En los países latinoamericanos, las características de la corrupción se repiten constantemente. La corrupción en este bloque está enraizada en gran parte en el modelo colonial usado por España y Portugal en el “Nuevo Mundo”. Estas similitudes que se ven en la corrupción a largo de América Latina sugieren que los esfuerzos para combatirla deberían coordinarse de tal manera que los países de la región compartan herramientas y estrategias comunes.
El bloque debe reaccionar de manera organizada, coordinada y conjunta, de lo contrario algunos países avanzarán más que otros, exportando corrupción a aquellos menos preparados para enfrentar el problema y comprometiendo el desarrollo del bloque como un todo. El bloque deja de ser bloque, lo que perpetuará el estado de parálisis en desarrollo económico y social y impactará a todo el ambiente geopolítico.

¿Cómo evitar este problema?

Analicemos lo que está sucediendo en Brasil y cuáles son las posibles lecciones que podemos extraer para la lucha regional contra la corrupción.
Partiendo de un examen aún incompleto del caso “Lava Jato” podemos darnos cuenta de que estructuras criminales organizadas capturan los centros de poder de una manera planeada y sistemática. Promueven fraudes en los procesos de licitación, distorsionan a la competencia y promueven la cartelización y los oligopolios en sectores importantes de la economía: la infraestructura, la construcción, la energía.
Asimismo, establecen porcentajes fijos sobre los valores de contratos para el pago de sobornos, incluyendo la financiación de campañas electorales y de varios crímenes, como el lavado de dinero, a través de métodos cada vez más sofisticados, de corrupción activa o pasiva, malversación de fondos, negligencia y haciendo ofertas fraudulentas. El hecho se repite en varios de los países del bloque.
Solamente una empresa brasileña pagó sobornos en diez países latinoamericanos y dos en África.( en millones de dólares).
Entre el conjunto de factores que permitió hacer esta investigación, se destacan algunos aspectos estructurales. Estos pueden y deben ser aplicados en la región.
Inicialmente cito la independencia y autonomía de la procuraduría general de la República y de la magistratura.
Factores de éxito - Independencia de los Ministerios Públicos y la magistratura
La independencia se arraiga gracias a una serie de garantías. Comienza desde el reclutamiento del personal a través de un proceso público transparente. Tras dos años en el cargo, los miembros de la procuraduría general y de la magistratura solo pueden ser despedidos si son condenados tras cometer un crimen; y no pueden ser removidos ni retirados de los procesos a los que fueron asignados de forma genérica e impersonal.
El Fiscal General, nombrado por el Presidente de la República entre los fiscales de carrera y aprobado por el Senado para un mandato de dos años, solamente puede ser destituido del cargo por decisión también de este último por mayoría de dos tercios.
La autonomía de estas instituciones se hace evidente por el hecho de que se administran a sí mismas y de que controlan sus propios presupuestos.
Sin una independencia y una autonomía funcionales, no es posible enfrentar la corrupción que es parte del modus operandi de los centros de poder político y económico en la región.
Factores de éxito - cooperación internacional
Un segundo aspecto importante para el éxito de las investigaciones fue contar con una intensa colaboración internacional.
Para septiembre 15 de 2017, había 303 peticiones de cooperación internacional: 176 peticiones activas a 39 países y 127 peticiones originadas de 30 países.
En realidad, en esta área hubo varios obstáculos. Un poderoso instrumento proyectado en convenciones internacionales (UNCAC, UNTOC, VIENA y en el acuerdo Mercosur de Buenos Aires de 2010): los equipos conjuntos de investigación, no ha sido usado hasta el momento, debido a la mala voluntad de las autoridades brasileñas federales para implementar estos acuerdos internacionales. No se ha creado ningún equipo, a pesar de peticiones formales de Suiza, España, Argentina y Perú.
En los actos transnacionales de corrupción, la investigación conjunta por parte de los países involucrados genera eficiencia y acelera la investigación de los hechos. Evita hacer trabajo innecesario. La investigación simultánea en los países involucrados requiere de una distribución coordinada de tareas, lo que también beneficia las investigaciones en curso. Permite el intercambio de información en tiempo real con evidencia que es obtenida y validada directamente por los mismos investigadores.
Por lo tanto, la cooperación criminalística transnacional hecha gracias a la colaboración directa entre procuradurías y fiscalías generales, sin la intromisión de la rama ejecutiva, es de gran valor.
Factores de éxito- acuerdos penales
Otro aspecto interesante que subrayo del caso del “Lava Jato” fue lo relevante que es el uso de los acuerdos de colaboración premiada.
Las organizaciones criminales son estructuras herméticamente cerradas, que se inspiran en la ley del silencio u omertá.
Para investigar a estas organizaciones se requiere conocer su estructura, sus participantes, su orden jerárquico, su división de tareas, el tipo de crímenes que realizan y su manera de operar.
Investigar a esas organizaciones no es tarea fácil.
Para resquebrajarlas y desmantelarlas se necesita un conocimiento de sus sistemas internos. Esto solo es posible cuando alguien que conoce la operación les revela los hechos a los investigadores.
Las investigaciones del “Lava Jato” pudieron penetrar a un espectro tan amplio de la criminalidad brasileña tan solo gracias a esos acuerdos de colaboración premiada, de los cuales hubo un total de 120 a septiembre 15 de 2017. Con ellos se pudo revelar la entera organización compuesta por políticos y empresarios, gracias a las descripciones detalladas entregadas por varios colaboradores, información que complementaba a otros testimonios.
Otro instrumento interesante es el “whistleblower” o “lanceur d’alerte”. El ciudadano que toma conocimiento de la comisión de un crimen, sin estar involucrado en él, puede referirlo a las autoridades y recibir una recompensa por la información proveída. Igualmente, podría obtener la protección del Estado en caso de necesitarla. La información proveída por los “whistleblowers” es importante para el interés público ya que las investigaciones por corrupción, principalmente de crímenes complejos, se asemejan a caminar a tientas y conllevan una serie de errores.
Es también necesario, por supuesto, fortalecer los mecanismos existentes: por ejemplo, actualizar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) para responder a las nuevas manifestaciones de la corrupción y modernizar los estándares regionales para que cumplan con los avances logrados en diversos tratados internacionales sobre corrupción.
El sector público y el privado
La articulación internacional para reducir nuestros índices de corrupción puede contribuir enormemente a mejorar el ambiente general de la Naciones en l educación, la salud e la infraestructura. Estas son de lejos las políticas públicas que más sufren el impacto de los grandes casos de corrupción.
La articulación de los elementos mencionados ha incorporado más seguridad jurídica a las relaciones socioeconómicas, en beneficio de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo de una economía sana y competitiva, preocupada por la eficiencia económica y el desarrollo tecnológico.
Es importante señalar que la responsabilidad por la reducción de prácticas corruptas también es del mundo empresarial. Es cierto que el Estado no puede enfrentar solo esa realidad; debe por lo tanto inducir, como se hizo en Brasil a partir de la Ley Anticorrupción empresarial, la adopción de buenas prácticas entre las empresas. Estas también deben promover la cultura de integridad en sus negocios, porque evidentemente hay una simbiosis entre corruptos y corruptores, en que unos pocos ganan, en una competición predatoria, en detrimento de muchos millones.
En conclusión: para replicar el éxito de las investigaciones del “Lava Jato” en la región, los países del bloque deberían asegurar que su procuraduría o fiscalía general y su rama judicial sean independientes y autónomas; deben fomentar la cooperación legal entre fiscales sin la interferencia de la rama ejecutiva : El procurador o el Fiscal general deben ser las autoridades centrales en los acuerdos y tratados internacionales en materia penal; deben entrenar a equipos de investigación conjunta; usar herramientas efectivas para desmantelar las organizaciones criminales, tales como los acuerdos de colaboración premiada y los “Whistleblowers” y promover la cultura de integridad en los negocios empresariales.