Los proyectos que Abinader ha retirado por presión política, social o mediática
El más reciente proyecto retirado es de la Ley Sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Por Servicios de Acento.com.do |17-02-2023 14:00hs
Jean Luis Luna/Especial para Acento.com.do
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como el gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, ha sometido propuestas de proyectos de ley que, posteriormente, han sido retiradas luego de avalanchas de opiniones encontradas.
Han sido más de una las ocasiones en que el Poder Ejecutivo ha perdido la batalla contra el sector político, la sociedad civil o los medios de comunicación y sus posturas disidentes.
El "Gobierno del Cambio" categoriza el retiro de estas piezas legislativas como una escucha activa ante las peticiones de la población tras escándalos mediáticos, pero esta interpretación no es muy bien recibida para quienes cuestionan la frecuencia de las retracciones.
Proyecto de Ley Integral Sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes
El objetivo de esta pieza retirada es prevenir, perseguir y erradicar el delito de trata de personas, la esclavitud, y las formas de explotación y tráfico de migrantes. Además, busca dar atención y protección a las víctimas, que es donde surgen las principales conjeturas.
Entre trata y tráfico de personas hay claras diferencias. Por ello, las consideraciones y derechos no son los mismos. Cuando el proyecto de ley se refiere a las medidas de atención y protección de las víctimas o sobrevivientes de trata de personas (Artículo 63, numeral 12), establece que se va a:
''Gestionar la permanencia regular de la víctima en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique. Asimismo, facilitar, por razones humanitarias, la reunificación familiar de acuerdo a la legislación nacional en la materia''.
El Instituto Duartiano rechazó categóricamente el proyecto señalando que su normativa es contraria al interés de la nación dominicana, a la que, además, ''se pretende poner todo el peso del financiamiento de las personas a proteger''. A la entidad se sumaron los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD), para los que el proyecto ''constituye una grave amenaza'' y ''es la continuación del plan... de haitianización del país'', respectivamente.
Proyecto de Ley sobre Ciberdelincuencia
El objetivo del proyecto de ley contra laciberdelincuencia es lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de los delitos en detrimento de estos sistemas o en contra de personas físicas o jurídicas.
De manera especial, el artículo 17 de esta pieza legislativa llamó la atención de los profesionales de los medios debido a que indica que los declarados culpables de difundir, a través de un sistema de información, alguna cuestión de carácter discriminatorio por ideología, color de piel, etnia, nacionalidad, religión, género u orientación sexual; enfrentarían una pena desde tres meses a cuatro años de cárcel.
Además, de haber sido aprobada, la ley podría sancionar a un ciudadano con multas que van desde los 200 a 500 salarios mínimos en el sector público por publicaciones discriminatorias.
El retiro se dio cuando ya predominaba la idea de era una ley en contra de la libre expresión. Según el jefe de Estado, esto se hizo a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación, quienes saludaron la decisión.
Proyecto de Ley para la creación de un Ministerio de Justicia
República Dominicana en la actualidad no cuenta con un Ministerio de Justicia como tal, sino que parte de lo que le compete es abarcado por la Procuraduría General. En países como España, sí existe esta división del gobierno, donde los antecedentes penales se solicitan y del que depende el Registro Civil o Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.
La propuesta de un Ministerio de Justicia tiene por objetivo ser "el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad", según el mandatario Luis Abinader.
La pieza pretendía compilar en un solo ministerio instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, sin que ello alterara el presupuesto del Estado.
Los que discreparon del proyecto de ley sostuvieron que la imparcialidad del sistema judicial no se garantizaría con un nuevo Ministerio de Justicia y que se obligaría a una reforma constitucional. Senadores y diputados opositores se reúsan a ofrecer posiciones muy definidas, aunque admiten estar cautos ante la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Proyecto de Ley Fideicomiso Punta Catalina
Luego de que el 11 de enero de 2022 la Cámara de Diputados aprobara el contrato de Fideicomiso Público Termoeléctrica Punta Catalina, los debates en el país no escatimaron en surgir en torno a la existencia o no de transparencia y posible privatización de la planta.
El debate de quien sería administrador partió del capítulo 2.17 de ''Fideicomitente(s) Adherente(s)'' que deja una brecha a personas que no intervinieron originalmente como fideicomitentes en el contrato, con el consentimiento del Comité Técnico, órgano auxiliar con papel central que crearía el Poder Ejecutivo.
El Comité Técnico tendría la facultad de nombrar un director ejecutivo y según los artículos 10 al 10.2, sus miembros son insustituibles en un lapso de 30 años al frente de un bien público valorado en más de 3 mil millones de dólares, salvo por resolución del Congreso.
Sumadas las críticas entorno al acceso o no de órganos de control como la Cámara de Cuentas o la Contraloría General, y propuestas de retiro de proyecto por parte partidos opositores como Alianza País, el PLD y la Fuerza del Pueblo, fue retirado unos días después de su aprobación el mismo mes de enero.
Otras retracciones del gobierno
Resolución de prohibición de ventas de bebidas alcohólicas
Bajo la resolución 007/22 de prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) prohibió el consumo y venta de alcohol en establecimientos comerciales en varios municipios de la provincia Santo Domingo a partir de las 12:00 de la medianoche hasta las 8:00 de la mañana.
La violación del mandato tuvo como consecuencia el cierre temporal o definitivo de establecimientos, así como la cancelación de licencias o permisos correspondientes sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en las leyes o reglamentos. La iniciativa, a través de la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), contó con el apoyo de la Policía Nacional para su cumplimiento.
La medida abarcó a Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra y los distritos municipales pertenecientes a las demarcaciones antes mencionadas en Santo Domingo, dejando de lado al Distrito Nacional.
A raíz del ruido mediático provocado por las opiniones a favor y en contra entre comerciantes y consumidores, El Ministerio de Interior y Policía extendió el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional hasta enero del 2023, de domingo a jueves hasta las 3:00 a.m. y de viernes a sábado hasta las 4:00 de la mañana. El 24 y 31 de diciembre del 2022 no hubo restricciones.
La resolución 009/22 consigna que la flexibilización fue con motivo a la celebración de las fiestas de Navidad y de fin de año
