A PROPÓSITO DE NUESTRA EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO
24 de gosto de 2015. SANTO DOMINGO
Otro de los aspectos que debemos analizar en el entendido de precisar nuestras fallas que mutilaron el proceso de la participación comunitaria en las escuelas dominicanas, tiene que ver con la dificultad para lograr una movilización efectiva de la población. Sencillamente no basta una autorización formal para que la gente participe. Es necesario motivar y promover la participación y esto implica un proceso de capacitación relativamente largo en donde fluyan la comunicación y la transparencia, que las personas no se sientan utilizadas.
Además, ese modelo de participación no se apoya en un conjunto de individuos dispersos, sino que debe fundamentarse en el reconocimiento y el reforzamiento de las condiciones e intereses de los agrupamientos o asociaciones que existan en la comunidad.
Al inicio del Plan Decenal de Educación, esta característica estuvo presente en el diseño y aplicación estratégica de la metodología de trabajo educativo y comunitario. En primer orden se valoró la existencia de los distintos espacios organizativos que los comunitarios habían constituido para luego invitarles a formar parte de las nuevas Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela.
Estas asociaciones surgían con una nueva visión y misión del trabajo que debían implementar como forma de hacer sus aportes al proceso educativo y de desarrollo de las propias comunidades.
Adoptaron una nueva estructura organizacional acorde a las necesidades y problemáticas de cada escuela y comunidad en particular, posibilitando que cada uno de los miembros de cualquier asociación tuviese un rol y responsabilidad específica, por pequeña que pareciese.
Dos hechos fundamentales marcaron esta reingeniería en las asociaciones de apoyo a la gestión educativa: primero, la reestructuración del Departamento Nacional de Participación Comunitaria que transformó la visión de “embudo” existente en la entonces llamada Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos –SEEBAC--. Consistía dicha estructura en mantener un equipo (que más bien funcionaba como simple grupo) de muchos técnicos en la oficina de la sede de la Secretaría, casi sin ninguna vinculación con el trabajo comunitario, pero que tenían asignadas algunas regionales de las 11 que había en el sistema educativo.
Y segundo, la nueva forma de organizar y estructurar el trabajo educativo de cara a la comunidad y de sus demandas plasmadas en los documentos del Plan Decenal de Educación, consistió en disponer de los servicios de un personal en cada Distrito Educativo que para entonces sumaban 81, así como en cada Regional Educativa que eran 11 y tan sólo unos 6 técnicos en la oficina central.
Todo este personal fue capacitado y entrenado de manera oportuna y puntual, en las temáticas más apremiantes que eran necesarias para poder iniciar una nueva práctica y cultivar una nueva pedagogía del trabajo educativo y comunitario, respectivamente, en la perspectiva de una toma de conciencia colectiva. Proceso que asumió los postulados de la Educación Popular, en la que el énfasis reside en el aprendizaje, en la socialización de los conocimientos, contribuyendo a que los sectores populares se constituyan en sujetos colectivos, que desarrollen capacidades para definir sus verdaderas necesidades, imaginar y diseñar alternativas, optar por la que más corresponda a sus intereses y anhelos, y, sobre todo, asumir participativamente su realización y la apropiación de los resultados.
Es importante destacar que los programas formativos adoptados en este contexto de la Educación Popular, partían de la necesidad metodológica en entrenar a los técnicos que luego serían multiplicadores en las comunidades, sin la visión y carga ideológica del maestro de aula, sino de un acompañante, un animador socio-cultural y comprometido con las acciones educativas y comunitarias por el desarrollo.
Lógicamente en procesos formativos y de asunción de responsabilidades ya personales, ya colectivas, no se dan de manera homogénea con todos los sujetos participantes y sobre todo, si en dichos procesos hay rupturas de esquemas y patrones conductuales.
En nuestra experiencia dentro del trabajo educativo y comunitario, hubo técnicos que asumieron niveles de compromisos con sus comunidades, que en momentos de coyunturas en que afloraron divergencias y contradicciones entre los actores del proceso educativo, los técnicos de participación comunitaria tuvieron imprecisiones en poder distinguir sus roles si de animadores comunitarios, sindicalistas o representantes de la Secretaría de Educación.
El otro hecho importante que marcó ese proceso de reingeniería en las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, como uno de los mecanismos de participación en el proceso educativo, fue el haber adoptado una nueva estructura funcional de dichas asociaciones, a partir de la creación de áreas específicas en cada asociación, en consonancia a las necesidades y problemáticas de cada escuela y comunidad en particular, al tiempo de permitir que todos los miembros de una asociación asumiesen responsabilidades de trabajo como aportes a sus comunidades desde las escuelas.
Fue así como los padres y madres se integraron en sus respectivas asociaciones mediante mecanismos de participación puntual denominados “comités de trabajo” en las áreas de: mantenimiento escolar, nutrición, supervisión, finanzas, currículo, desarrollo comunitario, capacitación y todas aquellas que surgiesen para dar respuestas a situaciones problemáticas tanto en la escuela como en la comunidad.
Esta nueva estructura que asumían las asociaciones conformadas por padres, madres y amigos para canalizar sus aportes a la escuela y la comunidad, requería salvar dos situaciones muy fuertes que se erigían como obstáculos mayúsculos: transparentar el manejo de recursos económicos y financieros de las asociaciones en las escuelas, y, transformar el reglamento jurídico vigente en un instrumento más ágil e idóneo para la participación.
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