Elecciones, inmigrantes, economía y corrupción
en 2015 dominicano
Por Rolando de la Ribera *
Santo Domingo (PL) Campaña electoral,
reordenamiento migratorio, crecimiento económico y escándalos por corrupción
caracterizaron la vida dominicana en 2015.
La campaña electoral para los comicios de mayo
de 2016 comenzó temprano, cuando un sector del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) pensó en reelegir a presidente Danilo Medina aprovechando su
popularidad.
Esa iniciativa generó fricciones internas entre
"danilistas" y partidarios del ex mandatario Leonel Fernández
("leonelistas"), y el partido estuvo al borde de su división.
Finalmente Fernández cedió aunque impuso
condiciones, como introducir mecanismos que impidan más modificaciones
constitucionales y facilitar la reelección de parlamentarios.
El Comité Político del PLD tomó esa decisión por
mayoría en abril y a mediados de junio el Congreso Nacional modificó la
Constitución para introducir la reelección.
A partir de ese momento, un sector de la
oposición liderado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) impulsó la
candidatura de Luis Abinader y comenzó a buscar alianzas.
Aglutinando a los descontentos con Medina,
Abinader logró aliarse con el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y
democráticos que formaron la Convergencia por un mejor país.
Pero también, casi a fines de año, concertó una
alianza con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sobre la base de
concesiones que los otros aliados ahora reclaman también.
Medina, por su parte, logró una alianza con el
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una fuerza importante con muchos
adeptos a pesar de la escisión por la formación del PRM.
El presidente tiene a su favor la construcción
de miles de escuelas donde implanta la Tanda Extendida (doble sesión de clases
con alimentación) y la construcción de viviendas.
También impulsa el turismo, creó casi 400 mil
empleos y distribuye créditos a campesinos y pequeños empresarios a través de
visitas directas a las comunidades.
Un controvertido esfuerzo por regularizar la
situación de los inmigrantes ilegales concluyó este año y a él se sumaron más
de 288 mil personas, en su mayoría haitianos.
De estas solicitudes se aprobaron 239 mil 956 y
hasta la fecha se entregaron documentos a 183 mil 641 extranjeros.
Haití fue incapaz de responder a la demanda de
documentos para asentar a sus nacionales y ello llevó a miles de ilegales a
regresar a ese país ante la posibilidad de ser deportados.
El Plan Nacional de Regularización fue criticado
no sólo por el gobierno haitiano, sino por otros países y organizaciones
humanitarias contrarias a la deportación de ilegales.
Al calor de la crisis migratoria Puerto Príncipe
prohibió la importación terrestre de 23 productos dominicanos para favorecer a
sus empresarios y cobrar más impuestos.
La medida empobrece aún más a los haitianos,
aumenta el contrabando e incrementa la carestía de los alimentos en un país que
cierra el año con inflación del 12 por ciento.
Aunque según los resultados macro-económicos, el
PIB dominicano crece este año alrededor de un siete por ciento, eso no se
refleja en calidad de vida ni en la distribución.
Las centrales sindicales confirman que decayó en
un cinco por ciento en los últimos dos años el consumo de los hogares y el
incremento salarial del sector público no llega.
El crecimiento económico estuvo sustentado en
las zonas francas, el turismo, la construcción y el comercio, pero cayó en el
sector agropecuario que genera alimentos y empleos.
Los sindicatos denuncian muertes por accidentes
y enfermedades por falta de seguridad laboral, violaciones de la libertad
sindical e intentos de suprimir derechos adquiridos.
En 2015 estallaron varios escándalos de
corrupción y el último llevó a suspender a seis jueces, algunos de los cuales
ya están a disposición de los tribunales.
Están acusados de manipular procesos y expedir
sentencias favorables a personas acusadas de delitos tan graves como
narcotráfico, estafas y asesinatos.
Antes el senador Félix Bautista, secretario de
organización del PLD, fue acusado de lavado de activos en manejo de más de 26
mil millones de pesos, pero el caso quedó impune.
Hace pocos meses se descubrió una red de
extorsión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe),
detonada por el suicidio de una de sus víctimas.
La forma en que han sido agredidas por la
policía los que protestaban contra la corrupción frente a la sede de la Oisoe
confirman un retroceso en materia de derechos humanos.
En ese sentido, Manuel María Mercedes,
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunció arrestos
ilegales, asesinatos y torturas perpetrados por policías.
*Corresponsal de Prensa Latina en República
Dominicana.
arb/rr
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