José Luis Taveras
No, no somos un paisito
28 / 02 / 2019, 12:00 AM
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| José Luis Taveras |
El presidente dominicano abandonó su forzosa timidez y ha vuelto a la palabra después de casi tres años de silencio. Lo ha hecho de forma desafiante. En un reciente acto en Hato Mayor proclamó: “No somos el paisito que conocimos en el pasado. Nosotros somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe”. Sin embargo, la conciencia le jugó una sorpresiva perfidia. Sucede que en un momento inadvertido de su discurso Danilo Medina cometió un inédito desliz, al decir: “Eso es lo que somos en el día de hoy. Somos un modelo de corrupción. A mucha gente le duele eso, pero eso no se puede ocultar. Esa es una realidad que está ahí”. Textual y audiblemente dijo: “Somos un modelo de corrupción”. El auditorio, que todavía no apagaba su algarabía, se turbó y por ímpetu del instinto solo atinó a guardar sus manos. Parece que la culpa obsesiva que durante años ha perturbado la paz del presidente emergió de forma espontánea empujándolo a un “error de conciencia”. Algo parecido al trance del hombre infiel cuando susurra por reflejo el nombre de su amante mientras le hace el amor a la esposa. Definitivamente habló el pecado. La prensa, como sabemos, se recogió y omitió el lapsus. Sin embargo, por las redes se propaló masivamente el video del discurso en una ola de morbo y risa.
Justo es reconocer que junto a los logros que han inflado la ilusión del presidente sobre la economía, el país ha ganado tamaño en otros desempeños de su vida institucional. Uno de los más soberbios ha sido consolidar la corrupción como poderoso sistema de vida pública. Ciertamente en ese renglón dejamos de ser el paisito de antes para aparecer en los primeros lugares en todos los índices globales que miden su percepción en los últimos quince años. Es más, el crecimiento económico y la corrupción han competido en posicionamiento. Y, como diría el presidente: “A mucha gente le duele eso, pero eso no se puede ocultar”. Justamente la falta de respuestas a una cadena de escándalos impunes ha confinado a Medina a la mudez. Y lo peor es que el propio presidente ha estado en el mismo centro del torbellino. Desde que ganó la reelección no ha podido tomar aire. Desde Odebrecht, Joao Santana, Punta Catalina, el caso OMSA y toda una historia de impunidad arrastrada desde Leonel Fernández han convertido al PLD en el partido oficial de la corrupción.
La lucha contra la corrupción pública ha sido arte abstracto en los gobiernos de Danilo Medina. Tanto que callar ha sido el mejor discurso. No hay un punto luminoso que contrapese. El Gobierno ha repartido entre sus voceros un manual de defensa con trazos muy vagos. En ese libreto la palabra clave ha sido “transparencia”, pero como concepto inaprensible, subliminal. Para aterrizarlo se aportan los ejemplos de siempre: las licitaciones de escuelas por sorteo, la cuenta única de Tesorería y otros procesos administrativos que ya son estándares en la gestión de las cuentas públicas en otros países. Todo lo demás es confitería cuyo colorido lo pone la creatividad del vocero.
A pesar de los disimulos, la deuda ética gana peso y hace perder la credibilidad de un gobierno éticamente quebrado; la razón es simple: esta administración no ha hecho nada relevante para cambiar una percepción que se repite, afirma y consolida en todos los barómetros mundiales y que nos margina como una nación paria. Y es que en cuestión de ética las intenciones no cuentan; se impone la verdad de los hechos. Es increíble, pero el Gobierno ha fracasado hasta en los trámites más menudos de transparencia pública. Veamos.
Para empezar, toda gestión ética debe controlar la lealtad del funcionario. Un proceso convencionalmente aceptado en la administración pública moderna es la declaración patrimonial que este debe dar al entrar y salir de su cargo. Resulta que esa obligación estuvo regida por la Ley número 82 del 16 de diciembre de 1979. Esta ley era apenas una proclama poética porque, además de establecer un sistema declarativo anacrónico, no contemplaba ninguna sanción en contra de los funcionarios que falsearan la información requerida en la declaración; por eso fue derogada y sustituida por la Ley número 311-14 del 8 de agosto de 2014, que, a pesar de adolecer de notables inconsistencias, consagró al menos los delitos de falseamiento de datos y de enriquecimiento ilícito. Otro aporte fue crear la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos bajo la regencia de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y controlar su cumplimiento.
Sucede que la Ley número 311-14 quedó sujeta a un reglamento de aplicación que, en teoría y según su propio mandato, debió ser aprobado a los noventa días de su promulgación. No es sino hasta casi dos años después cuando el Poder Ejecutivo dicta, a través del Decreto 92-16, el reglamento que tenía en ascuas la disposición legal. En otras palabras, la administración de Danilo Medina duró casi la segunda mitad de su gestión anterior en un limbo legal por la desidia del gobernante con un tema elemental de transparencia. Pese a eso, hasta noviembre del año pasado, 3,784 funcionarios públicos no habían presentado su declaración jurada de bienes, un acto que debiera ser de simple rutina burocrática. Lo peor: las declaraciones entregadas por la mayoría son inverosímiles y no soportan una comprobación razonable. Si en un tema tan básico como ese ha faltado la voluntad que sobró para festinar la reelección presidencial o para aprobar la emisión de deuda soberana, debemos convenir que el “compromiso” de Danilo Medina con la transparencia es pura sinfonía.
Otro caso antológico de esa transparencia fue la licitación y construcción de la planta generadora más grande y costosa del país: Punta Catalina, un negocio turbio desde su concepción. Las marañas de este proyecto han impedido que los organismos de cooperación financiera presten un centavo por los enormes riesgos reputacionales, políticos y jurídicos envueltos, empujando al Gobierno a ofertar parte de su participación accionaria. Las preguntas sobran: ¿quién cargará con los sobrecostos del proyecto: el país o los inversionistas? ¿Sobre cuáles bases el Gobierno estimó la participación en venta? ¿Quiénes comprarán una planta sobrevalorada al doble? Esas interrogantes y otras tantas quedarán atrapadas en un negocio de mudas complicidades. En condiciones racionales de mercado los únicos candidatos para adquirir estas acciones son fondos privados holdouts o buitres.
En este gobierno los escándalos se apagan con otros ruidos, las denuncias se disipan como espumas y los procesos se diluyen en la instrucción. El PLD ha logrado imponer su torcida ética en la que todo se justifica con el silencio, con los sofismas o con la tácita aceptación; una visión permisiva que relativiza los mismos desmanes, esos que en contextos normales abren serias investigaciones. Pero ¡qué va!, el país va bien, con un ritmo de crecimiento económico de ensueño y una paz social envidiable, por eso ya se renuevan los aprestos continuistas. Este hombre es grande y con él dejamos de ser un paisito.https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/no-no-somos-un-paisito-DB12201828
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