Sin embargo, ha sido el único en retirar la propuesta sin el Congreso conocerla
En materia impositiva, el presidente Luis Abinader inició como lo ha hecho la mayoría de los gobernantes que ha tenido el país a en las últimas cuatro décadas, pero terminó como el único en recoger su propuesta impositiva y postergarla en al menos por un año. Sólo dos presidentes en ese período enfrentaron dificultades en sus propuestas: Antonio Guzmán y Leonel Fernández.
La presentación de un paquete de medidas de carácter impositivo como sustentación de su primer proyecto de Presupuesto, hizo de Abinader un seguidor de la línea aplicada por Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. El retiro voluntario de la propuesta, sin embargo, lo convierte en único, y en el segundo que no logra éxito. En el 1996 el presidente Fernández falló en lograr la aprobación de lo que para entonces se llamó el “paquetazo” impositivo que había sido diseñado por la Fundación Economía y Desarrollo y que incluía figuras impositivas que fueron posteriormente aplicadas en otras propuestas de reformas fiscales.
Como en casi todos los anteriores presidentes, Abinader aprovechó los primeros días de gestión para “pasar” sus impuestos, que para esta ocasión serían de aplicación transitoria, de un año de haber contado con la aprobación popular. Los presidentes Antonio Guzmán y Joaquín Balaguer presentaron propuestas impositivas para el segundo año de gestión.
A partir del 1978, de los presidentes dominicanos el que más duró para presentar su propuesta impositiva fue Guzmán Fernández, cuando intentó en 1980 introducir en el país el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No contó con el apoyo del Congreso, para entonces dominado por el opositor Partido Reformista, fruto del llamado fallo histórico, que le quitó al partido de Guzmán Fernández (el Partido Revolucionario Dominicano) unos cuatro senadores y se los adjudicó al partido del saliente presidente Balaguer. Además de los senadores mayoritarios del PR, el presidente Guzmán enfrentaba la oposición interna del entonces senador perredeísta Salvador Jorge Blanco, a quien había derrotado en las elecciones internas para la candidatura presidencial del 1978. La propuesta de reforma fiscal de Guzmán Fernández murió en el intento.
Pero el tema no prescribió. Salvador Jorge Blanco, quien sucedió a Guzmán en la Presidencia de la República, reintrodujo el tema impositivo a los pocos meses de su ascenso al poder en agosto de 1982. Ya para diciembre de ese año el país había aprobado el IVA, pero con un nombre inventado para borrar los “recuerdos” todavía frescos del fracasado o torpeado intento. Se le puso el nombre de Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBI), tributo que pasaría con el tiempo a ser la principal fuente impositiva del sistema tributario dominicano. Su aplicación fue diferida a marzo del 1983, y comenzó con una tasa de 6% y aplicable solo a los bienes industrializados.
A su retorno a la Presidencia de la República en 1986, el presidente Balaguer dispuso una pequeña vacaciones impositivas, pero ya para el 1988 estableció un impuesto a las viviendas suntuarias y solares, creando las bases para lo que ahora es el IPI, encaminando el sistema tributario por el lado del patrimonio o riqueza, que representa una de las tres grandes fuentes susceptibles de ser gravadas con impuestos.
En su siguiente período gubernamental, Balaguer inició desde el mismo 1990 el proceso de las grandes reformas económicas estructurales, que en el área impositiva dio lugar al Código Tributario aprobado por la Ley 11-92, hasta ahora la iniciativa más completa realizada en el país. En esa reforma inició la “era del ITBIS” porque se aumentó la tasa a 8% y se agregaron una serie de servicios.
El siguiente periodo gubernamental, por ser recortado a dos años de duración fruto de la crisis política que se originó tras las elecciones del 1994,), no hubo ni reformas ni nuevos impuestos importantes. Hubo una pausa hasta el siguiente cuatrienio gubernamental, el primero de los tres que desempeñó el doctor Leonel Fernández, quien se estrenó proponiendo, como sustento del presupuesto del 1997, un ambicioso proyecto impositivo que en círculos políticos y económicos se le bautizó como el “Paquetazo”, y que fue preparado o sugerido por la Fundación Economía y Desarrollo. La propuesta no logró la aprobación del Congreso, y el rechazo se trasladó al proyecto de Presupuesto 1997, por lo que el Gobierno se vio en la obligación de aplicar el Presupuesto de 1996, como establece la Ley Orgánica de Presupuesto. Fue la segunda propuesta impositiva que se cae en el Congreso desde los años 80 hasta entonces.
En la práctica, el período 1996-2000 tuvo que ser ejercido con el mismo modelo impositivo anterior. El Congreso estaba en manos de la oposición, para entonces ejercida por el PRD. En ese período gubernamental solo hubo tentativa de medida impositiva.
Por la postura del Congreso, dominado por la oposición, en el período 1996 2000, no hubo reforma impositiva ni se aprobaron impuestos importantes. Solo tentativas.
En la administración gubernamental que se estrenó en el nuevo siglo (2000-2004) hubo desde el inicio de la gestión incursión importante en materia impositiva, con la reforma del sector de los combustibles a través de la Ley de Hidrocarburos. Se aprobó la ley 112-00, del 29 de noviembre del 2000. Ese impuesto, que comenzó con una tasa fija de 18 pesos por cada galón de gasolina prémium, 15 por la tipo regular, RD$6.30 para el gasoil prémium u óptimo y RD$5.0 para el tipo regular, abrió las puertas para posteriores cargas impositivas a los hidrocarburos, creando la segunda mayor fuente de recaudación vía impuestos al consumo.
Los últimos presidentes fiscalistas
La administración presidida por Hipólito Mejía, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta), con lo cual dejó servida la mesa para que la gestión del período 2004- 2008, se embarcara en una profunda reforma impositiva, dirigida a compensar los ingresos que en materia arancelaria se perderían con el acuerdo de libre comercio, el cual implicó la eliminación programada de los aranceles a las importaciones provenientes de los países signatarios. Debido a que el mayor volumen de las importaciones del país procedía de los Estados Unidos y los impuestos al comercio exterior representaban cerca del 40% de los ingresos fiscales, la segunda gestión del doctor Leonel Fernández, estuvo compelida a realizar una reforma fiscal “compensatoria”, la cual incluyó figuras como el impuesto a la primera placa, con una tasa del 16% del valor del vehículo.
La gestión del presidente Medina presentó una reforma completa, tocando los ingresos, el consumo y el patrimonio, mediante la ley 253-12. No todos los impuestos creados por esa ley han sido aplicados. Han quedado en suspenso algunos como el 1% del valor del vehículo como impuestoa la circulación vehicular.
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