FAUSTO HERRERA CATALINO
En la República Dominicana, se debate en la actualidad el
presente y futuro de su sistema democrático.
En un Reporte del Programa de las Américas del CSIS (Center
for strategic & International Studies), diciembre 2013, se indica “…La percepción de desigualdad de la
imposición de las leyes en favor de los aliados del gobierno (…) ha abierto las
puertas para la infiltración de las organizaciones criminales transnacionales
-particularmente- en el ámbito del narcotráfico.”
Las recientes denuncias del “don”, Ernesto Quirino Castillo
Paulino, exigiendo el pago de 200 millones al expresidente Leonel Fernandez,
son pruebas de la indicada complicidad. Esteban Rosario, afirma “El Narcotráfico está asociado a los grupos
de poder tradicional en la República Dominicana”, en su libro acerca del
tema.
En similitud a los casos de corrupción dominicanos, Joao
Vaccari, el tesorero del Partido de los Trabajadores del Brasil está detenido.
Y, asimismo, el ex vicepresidente español del gobernante Partido Popular
Rodrigo Rato, ex director general del FMI, fue investigado y “por orden
judicial el bloqueo de todas sus cuentas.”
Otro caso que repercute en la situación política dominicana,
es la detención en una cárcel de la Florida, sin derecho a fianza, del doctor
Salomón Melgen, por estafa al sistema de salud Medicare. Es un pariente cercano
de la familia Castillo Semán. En este caso está acusado por corrupción el
senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez.
Allí, en esos países, no se archivaron los expedientes, ni los jueces emitieron autos de “No Ha Lugar”, a favor de los
imputados sin importar rangos o prestancia de ellos y de sus asociados.
Además, el referido estudio en sus conclusiones, señala “…las
prácticas corruptas junto con la impunidad comienzan a ser percibidas como
deteriorando las bases democráticas del país.” Y, agregó “El acontecimiento más
serio es que las personas están perdiendo la fe en la autoridad judicial”,
según apreció un antiguo magistrado.
A ese respecto, la sociedad dominicana se levantó con los
pronunciamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en su comunicado
titulado “CONEP expresa preocupación por la crisis de confianza en la
justicia”, el sermón de las 7 palabras de la Iglesia católica del reciente
viernes santos y otras confesiones religiosas; la sociedad civil, los partidos
y organizaciones diversas; y, personalidades e intelectuales, todos a una sola
voz contra la corrupción y la impunidad.
El profesor Juan Bosch, ante una huelga convocada por
conquistas económicas y políticas, dirigió un discurso a los trabajadores dominicanos, el 18 de marzo
de 1963, publicado el día siguiente en la página 16 en El Caribe, dijo “... Nosotros preferimos que nos tumben por
mantener la ley, la justicia y el derecho, a mantenernos ahí abusando o
distorsionando la justicia, y el derecho y haciendo de la ley un mal uso.”
Esa postura fue eliminada por la inconducta de la actual
dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Como ejemplo, vemos lleno
de ira el titular del poder judicial, doctor Mariano Germán, hablando en su
condición de dirigente del Comité Central del PLD.
En esta ocasión, también, la sociedad dominicana, no sólo la
oposición política, le ha declarado una huelga a la Suprema Corte de Justicia
por su confesa complicidad en los casos de archivos de expedientes y “No Ha
Lugar”; también la ciudadanía en manifestaciones públicas demanda el
enjuiciamiento y condena a los ladrones del erario del Estado.
En este contexto de reclamos cívicos, se conspira contra la
voluntad soberana del pueblo, desde “el partido hegemónico pragmático”, cómo
definiría el politólogo italiano Giovanni Sartori al Partido de la Liberación Dominicana.
Dicha corporación gobernante, para mantenerse en el poder con
su doble estrategia: postulación o Reelección. El doctor José Francisco Peña
Gómez, en su tesis doctoral calificó la Reelección como la causa de todas las
desgracias institucionales del país.
La cuestión en discusión es el poder. La vía electoral, bajo
dicho predominio – ¿es la lucha interna del PLD? con la
amenaza reeleccionista-; sin nueva Ley Electoral y de Partidos políticos y sin
un equilibrio en los jueces electorales, será un “matadero electoral”, como lo
hacía el régimen balaguerista durante los 12 años.
En consecuencia, el pueblo a través de la movilización
permanente y la participación de la matrícula legislativa opositora debe
proponer y exigir la convocatoria de la Asamblea Constituyente para restablecer
la separación e independencia de los poderes del Estado. Ahí está el fundamento
para la coalición de fuerzas opositoras con oportunidad del cambio político que
necesita el país.
Luchar por un nuevo retorno a la constitucionalidad y el
establecimiento de una democracia revolucionaria, es la tarea pendiente desde
abril de 1965. En definitiva, “siempre es
el momento apropiado para hacer lo correcto”, sentenció Martín Luther
Kings.
20 de abril de 2015
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