La solicitud de Participación Ciudadana en el caso Odebrecht
Participación Ciudadana (PC) decidió darle seguimiento al caso judicial denominado Odebrecht y para tales fines me solicitó encargarme de los esfuerzos dirigidos a obtener toda la información posible del caso, para su análisis en comisión, y posterior divulgación, lo que ha generado opiniones y cuestionamientos de parte de algunos de los imputados en el caso, que me permito comentar a continuación.
A los fines de la tarea encomendada, solicité y obtuve en secretaría de la Suprema Corte de Justicia, los escritos de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. Jesús Vásquez tuvo la gentileza de hacérmelo llegar y solo me falta el de Conrad Pittaluga. El interés siempre ha sido el de obtener los escritos y no las pruebas, pues sabemos lo difícil que resulta para el tribunal estar entregando un volumen tan grande de pruebas, y concuerdo con el senador Galán en que esto generaría un estrés logístico que no es nuestra intención causar.
El paralegal que realizaba las gestiones en mi nombre me informó que en secretaría le habían señalado que yo figuraba como testigo del caso y que por esa razón no debía tener acceso a los escritos. Envié una carta al magistrado Francisco Ortega Polanco, Juez de la Instrucción Especial del caso, informando que yo no figuraba como testigo. La confusión, que yo mismo tuve originalmente, se debía a que el señor Ángel Rondón propuso como testigo al Dr. Francisco Álvarez, quien había sido o es consultor jurídico de una de las edes, pero que es una persona distinta y a quien no tengo el placer de conocer.
La carta que envié al magistrado Ortega y que fue comunicada a todas las partes, como debe ser, motivó la objeción de algunos de los imputados. El señor Ángel Rondón expresa su preocupación por las intenciones de PC, por quiénes podrían estar detrás, por la posible contaminación mediática del caso, y cuestiona su derecho a acceder a tales escritos. El senador Galán, por su lado, solicita que PC primero explique el objeto de su requerimiento y el uso que dará a los documentos y que, si se decide entregárselos, se le circunscriba “a hacer un uso escrupuloso de los mismos, circunscrito a la veracidad, a la crónica periodística fidedigna”, eludiendo “el manejo de métodos que puedan inducir a prejuicios y consecuente violación al principio de presunción de inocencia”.
La intención de PC es colaborar en la transparencia que debe rodear cualquier proceso judicial luego de concluida la fase preparatoria, como lo ha hecho en el pasado, sin ninguna restricción, en los casos Baninter, Bancrédito, Mercantil, Félix Bautista, entre otros. Los temas justicia, transparencia, corrupción, impunidad son parte de la agenda de PC como capítulo nacional de Transparencia Internacional, una organización mundial, que no depende de ningún país, y lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad en todos los continentes.
PC ha investigado a lo largo de varios años el tema corrupción y el comportamiento de las autoridades ante este mal que nos arropa y ha producido varias publicaciones, como “Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003” y “La corrupción sin castigo 2000-2013.” Los estudios de PC puede que no agraden a algunas personas o autoridades, tanto del poder judicial como del ministerio público, pero es el aporte de esta organización ante un problema responsable de la pobreza, ignorancia e insalubridad en que viven tantos dominicanos y dominicanas.
Esto no significa que PC pretende “condenar” a los imputados, pues está consciente de que sólo los tribunales competentes pueden hacerlo. Sin embargo, es interesante anotar que ya está probado que hubo corrupción pues la propia Odebrecht admitió los sobornos, por lo que ahora queda esperar que las autoridades competentes identifiquen a los responsables y los condenen, en un proceso judicial que debe respetar el debido proceso, pero además ser total y absolutamente transparente.
¿Por qué el caso Odebrecht se ha hecho mediático? Por lo escandaloso del mismo, y este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, ya que ha ocurrido de igual forma en todos los países donde esta empresa admitió haber sobornado a funcionarios públicos. El interés de los medios y de la ciudadanía en este proceso no ha sido originado por PC, aunque por estar involucrados recursos públicos, esta entidad exhorta a la ciudadanía a dar seguimiento al caso y, al igual que los medios, facilita esa labor estudiando más profundamente todos los aspectos del caso y dándolos a conocer, cumpliendo así con el deber constitucional de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública” (art. 75.12 de la Constitución).
El derecho de PC de acceder a los escritos de defensa resulta del principio de publicidad que norma el proceso penal previsto en el artículo 3 del Código Procesal Penal (CPP), o el artículo 308 que se titula precisamente “publicidad”.
Cuando el CPP ha querido limitar la publicidad o el acceso de terceros al expediente, a las vistas o a las audiencias, lo ha hecho en forma expresa, como por ejemplo en el artículo 290, que señala que el procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Pero el caso Odebrecht, ya superó la fase preparatoria o de investigación, y se encuentra en la fase intermedia o de audiencia preliminar, donde rigen los mismos principios que para el juicio de fondo, entre ellos el de publicidad.
Reconocemos que el juez puede establecer restricciones al principio de publicidad, pero Alberto Binder nos dice que “se debe tener bien claro que las restricciones al acceso o la limitación a la publicidad deben ser excepcionales y la decisión que la establece, fundada; ya que se haya en juego un principio – el control ciudadano – de suma trascendencia” (BINDER, Alberto, Introducción al derecho procesal penal, página 261).
La publicidad de los juicios penales se ha establecido para proteger a los imputados, tal como lo señaló el conde de Mirabeau en su famosa frase: “Ponedme al juez que queráis, parcial, corrompido, mi enemigo si deseáis; poco importa, con tal que no pueda hacer nada, sino en público”. Por lo tanto, no creo que los imputados en el caso Odebrecht deban temer a que toda la información del caso pueda llegar a la ciudadanía. Lo que no se puede controlar son las opiniones que cada uno se formará con esas informaciones, pero eso es imposible de controlar en un régimen democrático.
El abogado del señor Rondón, José Miguel Minier, aseguró en el programa Hoy Mismo que Francisco Álvarez Valdez estaba cobrando honorarios profesionales por representar a PC, porque de gratis “eso lo pudiera hacer solo si el padre Billini estuviera vivo”, lo que me permite informar a la opinión pública por esta vía que nunca he cobrado un solo centavo a PC, ni directa ni indirectamente, por honorarios, dieta, reembolso de gastos incurridos ni por cualquier otro concepto, en todos los procesos electorales, de justicia o proyectos de cualquiera otra naturaleza en que me he visto involucrado en los 20 años que llevo como voluntario y miembro de dicha organización, como tampoco lo ha hecho la oficina de abogados para la que trabajo, ci ningún otro pariente mío. Pago mi cuota como miembro y efectúo donaciones o hago préstamos (sin intereses) para proyectos puntuales. Tampoco he recibido jamás un solo centavo de Transparencia Internacional ni de ninguna de las organizaciones de sociedad civil en las que trabajo, como Profamilia, por ejemplo.
Respetamos la institucionalidad y por lo tanto acataremos y respetaremos cualquier decisión que el magistrado Francisco Ortega Polanco pueda adoptar, sin que ello implique renuncia al derecho que tenemos, al igual que cualquier otra persona, a dar seguimiento a los casos judiciales por las vías institucionales correspondientes.
https://acento.com.do/2018/opinion/8604098-la-solicitud-participacion-ciudadana-caso-odebrecht/
Francisco Alvarez Valdez
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Educación y Democracia Socio fundador de Headrick Rizik Alvarez & Fernández. Su ejercicio profesional se ha desarrollado principalmente en las áreas de litigios judiciales y arbitrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo y proyectos relativos al ámbito de las telecomunicaciones. Fue coordinador de Participación Ciudadana. Es presidente de Profamilia.
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