Publicado el: 8 septiembre, 2017 Por: Loyda Peña e-mail: l.pena@hoy.com.do

Sociedad civil acusa gobiernos PLD en CIDH por corrupción e impunidad

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció ayer ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el uso de la represión por parte del Estado dominicano, como medio para garantizar la impunidad en el país.

Durante la audiencia temática contra la República Dominicana, por los actos de corrupción cometidos en la última década por funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y empresarios privados, celebrada en México, los denunciantes afirmaron que solo en el 2016 los hogares dominicanos gastaron RD$6,000 millones en sobornos.

“República Dominicana es uno de los países con mayor impunidad, es una característica fundamental del sistema político; con lo que se va en corrupción en el país se podrían construir dos Repúblicas Dominicanas”, dijeron.

De su lado, los representantes del Estado afirmaron que aunque aquí no hay un récord perfecto, “las cosas tampoco son como las pintan los peticionarios”.

La audiencia que llevó por título “Derechos Humanos y Denuncias de Impunidad y Corrupción en República Dominicana”, fue solicitada el pasado 30 de mayo por varias organizaciones, incluidas la Fundación Derechos Vigentes, Ciudadanos contra la Corrupción (C3), Red Nacional de Organizaciones Populares, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos y la Red de Encuentro Dominico Haitiana.

También los comités de Derechos Humanos Dominicano, Dominico-Haitiano, y de Puerto Rico; Asociación para la Promoción de la Vida; Centro para la Educación y el Desarrollo; Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fundación Loma y Salud, Diversidad Dominicana y el colectivo de participación política La Patada.

Las organizaciones de la sociedad civil aprovecharon para pedir al Gobierno crear una mesa e iniciar juntos “un diálogo transparente que permita solucionar esos males y evitar que la situación continúe agravándose y la caída precipitada del Estado Democrático de Derechos en el país”.
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