Fausto Herrera Catalino
El Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana está en jaque casi mate con el “Auto de No Ha Lugar” que dictó el juez Alejandro Moscoso Segarra, a favor del secretario de organización y senador del Partido de la Liberación Dominicana, ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario y otros seis imputados por corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado.
El desfalco se estima en más de RD$ 24 mil millones de pesos dominicanos.
En simultánea actuación el juez de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, emitió otro auto en auxilio del alcalde de San Francisco de Macoris y tres funcionarios del cabildo; acusados de corrupción por un monto superior a los RD$ 400 millones de pesos.
Ambos dictámenes en cumplimiento de órdenes partidarias. Con efecto, se aplica para los jueces en cuestión, la máxima: “la absolución de un culpable es la condena del juez”, sentenció el escritor romano Publio Siro (85 a.C.-43 a.C.).
La Resolución No. 544-2015 contenida en 630 páginas y 92, 361 palabras, el magistrado Moscoso Segarra invoca el “tecnicismo de la doble persecución” para justificar su desafortunada conclusión en el referido caso. Evadió, exprofeso, considerar los hechos que la auditoria visual de todos los dominicanos observan, una mafia política convertida en millonaria a expensas del erario público.
Las reacciones del Procurador General de la República y la Fiscal del Distrito Nacional desautorizan la postura del indicado juez. El primero anunció que apelará la inaceptable sentencia. Ojalá cumpla este compromiso. Es la exigencia de la dignidad del país.
Dichas resoluciones, además, son totalmente violatoria de la Constitución de la República en su Artículo 7 que dispone el Estado Social y Democrático de Derecho. También, el juez inobservó en este fallido auto, el Artículo 146, Proscripción de la corrupción: “Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.”
La sociedad dominicana a través de voceros representativos ha manifestado su condena e indignación ante el latente peligro de la eliminación de las garantías ciudadanas y la separación e independencia de los poderes públicos. Sin justicia no hay democracia. En cambio, la corrupción sin freno, como existe y la impunidad sin régimen de consecuencias; es el fundamento del modelo de la dictadura que ejerce en la actualidad el oficialista Partido de la Liberación Dominicana.
Este es el temor manifiesto, -hasta el miedo se llevó con sus rugidos de vientos- quienes han delinquido en uso abusivo del poder. No obstante, su fuerte blindaje que impide a la justicia ejercer de forma independiente y soberana como un poder del Estado. La conspiración de colocar acólitos partidarios en las Altas Cortes y el secuestro de todo el sistema ha desplegado estas graves y nefastas consecuencias.
Los acuerdos del partido gobernante y hegemónico de “no tirar ladrillo hacia atrás”, expresado por el presidente de la República es la razón de la debilidad en la actuación del Ministerio Publico, al decir con impotencia que triunfó la impunidad; mientras la Suprema Corte de Justicia defiende la injusta sentencia.
En Brasil, en circunstancias parecidas, su presidenta Dilma Rousseff ha destituido de forma fugaz, los altos dirigentes del Partido de los Trabajadores, sometidos actualmente a la justicia por posible delito de corrupción, ante la presión del pueblo.
En Chile, el hijo mayor de la presidente Michelle Bachelet, tuvo que renunciar de su cargo público en el gobierno por un escándalo siendo investigado actualmente por la justicia. Aquí, en la Republica Dominicana es todo lo contrario, los acusados son los jefes de campaña. Este artículo continuará. 1 de abril de 2015.
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