Oposición demanda JCE someta a responsables de “estafa, fraude e irregularidad” en comicios RD del 2016

29 de noviembre de 2017. La Redacción

Oposición demanda JCE someta a responsables de “estafa, fraude e irregularidad” en comicios RD del 2016

SANTO DOMINGO:-Los partidos del Bloque Opositor pidieron ayer a la Junta Central Electoral (JCE) que profundice la investigación y someta ante los tribunales de la República a los responsables y a la empresa española INDRA de la “estafa, fraude e irregularidad”  en los comicios de mayo de 2016.

Max Puig sirvió de vocero del Bloque Opositor
en rueda de prensa celebrada ayer.

Al organismo electoral ceder el control a la firma extranjera, a quien contrató tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral, “vició de manera grave e incontestable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las autoridades derivadas de ese proceso”.

Max Puig, hablando a nombre de las organizaciones opositoras, en una rueda de prensa celebrada la tarde de ayer, expresó “La JCE no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016”.

Puntualizó, además, “Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA”.

En tanto, el 20 de noviembre, el actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán,  dijo que “esos equipos no funcionaron a cabalidad en las elecciones generales, razón por la cual no están en la obligación de pagar en su totalidad la suma acordada… que esperaría los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas para tomar una decisión” sobre el pago de los 13.927.931,17 dólares reclamados.

La Cámara de Cuentas había informado que la Junta Central Electoral, contrató, durante la gestión de Roberto Rosario Márquez, la suma de US$35,266.003; de los cuales pagó US$21,338,072, por lo que adeuda US$13,927,931.

Los partidos de oposición enunciaron el compromiso innegociable con el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática.

Indicaron que si la JCE no actúa sobre su requerimiento, movilizarán a la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar el funcionamiento  del sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la estabilidad de la República Dominicana.

Además de Puig, estuvieron Jesús Vásquez, Minou Tavárez Mirabal, Pedro Martínez, Juan Ignacio Espaillat, Rafael Montilla, entre otros, en representación de los partidos, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Frente Amplio (FA), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y el Partido Socialista Cristiano (PSC).

Anexamos la declaración del 28 de noviembre, más el documento “Fundamentación y análisis técnico y político de la estafa de los escáneres y el fraude de las elecciones generales de mayo de 2016”

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PARTIDOS POLITICOS DE OPOSICION 

DECLARACIÓN PÚBLICA  

Oposición demanda JCE sometimiento a responsables y a empresa INDRA por estafa, fraude e irregularidad de comicios.

Tomando en consideración las informaciones hechas de público conocimiento del Informe del Departamento de Informática de la JCE sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los colegios electorales de las elecciones generales del 15 de mayo de 2016  acerca de la compra y uso de equipamiento electrónico para las elecciones generales del 16 de mayo de 2016, los partidos de la oposición política consideran que: 

A.     Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige(275-97)y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA;

B.      El traspaso abusivo y secreto de una función tan delicada y exclusiva como el conteo de los votos a una empresa extranjera que actuó por su cuenta, sin que mediaran la autoridad ni el control de la JCE, vicia de manera grave e incontestable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las autoridades derivadas de ese proceso;

C.     El pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos electorales;

D.     La Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016; 

La confirmación de estos hechos de extrema gravedad, denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la oposición política, obligan a la profundización de la investigación y al sometimiento ante los tribunales de la República de los responsables de los mismos. De no hacerse, no nos queda otro camino que el llamado a la movilización de la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar el funcionamiento  del sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la estabilidad de la República Dominicana.

Nuestros partidos tienen un compromiso innegociable con el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática.

Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD), Partido Socialista Cristiano (PSC)  

Santo Domingo, 28 de noviembre de 2017. 

……

Partidos Políticos de Oposición

Fundamentación y análisis técnico y político de la estafa de los escáneres y el fraude de las elecciones generales de mayo de 2016.

El análisis que ha conducido a los partidos de la oposición a las precedentes conclusiones, desde antes incluso de la celebración de las elecciones del 15 de mayo de 2016 se expone en los puntos que siguen a continuación: 

1.      El contenido del Informe del Departamento de Informática de la JCE sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los colegios electorales de las elecciones generales del 15 de mayo del 2016, así como sobre el contrato de adquisición de los mismos firmado entre la empresa española INDRA Sistemas, S.A. y la Junta Central Electoral (JCE) el 5 de diciembre de 2015, revela graves irregularidades derivadas de la inutilidad de gran parte de los equipos comprados y de su deficiente aplicación el día de las votaciones. 

2.      Una evaluación atenta de dicho informe y de otros documentos e informaciones relacionadas permiten confirmar la notable falta de transparencia y razonabilidad en la licitación y adjudicación a INDRA del contrato por 35.7 millones de dólares, que luego subió a más de 38 millones de dólares a solicitud del propio presidente de la JCE. 

3.      Del mismo informe se desprende la clara ilegitimidad de muchas de las autoridades declaradas electas por la JCE y la franca violación de la ley electoral 275-97 y sus reglamentos, de parte de las pasadas autoridades de la JCE. 

4.      Antes de las elecciones, el 9 de mayo de 2016, seis de los candidatos a la presidencia de la República de los partidos de la oposición se presentaron ante la JCE para advertir de la situación que se estaría gestando con la integración al proceso electoral de un sistema electrónico para el conteo y transmisión de los datos provenientes de las elecciones nacionales, congresuales y municipales, desconocido para la mayoría de los partidos en franca violación a lo establecido en la ley electoral y sus reglamentos, en relación con el escrutinio manual de los votos. 

5.      Los peligros que se cernían sobre el proceso electoral fueron debidamente expuestos ante los representantes de las comisiones de observación electoral internacional acreditadas para dar seguimiento a las elecciones generales. 

6.      En el documento “Evidencias de un Fraude Electoral”, del 24 de mayo de 2016, los partidos de la oposición le presentaron formalmente al país y a las anteriores autoridades de la JCE, un resumen de sus conclusiones preliminares luego de una rápida e intensa investigación sobre las innumerables irregularidades cometidas en todo el país durante el proceso electoral. El documento incluía varios anexos con pruebas irrefutables de cada una de las irregularidades denunciadas. 

7.      Las irregularidades principales en los procesos de votación y escrutinio de los votos fueron resumidas en el documento indicado bajo los siguientes subtítulos:  

·         Mayor concurrencia que votos emitidos 

·         Diferencias entre actas manuales y actas electrónicas 

·         Diferencia en las cantidades de votantes entre los niveles A, B y C de un mismo Colegio 

·         Actas con más votos emitidos que inscritos en el Colegio 

·         Excesivo número de concurrentes no pertenecientes a un determinado Colegio electoral. 

·         Trasiego de votos del PRM al PAL y al PASOVE 

·         Suplantación de actas 

·         Desaparición de boletas de la oposición 

·         Doble votación 

·         Boletines que suman más del 100%  

·         Desaparición de colegios 

8.      La mayoría de las irregularidades denunciadas se originaron, precisamente, en defectos o anomalías de los equipos de registros, escrutinio y transmisión, conforme a lo explicado detalladamente en el Informe del Departamento de Informática de la Junta (2017). 

9.      En aquella ocasión las autoridades de la JCE no les prestaron la debida atención ni consideración a los planteamientos formulados por la oposición, sin embargo la mayor parte de estos señalamientos han sido reconocidos y confirmados por el Informe Técnico de la Junta Central Electoral. 

10. Lo mismo ocurrió con las misiones de observación electoral internacionales, muchas de las cuales terminaron destacando la mayoría de las irregularidades denunciadas por la oposición desde antes de los comicios. 

11. Uno de los hechos más graves ocurridos durante el proceso electoral fue la pérdida de control de la JCE sobre el conteo final de los votos, el cual quedó, en  violación de la ley electoral, bajo el control absoluto de un software gestionado por INDRA y que la Junta no podía modificar, ni fue tampoco ampliamente auditado. El Informe lo dice del siguiente modo: “La JCE por primera vez pasó de ser el protagonista y responsable de la información electoral a ser un usuario de consulta y presentación de resultados procesados por un tercero. El proceso INDRA consiste en un control total del procesamiento de la información” (Punto 3.1.3 pág. 23, Informe del Departamento de Informática, JCE). 

12. Estos resultados de todo el proceso de licitación, contratación y las consecuencias negativas documentadas por el Informe sobre el colapso del sistema tecnológico del proceso, así como por las reclamaciones fundamentadas de los partidos de oposición el 24 mayo del 2016, indican que numerosas posiciones electorales congresuales y municipales fueron fraudulentamente arrebatadas a sus reales ganadores, con el apoyo de los integrantes de juntas  electorales municipales bajo el control del partido de gobierno. 

13. Respecto a las irregularidades y violaciones en la compras y a la contratación de la empresa INDRA se debe señalar que, a pesar de que el Informe del Departamento de Informática de la JCE describe las alarmantes fallas de los equipos, el mismo no se refiere al programa de auditorías múltiples a los componentes principales del paquete tecnológico adquirido que se debía realizar desde mucho antes de que estos fueran puestos en funcionamiento durante los comicios. 

14. El programa de auditoría referido debe ser de conocimiento y aprobación de los representantes técnicos de los partidos políticos y ejecutarse en su presencia y con su aprobación. La JCE no ha presentado los registros avalados de tales auditorías.  

15. Aparte de la entrega y uso de los equipos indicados, el sistema incluía las funciones de integración y conteo final de votos mediante un software bajo absoluto control de la empresa INDRA; esas funciones conllevan siempre múltiples riesgos de fallos o simple manipulación fraudulenta por lo que jamás debe utilizarse sin una exhaustiva sesión de auditorías técnicas previas que tampoco se llevó a cabo. 

De igual manera, el Informe de la JCE no se refiere al hecho escandaloso de que a la firma INDRA Sistemas se le permitió participar en la licitación LPI-01-2015 a pesar de que ya contaba con un espeso historial de acusaciones judiciales, e incluso prohibiciones en varios países para vender sus servicios en certámenes electorales. Al momento de la licitación ya era ampliamente conocido el itinerario de acusaciones por la comisión de delitos electorales de la empresa en otros países, como los de las elecciones en Madrid y Sevilla, en España, Venezuela, Angola, Brasil y Ecuador, entre otros. 

16.                      Una firma con tan cuestionadas credenciales, incluso mucho antes de la fecha del contrato con la JCE, y teniendo en cuenta las estipulaciones del Pliego de Condiciones Específicas de la licitación LPI -01’2015, en sus puntos 1.18, 1.19, 19.1 (paginas 16-18), sobre prácticas corruptas y fraudulentas, a dicha firma nunca debió permitírsele participar en una licitación para controlar la parte esencial de un proceso en el que se erigiría el nuevo poder político general del país. 

18.De acuerdo a lo explicado en el Informe del Departamento de Informática, las decisiones de las anteriores autoridades de la JCE sobre el alcance del contrato y las compras, fueron extremadamente desafortunadas y perjudiciales para el interés y las finanzas públicas: la compra de equipos y el alquiler (licencia), limitados del programa (software), con el que dichos equipos trabajarían generaban una dependencia absoluta respecto del proveedor INDRA. Dentro del esquema establecido, la JCE es dueña de los equipos, pero solo puede operarlos si INDRA le vende cada vez una licencia limitada del programa o software. En esas condiciones lo que correspondía era alquilar los equipos y quedar libre ´para decidir en unas nuevas elecciones de acuerdo a las experiencias y los vertiginosos avances tecnológicos en el mercado de esos productos. Estos equipos de comunicaciones y su entorno telemático están sometidos a fuertes ciclos de obsolescencia, cada vez más breves, que obligan a cambios o ajustes mucho antes que cuatro años. 

19.    En la actual situación, si la JCE decidiera reutilizar dichos equipos en el 2024, se requeriría una auditoría completa de los mismos y para ello se necesitaría un software que no es de la Junta; y si decidiera contratar otra firma para un nuevo software este tendría un grandísimo costo extra aparte de que cabria la posibilidad de que no pueda hacerlo por algunas especificidades técnicas del hardware. 

20.    La magnitud del contrato y la obviedad de las irregularidades citadas en la contratación indican que las autoridades actuales de la Junta deben disponer una auditoría también del proceso de licitación y adjudicación del referido contrato. Para ello se requiere la inclusión de comisiones donde participen los técnicos de los partidos políticos. 

Los hechos anteriormente expuestos, además de la violación flagrante de la Constitución y las leyes por parte del propio órgano que debe garantizar su aplicación y respeto, plantean un serio desafío para la democracia dominicana. El impacto dominante e inmovilizador de los nuevos sistemas tecnológicos en los procesos electorales, si bien reducen tiempo y elevan eficiencia, también han incrementado las dudas sobre la credibilidad de los mismos y abren nuevas posibilidades de fraudes y tergiversaciones de la voluntad popular. Esta situación demanda la revisión y adecuación a fondo de la Ley General Electoral y de las normativas relacionadas con las elecciones. Es evidente que el marco jurídico normativo vigente no tiene ninguna posibilidad de garantizar gestión confiable de las innovaciones tecnológicas introducidas en los certámenes electorales.