jueves, 23 de marzo de 2017

La inflación moral del país / Por: Andrés L. Mateo

La inflación moral del país (2)

Me sigo asombrando de que no quede hacia dentro del PLD una pizca de la dignidad que Juan Bosch suponía debía tener un partido, y que la corrupción de ese conglomerado sea parte de la inflación moral en que vivimos. Cuando hablamos de corrupción denominamos una práctica que se ha perpetuado en la política dominicana conformando un sistema, y cuya acumulación originaria de capital tiene como fuente el erario. Se ha repetido tanto en la historia dominicana, que el imaginario popular la ha fijado como algo “natural”, como una esencia de la dominicanidad; siendo, como es, un orden histórico particular de la práctica política que la legitima en el manejo del poder. La corrupción no es una maldad de origen, sino un vastísimo sistema circulatorio, una enorme palanca de movilidad social, ante cuyo funcionamiento el poder es como el susurro de las escamas del réptil. Fue el fenómeno de la corrupción el que transformó súbitamente toda la naturaleza de la clase media pequeño burguesa con la se organizó el PLD, abriéndose con la movilidad social unos apetitos cuya ausencia de límites ha borrado cualquier escrúpulo ético. Todo lo que ocurre ahora, con el nivel que ha alcanzado el sistema de la corrupción en el país, pudimos haberlo advertido leyendo correctamente las escaramuzas sobre las cuales se ha organizado la impunidad absoluta con la que se actúa.
Quiero recordar aquél espectáculo degradante que la Cámara de diputados protagonizó con la supresión del párrafo III del artículo 85 del código procesal penal, entre los años 2013 y 2014. Ese párrafo era crucial para solidificar el sistema de impunidad que el PLD ha erigido, porque castraba la posibilidad de la querella del ciudadano, esa facultad de denunciar los actos de corrupción que atañen a toda conciencia de ciudadanía. La prensa de entonces reseñó las diligencias de Víctor Díaz Rúa para que el poder legislativo desarticulara ése artículo, y más que validar ahora las razones que él tenía para que esto se realizara; lo que se desplegaba era el manto de impunidad más tupido de toda la larga historia de la corrupción. El grado más elevado de la concepción patrimonial del Estado. El nivel de la corrupción abiertamente proclamado sin ningún sonrojo. El Estado como botín, el despojo de la riqueza social cual si el partido gobernante tuviera derechos extraordinarios de apropiación de los fondos de la nación, sin un régimen de consecuencia.
Si ahora vemos a Felucho Jiménez proclamar que el Comité político del PLD sabía de las sobrevaluaciones en las obras de ODEBRECHT; y que Reinaldo Pared, el secretario general del partido, le responde que lo que se discutió fue “el desvío del trazado de una carretera” en la cual Felucho Jiménez tenía intereses; lo que descubrimos es que en el Comité Político se discuten problemas financieros que son exclusividad del Estado; porque el PLD ha perdido el carácter político, y se ha convertido en una corporación económica. La hiper corrupción es lo característico de la etapa actual de los gobiernos peledeístas, y es diferente de esas formas sistémicas que registra la historia, no solo por elevado nivel de acumulación de capital que maneja, sino porque requiere garantías de impunidad absoluta, y falsificación de todo el régimen de consecuencias que deberían prever las leyes. Para la hiper corrupción el Estado es oxígeno indispensable, la fuente de toda acumulación patrimonial. Es por ello que Felucho y Reinaldo Pared discuten, y es por ello que, pese al dominio absoluto del sistema judicial, el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal era un incordio para el predominio de la impunidad. Felucho y Reinaldo Pared son la misma cosa, son la misma barbaridad de una práctica política autoritaria y corrupta, y la misma vocación de eternidad que no respeta las leyes. Un sacerdote rabioso, gran amigo con el que discuto temas políticos, entre perdigones de saliva me dijo bajito: “Andrés, no seas pendejo, esos tígueres están curtidos, y aman el dinero”. Y yo sentí que ese era el mismísimo significado de nuestra existencia, de nuestra frustración. Ante un país que tiene secuestrada todas las instituciones formales de la democracia, y una dictadura real junto a una inflación moral que dificulta respirar aires de dignidad, dos “jorocones” del partido de gobierno debaten públicamente “asuntos económicos”, y no pasa nada. ¡Oh, país!

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La inflación moral del país

Uno se asombra todavía de que no quede hacia dentro del PLD una pizca de la dignidad que Juan Bosch suponía debía tener un partido, y que la corrupción de ese conglomerado sea parte de la inflación moral en que vivimos; porque la modificación del párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal es un insólito despliegue del descaro y la prepotencia, y una forma brutal de clavarnos como país en lo impensable. Se pretende despojar al ciudadano de su calidad para querellarse ante la justicia por los actos de corrupción de los funcionarios públicos; de modo que, si el Presidente Danilo Medina la promulga, sólo ellos mismos, los peledeístas que gestionan el aparato del Estado, se podrán acusar entre sí. Sin dudas, el manto de impunidad más tupido de toda la larga historia de la corrupción.

El grado más alto de la concepción patrimonial del estado que ha cabalgado en nuestra historia. El nivel más elevado de práctica de la corrupción proclamado sin ningún sonrojo. El Estado como botín, el despojo de la riqueza social cual si el partido gobernante tuviera derechos extraordinarios de apropiación de los fondos de la nación, sin un régimen de consecuencias.

Cuando hablamos de corrupción denominamos una práctica que se ha perpetuado en la política dominicana conformando un sistema, y cuya acumulación originaria de capital tiene como fuente el erario. Se ha repetido tanto en la historia dominicana, que el imaginario popular la ha fijado como algo “natural”, como una esencia de la dominicanidad; siendo, como es, un orden histórico particular de la práctica política que la legitima con un manejo del poder. La corrupción no es una maldad de origen, sino un vastísimo sistema circulatorio, una enorme palanca de movilidad social, ante cuyo funcionamiento el poder es como el susurro de las escamas del réptil. Fue el fenómeno de la corrupción el que transformó súbitamente toda la naturaleza de clase de la pequeña burguesía del PLD, abriéndose con la movilidad social unos apetitos cuya ausencia de límites ha borrado cualquier escrúpulo ético. Pero lo que explica la supresión del párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal no es el fenómeno de la corrupción, sino el de la aparición de la hiper-corrupción como categoría.

La hiper-corrupción es lo característico de la etapa de los gobiernos peledeístas, y es diferente de esas formas sistemáticas de corrupción que registra la historia nacional, no sólo por el elevado nivel de acumulación de capital que maneja, sino porque requiere garantías de impunidad absolutas, y falsificación de todo el régimen de consecuencias que prevén las leyes. Además, para la hiper-corrupción como sistema, el Estado es el oxígeno indispensable, la fuente de toda acumulación patrimonial. Por eso la hiper-corrupción es lo que garantiza la continuidad en el poder. Por eso, seis o siete de las fortunas derivadas de la hiper-corrupción peledeísta, compiten en importancia económica y social con los capitales tradicionales del sistema de producción oligárquico del país. Y es por eso que, pese al dominio absoluto del sistema judicial, el párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal se convertía en “el flanco débil por el que se podía atacar la bien asegurada impunidad que ha construido el partido gobernante”, como bien dice el doctor Guillermo Moreno en su artículo “Para la historia de la impunidad”, publicado en la edición de ayer de “Diario Libre”.

¿Por qué la modificación del párrafo III del artículo 85 del Código procesal Penal pasó como en clandestinaje, como furtiva, como una malévola ráfaga de la desventurada historia del despojo de la riqueza social que hemos vivido los dominicanos? Simplemente, porque la inflación moral en que vive éste país autoriza a un Poder Legislativo desacreditado a rubricar como ley cualquier barbaridad derivada de sus intereses. Nos han obligado a vivir en el silencio, y son muchos los pequeño burgueses que deben a su miedo el sacrificio de sus dudas. Entre perdigones de saliva, hablando de este tema, un sacerdote amigo me dijo, bien bajito: “No hay nada que hacer, Andrés, no seas pendejo”. Y yo sentí que ese era el mismísimo significado de nuestra existencia. Frente a un país que tiene instituciones formales, y una dictadura real.

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