Opinión
Trabajemos por una mejor calificación
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Por Andrés Dauhajre hijo
La deuda soberana de la República Dominicana
La deuda soberana de la República Dominicana
La deuda soberana de la República Dominicana ha mantenido durante los últimos cuatro años el mismo nivel de calificación. Es
calificada B+ por parte de Standard & Poor’s y B1 por Moody’s.
Cuando se comparan con las calificaciones que han otorgado ambas firmas
al resto de los países de América Latina, aparecemos en el segmento bajo
del ranking. En el caso de Standard & Poor’s recibimos la misma
calificación que El Salvador y Ecuador y mucho mejor que Jamaica,
Venezuela e incumplimiento selectivo (SD) de Argentina. Moody’s nos
coloca por debajo de El Salvador y por encima de Ecuador, Nicaragua,
Honduras, Argentina, Jamaica y Venezuela.
Obtener una mejor calificación de riesgo de ambas firmas debería ser una de las metas de corto plazo a alcanzar por el Ministerio de Hacienda. Una mejor calificación nos permitiría reducir los costos del financiamiento o en el peor de los casos, mantenerlos a los niveles actuales cuando las tasas del Tesoro de EE UU comiencen a aumentar.
En los primeros meses del año 2001, la República Dominicana llevó a cabo un intenso programa de intercambio de argumentaciones y consideraciones con Standard & Poor’s y Moody’s, pues entendía que la bajísima calificación de riesgo que ambas firmas otorgaban a las obligaciones soberanas en moneda extranjera del país (B+, B2, respectivamente) constituían una barrera para la incursión inaugural del Gobierno de la República Dominicana en el mercado global de capitales. El equipo de la Unidad del Programa de Mediano Plazo de Financiamiento Externo, adscrito a la Presidencia de la República, entidad que fue creada para dirigir y ejecutar la primera colocación de bonos soberanos en el 2001, llevó a cabo una serie de reuniones e intercambios con los técnicos de Standard & Poor’s y Moody’s encargados de República Dominicana. La deuda soberana del país, como ya mencionamos, recibía una calificación B+ por parte de Standard & Poor’s y B2 por Moody’s, niveles que el Gobierno dominicano consideraba demasiado bajos. Ambas firmas indicaban que les resultaba difícil mejorar la calificación si se tenía en cuenta la existencia de varios bonos gubernamentales en situación de incumplimiento selectivo (default), como eran los bonos de la Reforma Agraria, los del Huracán David y los de Desarrollo Agropecuario. Bonos que habían sido emitidos por administraciones pasadas no habían sido honrados. Sus intereses tampoco. En una situación como esa, resultaba cuesta arriba solicitar una mejora en la calificación. Para resolver este impasse, el Gobierno procedió a recoger todos los bonos en default, pagando el capital más los intereses acumulados.
Otra barrera que atentaba contra el objetivo de una mejor calificación era el bajísimo nivel de las reservas internacionales netas del Banco Central. Estas apenas alcanzaban para cubrir 0.56 meses de importaciones (excluyendo las de las zonas francas), uno de los niveles más bajos de la región y del mundo. El equipo dominicano explicó que aunque reconocía la importancia de contar con mayores niveles de reservas para elevar la capacidad de resistencia de la economía dominicana, ante choques externos o internos que pudiesen sacudirla, insistió que ante un choque externo que implicase una devaluación de la moneda, el impacto fiscal resultaba bastante moderado si se tenía en cuenta que la deuda pública externa era de apenas 15.5% del PIB, uno de los niveles más bajos de la región. Se recalcó que el bajo nivel del déficit del sector público consolidado (2.0% del PIB), reflejaba un manejo responsable de las finanzas públicas. En ese momento nadie en el país ni fuera de el pensaba que tres bancos comerciales privados, tres años más tarde, desencadenarían una crisis bancaria con un costo fiscal superior al 20% del PIB, ni que el rescate de depositantes se realizaría monetizando los depósitos, lo que dio lugar a la duplicación de los agregados monetarios, una devaluación masiva del peso y un proceso inflacionario galopante.
Moody’s fue la primera en revisar y mejorar la calificación. Del nivel B2 que exhibía a principios del 2001, la elevó en dos escalones, llevándola a Ba3, el nivel más alto que ha recibido la deuda soberana dominicana en toda su historia. Standard & Poor’s, días antes de que se hiciese la colocación de los primeros bonos soberanos de la República, elevó la calificación un escalón, de B+ a BB-, también la más elevada que esa firma ha concedido a la deuda soberana dominicana.
Cuando comparamos la situación macroeconómica actual de República Dominicana con la del 2000, se puede ver que en la mayoría de los indicadores estamos mejor. Mayor crecimiento económico, con menor inflación y desempleo. Reservas internacionales netas seis veces más elevadas (en meses de importaciones) que las que teníamos en el 2000. Menor déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (4.3% vs. 3.1% del PIB). Y mayor presión tributaria. Sin embargo, existen dos indicadores muy importantes donde mostramos un deterioro preocupante. El déficit del sector público consolidado terminó en el 2014 en la vecindad del 5% del PIB, muy por encima del 2% del año 2000. Lo mismo sucede con la deuda del sector público consolidado: 48.5% del PIB versus 21.4% en el 2000.
El 2015 presenta una excelente oportunidad para mejorar los indicadores macroeconómicos y modificar la tendencia de los dos indicadores que exhiben un deterioro con relación al 2000. Podemos seguir creciendo sobre el 7%, con una inflación inferior a 3% y con reducción adicional en el desempleo. Con la baja pronunciada en los precios del petróleo, el déficit de la cuenta corriente podría reducirse significativamente, terminando en 1.3% del PIB. Las reservas internacionales netas del Banco Central podrían seguir aumentando, terminando en más de 4 meses de importaciones. El déficit del sector público consolidado podría reducirse a 4% del PIB como consecuencia de la reducción esperada en el déficit del sector eléctrico. Los esfuerzos que ha estado haciendo el Gobierno dominicano para modificar la matriz de generación (más carbón, más gas y menos petróleo), contribuirían a reducir el déficit del sector eléctrico en el mediano plazo. Las necesidades de financiamiento externo deberían también reducirse con relación a lo presupuestado. Si se mantienen los precios actuales del petróleo, habrá menor financiamiento de Petrocaribe, sin que esto afecte las finanzas públicas pues la reducción del déficit del sector eléctrico será probablemente mayor que la baja en el monto de las facilidades financieras de Petrocaribe.
Algo que ayudaría mucho en las conversaciones con las firmas calificadoras sería una transacción de administración de pasivos externos que desencadene una reducción de 3 puntos porcentuales del PIB en la deuda del sector público consolidado. El Congreso dio su visto bueno a este tipo de transacciones en el 2014. Y ha vuelto a darlo para el 2015. Sería muy positivo para el país que alguna transacción de gran magnitud pueda ser finalizada lo antes posible. Culminada una operación de ese tipo, la mejora en la calificación de la deuda soberana dominicana estaría al doblar de la esquina.
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En los primeros meses del año 2001, la República Dominicana llevó a cabo un intenso programa de intercambio de argumentaciones y consideraciones con Standard & Poor’s y Moody’s, pues entendía que la bajísima calificación de riesgo que ambas firmas otorgaban a las obligaciones soberanas en moneda extranjera del país (B+, B2, respectivamente) constituían una barrera para la incursión inaugural del Gobierno de la República Dominicana en el mercado global de capitales. El equipo de la Unidad del Programa de Mediano Plazo de Financiamiento Externo, adscrito a la Presidencia de la República, entidad que fue creada para dirigir y ejecutar la primera colocación de bonos soberanos en el 2001, llevó a cabo una serie de reuniones e intercambios con los técnicos de Standard & Poor’s y Moody’s encargados de República Dominicana. La deuda soberana del país, como ya mencionamos, recibía una calificación B+ por parte de Standard & Poor’s y B2 por Moody’s, niveles que el Gobierno dominicano consideraba demasiado bajos. Ambas firmas indicaban que les resultaba difícil mejorar la calificación si se tenía en cuenta la existencia de varios bonos gubernamentales en situación de incumplimiento selectivo (default), como eran los bonos de la Reforma Agraria, los del Huracán David y los de Desarrollo Agropecuario. Bonos que habían sido emitidos por administraciones pasadas no habían sido honrados. Sus intereses tampoco. En una situación como esa, resultaba cuesta arriba solicitar una mejora en la calificación. Para resolver este impasse, el Gobierno procedió a recoger todos los bonos en default, pagando el capital más los intereses acumulados.
Otra barrera que atentaba contra el objetivo de una mejor calificación era el bajísimo nivel de las reservas internacionales netas del Banco Central. Estas apenas alcanzaban para cubrir 0.56 meses de importaciones (excluyendo las de las zonas francas), uno de los niveles más bajos de la región y del mundo. El equipo dominicano explicó que aunque reconocía la importancia de contar con mayores niveles de reservas para elevar la capacidad de resistencia de la economía dominicana, ante choques externos o internos que pudiesen sacudirla, insistió que ante un choque externo que implicase una devaluación de la moneda, el impacto fiscal resultaba bastante moderado si se tenía en cuenta que la deuda pública externa era de apenas 15.5% del PIB, uno de los niveles más bajos de la región. Se recalcó que el bajo nivel del déficit del sector público consolidado (2.0% del PIB), reflejaba un manejo responsable de las finanzas públicas. En ese momento nadie en el país ni fuera de el pensaba que tres bancos comerciales privados, tres años más tarde, desencadenarían una crisis bancaria con un costo fiscal superior al 20% del PIB, ni que el rescate de depositantes se realizaría monetizando los depósitos, lo que dio lugar a la duplicación de los agregados monetarios, una devaluación masiva del peso y un proceso inflacionario galopante.
Moody’s fue la primera en revisar y mejorar la calificación. Del nivel B2 que exhibía a principios del 2001, la elevó en dos escalones, llevándola a Ba3, el nivel más alto que ha recibido la deuda soberana dominicana en toda su historia. Standard & Poor’s, días antes de que se hiciese la colocación de los primeros bonos soberanos de la República, elevó la calificación un escalón, de B+ a BB-, también la más elevada que esa firma ha concedido a la deuda soberana dominicana.
Cuando comparamos la situación macroeconómica actual de República Dominicana con la del 2000, se puede ver que en la mayoría de los indicadores estamos mejor. Mayor crecimiento económico, con menor inflación y desempleo. Reservas internacionales netas seis veces más elevadas (en meses de importaciones) que las que teníamos en el 2000. Menor déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (4.3% vs. 3.1% del PIB). Y mayor presión tributaria. Sin embargo, existen dos indicadores muy importantes donde mostramos un deterioro preocupante. El déficit del sector público consolidado terminó en el 2014 en la vecindad del 5% del PIB, muy por encima del 2% del año 2000. Lo mismo sucede con la deuda del sector público consolidado: 48.5% del PIB versus 21.4% en el 2000.
El 2015 presenta una excelente oportunidad para mejorar los indicadores macroeconómicos y modificar la tendencia de los dos indicadores que exhiben un deterioro con relación al 2000. Podemos seguir creciendo sobre el 7%, con una inflación inferior a 3% y con reducción adicional en el desempleo. Con la baja pronunciada en los precios del petróleo, el déficit de la cuenta corriente podría reducirse significativamente, terminando en 1.3% del PIB. Las reservas internacionales netas del Banco Central podrían seguir aumentando, terminando en más de 4 meses de importaciones. El déficit del sector público consolidado podría reducirse a 4% del PIB como consecuencia de la reducción esperada en el déficit del sector eléctrico. Los esfuerzos que ha estado haciendo el Gobierno dominicano para modificar la matriz de generación (más carbón, más gas y menos petróleo), contribuirían a reducir el déficit del sector eléctrico en el mediano plazo. Las necesidades de financiamiento externo deberían también reducirse con relación a lo presupuestado. Si se mantienen los precios actuales del petróleo, habrá menor financiamiento de Petrocaribe, sin que esto afecte las finanzas públicas pues la reducción del déficit del sector eléctrico será probablemente mayor que la baja en el monto de las facilidades financieras de Petrocaribe.
Algo que ayudaría mucho en las conversaciones con las firmas calificadoras sería una transacción de administración de pasivos externos que desencadene una reducción de 3 puntos porcentuales del PIB en la deuda del sector público consolidado. El Congreso dio su visto bueno a este tipo de transacciones en el 2014. Y ha vuelto a darlo para el 2015. Sería muy positivo para el país que alguna transacción de gran magnitud pueda ser finalizada lo antes posible. Culminada una operación de ese tipo, la mejora en la calificación de la deuda soberana dominicana estaría al doblar de la esquina.
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