miércoles, 31 de diciembre de 2025

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026 / Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026

/ Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

El 2025 cierra con una economía estable, inflación dentro de meta y condiciones financieras que favorecen una recuperación gradual. Este resultado descansa en fundamentos sólidos —turismo, remesas e inversión extranjera— y en una conducción macroeconómica orientada a la estabilidad. Aun así, persisten tareas pendientes: lenta ejecución del gasto de capital, productividad insuficiente y fragilidades del sector eléctrico que elevan costos, presionan el presupuesto y afectan la confianza de hogares y empresas.

La efectividad de las políticas públicas se refleja en avances de salud y respuesta a emergencias, junto con la atracción sostenida de inversión extranjera en energía y turismo. Para transformar estos logros en desarrollo tangible se requieren encadenamientos locales, transferencia tecnológica y formación de capital humano, de modo que cada proyecto multiplique empleo, exportaciones y productividad nacional.

De cara a 2026, la reforma fiscal es condición habilitante del desarrollo. El país necesita eliminar el déficit, frenar el endeudamiento del gobierno y reducir gastos corrientes ineficientes, protegiendo la inversión pública y los bienes esenciales. Es indispensable eliminar exenciones y tratamientos especiales innecesarios —en particular, aquellos sectores que ya cumplieron más de cinco años desde su establecimiento y cuyos beneficios deben caducar con evaluaciones de costo‑beneficio. La ampliación de bases tributarias, la modernización de la administración fiscal y la transparencia del gasto permitirán reasignar recursos desde subsidios poco efectivos hacia agua, movilidad, electrificación confiable y adaptación climática.

El sector eléctrico exige metas claras de reducción de pérdidas, modernización de redes y combate al fraude, con gobernanza transparente en compras y contratos. Sin electricidad confiable no hay competitividad sostenible. Si estas palancas se activan con disciplina y evaluación por resultados, la República Dominicana puede convertir la estabilidad de 2025 en un impulso de desarrollo, sostenibilidad y competitividad en 2026, mejorando de forma tangible la calidad de vida de la gente del pueblo.

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Versión académica

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026
Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

El año 2025 cierra con una economía dominicana que, pese a la moderación del crecimiento, reafirma su resiliencia macroeconómica: inflación dentro de meta, tipo de cambio estable y condiciones financieras que favorecen una recuperación gradual. Este desempeño descansa en fundamentos sólidos —diversificación sectorial, flujos de divisas por turismo, remesas e inversión extranjera directa (IED)— y en una conducción orientada a la estabilidad. Sin embargo, la efectividad de las políticas públicas está condicionada por cuellos de botella persistentes: lenta ejecución del gasto de capital, productividad insuficiente y, de forma crítica, la fragilidad del sector eléctrico.

La evaluación del 2025 sugiere avances en tres frentes. Primero, monetario‑financiero: los programas de liquidez y la moderación de tasas ayudaron a sostener el crédito, mitigando la desaceleración y permitiendo un repunte del indicador de actividad hacia fin de año. Segundo, fiscal: a pesar de la mejora de ingresos, la inversión pública no alcanzó la velocidad necesaria para traducirse en más empleo y productividad; la carga del servicio de la deuda y las transferencias a sectores deficitarios diluyeron el espacio de maniobra. Tercero, sectorial: hubo progresos en salud y respuesta a emergencias (9‑1‑1), y la IED se mantuvo como ancla externa, con energía y turismo liderando proyectos; no obstante, la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico continúan afectando costos, riesgo y confianza.

En servicios públicos, el sistema 9‑1‑1 amplió cobertura y redujo tiempos de respuesta, impactando positivamente la seguridad y la calidad de vida en corredores turísticos y periferias urbanas. En salud, la integración de modelos de manejo de riesgo cardiovascular al primer nivel de atención, con metas de control efectivas y capacitación profesional, ilustra cómo el gasto en salud puede generar “valor” cuando se alinea con protocolos y evaluación por resultados. Este enfoque debe extenderse a enfermedades crónicas, oncología y salud mental, con métricas transparentes de acceso y resultados por territorio.

La IED, por su parte, ratifica la confianza en el país. Para convertir cada dólar invertido en desarrollo tangible, se necesitan encadenamientos locales, transferencia tecnológica y formación de capital humano específico —de modo que turismo, energía y zonas francas multipliquen empleo formal, exportaciones y productividad nacional. Ventanillas únicas y simplificación regulatoria son avances; el siguiente paso es medir, proyecto a proyecto, el impacto real sobre salarios, productividad y densidad empresarial.

Reforma fiscal: condición habilitante del desarrollo.
De cara a 2026, la República Dominicana requiere una reforma fiscal integral que elimine el déficit estructural, frene el endeudamiento y reoriente el gasto hacia inversión productiva y resiliencia climática. La agenda debe incluir: (i) una regla fiscal con ancla de deuda y techo de crecimiento del gasto primario, protegiendo la inversión pública; (ii) revisión y eliminación de exenciones y tratamientos especiales que ya cumplieron su propósito —en particular, sectores con más de cinco años de establecimiento— estableciendo cláusulas de “puesta de sol” (sunset) y evaluaciones de costo‑beneficio periódicas; (iii) ampliación de bases (ITBIS/IVA, renta y propiedad), reducción de distorsiones y modernización de la administración tributaria para combatir evasión y elusión; (iv) reingeniería del gasto: recorte de gastos corrientes ineficientes, compactación de nómina redundante, compras públicas con trazabilidad digital y presupuestos por desempeño; y (v) priorización de inversión en agua, movilidad, logística, electrificación confiable y adaptación climática, con cronogramas vinculantes y tableros públicos.

Energía y competitividad.
El sector eléctrico exige metas trimestrales verificables de reducción de pérdidas —medición avanzada, automatización de redes, combate técnico‑comercial al fraude— y una gobernanza transparente en compras y contratos. Sin un servicio eléctrico confiable, la competitividad se erosiona, el presupuesto se tensiona y cualquier esfuerzo de productividad pierde tracción.

Calidad de vida y cohesión social.
La trayectoria de reducción de pobreza e inequidad en las últimas décadas es real; para sostenerla, los programas de protección social deben evaluarse por resultados (inserción laboral, ingresos, reducción de carencias) y focalizar territorios con mayores privaciones. Movilidad social, vivienda digna, agua segura, conectividad y transporte público son prioridades que se vuelven financiables cuando la reforma fiscal cierra brechas y reasigna recursos desde subsidios ineficientes hacia bienes públicos con alto retorno social.

Conclusión.
El gobierno cierra 2025 con estabilidad macro, avances sectoriales y una agenda pendiente de reformas. El reto de 2026 es convertir la prudencia en crecimiento inclusivo y sostenible: reforma fiscal para eliminar el déficit y detener el endeudamiento, electricidad confiable, reducción de gastos corrientes y eliminación de exenciones innecesarias en sectores maduros; más inversión pública bien ejecutada, productividad y cadenas de valor robustas. Con gobernanza transparente y evaluación por resultados, la República Dominicana puede dar un nuevo salto en desarrollo, sostenibilidad y competitividad, mejorando de forma tangible la calidad de vida de la gente del pueblo.

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Con Referencias (formato APA, 7ª edición)

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026

/ Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

El año 2025 cierra con una economía dominicana que, pese a la moderación del crecimiento, reafirma su resiliencia macroeconómica: inflación dentro de meta, tipo de cambio estable y condiciones financieras que favorecen una recuperación gradual. Este desempeño descansa en fundamentos sólidos —diversificación sectorial, flujos de divisas por turismo, remesas e inversión extranjera directa (IED)— y en una conducción orientada a la estabilidad. Sin embargo, la efectividad de las políticas públicas está condicionada por cuellos de botella persistentes: lenta ejecución del gasto de capital, productividad insuficiente y, de forma crítica, la fragilidad del sector eléctrico.

La evaluación del 2025 sugiere avances en tres frentes. Primero, monetario‑financiero: los programas de liquidez y la moderación de tasas ayudaron a sostener el crédito, mitigando la desaceleración y permitiendo un repunte del indicador de actividad hacia fin de año. Segundo, fiscal: a pesar de la mejora de ingresos, la inversión pública no alcanzó la velocidad necesaria para traducirse en más empleo y productividad; la carga del servicio de la deuda y las transferencias a sectores deficitarios diluyeron el espacio de maniobra. Tercero, sectorial: hubo progresos en salud y respuesta a emergencias (9‑1‑1), y la IED se mantuvo como ancla externa, con energía y turismo liderando proyectos; no obstante, la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico continúan afectando costos, riesgo y confianza.

En servicios públicos, el sistema 9‑1‑1 amplió cobertura y redujo tiempos de respuesta, impactando positivamente la seguridad y la calidad de vida en corredores turísticos y periferias urbanas. En salud, la integración de modelos de manejo de riesgo cardiovascular al primer nivel de atención, con metas de control efectivas y capacitación profesional, ilustra cómo el gasto en salud puede generar “valor” cuando se alinea con protocolos y evaluación por resultados. Este enfoque debe extenderse a enfermedades crónicas, oncología y salud mental, con métricas transparentes de acceso y resultados por territorio.

La IED, por su parte, ratifica la confianza en el país. Para convertir cada dólar invertido en desarrollo tangible, se necesitan encadenamientos locales, transferencia tecnológica y formación de capital humano específico —de modo que turismo, energía y zonas francas multipliquen empleo formal, exportaciones y productividad nacional. Ventanillas únicas y simplificación regulatoria son avances; el siguiente paso es medir, proyecto a proyecto, el impacto real sobre salarios, productividad y densidad empresarial.

Reforma fiscal: condición habilitante del desarrollo.
De cara a 2026, la República Dominicana requiere una reforma fiscal integral que elimine el déficit estructural, frene el endeudamiento y reoriente el gasto hacia inversión productiva y resiliencia climática. La agenda debe incluir: (i) una regla fiscal con ancla de deuda y techo de crecimiento del gasto primario, protegiendo la inversión pública; (ii) revisión y eliminación de exenciones y tratamientos especiales que ya cumplieron su propósito —en particular, sectores con más de cinco años de establecimiento— estableciendo cláusulas de “puesta de sol” (sunset) y evaluaciones de costo‑beneficio periódicas; (iii) ampliación de bases (ITBIS/IVA, renta y propiedad), reducción de distorsiones y modernización de la administración tributaria para combatir evasión y elusión; (iv) reingeniería del gasto: recorte de gastos corrientes ineficientes, compactación de nómina redundante, compras públicas con trazabilidad digital y presupuestos por desempeño; y (v) priorización de inversión en agua, movilidad, logística, electrificación confiable y adaptación climática, con cronogramas vinculantes y tableros públicos.

Energía y competitividad.
El sector eléctrico exige metas trimestrales verificables de reducción de pérdidas —medición avanzada, automatización de redes, combate técnico‑comercial al fraude— y una gobernanza transparente en compras y contratos. Sin un servicio eléctrico confiable, la competitividad se erosiona, el presupuesto se tensiona y cualquier esfuerzo de productividad pierde tracción.

Calidad de vida y cohesión social.
La trayectoria de reducción de pobreza e inequidad en las últimas décadas es real; para sostenerla, los programas de protección social deben evaluarse por resultados (inserción laboral, ingresos, reducción de carencias) y focalizar territorios con mayores privaciones. Movilidad social, vivienda digna, agua segura, conectividad y transporte público son prioridades que se vuelven financiables cuando la reforma fiscal cierra brechas y reasigna recursos desde subsidios ineficientes hacia bienes públicos con alto retorno social.

Conclusión.
El gobierno cierra 2025 con estabilidad macro, avances sectoriales y una agenda pendiente de reformas. El reto de 2026 es convertir la prudencia en crecimiento inclusivo y sostenible: reforma fiscal para eliminar el déficit y detener el endeudamiento, electricidad confiable, reducción de gastos corrientes y eliminación de exenciones innecesarias en sectores maduros; más inversión pública bien ejecutada, productividad y cadenas de valor robustas. Con gobernanza transparente y evaluación por resultados, la República Dominicana puede dar un nuevo salto en desarrollo, sostenibilidad y competitividad, mejorando de forma tangible la calidad de vida de la gente del pueblo.

Referencias (formato APA, 7ª edición)

Firma: Luis Orlando Díaz Vólquez

Fecha: 31 de diciembre de 2025 (GMT‑4)

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Gestión de Yayo Sanz Lovatón consolida transformación en Aduanas centrada en el ciudadano | Recaudación 2025 supera los RD$266,100 millones

Gestión de Yayo Sanz Lovatón consolida transformación en Aduanas centrada en el ciudadano

Recaudación 2025 supera los RD$266,100 millones

Santo Domingo, 30 de diciembre de 2025

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que, al cierre de 2025, alcanzará recaudaciones superiores a RD$266,100 millones, cifra que supera en más de RD$11,300 millones los ingresos del año 2024. Gracias a los ahorros administrativos derivados de una gestión eficiente, la institución realizó una transferencia adicional de RD$4,100 millones a la Cuenta Única de Tesorería (CUT) del Estado, contribuyendo a las ejecuciones del Gobierno en beneficio del pueblo dominicano.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que “en 2025 la DGA se ha embarcado en una gran transformación, y todo esto se traduce en una Aduanas que, con menos colaboradores, recauda más y a un menor costo”.

Esta transformación operativa se refleja en un redimensionamiento responsable del personal, al pasar de 6,614 colaboradores en 2019 a 4,875 en 2025, y en la reducción de la relación nómina/recaudo de 2.13 % en 2020 a 1.03 % en 2025, en concordancia con la visión del presidente Luis Abinader de eficientizar los recursos públicos.

La DGA consolidó en 2025 una agenda de calidad y digitalización centrada en el ciudadano. Ochenta y siete (87) servicios fueron automatizados para gestión en línea, eliminando desplazamientos y tiempos de espera, y generando ahorros directos para los contribuyentes. La institución suma seis certificaciones en gestión, transparencia y transformación digital, fortaleciendo su gobernanza y la confianza del sector privado.


Entre agosto de 2020 y noviembre de 2025, las recaudaciones acumuladas ascienden a RD$1.2 billones (RD$1,201,354 millones), mientras que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) amplió su oferta de 150 servicios en 2020 a 298 en 2025, simplificando trámites y reduciendo costos de cumplimiento. El programa Despacho en 24 Horas generó ahorros superiores a RD$2,000 millones en almacenaje y otros costos para los importadores, impulsando la competitividad y la eficiencia logística.

Pese a la desaceleración del comercio mundial y la merma de las importaciones, la DGA cerrará el año con un crecimiento interanual superior a 4.4 % en sus recaudaciones, por encima del desempeño de la economía, cuyo crecimiento acumulado se situó en 2 % a octubre, según datos del Banco Central. Este resultado reafirma la capacidad de la institución para sostener el ingreso fiscal, facilitar el comercio y mantener la trazabilidad y el control en frontera bajo estándares de buenas prácticas aduaneras, incluso en entornos globales desafiantes.

La DGA continuará profundizando en 2026 su agenda de facilitación y control inteligente, con foco en interoperabilidad público-privada, mejora regulatoria y analítica de riesgos, para seguir aportando estabilidad macrofiscal, competitividad y bienestar a los hogares dominicanos.

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Facilitación del comercio, control inteligente y gobernanza aduanera: hoja de ruta para la República Dominicana en clave OMC/OMA (2026), alineada con Meta RD 2036

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Resumen ejecutivo | La consolidación de una aduana eficiente, transparente y digital es condición necesaria para elevar la competitividad de la República Dominicana y sostener el ingreso fiscal en un entorno de tensiones geopolíticas, desaceleración comercial y mayor proteccionismo. En 2025, el Gobierno formalizó la visión de Estado Meta RD 2036, con el propósito de duplicar el PIB real al 2036, elevar el ingreso per cápita por encima de US$22,000 y mantener un crecimiento cercano al 6 % anual, mediante reformas en productividad, capital humano, institucionalidad y equidad territorial; la iniciativa se articula con el Decreto 337‑24, comités sectoriales y una Unidad de Gestión de Resultados que habilitan hojas de ruta operativas para logística y comercio exterior.

Esta agenda se alinea con los estándares de OMC/OMA: el AFC (facilitación y ventanilla única), el SAFE Framework 2021 (seguridad y OEA), el WCO Data Model (interoperabilidad), el E‑Commerce FoS 2022 (datos anticipados y simplificaciones en bajo valor) y el TRS v4 (2025) (medición de tiempos y desempeño en frontera). Sobre esta base, la DGA puede profundizar VUCE 2.0, Despacho en 24 Horas (D24H) y analítica de riesgos, integrando integridad y sostenibilidad (Green Customs) como ejes transversales. [diariolibre.com], [wcoomd.org], [unescap.org] [meta2036.gob.do], [gatotv.com], [tripadvisor.es], [noticiasacn.com], [youtube.com]

1) Meta RD 2036: columna estratégica para competitividad y facilitación

Meta RD 2036 fija metas transformacionales: duplicar el PIB real, crear 1.7 millones de empleos, triplicar el salario medio, erradicar la pobreza extrema y alcanzar grado de inversión, con impactos en esperanza de vida, infraestructura y formalidad laboral. Se ejecuta mediante 12 comités sectoriales y una Unidad de Gestión de Resultados, con apoyo del BID y Banco Mundial para metodologías y proyecciones sectoriales. En 2025 se priorizaron 85 acciones surgidas de más de 1,000 propuestas, organizadas por horizonte de ejecución (inmediatas, mediano y largo plazo), con la meta de constituirse en política de Estado que trascienda ciclos electorales.
Para logística y comercio, las líneas priorizadas incluyen hub logístico, observatorios y redes de transporte, homologación de procesos y expansión de ventanilla única, digitalización e inclusión financiera con enfoque MIPYMES, coherentes con el propósito de elevar la productividad y reducir costos logísticos en 2026. [diariolibre.com], [wcoomd.org], [ippc.int] [ippc.int]

2) Estándares OMC/OMA: andamiaje técnico de la transformación

El AFC de la OMC establece obligaciones para acelerar movimiento, levante y despacho, fortalecer la cooperación interagencias, transparentar tasas y sanciones y promover ventanilla única (art. 10.4), que sirven de marco para VUCE 2.0 y la simplificación de trámites.
Complementariamente, la OMA aporta los instrumentos de implementación: el WCO Data Model (lenguaje común de datos y guías de mensajería para interoperabilidad y “paperless”), el SAFE Framework 2021 (cooperación Aduanas‑Otras Autoridades, dispositivos inteligentes, OEA y revalidaciones virtuales), el E‑Commerce FoS 2022 (datos anticipados, gestión de riesgo, modelos de recaudación y estándar de calidad de datos), y el TRS v4 (2025) (mandato formal, mapeo avanzado, muestreo/visualización y enfoque whole‑of‑border, alineado con el art. 7.6 del AFC). [meta2036.gob.do] [tripadvisor.es], [gatotv.com], [noticiasacn.com], [youtube.com]

3) Soluciones DGA: facilitación con control inteligente, alineadas con Meta RD 2036

La VUCE‑RD integra permisos y licencias en un único punto, reduciendo tiempos y costos de cumplimiento, en línea con el AFC (art. 10.4) y el Single Window Compendium de la OMA. La evolución hacia VUCE 2.0 debe incorporar certificados de origen y garantías/fianzas electrónicas, pagos digitales, APIs públicas y trazabilidad documental end‑to‑end, bajo mensajería estandarizada del WCO Data Model.
El Despacho en 24 Horas (D24H) —extendido a carga aérea y paquetería expresa— materializa la visión de burocracia cero; su impacto se amplía al conectar con el E‑Commerce FoS (datos anticipados, selectividad dinámica y modelos de recaudación) e institucionalizar tableros SLA por modo de transporte. La gestión basada en riesgo debe consolidarse con analítica institucional (segmentación dinámica, fraude/valoración, controles no intrusivos, catálogos y calidad de datos) y la medición continua mediante TRS.
El eje de integridad y poscontrol —inspirado en la Declaración de Arusha—, junto con Green Customs, refuerza la confianza público‑privada y la previsibilidad fiscal: auditorías, trazabilidad y cooperación con autoridades ambientales/sanitarias para flujos sensibles (ODS, químicos, desechos) y riesgos emergentes, en coherencia con Meta RD 2036. [github.com], [youtube.com], [diariolibre.com] [cnc.gob.do], [noticiasacn.com], [youtube.com] [youtube.com], [gatotv.com]

4) Impacto fiscal 2025–2026: recaudación, eficiencia y previsibilidad

La DGA proyecta cierre de 2025 con recaudaciones superiores a RD$266,100 millones, más de RD$11,300 millones por encima de 2024, lo que implica un crecimiento interanual ≈4.4 % en ingresos aduaneros, por encima del desempeño agregado de la economía (IMAE +2.0 % ene–oct) según el BCRD. A la vez, por ahorros administrativos se realizó una transferencia adicional de RD$4,100 millones para apoyar ejecuciones del Gobierno, en línea con los principios de eficiencia del Estado de Meta RD 2036.
La reingeniería institucional —de 6,614 colaboradores (2019) a 4,875 (2025)— redujo la relación nómina/recaudo de 2.13 % (2020) a 1.03 % (2025), un indicador clave de eficiencia recaudatoria. En paralelo, la VUCE‑RD escaló de 150 servicios (2020) a 298 (2025), y el D24H generó ahorros > RD$2,000 millones en almacenaje y otros costos, liberando capital de trabajo y reduciendo presión financiera sobre empresas. Para 2026 se propone institucionalizar KPI fiscales y operativos (costo administrativo por RD$100 recaudados, tiempo de despacho por canal, tasa de selectividad, efectividad del poscontrol, ahorros atribuibles y satisfacción del usuario), con publicación trimestral por el Comité Nacional de Facilitación y soporte metodológico TRS v4. [spahotelsguide.com], [billinihotel.com], [diariolibre.com] [github.com], [cnc.gob.do], [youtube.com]

5) Citas de Yayo Sanz Lovatón (2025)

“En 2025 la DGA se ha embarcado en una gran transformación, y todo esto se traduce en una Aduana que, con menos colaboradores, recauda más y a menor costo.”
— Yayo Sanz Lovatón, Director General de Aduanas (2025).

“El Despacho en 24 Horas y la interoperabilidad 24/7 son parte de la misma visión: simplificar con control inteligente para reducir tiempos y costos, y ganar competitividad sistémica.”
— Yayo Sanz Lovatón, mensaje institucional (2025).

6) Macro y competitividad: por qué acelerar en 2026

El BCRD reporta para 2025 un IMAE +2.0 % (ene–oct) y 0.2 % en octubre (impacto de la tormenta Melissa), con una proyección de 4.0–4.5 % para 2026, apoyada en inversión pública y condiciones monetarias más favorables. Urge profundizar políticas pro‑productividad y de reducción de costos logísticos para catalizar el ciclo 2026. Meta RD 2036 orienta objetivos de formalidad, infraestructura de calidad y efectividad gubernamental, con ejecución colaborativa público‑privada y soporte multilateral. [spahotelsguide.com], [billinihotel.com], [diariolibre.com]

7) Hoja de ruta 2026 (integrada a Meta RD 2036)

Interoperabilidad 24/7 y VUCE 2.0. Desplegar mensajería WCO Data Model, monitorear SLA por modo (marítimo, aéreo, courier) y ampliar D24H a carga consolidada; habilitar certificados de origen, garantías/fianzas, pagos electrónicos y APIs, con trazabilidad end‑to‑end.
Analítica institucional y gobierno de datos. Crear una Oficina de Ciencia de Datos en DGA con lago de datos, catálogo y políticas de calidad/privacidad, modelos de riesgo (fraude, valoración, subfacturación) y tableros de transparencia; adoptar buenas prácticas BACUDA/OMA y TRS v4 para comparabilidad regional y monitoreo continuo.
OEA para MIPYMES y MRAs. Escalar el OEA con rutas graduales de cumplimiento y carriles de atención para sectores de alta elasticidad logística (farmacéutico, agroindustrial, textil‑zonas francas); avanzar en reconocimiento mutuo (MRA) y en el canal de e‑commerce conforme al E‑Commerce FoS.
TRS y KPI de frontera. Institucionalizar el TRS v4 y un tablero de KPI trimestrales (tiempo de despacho, selectividad, poscontrol, eficiencia recaudatoria y satisfacción del usuario) con publicación por el Comité Nacional de Facilitación y retroalimentación público‑privada.
Sostenibilidad y Green Customs. Coordinar con autoridades ambientales/sanitarias la trazabilidad de flujos sensibles (ODS, químicos, desechos), estándares de cumplimiento y riesgos verdes, alineado con la resiliencia de Meta RD 2036. [diariolibre.com], [github.com], [cnc.gob.do] [youtube.com] [gatotv.com], [noticiasacn.com] [gatotv.com]

8) Implementación por fases y gobernanza (2026)

Q1: Diagnóstico TRS y brechas de datos; diseño de arquitectura WCO Data Model; pilotos de selectividad dinámica; criterios OEA‑MIPYMES y plan de acompañamiento; tableros SLA y acuerdos operativos 24/7.
Q2: Integraciones 24/7 (puertos, aerolíneas, couriers); módulos VUCE 2.0 (garantías, certificados de origen, pagos); políticas de gobernanza de datos (calidad, catalogación, privacidad) y capacitación conjunta en estándares OMC/OMA.
Q3: Negociación de MRAs; ampliación de carriles OEA; extensión D24H a carga consolidada; institucionalización de KPI y publicación trimestral; ajustes normativos para simplificación y control inteligente.
Q4: Evaluación integral y auditoría de desempeño; simulacros de continuidad operativa; actualización de riesgos ambientales; reporte anual con TRS y KPI, y plan 2027‑2028 (VUCE 2.0, OEA‑MIPYMES, analítica, Green Customs). [diariolibre.com], [youtube.com] [github.com] [gatotv.com], [cnc.gob.do] [youtube.com]

Conclusión

El balance de 2025 evidencia avances en facilitación y digitalización. En 2026, la clave será profundizar la interoperabilidad, institucionalizar la analítica y ampliar la ventanilla única como columna vertebral de un comercio ágil y trazable, equilibrando facilitación con control inteligente y sostenibilidad. Esta agenda, sustentada en OMC/OMA y la política del Ejecutivo, es coherente con la END 2030 y con las metas de crecimiento inclusivo y estabilidad fiscal; sitúa a la DGA como catalizador del salto de competitividad que demanda Meta RD 2036. [meta2036.gob.do], [gatotv.com]

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez
Santo Domingo, República Dominicana — 30 de diciembre de 2025

Referencias

[1] Ministro Paliza presenta al Senado estrategia Meta RD 2036 (Presidencia RD).
[2] ¿Qué es Meta RD 2036? 5 claves (Hoy).
[3] Informe Meta RD 2036 (septiembre 2025), CNC/Meta RD 2036.
[4] Meta RD 2036: hoja de ruta hacia el desarrollo (Diario Libre).
[5] Texto del AFC (OMC/TFAD).
[6] WCO Data Model eHandbook (OMA).
[7] SAFE Framework of Standards 2021 (OMA).
[8] Framework of Standards on Cross‑Border E‑Commerce (OMA, revisión 2022).
[9] 2022 edition of the E‑Commerce Package (eTrade for All / OMA).
[10] Time Release Study Guide – Version 4 (OMA, 2025).
[12] Single Window Compendium (OMA, Vol. 1).
[13] DGA: ampliación de D24H a carga aérea y paquetería expresa (07/10/2024).
[14] Banco Central: Variables macroeconómicas (IMAE octubre 2025).
[15] Diario Libre: economía 0.2 % en octubre, IMAE ene–oct 2.0 % (29/11/2025). [diariolibre.com] [etradeforall.org] [bancentral.gov.do] [ippc.int] [meta2036.gob.do] [tripadvisor.es] [gatotv.com] [noticiasacn.com] [proceso.com.do] [youtube.com] [youtube.com] [cnc.gob.do] [spahotelsguide.com] [billinihotel.com]

Resumen ejecutivo breve

La hoja de ruta 2026 propone profundizar una Aduana eficiente, transparente y digital como palanca de competitividad y estabilidad fiscal, alineada con Meta RD 2036 y los estándares OMC/OMA (AFC, SAFE 2021, WCO Data Model, E‑Commerce FoS 2022 y TRS v4). En ejecución, la DGA consolidará VUCE 2.0 (certificados de origen y garantías electrónicas, pagos digitales, APIs y trazabilidad end‑to‑end), la expansión del Despacho en 24 Horas a carga consolidada y paquetería expresa, y una gestión basada en riesgo soportada por analítica institucional y medición TRS. El eje de integridad/poscontrol (Arusha) y Green Customs refuerzan la confianza público‑privada y la trazabilidad de flujos sensibles, mientras que el componente fiscal prioriza eficiencia y previsibilidad: 2025 cierra con RD$266,100 millones (≈**+4.4 %** interanual) y transferencia adicional de RD$4,100 millones por ahorros administrativos; la relación nómina/recaudo cae a 1.03 %. Para 2026 se institucionalizan KPI trimestrales (costo administrativo por RD$100, tiempo de despacho por canal, selectividad y poscontrol, ahorros atribuibles, satisfacción del usuario) con publicación por el CNFC. Con un entorno macro de recuperación prevista 4.0–4.5 % (BCRD), esta agenda integra facilitación, control inteligente y sostenibilidad para catalizar el salto de competitividad que demanda Meta RD 2036 y la END 2030.

Aduanas 2026: facilitación + control inteligente + sostenibilidad
La DGA profundiza su transformación alineada con Meta RD 2036 y estándares OMC/OMA:

  • VUCE 2.0: certificados de origen y garantías electrónicas, pagos digitales, APIs y trazabilidad end‑to‑end.
  • Despacho en 24 Horas: expansión a carga consolidada y paquetería expresa.
  • Analítica de riesgos + TRS v4: medición continua del desempeño en frontera.
  • Impacto fiscal: 2025 cierra con RD$266,100 millones (≈**+4.4 %**) y transferencia de RD$4,100 millones por eficiencia.
  • KPIs 2026: costo administrativo por RD$100, tiempos de despacho, selectividad y poscontrol, ahorros atribuibles y satisfacción del usuario.

La meta: una aduana centrada en el ciudadano, más competitiva, trazable y sostenible.
#AduanasRD #VUCE #Despacho24H #OMC #OMA #TRS #OEA #MetaRD2036 #Competitividad #Transparencia

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La Presa de Monte Grande: Impacto socioeconómico y pertinencia de la inversión en el desarrollo regional de República Dominicana | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Presidente
El presidente Luis Abinader inaugura la Presa Monte Grande el 25 de enero de 2024, marcando un hito histórico para la seguridad hídrica y el desarrollo regional en República Dominicana.

La Presa de Monte Grande: Impacto socioeconómico y pertinencia de la inversión en el desarrollo regional de República Dominicana |

Por Luis Orlando Díaz Vólquez @GuasabaraEditor

Introducción | La gestión de los recursos hídricos constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible en países con alta vulnerabilidad climática, como República Dominicana. En este contexto, el Proyecto Presa de Monte Grande, ubicado en la región Sur del país, se presenta como una iniciativa estratégica orientada a la regulación de caudales, la mitigación de inundaciones y el impulso de la producción agrícola. Este artículo analiza, desde una perspectiva académica y neutral, el impacto socioeconómico del proyecto, su pertinencia como inversión pública y las implicaciones ambientales y sociales que conlleva. Además, se incorporan comparaciones con proyectos similares en América Latina y se examinan los retos de gobernanza y sostenibilidad que acompañan este tipo de infraestructuras.

Marco conceptual | El poder ejecutivo, como órgano responsable de la ejecución de políticas públicas, desempeña un papel crucial en la planificación y desarrollo de infraestructuras estratégicas. Las presas son consideradas instrumentos de gestión hídrica que contribuyen a la seguridad alimentaria, la generación de energía y la reducción de riesgos asociados a fenómenos naturales (Banco Mundial, 2023). Sin embargo, su implementación requiere un análisis integral que contemple beneficios, costos y externalidades, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el ODS 13 (acción por el clima).

Descripción del Proyecto Presa de Monte Grande

La Presa de Monte Grande se localiza en la provincia de Barahona, sobre el río Yaque del Sur. Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el proyecto tiene como objetivos principales: controlar inundaciones en la cuenca baja del Yaque del Sur, garantizar agua para riego en más de 700,000 tareas agrícolas, proveer agua potable a comunidades cercanas y posibilitar la generación hidroeléctrica en pequeña escala (INDRHI, 2024). El embalse tendrá una capacidad aproximada de 350 millones de metros cúbicos, lo que permitirá regular el caudal del río y asegurar el suministro hídrico en épocas de sequía.

EN VIVO: Inauguración Presa Monte Grande

La obra fue inaugurada oficialmente el 25 de enero de 2024 por el presidente Luis Abinader, consolidándose como la mayor infraestructura hídrica construida en la región Sur en las últimas décadas. Este acto marcó un hito histórico en la política hídrica nacional y en la estrategia de desarrollo regional.

Impacto socioeconómico

Beneficios esperados | La presa permitirá la irrigación de extensas áreas agrícolas, lo que incrementará la productividad y reducirá la dependencia de importaciones alimentarias (Pérez, 2022). Se estima que la producción de cultivos como plátano, arroz y frutales aumentará en más de un 40 % en la zona de influencia directa. Asimismo, se prevé la creación de empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y operación, contribuyendo a la reducción del desempleo en provincias como Barahona y Bahoruco.

Estudios del Banco Mundial (2023) señalan que proyectos de infraestructura hídrica en zonas rurales generan efectos multiplicadores en la economía local, favoreciendo la inclusión social y la reducción de la pobreza. En el caso de Monte Grande, se proyecta que más de 300,000 personas se beneficiarán de manera directa o indirecta.

Las comunidades desplazadas han enfrentado problemas que van desde falta de infraestructura adecuada en el nuevo asentamiento, hasta la escasez de servicios básicos como los alimentos para sustentarse cada día.

Seguridad hídrica y resiliencia

La regulación del caudal del Yaque del Sur disminuirá el riesgo de inundaciones, que históricamente han afectado comunidades y cultivos en la zona. Esto se traduce en mayor estabilidad económica y social, especialmente frente a eventos climáticos extremos (Banco Mundial, 2023). La resiliencia hídrica es clave en un país donde el 70 % de los desastres naturales están asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Además, la presa contribuirá a la recarga de acuíferos y a la disponibilidad de agua para consumo humano, lo que impacta directamente en la salud pública y la calidad de vida.

Pertinencia de la inversión

Análisis costo-beneficio | El costo estimado del proyecto supera los 250 millones de dólares, financiados parcialmente por organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estudios comparativos indican que la relación beneficio-costo es favorable, considerando el incremento proyectado en la producción agrícola y la reducción de pérdidas por inundaciones (BCIE, 2024). El retorno social de la inversión se estima en un horizonte de 15 años, con impactos sostenibles en la seguridad alimentaria y la competitividad regional.

Comparación regional | Proyectos similares en América Latina, como la Presa de Chone en Ecuador y la Presa Paso Real en México, han demostrado impactos positivos en la seguridad hídrica y el desarrollo agrícola, aunque también han enfrentado desafíos relacionados con reasentamientos y sostenibilidad ambiental (García & López, 2021). Estas experiencias subrayan la necesidad de una planificación participativa y de mecanismos de compensación social adecuados. En el caso dominicano, la transparencia en la ejecución y la fiscalización ciudadana serán determinantes para evitar sobrecostos y garantizar la eficiencia del gasto público.

Consideraciones ambientales y sociales

La construcción de la presa implica la inundación de áreas habitadas, lo que requiere procesos de reasentamiento y compensación adecuados. Según estimaciones preliminares, más de 400 familias deberán ser reubicadas, lo que plantea retos en términos de vivienda, empleo y cohesión social. Además, se deben implementar medidas para preservar la biodiversidad y evitar la degradación de ecosistemas acuáticos (Secretaría de Medio Ambiente, 2024). La gestión ambiental del proyecto incluye planes de reforestación, monitoreo de calidad del agua y programas de educación ambiental para las comunidades afectadas.

El cumplimiento de normativas internacionales, como las directrices del Banco Mundial sobre salvaguardas ambientales, es esencial para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, se recomienda la creación de un comité de seguimiento integrado por autoridades, sociedad civil y expertos independientes, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

Retos de gobernanza y sostenibilidad

Más allá de los beneficios técnicos y económicos, la presa plantea desafíos en materia de gobernanza. La corrupción, la falta de planificación a largo plazo y la débil institucionalidad son riesgos latentes en proyectos de gran envergadura en la región (Banco Mundial, 2023). Para mitigar estos riesgos, se requiere fortalecer los mecanismos de control interno, promover la participación ciudadana y garantizar la publicación periódica de informes de avance y auditorías.

En términos de sostenibilidad, el proyecto debe alinearse con políticas de adaptación al cambio climático, incorporando tecnologías para optimizar el uso del agua y reducir la huella ecológica. La integración de energías renovables y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles son estrategias complementarias que pueden maximizar el impacto positivo de la presa.

Conclusiones | El Proyecto Presa de Monte Grande representa una inversión estratégica para la región Sur de República Dominicana, con potencial para mejorar la seguridad hídrica, impulsar la producción agrícola y reducir riesgos asociados a inundaciones. No obstante, su éxito dependerá de la implementación efectiva de medidas ambientales y sociales, así como de una gestión transparente y participativa. En términos de pertinencia, el análisis costo-beneficio y la experiencia comparada en la región respaldan la viabilidad del proyecto, siempre que se mantenga un enfoque integral orientado al desarrollo sostenible.

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez @LuisOrlandoDia1
Afiliación: Académico e investigador en desarrollo.

Referencias

Banco Mundial. (2023). Gestión de recursos hídricos en América Latina. Washington, D.C.: Banco Mundial.
BCIE. (2024). Informe sobre financiamiento de proyectos hidroeléctricos en Centroamérica. Tegucigalpa: Banco Centroamericano de Integración Económica.
García, M., & López, R. (2021). Impactos socioambientales de presas en América Latina: Un análisis comparativo. Revista Latinoamericana de Desarrollo, 18(3), 45-67.
INDRHI. (2024). Plan Hidrológico Nacional y proyectos estratégicos. Santo Domingo: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Pérez, J. (2022). Impacto socioeconómico de las presas en el desarrollo regional. Revista de Estudios Sociales, 45(2), 123-140.
Secretaría de Medio Ambiente. (2024). Evaluación ambiental del Proyecto Monte Grande. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

+++++++ Nota de prensa
Monte Grande: La presa que transformará el Sur y blindará la seguridad hídrica de República Dominicana
Barahona, República Dominicana. – El Proyecto Presa de Monte Grande, ubicado en la cuenca del río Yaque del Sur, se consolida como una de las inversiones más estratégicas del Estado dominicano para impulsar el desarrollo sostenible en la región Sur. Con una inversión superior a los 250 millones de dólares, financiada parcialmente por organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), esta obra busca transformar la realidad socioeconómica de provincias históricamente rezagadas.
La presa, concebida dentro del Plan Hidrológico Nacional, tiene objetivos claros: controlar inundaciones en la cuenca baja del Yaque del Sur, garantizar agua para riego en más de 700,000 tareas agrícolas, proveer agua potable a comunidades cercanas y posibilitar generación hidroeléctrica en pequeña escala. Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el embalse tendrá capacidad para almacenar 350 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá regular el caudal del río y asegurar el suministro hídrico en épocas de sequía.
La obra fue inaugurada oficialmente el 25 de enero de 2024 por el presidente Luis Abinader, marcando un hito histórico en la política hídrica nacional y en la estrategia de desarrollo regional.
La Presa de Monte Grande promete un impacto directo en la producción agrícola, con un incremento estimado superior al 40 % en cultivos como plátano, arroz y frutales. Este aumento reducirá la dependencia de importaciones alimentarias y fortalecerá la seguridad alimentaria nacional. Además, se prevé la creación de cientos de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación, dinamizando la economía local y beneficiando a más de 300,000 personas.
La regulación del caudal del Yaque del Sur disminuirá el riesgo de inundaciones, que históricamente han afectado comunidades y cultivos en la zona. Esto se traduce en mayor estabilidad económica y social, especialmente frente a eventos climáticos extremos. La obra también contribuirá a la recarga de acuíferos y a la disponibilidad de agua potable, impactando positivamente en la salud pública.
La construcción de la presa implica la reubicación de más de 400 familias, lo que exige procesos de compensación y reasentamiento adecuados. Asimismo, se implementarán planes de reforestación y monitoreo ambiental para preservar la biodiversidad y evitar la degradación de ecosistemas acuáticos. El Ministerio de Medio Ambiente supervisa estas acciones para garantizar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.
La experiencia de proyectos similares en América Latina confirma que este tipo de infraestructuras, cuando se gestionan con transparencia y participación ciudadana, generan beneficios sostenibles. El desafío para República Dominicana será asegurar una gobernanza efectiva, evitar sobrecostos y mantener la confianza pública en la ejecución del proyecto. La culminación de Monte Grande marcará un hito en la resiliencia climática y el desarrollo regional del país.

RESUMEN

El Proyecto Presa de Monte Grande, ubicado en la cuenca del río Yaque del Sur, se perfila como una de las inversiones más estratégicas para el desarrollo sostenible de la región Sur de República Dominicana. Con una inversión superior a los 250 millones de dólares, financiada parcialmente por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), esta obra busca garantizar la seguridad hídrica, impulsar la producción agrícola y reducir riesgos asociados a inundaciones.
La presa fue inaugurada oficialmente el 25 de enero de 2024 por el presidente Luis Abinader, consolidándose como la mayor infraestructura hídrica construida en la región Sur en las últimas décadas.
El embalse tendrá capacidad para almacenar 350 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá regular el caudal del río y asegurar el suministro hídrico en épocas de sequía. Entre los beneficios más destacados se encuentra la irrigación de más de 700,000 tareas agrícolas, lo que incrementará la productividad en cultivos como plátano, arroz y frutales, reduciendo la dependencia de importaciones alimentarias. Además, se prevé la creación de empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local y beneficiando a más de 300,000 personas.
El proyecto también contribuirá a la resiliencia climática, disminuyendo el riesgo de inundaciones y garantizando agua potable para comunidades cercanas. Sin embargo, la construcción implica retos ambientales y sociales, como la reubicación de más de 400 familias y la necesidad de preservar la biodiversidad. Para ello, se han diseñado planes de reforestación, monitoreo ambiental y compensación social, supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Monte Grande no solo representa una obra hidráulica, sino un hito en la resiliencia climática y el desarrollo regional del país.
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