gasta el Sospechoso A. La segunda prueba sería el monto de los recursos que obtuvo del empleo en el Estado. Y la tercera prueba sería exigir revelar el origen de los recursos que no provinieron de su empleo en el Estado. Cualquier suma importante que el Sospechoso A no pueda justificar hace que el expediente pase a la fiscalía, habida cuenta de que, luego del debido proceso judicial, el patrimonio que el Sospechoso A no pueda justificar pase al Estado.

Estos son los eslabones principales de la estrategia, la cual requiere ser diseñada en sus detalles con los planes, procedimientos e informes, capacitación rápida de personal. Esta estrategia se podría poner en marcha, con la facultad que permite la voluntad de política, en no más de dos meses.

Es bueno hacer notar que la Ley de Cámara de Cuentas no sólo abarca a las instituciones y funcionarios del Estado, sino que también cae bajo su jurisdicción las empresas privadas donde el Estado tenga un interés propietario y las personas del sector privado (incluyendo profesionales y expertos) que contractualmente rindan, sin importar su modalidad, servicios al Estado y sus instituciones.

El presidente Luis Abinader anunció la contratación de oficinas de abogados para avanzar en este proceso. Entendemos que esas oficinas de abogados tienen una oportunidad para agilizar la fase de recuperación de recursos públicos con el procedimiento que acabamos de describir, partiendo del artículo 10, párrafo 10, de la ley 10-4 de la Cámara de Cuentas. Ojalá pronto tengamos información de la labor de esos abogados, y en particular quiénes son, para evitar los conflictos de intereses. https://acento.com.do/editorial/del-uso-al-origen-un-enfoque-para-destapar-la-corrupcion-8875279.html

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