La gran inequidad electoral justifica el acuerdo de candidaturas al Senado
Por: Juan Bolivar Díaz | Publicado el: 16 noviembre, 2019 | e-mail: juanbolivardiaz@gmail.com
El acuerdo de 12 partidos opositores para llevar candidaturas senatoriales comunes en 24 provincias, a pesar de sus diferencias programáticas, persigue garantizar un Senado plural que no quede en manos del partido gobernante, independientemente de quien gane la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.La decisión ha sido más difícil para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, cuyo candidato presidencial aparece encabezando preferencias en encuestas, porque arriesga perder simpatías en sectores sociales que rechazan tanto la gestión del presidente Danilo Medina como la de Leonel Fernández, involucrado en el acuerdo.
Acuerdo de 12 partidos
El pacto para llevar candidaturas comunes en 24 de las 32 senadurías, anunciado el jueves por 12 partidos, se venía gestando desde hace meses, y tomó fuerza tras la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la constitución de un nuevo partido por el expresidente Leonel Fernández. Involucra a éste y a otros cinco partidos que apoyan su candidatura presidencial, el Reformista Social Cristiano y cuatro de los que hace más de un año habían constituido la coalición Juntos Podemos, el Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Fuerza Nacional Progresista, y Partido de la Unidad Nacional. También incluye a los cinco que suscriben un pacto nacional con el PRM, el Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano, el Revolucionario Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio y la Alianza por la Democracia.
El documento constitutivo indica como propósito esencial garantizar una profunda renovación en la composición y representatividad del Senado “y consecuentemente el final del monopolio irritante que mantiene el Gobierno y la cúpula del PLD sobre este importante poder del Estado”. Se fundamenta en la creciente preocupación de diversos sectores por el “profundo resquebrajamiento que ha experimentado nuestro sistema institucional”.
Los mismos suscribientes reconocen que entre ellos “han existido y persisten importantes diferencias sobre el discurrir político nacional”, pero que no es menos cierto que en estos momentos los intereses generales de la sociedad deben ser colocados por encima de los particulares. De las 24 candidaturas senatoriales pactadas, 12 corresponden al PRM y otra a su aliado Dominicanos por el Cambio (Eduardo Estrella en Santiago), 7 al nuevo partido de Leonel, 3 al PRSC y la otra al BIS.
Ventajas de los senadores
23 de los actuales senadores buscan la reelección, 19 del PLD, más dos aliados, Amable Aristy y Félix Vásquez, de La Altagracia y Sánchez Ramírez, y los dos del PRM, José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, de Puerto Plata y El Seibo. Estos dos sólo llevan un período como legisladores, pero los del Gobierno hasta tres y cuatro períodos, con las ventajas de haber recibido financiamiento para “asistencia social”, los llamados barrilitos, que en las seis mayores provincias y DN, aportan hasta 1 millón 200 mil pesos mensuales. 14.4 millones por año y 57.6 millones por cuatrienio, y proporciones menores en las demás. Esta asignación auto conferida, no está amparada en ninguna ley, y la Constitución no les atribuye funciones de asistencia social.
Otra ventaja que tienen es que el Senado les paga una oficina provincial, con hasta 10 asesores o asistentes, y otros tantos en la sede central, con vehículos, combustibles, choferes, y escoltas. Los que buscan reelegirse cuentan con apoyo adicional de los partidos mayoritarios que se quedan con el 80% del financiamiento político estatal. Y los del gobierno ganan apoyo mayor por tráfico de influencia, y del reparto de alimentos, electrodomésticos, materiales de construcción, y les nombran cientos de empleados activistas como empleados temporeros en los organismos estatales, especialmente durante las campañas electorales.
El ventajismo de los senadores, que los prolonga en el Congreso, determina que pocos militantes opositores quieran las candidaturas a senadores, y las rechazan también dirigentes sociales y personalidades acreditadas, que no cuentan con medios económicos para competir. Y los nuevos candidatos del partido gobernante, cuentan con que a ellos se les dará mayor apoyo. En ese contexto es que se produce el pacto en el nivel senatorial, convencidos de que sólo la sumatoria de los votos de toda la oposición puede modificar la composición del Senado.
Sobran los precedentes
Tanto en el país como en el mundo sobran los precedentes de acuerdos políticos entre sectores antagónicos, de diversidad ideológica, y hasta confrontaciones. Sólo hay que verlos ahora mismo en España, y antes los de Nelson Mandela en Sudáfrica, o en la concertación chilena para dejar atrás la dictadura de Pinochet, cuando los herederos de Salvador Allende pactaron con demócratas cristianos y otros responsables de la caída del gobierno socialista.
En el país, Juan Bosch buscó el voto de los trujillistas para ganar las elecciones de 1962, y su PRD concertó con los balagueristas para la insurrección constitucionalista de 1965. Rafael Chaljub recordó en reciente artículo la alianza multisectorial planteada por el Movimiento Popular Dominicano (MPD) en 1968 para enfrentar la cuasi dictadura de Balaguer. Juan
Bosch también unió a “mansos y cimarrones” desde 1972 con su proyecto de “Pacto por la Dignidad Nacional”, que reunió a partidos de izquierda y derecha, y José Francisco Peña Gómez se la jugó a finales del 1973 con el Acuerdo de Santiago que juntó al PRD con el MPD, el PRSC, todavía social cristiano, y con PQD de Elías Wessin, 8 años antes el “genocida de San Isidro, cuando sus aviones bombardearon a los constitucionalistas.
La táctica peñagomista de amplia alianza terminó haciendo posible sacar del poder a Balaguer, pese al empleo de todos los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía, y al intento de desconocer los resultados electorales de 1978. Y los peledeístas justificaron su “Frente Patriótico” de 1996 con Balaguer y otros sectores con los que se habían enfrentado, como un escalón para alcanzar el poder y completar los sueños de Los Trinitarios fundadores de la República. Aunque luego se declararon balagueristas y superaron a estos en corrupción. Ahora estigmatizan el acuerdo del PRM limitado al Senado, porque incluye a los leonelistas.
La coalición por el cambio
El PRM buscará limitar los efectos colaterales del acuerdo para las candidaturas senatoriales, al proclamar el próximo sábado 23 la Coalición Democrática por el Cambio, ya acordada con cinco partidos y numerosos grupos sociales, que incorpora candidaturas de activistas sociales y busca responder las insatisfacciones de amplios sectores, como las manifiestas en el movimiento Marcha Verde.
Ese pacto contiene unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, que serán firmados en un acto a realizarse en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 10 de la mañana. Ese sería su pacto fundamental y de carácter estratégico, que persigue un gobierno encabezado por el economista Luis Abinader, mientras el acuerdo senatorial quedaría como táctico.
Habrá que esperar que, como en 1996 la táctica no se coma la estrategia. Aunque hay una diferencia fundamental, del “Frente Patriótico” PLD-PRSC dependió la llegada de los peledeístas al gobierno, y el acuerdo de los perremeístas está limitado a la pluralidad del Senado y por tanto del Congreso Nacional.-
Tanto en el país como en el mundo sobran los precedentes de acuerdos políticos entre sectores antagónicos, de diversidad ideológica, y hasta confrontaciones. Sólo hay que verlos ahora mismo en España, y antes los de Nelson Mandela en Sudáfrica, o en la concertación chilena para dejar atrás la dictadura de Pinochet, cuando los herederos de Salvador Allende pactaron con demócratas cristianos y otros responsables de la caída del gobierno socialista.
En el país, Juan Bosch buscó el voto de los trujillistas para ganar las elecciones de 1962, y su PRD concertó con los balagueristas para la insurrección constitucionalista de 1965. Rafael Chaljub recordó en reciente artículo la alianza multisectorial planteada por el Movimiento Popular Dominicano (MPD) en 1968 para enfrentar la cuasi dictadura de Balaguer. Juan
Bosch también unió a “mansos y cimarrones” desde 1972 con su proyecto de “Pacto por la Dignidad Nacional”, que reunió a partidos de izquierda y derecha, y José Francisco Peña Gómez se la jugó a finales del 1973 con el Acuerdo de Santiago que juntó al PRD con el MPD, el PRSC, todavía social cristiano, y con PQD de Elías Wessin, 8 años antes el “genocida de San Isidro, cuando sus aviones bombardearon a los constitucionalistas.
La táctica peñagomista de amplia alianza terminó haciendo posible sacar del poder a Balaguer, pese al empleo de todos los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía, y al intento de desconocer los resultados electorales de 1978. Y los peledeístas justificaron su “Frente Patriótico” de 1996 con Balaguer y otros sectores con los que se habían enfrentado, como un escalón para alcanzar el poder y completar los sueños de Los Trinitarios fundadores de la República. Aunque luego se declararon balagueristas y superaron a estos en corrupción. Ahora estigmatizan el acuerdo del PRM limitado al Senado, porque incluye a los leonelistas.
La coalición por el cambio
El PRM buscará limitar los efectos colaterales del acuerdo para las candidaturas senatoriales, al proclamar el próximo sábado 23 la Coalición Democrática por el Cambio, ya acordada con cinco partidos y numerosos grupos sociales, que incorpora candidaturas de activistas sociales y busca responder las insatisfacciones de amplios sectores, como las manifiestas en el movimiento Marcha Verde.
Ese pacto contiene unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, que serán firmados en un acto a realizarse en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 10 de la mañana. Ese sería su pacto fundamental y de carácter estratégico, que persigue un gobierno encabezado por el economista Luis Abinader, mientras el acuerdo senatorial quedaría como táctico.
Habrá que esperar que, como en 1996 la táctica no se coma la estrategia. Aunque hay una diferencia fundamental, del “Frente Patriótico” PLD-PRSC dependió la llegada de los peledeístas al gobierno, y el acuerdo de los perremeístas está limitado a la pluralidad del Senado y por tanto del Congreso Nacional.-
El PRM corre riesgo
Los dirigentes del PRM están conscientes de que corren riesgo de perder simpatías en los sectores sociales que muestran mayor rechazo al PLD, lo que implica también al expresidente Fernández, quien agotó tres de los cinco períodos de gobierno de ese partido, y a quien se considera corresponsable del secuestro de las instituciones democráticas, de la corrupción y del monopolio del poder que ha conllevado, y sin cuyas desmesuras políticas y financieras Danilo Medina no habría alcanzado la presidencia en el 2012, por 51 a 47% frente a Hipólito Mejía.
El expresidente Mejía nunca ha perdonado a Leonel los abusos del poder en su contra, por lo que no simpatiza con el acuerdo, pero no lo ha hecho público como su hija, la secretaria general Carolina Mejía, aunque ésta dejó constancia de que acata la decisión del partido. Alianza País, el partido que encabeza Guillermo Moreno, rehusó formar parte del acuerdo que incluyó al leonelismo. Aunque todavía este fin de semana, cuando el plazo para alianzas cae el lunes, seguían gestiones para apoyo mutuo sólo con el PRM y sus cinco aliados nacionales.
Los perremeístas calcularon los riesgos y ya el 6 de noviembre publicaron un comunicado en varios diarios planteando que aunque habían conformado una coalición político-social por el cambio, con otros cinco partidos, buscaban acuerdos locales con diversas fuerzas políticas para asegurar “un congreso plural e independiente que cumpla sus funciones como primer poder del Estado”. Recordaron pactos de sectores antagónicos en 1962, 1965 y 1978.
Entienden que los abusos del poder gubernamental, permitirían al PLD mantener el control del Senado, aun perdiendo la presidencia de la nación, concentrando recursos públicos en dos tercios de las provincias de menor población. En tal caso un Gobierno del PRM vería limitadas sus posibilidades de grandes transformaciones institucionales, políticas y sociales. Por lo menos buscan garantizar diversidad y mayor equilibrio de poderes.
Los dirigentes del PRM están conscientes de que corren riesgo de perder simpatías en los sectores sociales que muestran mayor rechazo al PLD, lo que implica también al expresidente Fernández, quien agotó tres de los cinco períodos de gobierno de ese partido, y a quien se considera corresponsable del secuestro de las instituciones democráticas, de la corrupción y del monopolio del poder que ha conllevado, y sin cuyas desmesuras políticas y financieras Danilo Medina no habría alcanzado la presidencia en el 2012, por 51 a 47% frente a Hipólito Mejía.
El expresidente Mejía nunca ha perdonado a Leonel los abusos del poder en su contra, por lo que no simpatiza con el acuerdo, pero no lo ha hecho público como su hija, la secretaria general Carolina Mejía, aunque ésta dejó constancia de que acata la decisión del partido. Alianza País, el partido que encabeza Guillermo Moreno, rehusó formar parte del acuerdo que incluyó al leonelismo. Aunque todavía este fin de semana, cuando el plazo para alianzas cae el lunes, seguían gestiones para apoyo mutuo sólo con el PRM y sus cinco aliados nacionales.
Los perremeístas calcularon los riesgos y ya el 6 de noviembre publicaron un comunicado en varios diarios planteando que aunque habían conformado una coalición político-social por el cambio, con otros cinco partidos, buscaban acuerdos locales con diversas fuerzas políticas para asegurar “un congreso plural e independiente que cumpla sus funciones como primer poder del Estado”. Recordaron pactos de sectores antagónicos en 1962, 1965 y 1978.
Entienden que los abusos del poder gubernamental, permitirían al PLD mantener el control del Senado, aun perdiendo la presidencia de la nación, concentrando recursos públicos en dos tercios de las provincias de menor población. En tal caso un Gobierno del PRM vería limitadas sus posibilidades de grandes transformaciones institucionales, políticas y sociales. Por lo menos buscan garantizar diversidad y mayor equilibrio de poderes.
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