La oposición y la sociedad civil habían advertido sobre fallas de los equipos
SANTO DOMINGO, El informe técnico de la Junta Central (JCE) sobre el deficiente desempeño de los equipos del registro de concurrentes y el escrutinio de los votos, no son más que el reflejo de las denuncias y preocupaciones planteadas por los actores políticos y la sociedad civil días antes de las elecciones del 15 de mayo del 2016.
El panorama previo a los comicios del pasado año se vio matizado por fuertes cuestionamientos de los partidos de oposición y del entonces miembro de la JCE, Eddy Olivares, para que los equipos fueran auditados y que se procediera a un conteo manual de los votos además del electrónico, en todos los niveles de elección.
La situación llegó a los extremos de que seis de los candidatos presidenciales acudieran siete días antes de las elecciones a la JCE a presionar en procura de un protocolo claro y preciso sobre el proceso de votación. Se trató de los candidatos presidenciales Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País; Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional (PUN); Elías Wessin Chávez, del Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD).
La persistencia de los partidos llevó al entonces presidente de la JCE, Roberto Rosario, a manifestar que sería una locura volver al conteo manual, tomando en cuenta que se había realizado una inversión millonaria en la compra de los equipos.
Las preocupaciones de los partidos se dieron por las fallas detectadas en las pruebas de transmisión de datos realizadas por la Junta con los equipos adquiridos a la empresa Indra Sistema a un costo de US$39.7 millones. En el caso de la segunda prueba realizada el primero de mayo del 2016, donde se detectaron debilidades en el manejo de los equipos y fallas de los mismos.
El PRM realizó un informe sobre el simulacro de la JCE y determinó que hubo problemas de logística y montaje, de registro y concurrencia, de escrutinio y de transmisión.
Entre la listas de inconvenientes citó que no hubo una prueba completa del sistema, apenas se probó un 10% del mismo, que permitía manipular el voto después de marcado por un determinado partido, así como que validaba votos nulos y los válidos podía convertirlos a nulo. También se refirió a los problemas de conectividad que provocaba lentitud en la transmisión de datos y que el registro de concurrentes no iba en consonancia con la cantidad de votos emitidos.
En ese entonces, la promesa de los técnicos de la JCE era que terminado el proceso de votación, el escrutinio en los centros electorales podría realizarse en 45 minutos, por cada uno de los niveles de candidaturas.
Auditoría a los equipos
Junto a los partidos y el titular Olivares, el movimiento Participación Ciudadana estuvo insistiendo en una firma auditora, de los equipos y software que se utilizarán en las elecciones a fin de agregar, según ellos, confianza al nuevo sistema.
Ante los reclamos se procedió entonces a ordenar un experticio a cargo de la PricewaterhouseCoopers Auditores S.L, que conforme a Oliveras era una empresa subcontratista de Indra Sistema que tuvo a su cargo la venta de los equipos. Dicha firma de auditores certificó los equipos.
Un mes después de los comicios, Olivares pidió a Rosario que ordenara a la dirección informática hacer un informe donde explicara las causas de las fallas en el conteo electrónico y que un equipo independiente realizara una nueva auditoría de los dispositivos electrónicos utilizados.
Organismos internacionales
Pasados los comicios, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) coincidieron en señalar en sus informes sobre los comisiones que hubo inconvenientes con la tecnología utilizada.
Roberto y Franklin callan
Ni el ex presidente de la JCE, Roberto Rosario, ni el antiguo director de Cómputos, Franklin Frías, han querido al informe elaborado por el Departamento de Informática que cuestiona la tecnología usada en las pasadas elecciones. Los técnicos sostienen que los equipos del registro de concurrentes y escrutinios de los votos no están aptos para ser usados en procesos futuros.
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