Santo Domingo, 18 de septiembre de 2018
Doctora,
Zoila Martínez Guante,
Defensora del Pueblo,
Su Despacho.-
Doctora,
Zoila Martínez Guante,
Defensora del Pueblo,
Su Despacho.-
Distinguida Dra. Martínez Guante:
Amparados en sus funciones constitucionales y en su reconocida labor conciliatoria entre los ciudadanos, me dirijo a Usted, como Defensora del Pueblo, como Doña Zoila y como nuestra amiga de antaño, para solicitarle que interponga sus buenos oficios de intermediación neutral para que sean salvaguardados los derechos de un amplio segmento de ciudadanos reformistas, que actualmente estamos impedidos de contribuir a velar por los intereses de la nación, a causa de los conflictos internos que se están escenificando en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) provocados por pugnas intestinas a irracionales entre distintos grupos.
El artículo 39 numeral 3 de nuestra Carta Magna establece que “el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas” para que los derechos fundamentales como en este caso los civiles y políticos se cumplan, estando obligado a adoptar las “medidas para prevenir y combatir…la exclusión” que sentimos los reformistas al no poder incidir debidamente en los destinos nacionales por la inoperatividad que afecta a nuestro partido político.
La mayoría de los reformistas y nosotros que buscamos de su intermediación, intentamos cumplir con nuestro deber ciudadano y patriótico de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia” (Art. 75.12 de la Constitución). Deber que hemos optado, desde hace décadas, por cumplirlo a través de un partido históricamente valioso y nacionalista como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el cual, al igual que todo partido, se encuentra amparado y protegido por el artículo 216 de la Carta Magna.
Durante los últimos años el PRSC ha venido sufriendo por conflictos internos que están afectando, no sólo al partido mismo, sino también a toda la nación. Esto impide que los reformistas podamos cumplir con nuestros deberes constitucionales, al tiempo que se conculcan nuestros derechos de participar y contribuir debidamente en el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan al interés nacional, bienestar y desarrollo integral.
Muchos de los conflictos que están destruyendo nuestra organización política se han llevado al Tribunal Superior Electoral (TSE). Pero la experiencia de años ha sido que los dictámenes de esa alta corte lo único que han logrado es profundizar las guerras internas, el caos y las heridas entre los miembros de nuestra familia política.
Ante cada sentencia razonable del TSE, las pugnas, en lugar de disiparse, se recrudecen y emanan con mayor fuerza; situación que es tomada por particulares que controlan segmentos institucionales del reformismo para no ejercer las responsabilidades que la Constitución establece a los partidos y para impedir que los reformistas ejerzamos nuestros derechos de garantizar la salvaguarda de las conquistas sociales y políticas consagrados en nuestra constitución.
En otras palabras, no han bastado ni parece que bastaran dictámenes judiciales para hacer valer los derechos de los reformistas, segmento de la población que en algún momento llegó a superar la cuarta parte de los electores nacionales.
En consecuencia, entendemos que se necesita recurrir a otras opciones e instituciones de garantía de derechos que nos ofrece el mismo Estado dominicano. La mejor de esas opciones ya han dejado de ser los jueces y sus sentencias. Ahora es el Defensor del Pueblo y su creciente prestigio institucional como ente neutral conciliador.
Doña Zoila, es por lo antes dicho que reiteramos nuestra intención de solicitarle que, en la medida de sus posibilidades y de su equipo de profesionales, desarrolle una labor conciliatoria entre las autoridades y los distintos sectores de la familia reformista, a fin de detener la progresiva destrucción del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), una de las más importantes expresiones políticas históricas del pueblo dominicano.
...
Muy atentamente,
.....
Ing. Guillermo Caram Herrera
Vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
Ex Gobernador del Banco Central
El artículo 191 de la Constitución establece entre las funciones esenciales del Defensor del Pueblo la de “contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos...establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por ...particulares que afecten intereses colectivos”.
Amparados en sus funciones constitucionales y en su reconocida labor conciliatoria entre los ciudadanos, me dirijo a Usted, como Defensora del Pueblo, como Doña Zoila y como nuestra amiga de antaño, para solicitarle que interponga sus buenos oficios de intermediación neutral para que sean salvaguardados los derechos de un amplio segmento de ciudadanos reformistas, que actualmente estamos impedidos de contribuir a velar por los intereses de la nación, a causa de los conflictos internos que se están escenificando en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) provocados por pugnas intestinas a irracionales entre distintos grupos.
El artículo 39 numeral 3 de nuestra Carta Magna establece que “el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas” para que los derechos fundamentales como en este caso los civiles y políticos se cumplan, estando obligado a adoptar las “medidas para prevenir y combatir…la exclusión” que sentimos los reformistas al no poder incidir debidamente en los destinos nacionales por la inoperatividad que afecta a nuestro partido político.
La mayoría de los reformistas y nosotros que buscamos de su intermediación, intentamos cumplir con nuestro deber ciudadano y patriótico de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia” (Art. 75.12 de la Constitución). Deber que hemos optado, desde hace décadas, por cumplirlo a través de un partido históricamente valioso y nacionalista como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el cual, al igual que todo partido, se encuentra amparado y protegido por el artículo 216 de la Carta Magna.
Durante los últimos años el PRSC ha venido sufriendo por conflictos internos que están afectando, no sólo al partido mismo, sino también a toda la nación. Esto impide que los reformistas podamos cumplir con nuestros deberes constitucionales, al tiempo que se conculcan nuestros derechos de participar y contribuir debidamente en el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan al interés nacional, bienestar y desarrollo integral.
Muchos de los conflictos que están destruyendo nuestra organización política se han llevado al Tribunal Superior Electoral (TSE). Pero la experiencia de años ha sido que los dictámenes de esa alta corte lo único que han logrado es profundizar las guerras internas, el caos y las heridas entre los miembros de nuestra familia política.
Ante cada sentencia razonable del TSE, las pugnas, en lugar de disiparse, se recrudecen y emanan con mayor fuerza; situación que es tomada por particulares que controlan segmentos institucionales del reformismo para no ejercer las responsabilidades que la Constitución establece a los partidos y para impedir que los reformistas ejerzamos nuestros derechos de garantizar la salvaguarda de las conquistas sociales y políticas consagrados en nuestra constitución.
En otras palabras, no han bastado ni parece que bastaran dictámenes judiciales para hacer valer los derechos de los reformistas, segmento de la población que en algún momento llegó a superar la cuarta parte de los electores nacionales.
En consecuencia, entendemos que se necesita recurrir a otras opciones e instituciones de garantía de derechos que nos ofrece el mismo Estado dominicano. La mejor de esas opciones ya han dejado de ser los jueces y sus sentencias. Ahora es el Defensor del Pueblo y su creciente prestigio institucional como ente neutral conciliador.
Doña Zoila, es por lo antes dicho que reiteramos nuestra intención de solicitarle que, en la medida de sus posibilidades y de su equipo de profesionales, desarrolle una labor conciliatoria entre las autoridades y los distintos sectores de la familia reformista, a fin de detener la progresiva destrucción del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), una de las más importantes expresiones políticas históricas del pueblo dominicano.
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Muy atentamente,
.....
Ing. Guillermo Caram Herrera
Vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)
Ex Gobernador del Banco Central
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