Santo Domingo.-Durante este año los
fenómenos atmosféricos han dejado
daños al país por un monto superior a los RD$50 mil millones, de los cuales el Gobierno ha desembolsado más de RD$20 mil millones solo para infraestructura.
Esto es sin contar con lo aportado en ayuda a los damnificados a través del Plan Social de la Presidencia, los Comedores Económicos del Estado y Las Fuerzas Armadas.
Así lo informó ayer el director general de Presupuesto, Luis Reyes, quien señaló que el daño provocado por los
fenómenos atmosféricos en los últimos meses es mayor al gasto que el Gobierno destinó en el Presupuesto Nacional de 2018 a propósitos distintos a la asignación de 4 % del PIB para la educación preuniversitaria y al pago de los intereses de la deuda.
Dijo que aún hay varias obras paralizadas en las provincias afectadas por las tormentas y
huracanes y que el presupuesto de este año está casi agotado.
Odilys Hidalgo, Alejandro Mercedes y Bernardo Núñez.
Informó que el Gobierno está en negociación con el Banco Mundial para desembolsar 150 millones de dólares a fin de ejecutar esas obras de infraestructura.
Consideró que la deuda que se origina por
fenómenos atmosféricos se hace en los peores términos, porque es a corto plazo y sin margen para negociar, por ser una situación de emergencia.
No habrá reforma fiscal
Reyes advirtió que en los más de tres años de gestión que resta a este gobierno el presidente Danilo Medina no tiene contemplado someter una reforma fiscal, a pesar de que solo cuenta con un 12.3 % de los recursos consignados en el Presupuesto Nacional 2018 para ejecutar las políticas sociales en beneficio de los ciudadanos.
Explicó que de los RD$814,821 millones destinados para el año próximo, el Gobierno solo cuenta con RD$63,374 millones para distribuir, ya que antes de comenzar la formulación presupuestaria el 85 % del mismo está comprometido.
De esos RD$63,374 millones, RD$19,891 millones son para el pago de los intereses de la deuda; RD$9,766 millones para el incremento requerido en la ejecución del 4 % para la educación preuniversitaria; RD$5,304 millones para el aumento salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas; RD$3,672 millones para el Ministerio de Salud y una partida de RD$3,533 millones para el Ministerio de Hacienda.
“Es decir, que en realidad solo tenemos cerca de 44 mil millones para satisfacer los justos reclamos de la población”, detalló Reyes.
¿En qué se va el 85 %?
Reyes precisó que la ejecución presupuestaria para 2018 se caracteriza: primero por las presiones del gasto corriente, que crece de forma recurrente convirtiéndose en un tema estructural, como es el caso de la partida del 4 % del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria y el incremento en el pago de los intereses de la deuda pública, que han aumentado de manera sostenida en los últimos cinco años.
“Eso ha incrementado el gasto corriente en detrimento de la inversión y apunta a crecer más en los próximos años”, apuntó.
Un segundo elemento que, según Reyes, dificulta la formulación presupuestaria, es la rigidez del gasto, porque en el 87 % de este están representados los egresos operacionales, pago de intereses de la deuda pública, el 4 % para educación y pagos corrientes por concepto de pensiones civiles y militares.
Asimismo, para los traspasos de recursos a los poderes del Estado, incluidos los ayuntamientos, y los abonos de capital al sector eléctrico del país.
Presupuesto 2017.
Deuda.
Cada año el Gobierno coloca parte del financiamiento del presupuesto en los mercados financieros internacionales, porque el local es muy pequeño para asumir los requerimientos.
7.2% Déficit tendría el Gobierno si asigna recursos consignados en leyes.
El Gobierno debe sincerar las leyes
El director de Presupuesto, Luis Reyes, reveló ayer que el Gobierno tendría que buscar RD$200,000 millones adicionales para cumplir con las leyes que asignan un porcentaje especifico del Presupuesto a distintas instituciones.
Argumentó que desconoce porqué el Gobierno o los partidos políticos no asumen el compromiso de sincerar esas leyes, ya que la mayoría no se cumplen por falta de recursos.
Consideró que estas deberían operar de acuerdo a presupuestos basados en resultados, con metas claras y costos asociados a la compra de los insumos que le permitirían alcanzar las metas planteadas.
“Pero que se hagan de una manera transparente y que puedan ser evaluadas por terceros y así sabremos cuánto tenemos que asignarle a cada una de esas instituciones”, indicó Reyes.
Señaló que lo cuestionable es si el monto consignado en la ley es lo que exactamente requiere cada institución, ya que este carece de un fundamento técnico, y algunas necesitarían más y otras menos recursos.
