Transparencia y legitimidad en dudas en último tramo Gobierno Danilo Medina

8 agosto, 2020

Transparencia y legitimidad en dudas en último tramo Gobierno Danilo Medina

Por Leonora Ramírez



La salida del poder del presidente Danilo Medina, después de ocho años consecutivos de Gobierno, se produce en medio de cuestionamientos a decisiones tomadas en el último tramo de su gestión, las cuales comprometen la transparencia y la legitimidad.

El caso más sonado, desde hace dos semanas, es el permiso otorgado al Grupo Abrisa para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, en un área situada en el paraje Tres Piezas, distante a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Punta Cana, en el polo turístico de Higüey.

La disposición emana del decreto 270-20, del pasado 21 de julio, en el que se especifica que al Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) le corresponde autorizar la obra.

Las sombras de esa decisión gubernamental, faltando menos de un mes para el traspaso de mando al presidente electo Luis Abinader, las representan las exenciones fiscales otorgadas que, según técnicos, afectarían los ingresos del Gobierno, y supuestos actos de corrupción para lograr la aprobación de la infraestructura.

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Fomento del Turismo (Confotur), una dependencia del Ministerio de Turismo, al Grupo Abrisa se le otorgarían exenciones de impuestos durante 15 años, que equivaldrían a RD$4,403 millones que dejaría de percibir el Gobierno.

En términos legales, la Corporación Aeroportuaria del Este, una empresa del Grupo Punta Cana, sometió dos denuncias en la Procuraduría Especializada en la Prevención de la Corrupción Administrativa (Pepca), en las que argumenta que 17 funcionarios habrían cometido acciones dolosas para otorgar los permisos para la construcción del referido aeropuerto.
En esos expedientes se solicita abrir una investigación “por la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución, y otros delitos sancionados por el Código Penal.

“Al otorgar, bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, de conformidad y no objeción, sin licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en Bávaro, provincia La Altagracia”.
El Grupo Abrisa, cuyo presidente es el empresario Abraham Hazoury, ha salido en defensa de su proyecto, argumentando que quienes se oponen actúan de manera vergonzosa e irresponsable.

“Desde que se promulgó el decreto se han publicado una serie de desinformaciones encaminadas a desacreditar esta iniciativa privada, con la obvia intención de crear una percepción pública negativa”.

Hormigón asfáltico y choque de direcciones. Otro ruido que deja la administración de Medina es la compra de hormigón asfáltico caliente, por un monto de RD$11,500 millones, obviando las normativas sobre compras y contrataciones.

El hecho fue denunciado en el programa de televisión El Informe con Alicia Ortega en noviembre de 2019, pero la periodista investigadora lo ha mantenido en el tapete.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, al referirse a la denuncia, liberó al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de tener vínculos con las 38 empresas a las que se les compró el material bajo la modalidad de excepción, y no a través de licitación.

Aunque aclaró, en comunicación enviada a Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que la Dirección de Compras y Contrataciones no le había remitido el informe sobre las supuestas irregularidades en la compra del referido material.

Sin embargo, la noche del jueves, la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó un informe en el que se señala que el referido ministerio violó las disposiciones vigentes para la adquisición del hormigón asfáltico.

“Esta Dirección General, luego del levantamiento realizado a los procedimientos para la contratación de hormigón asfáltico caliente, a solicitud de la Dirección de Ética, concluye que los procedimientos de exclusividad referidos no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y contrataciones públicas.

“Debido a que los informes técnicos justificativos para la contratación del suministro de hormigón asfáltico caliente no motivan ni justifican el uso de excepción, en lugar de un procedimiento ordinario”.

Por lo que, según ese informe, el Ministerio de Obras Públicas no cumplió con los requisitos para que esa compra pudiera hacerse mediante el mecanismo de “excepción por exclusividad”.
Por encima de todo, parada de autobuses. El presidente Medina inauguró ayer, en medio de protestas, la Terminal Interurbana de Autobuses del Este, una obra rechazada por residentes en la zona por el impacto ambiental que provocaría en el Parque del Este.

En ese sentido, la Academia de Ciencias planteó, desde que se iniciaron los trabajos en 2018, que “Una terminal de buses y pasajeros en este lugar significa arruinar valores insustituibles y únicos, con la contaminación de los acuíferos y sistema fluviales subterráneos activos más importantes de Santo Domingo Este, cuya evidencia irrefutable la constituye la presencia de los Tres Ojos”.
Ante la insistencia del Gobierno de ejecutar la infraestructura, con el fin de descongestionar el tránsito en el Gran Santo Domingo, el caso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo y al Tribunal Constitucional.

Ambas cortes ordenaron, en 2018 y 2019, respectivamente, la paralización de los trabajos hasta que el Ministerio de Obras Públicas cumpla con los requisitos necesarios para continuar la obra. Sin embargo, Obras Públicas no paró la obra, y el 15 de enero de este año dio garantías de haber cumplido con las disposiciones de ambas sentencias, y de su apego a las normas legales y ambientales.

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