Cuando Antonio Guzmán, del PRD, ganó Presidencia de la República Dominicana
Publicado el: 21 mayo, 2018 Por: Chichi de Jesús Reyes
Hace 40 años que don Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ganaron las elecciones del 16 de mayo de 1978 y desplazaron del poder al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y a su líder, Joaquín Balaguer, que llevaba tres períodos consecutivos al frente de los destinos del país.
Las votaciones transcurrieron en todo el país dentro de un clima de paz y en forma normal, aunque se registraron dos muertes y varios heridos en incidentes ocurridos en Santiago y San Francisco de Macorís.
Registro Electoral. En el torneo se aplicó por vez primera el registro electoral. En horas de la prima noche del día de las elecciones se escucharon a través de la denominada cadena de radio y televisión “La Voz de la Junta Central Electoral”, los resultados que iban arrojando los cómputos en las mesas electorales. Pero a eso de las 4 de la madrugada del día 17 se suspendió abruptamente el conteo porque tropas del Ejército Nacional, de forma violenta ocuparon el local del tribunal y desalojaron a los presentes.
En la ocasión el PRD figuraba ganador en el Distrito Nacional y en casi todos los lugares del interior.
Desde el amanecer de ese 17 de mayo y hasta el día 20 el país vivió horas muy tensas, al tiempo que se reportaba desde muchos lugares un estado de represión militar que incluía la persecución y arresto de funcionarios y empleados electorales, con fines de alterar los resultados de las urnas en favor del PRSC. Como responsables de la violenta acción fueron señalados los generales Juan René Beauchamps Javier, Neit Nivar Seijas y Carlos Jáquez Olivero.
El general Enrique Pérez y Pérez se negó a participar en la asonada militar “hasta tanto contactara al doctor Balaguer”, según revela el diplomático Braian Bosch, en su obra “Balaguer y los Militares”. Para la época Braian estaba adscrito a la embajada de Estados Unidos en el país.
Intervenciones. Varias juntas electorales fueron ocupadas por efectivos castrenses en Santiago, Moca, Barahona y Puerto Plata.
En La Romana fue ametrallado el local del PRD, mientras que en la junta del Distrito Nacional las autoridades fueron sacadas por la fuerza del local que ocupaban las oficinas electorales.
La indignación general provocada por los militares no tiene paralelo en la historia dominicana, y de inmediato una gran cantidad de organizaciones en todo el país comenzaron a lanzar una campaña de protestas y resistencia pacífica, dejando muy en claro que no aceptarían una prolongación del gobierno de turno. De ahí en adelante, comenzaron las advertencias al presidente Balaguer para que “se respetara la integridad del proceso electoral”. Enviaron mensajes en tal sentido el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter; el secretario de Estado Cyrus Vance, y el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
Piden respeto. Grupos empresariales de Santo Domingo y Santiago publicaron en la prensa comunicados, pidiendo públicamente que “la voluntad del pueblo dominicano expresada legalmente a través de las urnas sea respetada”.
Luego que Balaguer anunciara a la nación que entregaría el poder a quien resultara electo en el torneo electoral, acto seguido se reanudó el conteo de los votos y antes de finalizar el mes de mayo, los cómputos provisionales de la JCE aseguraban el triunfo del partido blanco y sus candidatos Antonio Guzmán y Jacobo Majluta.
Balaguer asignó inmediatamente una escolta al mandatario electo.
A principios del mes de junio el PRSC solicitó elecciones complementarias y/o extraordinarias, alegando que por supuestos dislocamientos o “trastueques” de los listados del Registro Electoral se impidió a más de 600 mil sufragantes inscritos para votar en las mesas electorales que le correspondían, al no encontrarse sus nombres en dichos listados.
Detenidos. El encargado del departamento de Cómputos y Programación y otros empleados de la Junta fueron detenidos por “estar envueltos en los llamados trastueques”, pero no se pudo comprobar ninguna actuación delictiva por parte de estas personas.
También el empresario Rafael Corporán de los Santos fue apresado y confinado en solitarias, acusado de imprimir boletas del PRD en su editora del sector Los Prados.
La Junta contrató los técnicos chilenos Ricardo Guidach y Martín Borack para que investigaran las supuestas anomalías denunciadas por el Partido Reformista, pero tuvieron que abandonar el país, señalando que no pudieron resistir las presiones de los militares.
Fallo final. En las discusiones surgidas por las supuestas irregularidades que alegaban los reformistas, al igual que en las audiencias en la JCE tuvieron notable participación el Dr. Marino Vinicio Castillo, por el PRSC y el Dr. Salvador Jorge Blanco, por el PRD.
En la primera semana de julio la Junta produjo un fallo final destinado a resolver los asuntos que le habían sometido, la mayoría de los cuales fueron rechazados, pero en cambio, admitió las impugnaciones de los reformistas en las juntas de las provincias de Bahoruco, La Altagracia, El Seibo y María Trinidad Sánchez, al considerar que en esos lugares “se cometieron graves irregularidades que no permitieron votar a numerosos electores”.
En la decisión conocida como el “fallo histórico” se asignaron cuatro senadores y un diputado adicional al partido de Balaguer, lo que permitió que el PRSC mantuviera el control del Senado y por ende la facultad de designar los funcionarios judiciales.
En síntesis, al Reformista la Junta asignó 16 curules en el Senado y 43 diputados y al partido blanco, 11 senadores y 48 diputados.
Las votaciones transcurrieron en todo el país dentro de un clima de paz y en forma normal, aunque se registraron dos muertes y varios heridos en incidentes ocurridos en Santiago y San Francisco de Macorís.
Registro Electoral. En el torneo se aplicó por vez primera el registro electoral. En horas de la prima noche del día de las elecciones se escucharon a través de la denominada cadena de radio y televisión “La Voz de la Junta Central Electoral”, los resultados que iban arrojando los cómputos en las mesas electorales. Pero a eso de las 4 de la madrugada del día 17 se suspendió abruptamente el conteo porque tropas del Ejército Nacional, de forma violenta ocuparon el local del tribunal y desalojaron a los presentes.
En la ocasión el PRD figuraba ganador en el Distrito Nacional y en casi todos los lugares del interior.
Desde el amanecer de ese 17 de mayo y hasta el día 20 el país vivió horas muy tensas, al tiempo que se reportaba desde muchos lugares un estado de represión militar que incluía la persecución y arresto de funcionarios y empleados electorales, con fines de alterar los resultados de las urnas en favor del PRSC. Como responsables de la violenta acción fueron señalados los generales Juan René Beauchamps Javier, Neit Nivar Seijas y Carlos Jáquez Olivero.
El general Enrique Pérez y Pérez se negó a participar en la asonada militar “hasta tanto contactara al doctor Balaguer”, según revela el diplomático Braian Bosch, en su obra “Balaguer y los Militares”. Para la época Braian estaba adscrito a la embajada de Estados Unidos en el país.
Intervenciones. Varias juntas electorales fueron ocupadas por efectivos castrenses en Santiago, Moca, Barahona y Puerto Plata.
En La Romana fue ametrallado el local del PRD, mientras que en la junta del Distrito Nacional las autoridades fueron sacadas por la fuerza del local que ocupaban las oficinas electorales.
La indignación general provocada por los militares no tiene paralelo en la historia dominicana, y de inmediato una gran cantidad de organizaciones en todo el país comenzaron a lanzar una campaña de protestas y resistencia pacífica, dejando muy en claro que no aceptarían una prolongación del gobierno de turno. De ahí en adelante, comenzaron las advertencias al presidente Balaguer para que “se respetara la integridad del proceso electoral”. Enviaron mensajes en tal sentido el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter; el secretario de Estado Cyrus Vance, y el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
Piden respeto. Grupos empresariales de Santo Domingo y Santiago publicaron en la prensa comunicados, pidiendo públicamente que “la voluntad del pueblo dominicano expresada legalmente a través de las urnas sea respetada”.
Luego que Balaguer anunciara a la nación que entregaría el poder a quien resultara electo en el torneo electoral, acto seguido se reanudó el conteo de los votos y antes de finalizar el mes de mayo, los cómputos provisionales de la JCE aseguraban el triunfo del partido blanco y sus candidatos Antonio Guzmán y Jacobo Majluta.
Balaguer asignó inmediatamente una escolta al mandatario electo.
A principios del mes de junio el PRSC solicitó elecciones complementarias y/o extraordinarias, alegando que por supuestos dislocamientos o “trastueques” de los listados del Registro Electoral se impidió a más de 600 mil sufragantes inscritos para votar en las mesas electorales que le correspondían, al no encontrarse sus nombres en dichos listados.
Detenidos. El encargado del departamento de Cómputos y Programación y otros empleados de la Junta fueron detenidos por “estar envueltos en los llamados trastueques”, pero no se pudo comprobar ninguna actuación delictiva por parte de estas personas.
También el empresario Rafael Corporán de los Santos fue apresado y confinado en solitarias, acusado de imprimir boletas del PRD en su editora del sector Los Prados.
La Junta contrató los técnicos chilenos Ricardo Guidach y Martín Borack para que investigaran las supuestas anomalías denunciadas por el Partido Reformista, pero tuvieron que abandonar el país, señalando que no pudieron resistir las presiones de los militares.
Fallo final. En las discusiones surgidas por las supuestas irregularidades que alegaban los reformistas, al igual que en las audiencias en la JCE tuvieron notable participación el Dr. Marino Vinicio Castillo, por el PRSC y el Dr. Salvador Jorge Blanco, por el PRD.
En la primera semana de julio la Junta produjo un fallo final destinado a resolver los asuntos que le habían sometido, la mayoría de los cuales fueron rechazados, pero en cambio, admitió las impugnaciones de los reformistas en las juntas de las provincias de Bahoruco, La Altagracia, El Seibo y María Trinidad Sánchez, al considerar que en esos lugares “se cometieron graves irregularidades que no permitieron votar a numerosos electores”.
En la decisión conocida como el “fallo histórico” se asignaron cuatro senadores y un diputado adicional al partido de Balaguer, lo que permitió que el PRSC mantuviera el control del Senado y por ende la facultad de designar los funcionarios judiciales.
En síntesis, al Reformista la Junta asignó 16 curules en el Senado y 43 diputados y al partido blanco, 11 senadores y 48 diputados.
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