Energía renovable y la voracidad de los gobiernos locales
La opción que hizo el país por las energías renovables quedó clara con la aprobación de la ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de fuentes renovables de energías y sus regímenes especiales. Esa ley quedó en vigencia luego de promulgado el reglamento 202-08 por parte del Poder Ejecutivo.
La Comisión Nacional de Energía es el organismo responsable de cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en esta legislación y en su reglamento. Y ahora cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, que tiene una sólida representación en el órgano de dirección de la Comisión Nacional de Energía.
Desde muy temprano las empresas promotoras de proyectos de energía se han encontrado con múltiples obstáculos. En primer lugar los oportunistas con amarres políticos, que recibieron autorizaciones y las vendieron, luego las intenciones de coimas para dar aprobaciones o asumir el compromiso de adquisición de la energía producida por esta vía, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.
El tercer obstáculo lo siguen representando los ayuntamientos municipales, que procurar presionar y hasta extorsionar a los inversionistas para cobrar arbitrios a las empresas interesadas en desarrollar proyectos de energía solar o eólica. Lo hemos visto en cada municipio donde se establecieron inversiones para generar energía alternativa. La ley es muy clara sobre los incentivos y las exenciones. La Federación Dominicana de Municipios también ha desarrollado vocación para obstaculizar los proyectos de energía renovable si no reciben pago de arbitrios de parte de las empresas y sus inversionistas.
Acaba de ocurrir en Vicente Noble. El alcalde de ese municipio, Daniel de los Santos, junto con abogados y FEDOMU, han presionado a la empresa Emerald Solar para cobrar arbitrios municipales, que de acuerdo con la ley no se corresponde con la intención del Estado fijada en la ley 57-07.
Estos funcionarios y entidades municipales entienden que en el año 2018 una empresa multinacional puede hacer pagos no acogidos a ley. En caso de que aceptaran estos injustificables pagos, se convertirían en perseguidos de la nueva ley contra el lavado de activos, la número 155-17. Como esta historia se repite una y otra vez, corresponde que los ayuntamientos exijan el cumplimiento de la ley de municipios, y que el Estado cumpla con la asignación del 10 por ciento del presupuesto a los gobiernos locales, para que no ocurran tensiones como las que se dan con las empresas de energía renovable o las empresas de telecomunicaciones.
La semana pasada Jorge Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, explicaba que las autoridades municipales, en casos como este, se convierten en obstáculos para el desarrollo de sus propias comunidades.
¿Cómo el gobierno dominicano permite que un alcalde retrase, bloquee o perjudique el desarrollo de su comunidad, obstaculizando inversiones que representan generación de energía limpia y renovable?
Los partidos políticos tienen también una cuota de responsabilidad en estos casos. Muchos alcaldes tienen la idea de que el gobierno local es una oportunidad para el pillaje, y que donde quiera que haya una oportunidad de conseguir dinero, pues, se persiguen esos fondos, sin importar que sea extorsionando a empresarios o inversionistas, y que el dinero obtenido puede ser utilizado en actividades proselitistas o de clientelismo electoral.
https://acento.com.do/2018/opinion/editorial/8580862-energia-renovable-la-voracidad-los-gobiernos-locales/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario