ÁGORA
De barrilto, cofrecito y corrupción
Nada justifica mantener esa abusiva e injusta discrecionalidad en el uso de los dineros públicos, esa forma de corrupción que indirectamente hace que el contribuyente financie actividades esencialmente clientelares de los legisladores algo que debe terminar definitivamente.
Creo que nadie en su sano juicio niega que, en esta sociedad la corrupción es esencialmente sistémica, o sea, que constituye un entramado de relaciones políticas, sociales y económicas que de alguna manera condiciona significativamente el funcionamiento de nuestras instituciones políticas/sociales. La corrupción tiene varias formas de institucionalizarse en el discurrir de la cotidianidad en los diversos ámbitos de un sistema político y social. Por ejemplo, los llamados cofrecitos y barrilitos y demás canonjías que nuestros congresistas se autoasignaron desde hace mucho tiempo, pese a la repulsa ciudadana que genera.
Dice Rober Klitgaard, que constituye corrupción “cuando alguien tiene un poder monopolístico sobre un bien o un servicio, tiene el poder discrecional de decidir si alguien lo recibirá o no y en qué cantidad, y no está obligado a rendir cuentas”. Quiere decir, en el caso que nos ocupa, cuando alguien usa el poder que le confiere el ejercicio de una función para decidir o autoasignarse recursos, que de alguna manera le pueda permitir fortalecerse en el puesto de mando en una determinada institución. En caso de los legisladores, utilizan sus malhadados cofrecitos, barrilitos y prebendas, como forma de promoción personal para fortalecerse y mantenerse en su cargo y eventualmente promoverse para otros de mayor calado.
Es esta, una variante de las tantas que tiene la corrupción cuando asume un carácter sistémico, porque beneficia de manera directa a los congresistas que se acogen a las prebendas y que podría perjudicar a quienes compiten con ellos en eventuales procesos electorales. Se pasan 4 años distribuyendo dádivas a la población con recursos del contribuyente, haciendo labores que son propias de otras instituciones del Estado. Encima de eso, nuestros legisladores son mejor remunerados que sus pares de diversos países, algo demostrado en varios estudios y publicaciones. Es generalizada la condena a esos privilegios, la cual se hizo mucho más enérgica y visible en las grandes jornadas de lucha contra los gobiernos del PLD. Pienso en las marchas de Marcha Verde.
Sin embargo, percibo que poco a poco el peso de la cultura de la corrupción construida a lo largo de todos los gobiernos pasados, parece imponerse y parecería que se echará al olvido tanto las demandas como condenas a los perversos barrilitos, cofrecitos y demás privilegios. Ejemplarmente, singulares senadores como Antonio Taveras, Eduardo Estrella han renunciado a esos privilegios; igualmente los diputados José Horacio Rodríguez, Pedro Martínez y Juan Dionicio Rodríguez. La senadora Faride Raful, propone que se formalice institucionalmente esa renuncia, y que no sea solo una iniciativa personal de cada legislador.
Pero, son los partidos quienes deben imponer el fin de esas canonjías, al tiempo de plantear una disminución escalonada, en tiempo y monto, de los altos sueldos de nuestros representantes en el Congreso y en varias las instituciones del Estado. Sin embargo, esa renuncia debe ser exigida incansablemente por la sociedad como una de las formas de exigir que nos gobiernen bien. Sólo como ejemplo, Pedro Sánchez, jefe del gobierno español gana la suma de 410 000 pesos mensuales, casi una tercera parte de lo que devengan algunos senadores de provincias de alto nivel poblacional. Algo moralmente inaceptable, económicamente insostenible y un bochorno, que no solamente nos lastima como sociedad, sino internacionalmente como país.
Pero hay algo peor en esta forma de corrupción involucra un segmento de la población que vota a quienes le ofrecen la mitigación y hasta “solución” de unas urgencias que deberían ser resueltas a través de la acción de las instituciones del Estado correspondientes. Cuando un segmento de la población espera que sus urgencias sean atendidas por la acción de un político, al margen de lo legal como son los barrilitos y los cofrecitos, se produce un trasvase de una práctica política corrupta hacia el ámbito de lo social, produciéndose lo que Elena Gutiérrez llama dimensión social de la corrupción. En este caso, es otra prueba del carácter sistémico de la corrupción en la sociedad dominicana.
Nada justifica mantener esa abusiva e injusta discrecionalidad en el uso de los dineros públicos, esa forma de corrupción que indirectamente hace que el contribuyente financie actividades esencialmente clientelares de los legisladores algo que debe terminar definitivamente. Debe encontrarse una forma que evite que los legisladores cambien discrecionalmente la asignación que reciben del Presupuesto Nacional para autoasignarse dineros del contribuyente a los fines de financiar sus actividades clientelares en desmedro de la institucionalidad y de la igualdad de oportunidades de todos los participantes en las competencias electorales, además de los recursos de la nación.
Ponerle fin a ese bochorno constituye un reclamo de la generalidad del pueblo dominicano, una demanda de campaña electoral que produjo la actual nueva mayoría y una sólida bandera de lucha orgullosamente exhibida durante las jornadas contra la corrupción y la impunidad...
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