17 de agosto de 2015. SANTO DOMINGO
Un conjunto de partidos políticos y movimientos sociales alertaron hoy a la Segunda Asamblea General de la Asociación Mundial de Foros Electorales, que se inicia mañana en el país, sobre su “profunda preocupación -y a la vez sonar la voz de alarma- por la inequidad actual del proceso electoral dominicano y por la fundada desconfianza sobre la imparcialidad de los órganos electorales llamados a supervisar dicho proceso o a dirimir los posibles conflictos que surjan de éste”.
En rueda de prensa efectuada en un hotel de la ciudad, los partidos y movimientos Alianza País, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, La Multitud, Foro Renovador, Fuerza de la Revolución, Patria para Todos, Ciudadanas/os por la Democracia, el Movimiento Camina RD, Partido Revolucionario Moderno, y Movimiento Rebelde, advierten la importancia crucial de las elecciones del 15 de mayo del próximo año, ya que “en dicho certamen serán escogidas todas las autoridades dominicanas -un total de 4 mil 106 candidaturas- a nivel presidencial, congresual y municipal, que regirán los destinos de la nación hasta el 2020.”
El documento fue leído por Orlando Jorge Mera, presidente en Funciones del PRM, quien informó que en el día de mañana será entregado formalmente el documento la directiva de la reunión del foro mundial de organismos electorales.
A continuación, su texto completo:
Los suscribientes, en nombre y representación de los diferentes partidos y movimientos políticos de oposición de la República Dominicana, con motivo del encuentro de la Asociación Mundial de los Órganos Electorales (AWEB, por sus siglas en inglés), que a partir de mañana martes celebrará su Segunda Asamblea General Bianual en territorio dominicano, y cuyo tema principal es el “Rol y desafíos de los órganos electorales para garantizar la integridad de las elecciones”, tienen a bien expresar lo siguiente:
La Junta Central Electoral (JCE) se apresta a celebrar dicho evento, con el claro objetivo de lograr el reconocimiento internacional a dicho organismo y a su presidente, miembro prominente del partido de gobierno, con vistas a ganar credibilidad para sus acciones relativas a las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 15 de mayo del 2016.
Estamos a escasos nueve (9) meses de los próximos comicios generales en República Dominicana. En dicho certamen serán escogidas todas las autoridades dominicanas -un total de 4,106 candidaturas- a nivel presidencial, congresual y municipal, que regirán los destinos de la nación hasta el 2020.
Dada la centralidad de los órganos electorales para la existencia de una democracia próspera y vigorosa, los suscribientes consideran oportuna la ocasión para hacer pública nuestra profunda preocupación -y a la vez sonar la voz de alarma- por la inequidad actual del proceso electoral dominicano y por la fundada desconfianza sobre la imparcialidad de los órganos electorales llamados a supervisar dicho proceso o a dirimir los posibles conflictos que surjan de éste.
Urgencia de leyes electoral y de partidos políticos
La necesidad de una nueva ley electoral, exigida por la constitución de 2010, así como la de una ley de partidos políticos, han sido por años temas centrales del debate político, sin que éstas hayan sido aprobadas. El Partido de Liberación Dominicana (PLD), partido de gobierno durante los últimos 11 años consecutivos, ha logrado controlar y acallar ese debate, y no muestra interés alguno en la adopción de dichas normas, esenciales para regular de manera equitativa, justa y transparente el proceso electoral de mayo 2016.
Sin embargo, cuando recientemente el PLD quiso modificar la Constitución de la República para permitir la repostulación del presidente Medina, logró convocar la Asamblea Revisora en tiempo record e imponer la reforma constitucional.
En cuanto al financiamiento público de los partidos políticos debemos resaltar la inequidad que enfrenta la oposición, dada la arbitraria norma que concentra la repartición del 80% de éste, en manos de tres partidos. En la actualidad, en R.D. no existe un mecanismo de revisión que permita un ajuste equitativo de la repartición de los fondos públicos, ante una situación de obvia injusticia.
A esta situación, se le añade el escandaloso e incontrolable nivel de gasto en promocionar el gobierno en la figura del Presidente, que en 3 años ha derrochado RD$8 mil 322 millones de pesos, cuando el gasto público en salud en nuestro país -en relación al PIB- es uno de los más bajos en Latinoamérica.
Esta política gubernamental, prohibida por la legislación de países con normas equitativas, probablemente continuará indeteniblemente durante la campaña electoral, de cara a las elecciones del próximo año 2016, así como el festival de inauguraciones públicas con la presencia del Presidente de la República, ya que no existe reglamentación alguna en cuanto a estos temas.
Desconfianza pública en la JCE
El considerable nivel de desconfianza que gran parte de la población guarda en relación a la imparcialidad de la Junta Central Electoral (JCE) y, en particular, del Tribunal Superior Electoral (TSE) está basado en las motivaciones políticas que guiaron la integración actual de ambos órganos, así como en precedentes judiciales dictados en los que se ha vulnerado la democracia interna de los partidos.
La situación electoral que enfrentamos los dominicanos y que se pretende presentar como paradigmática, es la siguiente:
1. Desde hace 12 años se intenta aprobar sin éxito una ley de partidos políticos que defina la democracia interna y el financiamiento transparente de los partidos y agrupaciones políticas.
2. Hay una ley electoral obsoleta que desde el 2010, que redujo las funciones de la Junta Central Electoral (J.C.E.) a las puramente administrativas, dejando las contenciosas a cargo del TSE, en tanto que establece que la nueva ley debía ser orgánica, es decir, debe aprobarse por las dos terceras partes de cada cámara del Congreso Nacional.
3. El partido de gobierno y sus aliados monopolizan los medios de comunicación gubernamentales. Para las elecciones del año 2012 gastó ilegalmente más de US$50,000.000 que dejó como déficit en las cuentas nacionales.
4. El Presidente y los funcionarios del gobierno utilizan abiertamente los actos oficiales y los vehículos del gobierno para hacer campaña electoral.
5. No se persigue a los que cometen delitos electorales por falta de fiscales independientes.
Estamos todavía a tiempo, y por tanto reclamamos, la adopción de reglas electorales especiales que asuma, para los comicios de 2016, aspectos esenciales como son, entre otros: equidad en el manejo de los tiempos en el uso de los medios de comunicación radial y televisivos; control equitativo de los espacios públicos para todos los partidos; mayor transparencia del proceso comicial frente a los electores y en particular sobre las fuentes de financiamiento y su uso; participación equitativa en la supervisión del proceso de procesamiento de resultados por parte de los partidos políticos; y, la más amplia participación de observadores electorales nacionales e internacionales.
La democracia descansa en la transparencia de las acciones de quienes manejan las instituciones del Estado y en el cumplimiento de los compromisos que fundan el orden constitucional que asegura una competencia libre y equitativa entre los actores políticos. Esto está hoy en cuestionamiento en República Dominicana, lo que demanda capacidad de compromisos, sentido de justicia y respeto al orden democrático por parte de todos. Es esencial modificar el orden electoral inequitativo actual que beneficia primordialmente a las autoridades y, en particular, al partido de gobierno, el PLD.
Los partidos y movimientos políticos suscribientes que luchan por los valores, principios y mejores prácticas democráticas, cumplen con su deber político y ciudadano de hacer pública su preocupación por el curso de los acontecimientos electorales en nuestro país, ya que la legitimidad de las autoridades que resulten de los próximos comicios está en la balanza.
Llamamos la atención a la comunidad nacional e internacional ante la amenaza al orden institucional y la paz social que significa el hegemonismo continuista del Partido de la Liberación Dominicana, expresada claramente en los manejos electorales, a fin de que contribuyan a evitar el derrumbe institucional, político, económico y social del país.
Pero esta vez todo el pueblo sabrá luchar para que se respete su voluntad política.
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