Finjus critica que eliminen padrón concurrentes

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Finjus critica que eliminen padrón concurrentes 
El Caribe | 2 mayo, 2018 672 

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus. 

La Finjus criticó el proyecto de ley de partidos que aprobó el Senado sobre el financiamiento y las primarias abiertas.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) volvió a rechazar que a los partidos se les imponga un único modelo de escogencia de candidatos a cargos de elección popular y al mismo tiempo dijo que es preocupante que se elimine la propuesta de que la Junta Central Electoral (JCE) registre un padrón de concurrentes a los fines de evitar que un elector pueda votar en varias elecciones por varios partidos, agrupaciones o movimientos.

“Esta delimitación hubiese constituido una interesante medida que, al menos reduciría o iría en pos de regularizar el desorden derivado de la imposición de un método único de elección y, en este caso, de unas primarias abiertas y simultáneas”, subrayó la entidad en un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Castaños Guzmán instó a buscar el consenso antes de aprobar esa ley para evitar que en el país haya ingobernabilidad. “Invitamos al Congreso Nacional a reflexionar sobre las implicaciones políticas-institucionales que supone la imposición de la modalidad de primarias abiertas para el sistema de partidos políticos”, expresó.

Agregó que no será posible el desarrollo de la gobernabilidad democrática “ni el mejoramiento de la institucionalidad si el diálogo entre los actores que dirigen la vida pública, en un determinado momento, no es provechoso”.

Reiteró que imponer un único método de elección de candidatos a los partidos políticos es inconstitucional. “El grado de intervención conforme a la configuración constitucional actual no permite al Estado determinar cuál debe ser la forma de elección de los candidatos concretamente. Más allá de tratar forzosamente la inconstitucionalidad al respecto de este tema, debe tomarse en cuenta que la intervención del Estado no exceda lo constitucionalmente posible y afecte de manera irrazonable la libre asociación” subraya.

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