La operación permitió incautar 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores que presuntamente serían introducidos al país mediante documentación irregular, fortaleciendo la lucha del Estado dominicano contra el comercio ilícito y la evasión fiscal.
11 de agosto de 2026
Santo Domingo, República Dominicana., La Dirección General de Aduanas (DGA), en coordinación con el Ministerio Público, asestó un importante golpe a las redes vinculadas al comercio ilícito tras decomisar un cargamento de mercancías presuntamente introducidas de manera irregular al territorio nacional durante un operativo de inspección realizado en el Puerto Multimodal Caucedo, evitando pérdidas fiscales estimadas en RD$42,254,853.26.
La intervención permitió incautar 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer y 961 televisores de distintas marcas y dimensiones, luego de que los equipos técnicos detectaran inconsistencias sustanciales entre el contenido físico de los contenedores inspeccionados y la información consignada en la documentación presentada ante las autoridades aduaneras.
El operativo fue ejecutado conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente, bajo la coordinación de la DGA y con el acompañamiento del Ministerio Público, a través de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando (UNIP-ERCON), como parte de las acciones permanentes de vigilancia orientadas a proteger el comercio legítimo, las recaudaciones fiscales y la seguridad económica nacional.
De acuerdo con las estimaciones preliminares realizadas por la administración aduanera, los derechos e impuestos de importación correspondientes a las mercancías encontradas en uno de los contenedores ascienden a RD$32,179,370.00, mientras que los asociados al segundo contenedor alcanzan RD$10,075,483.26, para un total estimado de RD$42,254,853.26.
Las autoridades explicaron que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado de las áreas especializadas de Análisis de Riesgo, Inteligencia y Fiscalización de la Dirección General de Aduanas, cuyos procesos de monitoreo permitieron identificar irregularidades que motivaron una inspección exhaustiva de los contenedores.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Puerto Multimodal Caucedo, representantes de ambas instituciones destacaron que la acción constituye una demostración de la capacidad operativa y tecnológica que ha desarrollado el Estado dominicano para detectar, interceptar y neutralizar operaciones de contrabando antes de que las mercancías ingresen al mercado nacional.
Gabino José Polanco, asesor técnico de la Dirección General de Aduanas, resaltó el impacto de la actuación conjunta para la protección de los recursos públicos y la preservación de la competitividad de los sectores productivos formales.
“Este resultado demuestra la efectividad de los mecanismos de inteligencia, control y fiscalización implementados por la Dirección General de Aduanas. La detección oportuna de estas irregularidades permitió evitar una evasión superior a los 42 millones de pesos y proteger recursos que pertenecen al pueblo dominicano”, afirmó Polanco.
El funcionario indicó que las investigaciones continúan con el propósito de determinar responsabilidades y establecer el alcance de las operaciones relacionadas con el cargamento retenido.
Por su parte, Aracely Peralta, representante del Ministerio Público, explicó que las pesquisas permanecen abiertas y se desarrollan con estricto apego al debido proceso y al marco legal vigente.
“El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar la trazabilidad de las mercancías, verificar la documentación asociada al caso y establecer las responsabilidades que correspondan. Nuestro compromiso es garantizar que estos hechos sean investigados con rigor técnico, transparencia y respeto al marco legal”, señaló Peralta.
La magistrada precisó que las investigaciones avanzan de manera continua y que, conforme se obtengan nuevos elementos probatorios, las autoridades informarán oportunamente sobre los resultados y eventuales acciones judiciales derivadas del caso.
Aunque las autoridades no revelaron la identidad de los posibles responsables debido al carácter reservado de la investigación, confirmaron que varias personas y entidades son objeto de evaluación en el marco de las diligencias procesales en curso.
Las instituciones señalaron que la rápida intervención permitió impedir que las mercancías fueran colocadas en el mercado local, evitando así un impacto negativo sobre las recaudaciones fiscales, la competencia leal y la integridad de la cadena logística nacional.
Asimismo, destacaron que este operativo forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno dominicano para fortalecer la lucha contra el contrabando, la defraudación aduanera, la evasión fiscal y otras modalidades de comercio ilícito, mediante la modernización tecnológica de las instituciones responsables, el fortalecimiento de los mecanismos de control y una mayor coordinación interinstitucional.
La Dirección General de Aduanas reiteró que el contrabando constituye una de las principales amenazas para la economía formal, debido a que reduce los ingresos públicos, afecta a los sectores productivos que cumplen con la ley y genera condiciones de competencia desleal que perjudican el desarrollo económico sostenible.
En ese sentido, la institución reafirmó su política de tolerancia cero frente al contrabando y la evasión fiscal, destacando que continuará fortaleciendo sus capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia para identificar patrones de riesgo, proteger las recaudaciones y garantizar un comercio seguro, transparente y ajustado al ordenamiento jurídico.
Las investigaciones continúan bajo la dirección de las autoridades competentes y la supervisión del Ministerio Público. Mientras tanto, la DGA reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y firmeza en defensa del interés fiscal, la institucionalidad y la seguridad económica de la República Dominicana.
+++++++++++++++++++++
Aduanas,
institucionalidad y visión de Estado contra el comercio ilícito
Por Luis
Orlando Díaz Vólquez
La
incautación de 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores en el Puerto
Multimodal Caucedo trasciende el alcance de una operación ordinaria de
fiscalización. El decomiso, que evitó pérdidas fiscales estimadas en más de
RD$42.2 millones, demuestra la capacidad del Estado dominicano para anticiparse
a operaciones presuntamente vinculadas con el contrabando y proteger las
recaudaciones públicas, la economía formal y la seguridad de la cadena
logística.
La actuación
coordinada entre la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público
confirma el valor de una política gubernamental sustentada en la inteligencia
institucional, la transformación tecnológica y la cooperación
interinstitucional. En una economía integrada a las cadenas internacionales de
suministro, los controles aduaneros ya no pueden depender únicamente de
inspecciones tradicionales. Es necesario analizar información, comprobar
documentos, identificar patrones de riesgo y actuar oportunamente ante señales
de irregularidad.
Eso fue lo
ocurrido en Caucedo. Las unidades especializadas detectaron diferencias
sustanciales entre el contenido físico de los contenedores y la información
declarada ante las autoridades. Esta capacidad preventiva permitió intervenir
con eficacia antes de que las mercancías fueran colocadas en el mercado
nacional, evitando consecuencias fiscales, comerciales y económicas de mayor
alcance.
El operativo
evidencia la importancia estratégica de las áreas de Análisis de Riesgo,
Inteligencia y Fiscalización de la DGA. Facilitar el comercio legítimo y
perseguir las operaciones ilícitas no son propósitos contradictorios. Ambos
forman parte de una misma visión de Estado: agilizar los procesos para quienes
cumplen con sus obligaciones y aplicar controles más rigurosos sobre quienes
pretenden evadir impuestos, ocultar mercancías o vulnerar las normas aduaneras.
La
administración del presidente Luis Abinader ha colocado el fortalecimiento
institucional, la transparencia y la modernización pública entre los ejes de su
gestión. La operación desarrollada en Caucedo se inscribe en esa orientación,
pues combina inteligencia aduanera, herramientas tecnológicas y coordinación
interinstitucional para proteger recursos pertenecientes a toda la sociedad
dominicana.
Evitar
pérdidas superiores a RD$42.2 millones significa preservar fondos que pueden
contribuir al sostenimiento de la educación, la salud, la seguridad ciudadana,
las infraestructuras y los programas sociales. La evasión aduanera no afecta
solamente los balances de una institución. Cada peso que el Estado deja de
percibir como consecuencia de una operación ilícita limita su capacidad para
responder a las necesidades colectivas.
El
contrabando también distorsiona el mercado. Las empresas que importan
legalmente, pagan impuestos y cumplen con las regulaciones no pueden competir
en igualdad de condiciones con quienes evaden esos costos mediante
declaraciones falsas u otros mecanismos irregulares. Combatir estas prácticas
protege la producción nacional, la inversión formal y el empleo, al tiempo que
fortalece la seguridad jurídica y la confianza de los agentes económicos.
La
participación del Ministerio Público, mediante la Unidad de Prevención y
Persecución del Contrabando, aporta el componente jurídico necesario para
reconstruir la trazabilidad de las mercancías, examinar la documentación y
establecer las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, la firmeza
institucional debe permanecer unida al respeto del debido proceso. Investigar
con rigor no significa prejuzgar, sino recopilar pruebas, verificar los hechos
y actuar con transparencia.
El caso
también plantea una cuestión de seguridad logística. La introducción de
mercancías cuyo contenido presuntamente no coincide con la documentación
dificulta comprobar su procedencia, calidad, destino y cumplimiento
regulatorio. Estas prácticas pueden abrir espacios a estructuras capaces de
movilizar productos fuera de los controles oficiales. Proteger los puertos y
las fronteras comerciales significa, por tanto, resguardar la seguridad
económica y la soberanía nacional.
La operación
conjunta de la DGA, bajo la gestión de su director general, Nelson Arroyo, y el
Ministerio Público representa una expresión concreta de la política del
Gobierno dominicano para fortalecer la institucionalidad, enfrentar con firmeza
el comercio ilícito y salvaguardar los recursos públicos. Su importancia radica
tanto en las mercancías decomisadas y los impuestos preservados como en la
señal de autoridad, coordinación y capacidad técnica transmitida por el Estado.
El desafío
consiste ahora en llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias,
sin arbitrariedades ni impunidad. La lucha contra el contrabando requiere
tecnología actualizada, personal especializado, controles rigurosos,
cooperación interinstitucional y consecuencias legales para quienes resulten
responsables. Proteger las recaudaciones, garantizar la competencia leal y
asegurar la cadena logística equivale a defender el desarrollo nacional y
construir una República Dominicana más segura, transparente, competitiva y
respetuosa de la ley.
