martes, 17 de febrero de 2026

Presidente Abinader asciende a Andrés Modesto Cruz Cruz y lo designa como nuevo director general de la Policía Nacional

Presidente Abinader asciende a Andrés Modesto Cruz Cruz y lo designa como nuevo director general de la Policía Nacional
17 de febrero de 2026. Santo Domingo.
 El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el ascenso del general Andrés Modesto Cruz Cruz, P.N., al rango de mayor general y su designación como nuevo director general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 111-26.

La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23.  

En la misma decisión, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue colocado en honrosa situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial.

El mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026). Previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”. Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.
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Hidrocarburos, subsidios y control: cuando la coordinación institucional se vuelve urgencia

COMENTARIO | 

Hidrocarburos, subsidios y control: cuando la coordinación institucional se vuelve urgencia
Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hablar de hidrocarburos en la República Dominicana es hablar de economía real: transporte, industria, producción, precios y costo de vida. Por eso, cualquier mejora en la cadena de recepción y despacho —sobre todo cuando se trata de combustibles subsidiados por el Estado— tiene implicaciones directas en la estabilidad, la transparencia y la credibilidad institucional. En ese contexto, en consonancia con las directrices del presidente Luis Abinader, la reciente reunión interinstitucional encabezada por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, no debería leerse como una agenda de rutina, sino como un paso necesario hacia una gobernanza más moderna y efectiva del sector.

La discusión sobre “optimizar” la recepción y el despacho de hidrocarburos suele subestimarse por su lenguaje operativo. Sin embargo, detrás de esa palabra hay objetivos concretos: reducir cuellos de botella, evitar demoras que encarecen los costos logísticos, asegurar la continuidad del suministro y reforzar los controles para que lo que ingresa al país sea exactamente lo declarado, en las cantidades correctas y con el tratamiento fiscal correspondiente. Cuando la materia prima es estratégica y el componente fiscal es sensible, la eficiencia deja de ser solo velocidad: se convierte en una garantía de orden.

En el caso de los combustibles subsidiados, el Estado asume parte del costo para amortiguar impactos en los precios. Esa decisión pública exige, en consecuencia, un aparato institucional capaz de administrar con precisión: qué entra, bajo qué figura, con qué destino, bajo qué condiciones y con qué documentación. Ahí entra un elemento clave: fortalecer los mecanismos de emisión de exoneraciones. No para dificultar al sector que opera correctamente, sino para elevar la trazabilidad y la consistencia del proceso, asegurando que cada exoneración responda a reglas claras, verificables y auditables. En un país que aspira a consolidar confianza, los procedimientos deben ser tan sólidos como los resultados.

Ahora bien, ninguna mejora será completa si cada institución trabaja con su propia base de datos, sus propios tiempos y sus propios “cierres” informativos. Por eso, la reunión pone sobre la mesa un punto que debería asumirse como prioridad nacional: la interconexión entre la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La interoperabilidad no es un lujo digital; es una herramienta de gobernanza. Permite al Estado ver el ciclo completo: desde la entrada de mercancías hasta la coherencia fiscal y el cumplimiento tributario. Reduce espacios de opacidad, acorta los tiempos de verificación y mejora la calidad de las decisiones.

La otra gran apuesta es la digitalización de procesos, con capacidad de generar reportes confiables y en tiempo real. Esto no solo fortalece la supervisión pública: también beneficia al sector privado, que necesita predictibilidad. Cuando los sistemas producen información oportuna, se minimizan errores, se identifican anomalías antes de que escalen y se pueden tomar decisiones correctivas de manera temprana. La data, bien administrada, funciona como un mecanismo de prevención.

Pero la modernización no puede quedarse en anuncios. El reto real está en la ejecución: definir protocolos comunes, estándares de datos, responsabilidades por etapa y mecanismos de auditoría. También implica capacitación, continuidad tecnológica y cultura de servicio. Porque lo digital no sustituye el criterio: lo ordena. Lo interinstitucional no elimina la autonomía: la coordina. Y la eficiencia no debe negociar con el control: lo fortalece.

Al final, el propósito es simple —y profundamente político en el buen sentido—: que el Estado funcione mejor. Una gestión coordinada entre instituciones, con procesos digitalizados, trazabilidad y reportes en tiempo real, no solo mejora la operación aduanera; también protege el interés nacional, cuida los recursos públicos y fortalece la confianza ciudadana. En hidrocarburos, el margen de error es demasiado costoso. Por eso, avanzar hacia una coordinación moderna y responsable no es una opción: es una urgencia país. 🇩🇴


Hidrocarburos, subsidios y control: cuando la coordinación institucional se vuelve urgencia 🇩🇴

Hablar de hidrocarburos en la República Dominicana es hablar de economía real: transporte, industria, producción, precios y costo de vida. Por eso, mejorar la cadena de recepción y despacho —en especial cuando se trata de combustibles subsidiados por el Estado— no es un tema técnico menor: impacta la estabilidad, la transparencia y la confianza institucional.
En una reciente articulación interinstitucional, se colocaron sobre la mesa decisiones clave que, bien ejecutadas, pueden marcar un antes y un después:
✅ Optimización operativa: reducir cuellos de botella, evitar demoras que encarecen costos logísticos y asegurar continuidad del suministro.
✅ Controles más sólidos: garantizar que lo que ingresa al país coincida con lo declarado, en cantidades correctas y con el tratamiento fiscal correspondiente.
✅ Exoneraciones con trazabilidad: fortalecer mecanismos para que respondan a reglas claras, verificables y auditables.
✅ Interconexión DGA–DGII: interoperabilidad como herramienta de gobernanza (menos opacidad, verificación más ágil y mejores decisiones).
✅ Digitalización con data en tiempo real: reportes confiables para prevenir riesgos y mejorar la predictibilidad del sector.
Pero modernizar no puede quedarse en anuncios. El reto real está en la ejecución: protocolos comunes, estándares de datos, auditoría, capacitación y continuidad tecnológica.
Porque lo digital no sustituye el criterio: lo ordena. Y la eficiencia no negocia con el control: lo fortalece.
📌 Conclusión: en hidrocarburos, el margen de error es demasiado costoso. Avanzar hacia una coordinación moderna, trazable y basada en datos no es una opción: es una urgencia país. /

https://x.com/GUASABARAeditor/status/2023852297735053654?s=20
🇩🇴 COMENTARIO | @GuasabaraEditor @LuisOrlandoDia1 🇩🇴 @luisabinader @PresidenciaRD @Magindiazrd @MinHaciendard @aduanard @nelsonarroyop #AduanasRD @DGii #DGII



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Editorial | Edeeste y la factura invisible de la mala gestión

Editorial | Edeeste y la factura invisible de la mala gestión

La auditoría de la Cámara de Cuentas a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) —correspondiente al período 2012-2020— llega como un golpe de realidad: cuando fallan los controles, la electricidad no es lo único que se “pierde”; también se pierde confianza pública, capacidad de gestión y, en el peor de los casos, dinero del contribuyente. El hallazgo más alarmante no es un tecnicismo contable: es la debilidad estructural en la custodia de documentos de respaldo, una falla que impide verificar con claridad la legalidad y razonabilidad de pagos a proveedores.

La Cámara de Cuentas no se limitó a describir deficiencias: según la información difundida, dispuso la remisión del informe a la Procuraduría Especializada competente para los fines judiciales, advirtiendo que las irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas y penales contra exfuncionarios presuntamente responsables, además de otorgar un plazo para correctivos. Esto es importante por dos razones: primero, porque reafirma que auditar no es “opinar”, sino activar consecuencias; y segundo, porque deja claro que la impunidad administrativa no puede seguir escondiéndose detrás del desorden documental. 

Pero conviene mirar el problema completo. Una auditoría que no encuentra soportes no solo revela descuido: revela un sistema de compras y pagos vulnerable a discrecionalidad, sobrevaluaciones, urgencias injustificadas y contratos débiles. En el caso de Edeeste, reportes periodísticos basados en el documento auditado señalan revisión de compras a 13 proveedores, con 155 órdenes de compra por alrededor de RD$3,238 millones y un contrato por US$6.6 millones para materiales eléctricos, en un universo donde se detectaron irregularidades financieras y administrativas. La magnitud obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que se pagó fue realmente verificable, competitivo y conveniente para el Estado? 

El “detalle” de la documentación ausente es, en realidad, el corazón del caso. Se ha reportado que Edeeste no entregó soportes relacionados con compras, contrataciones y costos aduanales por montos relevantes —incluyendo cifras como RD$409.7 millones y RD$222.7 millones—, lo que limitó el alcance de la revisión y muestra un control interno débil. Cuando el expediente no aparece, no solo se pierde papel: se pierde la posibilidad de trazar quién decidió, por qué se adjudicó, con qué precio de referencia, con qué evaluación técnica, y bajo qué condiciones de cumplimiento. Sin esa trazabilidad, el Estado compra a ciegas. 

Y si el Estado compra a ciegas, el mercado también se distorsiona. Porque la opacidad no perjudica únicamente al fisco: perjudica a los proveedores serios, a los competidores que cumplen reglas, y a la ciudadanía que termina pagando doble —una vez en la factura eléctrica y otra vez en el déficit de gestión. Acento reseña que se habrían realizado adquisiciones sin la debida formalización contractual y con inconsistencias en órdenes de compra, además de compras “de urgencia” y procedimientos excepcionales sin los informes justificativos correspondientes. Esa combinación —urgencia sin evidencia, excepción sin publicación, contrato sin claridad— es la receta perfecta para que cualquier sistema de compras pierda legitimidad. 

No menos preocupante es la dimensión de cumplimiento normativo. Según lo divulgado, parte de las adquisiciones habría incumplido requisitos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas; también se señalan faltas como ausencia de planes anuales de compras y omisiones de publicación o registros en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), además de expedientes de pago incompletos. Si esto se confirma en sede administrativa y judicial, estaríamos ante un patrón: no simples errores aislados, sino un modo de operar que normaliza el atajo y reduce la contratación pública a una rutina sin controles. 

Ahora bien, sería un error convertir este episodio en una “historia del pasado” solo porque el período auditado termina en 2020. La Cámara de Cuentas publicó el informe como parte de sus “últimas auditorías”, con fecha de publicación 2 de febrero de 2026, y el tema vuelve al presente con una implicación directa: el país necesita fortalecer el Sistema Nacional de Control Externo y, al mismo tiempo, obligar a que las empresas públicas asuman una cultura de control interno que no dependa del humor de cada administración. La institucionalidad no puede ser estacional. 

Lo que debe ocurrir ahora (y no solo “investigarse”)

Una auditoría seria no termina en un titular, sino en decisiones concretas. Si el informe ya fue remitido para acciones judiciales y se otorgaron plazos de corrección, lo mínimo exigible es una hoja de ruta pública y verificable:

  1. Recuperación de trazabilidad: digitalización, archivo único y cadena de custodia obligatoria para expedientes de compra y pago, con auditoría interna permanente.
  2. Compras con estándar “Open Contracting”: publicar en formatos abiertos la planificación, adjudicación, contratos y ejecución —para que la ciudadanía pueda auditar con datos, no con rumores. (La crítica central del informe gira precisamente en la debilidad de controles y soportes). 
  3. Reglas estrictas para “urgencias” y “excepciones”: toda urgencia debe estar documentada con informe técnico, motivación legal y publicación completa; lo excepcional no puede ser lo habitual. 
  4. Responsabilidad y consecuencias: el país está cansado de auditorías que se archivan. Si hay presunto daño al patrimonio, corresponde individualizar responsabilidades y accionar en consecuencia, como ya fue indicado al remitir el informe a instancias especializadas. 

Una conclusión necesaria: el problema no es “papel”, es gobernanza

Este caso demuestra algo que suele olvidarse: la contratación pública no es un trámite administrativo; es un mecanismo de política pública. Cada compra mal documentada es una puerta abierta al desperdicio; cada pago sin soporte es una grieta en la rendición de cuentas; cada excepción injustificada erosiona la competencia. Y cuando esto ocurre en una distribuidora eléctrica, el daño no se queda en un expediente: se traslada a la calidad del servicio, a la sostenibilidad financiera del sector y al clima de confianza institucional. 

La auditoría a Edeeste, tal como ha sido divulgada, obliga a asumir un principio elemental: sin documentos no hay transparencia; sin transparencia no hay legitimidad; y sin legitimidad, cualquier reforma se vuelve discurso. Hoy toca demostrar que los hallazgos no serán un capítulo más de indignación pasajera, sino el inicio de un estándar nuevo: compras públicas con reglas claras, evidencia verificable y consecuencias reales.

Fuentes

⚡📄 Editorial | Edeeste y la factura invisible de la mala gestión
Cuando fallan los controles, no solo se “pierde” electricidad: se pierde confianza pública, capacidad de gestión y dinero del contribuyente. La auditoría de la Cámara de Cuentas a Edeeste (2012–2020) revela una falla estructural alarmante: documentos que no aparecen, pagos que no se pueden verificar y controles internos debilitados.

📊 Más de RD$3,238 millones en compras y un contrato de US$6.6 millones bajo revisión, con expedientes incompletos, urgencias sin justificar y posibles violaciones a la Ley 340-06.
📌 Sin soportes no hay trazabilidad.
📌 Sin trazabilidad no hay transparencia.
📌 Y sin transparencia, no hay legitimidad.
La auditoría ya fue remitida a instancias judiciales. Ahora toca lo esencial: consecuencias reales, correcciones verificables y un cambio de cultura en la gestión pública. La contratación pública no es un trámite: es gobernanza.
🔗 Lee el editorial completo: https://noticiasguasabara.blogspot.com/2026/02/editorial-edeeste-y-la-factura.html
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https://elnacional.com.do/auditoria-expone-fallos-en-gestion-de-edeeste/
#Edeeste #Auditoría #CámaraDeCuentas #Transparencia #ComprasPúblicas #RendiciónDeCuentas #Gobernanza #SectorEléctrico #DineroPúblico #ControlInterno #RepúblicaDominicana
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Editorial | Hoyo Claro: conservar sin improvisar

 
Hoyo Claro: conservar sin improvisar

Editorial | @GuasabaraEditor | Luis Orlando Díaz Vólquez

La decisión judicial que obliga al Estado dominicano a pagar RD$313.7 millones por los terrenos donde se asienta el Monumento Natural Hoyo Claro no es un simple episodio contencioso-administrativo: es un recordatorio incómodo —pero necesario— de que la protección ambiental no puede sostenerse sobre la ambigüedad jurídica ni sobre la postergación presupuestaria. El caso, que se remonta a la declaratoria de área protegida por la Ley 202-04 en 2004, concluye con un fallo firme luego de agotarse las vías procesales, y deja dos lecciones centrales: la conservación debe planificarse con rigor y el derecho de propiedad no se cancela por decreto moral. 

De acuerdo con la información publicada, el conflicto se definió en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en 2023 acogió una demanda de justiprecio y fijó una compensación por 1,045,622 metros cuadrados a razón de RD$300 por metro cuadrado, para un total de RD$313,686,600, con participación de la Dirección General de Bienes Nacionales en el proceso. Los recursos posteriores —casación y vía constitucional— no cambiaron el resultado, y el Estado queda compelido a pagar. 

Un cenote valioso… y un Estado que llega tarde

Hoyo Claro, descrito como un cenote de agua salobre ubicado en Salvaleón de Higüey, La Altagracia, posee un valor ambiental y paisajístico que justifica plenamente su protección. Pero justamente por esa relevancia, la pregunta que debimos hacernos desde el principio era otra: ¿cómo se asegura la conservación de un patrimonio natural cuando parte del territorio está en manos privadas? La sentencia sugiere que la respuesta institucional fue, por años, aplazar la solución: declarar, limitar, administrar… y dejar para después el tema de la titularidad y la compensación. 

Aquí está el nudo: la Ley 202-04 establece el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y reconoce que dentro de ese sistema pueden existir terrenos del Estado y terrenos privados comprendidos en áreas declaradas. Dicho de otro modo: el legislador sabía que la conservación podía cruzarse con la propiedad privada, y por eso el Estado debía actuar con instrumentos claros (compra, acuerdos, compensaciones, manejo).

Propiedad y función social: el equilibrio que no se negocia

La Constitución dominicana, en su artículo 51, reconoce y garantiza el derecho de propiedad y establece que nadie puede ser privado de ella “sin causa justificada de utilidad pública o interés social, previo pago de su justo valor”, determinado por acuerdo o sentencia. Este es el corazón del debate: si una declaratoria estatal produce una afectación real y sustantiva del uso y disfrute de un inmueble —al punto de equivaler a una privación— el Estado no puede sostener la conservación como un ideal abstracto mientras traslada el costo al particular. 

Por eso, aunque el Ministerio de Medio Ambiente alegara ante el TSA que declarar un área protegida no equivale a expropiar y que los dueños podían seguir usando sus terrenos bajo limitaciones, el tribunal valoró —según reseña periodística— que bastaba comprobar la afectación del derecho fundamental de propiedad derivada de la declaratoria del monumento natural para ordenar el pago. En términos prácticos, la justicia se inclinó por una interpretación: la conservación no puede traducirse en despojo silencioso. 

El costo de no planificar: cuando la improvisación se paga en millones

Más allá del debate jurídico, hay un componente de gestión pública que resulta preocupante. El Estado defendió una valuación de RD$12.50 por metro cuadrado, mientras los propietarios reclamaban RD$516.96 por metro cuadrado según tasación privada; el TSA fijó un punto medio de RD$300. El problema no es solo el número final: es la señal de que, ante conflictos de suelo en áreas protegidas, la respuesta oficial llega tarde, se judicializa, y termina resolviéndose con costos mayores —económicos y reputacionales— para el erario. 

La lección es contundente: declarar es más fácil que ejecutar. Un Estado que amplía o reafirma su sistema de áreas protegidas sin un plan robusto de adquisición, compensación y administración sostenible se expone a una cascada de litigios que terminan debilitando la legitimidad del propio sistema. La conservación, paradójicamente, puede quedar rehén de su propia falta de previsión.

Conservación con justicia: lo que este caso obliga a repensar

Si la República Dominicana quiere proteger efectivamente sus espacios de alto valor ecológico sin convertir cada declaratoria en un conflicto, este caso apunta a una agenda mínima de reformas y buenas prácticas:

  1. Saneamiento y catastro preventivo en áreas protegidas
    Antes —y no después— de declarar o redefinir límites, debe identificarse con precisión qué porciones son privadas, cuáles son estatales y cuáles están en disputa. La Ley 202-04 concibe un sistema que incluye terrenos privados dentro del régimen de protección; eso exige un enfoque técnico y registral sostenido.

  2. Fondo permanente para adquisición y compensación ambiental
    Si la conservación es política pública esencial, debe tener respaldo financiero estable. La alternativa es la judicialización y, finalmente, pagos mandatados por sentencia —con intereses y costos asociados— que resultan menos eficientes para el Estado. 

  3. Instrumentos de conservación voluntaria y co-manejo
    No todo debe ser compra total o litigio. Existen fórmulas (acuerdos de manejo, compensaciones por servicios ecosistémicos, incentivos) que pueden alinear al propietario con la conservación, siempre dentro del marco legal. La Ley 202-04, al organizar la gestión del sistema, abre espacio a planes de manejo y participación, lo cual puede servir de soporte a soluciones no litigiosas.

  4. Reglas claras: limitación razonable vs. privación encubierta
    El Estado necesita una doctrina administrativa interna que distinga cuándo una limitación es parte de la función social de la propiedad y cuándo se convierte, en los hechos, en una privación que requiere justiprecio. El artículo 51 ofrece el criterio base: si hay privación por interés público, debe haber compensación. 

Un llamado final: proteger sin arbitrariedad

Hoyo Claro debe seguir protegido. Nadie sensato discute la necesidad de preservar un espacio con esa singularidad ecológica. Lo que sí debemos discutir —y corregir— es el método: no se puede pedir sacrificio privado para resolver un deber público sin mecanismos claros de compensación. Un Estado serio no solo declara; también compra, compensa, ordena, gestiona y rinde cuentas.

En última instancia, este caso no enfrenta ambiente contra propiedad. Enfrenta buena gobernanza contra improvisación. La sentencia obliga a pagar, sí. Pero también obliga a algo más importante: a profesionalizar la política de conservación para que la próxima área protegida no nazca con una deuda escondida y un conflicto anunciado. 

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MICM y detallistas avanzan en agenda común sobre Ley de Residuos Sólidos

MICM y detallistas avanzan en agenda común sobre Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo, RD,  17 de febrero de 2026. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, se reunió con representantes de sectores productivos integrados por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS), encabezada por su presidente Elías Pérez, y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, como parte del proceso de diálogo abierto que impulsa el Gobierno para consensuar mejoras a la Ley de Residuos Sólidos.

Durante la reunión, los representantes del sector detallista de combustibles expusieron sus consideraciones sobre las contribuciones anuales incluidas en  la estudiada Ley  98-25, que modifica la Ley 225-20, y procura fortalecer la gestión integral de los residuos, mejorar los mecanismos de reciclaje y valorización, y garantizar una mayor articulación entre el Estado, el sector privado y los gobiernos locales.

Yayo reiteró que el Gobierno mantiene un proceso de escucha activa con todos los sectores productivos, con el objetivo de construir soluciones equilibradas que permitan fortalecer la gestión ambiental del país sin afectar la sostenibilidad de las actividades económicas.

“La visión es clara: avanzar hacia un modelo responsable de manejo de residuos sólidos donde cada sector aporte de manera justa, pero siempre desde el diálogo, el consenso y la realidad operativa de nuestras empresas”, expresó el ministro Sanz Lovaton.

De igual forma informó que el MICM se encuentra evaluando las recomendaciones presentadas por distintos sectores empresariales y que en los próximos días se presentará una propuesta de modificación que será sometida al Congreso Nacional durante la próxima legislatura.

Asimismo, se abordaron los mecanismos de financiamiento del sistema nacional de manejo de desechos, incluyendo la contribución especial anual y las tasas municipales vinculadas a la recolección y disposición final, procurando asegurar que estos recursos se utilicen exclusivamente para fortalecer la gestión ambiental.

La comisión de ANADEGAS estuvo integrada además por los expresidentes Arnulfo Rivas y Juan José Matos, así como por el vicepresidente regional Norte, Juan Carlos Mata, quienes presentaron detalles sobre la estructura de costos y gastos operativos de las estaciones de combustibles,y expresaron su respaldo a las iniciativas que impulsa Yayo Sanz Lovatón, para lograr un marco regulatorio equilibrado que permita a los sectores productivos cumplir con sus responsabilidades ambientales de manera justa y sostenible.

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Trump dice que Cuba es una nación fallida y que no será necesaria una operación como la de Venezuela

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