Diversos sectores defienden Ley 169-14 y la soberanía de la República Dominicana
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SANTO DOMINGO. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desató ayer reacciones de diversos sectores, que por un lado defienden la Ley 169-14 que establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional y por el otro la soberanía nacional.
El canciller Miguel Vargas Maldonado sostuvo que la Ley 169-14, fue fruto de un gran consenso nacional, la que está apegada a las normas, amén de regular la política migratoria del país.
“Nosotros gestionamos ante los organismos competentes y en un proceso prácticamente de un año logramos salir del Capítulo 4, de manera que nosotros como país somos apegados al respeto de los Derechos Humanos, pero entendemos que como país soberano que somos debemos defender nuestro derecho nacional”, expuso.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que la República Dominicana es un país independiente y soberano, por lo que el tema de la nacionalidad es de su absoluta incumbencia. Sostuvo que la Ley 169-14 sobre la nacionalidad se está aplicando, aunque admitió desconocer que el informe inste al país a dejar sin efecto disposiciones de esa legislación.
Castaños Guzmán destacó que el país y la JCE se rigen por la Constitución y las leyes “y creo que lo hacen muy bien”.
Juan Manuel Rosario, especialista en derecho internacional y migratorio, aseguró que la CIDH aspira a que el Estado no aplique su Constitución para que los hijos de ilegales adquieran la nacionalidad por haber nacido en territorio dominicano.
Manifestó que el Estado dominicano no puede darse el lujo de violar su institucionalidad para complacer intereses foráneos y de pequeños grupos nacionales que sólo persiguen buscar una salida a Haití a través de República Dominicana.
Aunque sostiene que la Ley 169-14 es inconstitucional, entiende que la CIDH la apoya porque pisotea la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, planteó que desde hace años el objetivo está trazado: “Quitarle a República Dominicana el derecho de definir quiénes son dominicanos".
“El pretexto empleado es convertir un caso de indocumentación, provocado en su origen por Haití, en un supuesto caso de apatridia masiva provocado por el Tribunal Constitucional”, apuntó.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresó que el informe en el sentido de dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169-14, es parcializado y es contrario al interés jurídico y soberano de la nación.
“Se nos exige lo imposible y algo que el país no puede cumplir en materia migratoria y ningún país del mundo”, expresó.
Lorenzo Merán dijo también que la CIDH debe instar al gobierno haitiano a documentar a sus ciudadanos, ya que según estudios internacionales un 80% de la población carece de documento de identidad, “ese gobierno contribuye con la apatridia de sus propios nacionales”.
La CIDH en su informe publicado el pasado 22 de marzo, instó a la República Dominicana dejar sin efecto las disposiciones de la Ley 169-14 “que se basen en considerar extranjeras a las personas nacidas en territorio dominicano que sean hijas de extranjeros en situación irregular”. Además que se restaure “plenamente el derecho a la nacionalidad” de los afectados por la sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional.
Para el informe de 2017 la República Dominicana fue sacada de la “lista negra” y se incluyó entonces en el Capítulo V, que desglosa el seguimiento a las recomendaciones formuladas en informes anteriores.
Desde otro punto de vista
El jurista Eduardo Jorge Prats, entiende que la CIDH no está en desacuerdo con la Ley 169-14, ni tampoco con el Plan de Regularización. Sostiene que de “hecho aplaude y reconoce el esfuerzo, el compromiso y la voluntad del Estado dominicano”.
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