martes, 6 de enero de 2026

Tres medidas urgentes para la transición en Venezuela: narcotráfico, expulsión de agentes extranjeros y reorientación petrolera | Por Luis Orlando Díaz Vólquez


Tres medidas urgentes para la transición en Venezuela: narcotráfico, expulsión de agentes extranjeros y reorientación petrolera

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | 06 de enero de 2026 

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses la madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un quiebre en la política hemisférica y reconfiguró de forma abrupta el equilibrio de poder en Venezuela. La operación, descrita como un despliegue coordinado por tierra, mar y aire y presentada públicamente como Operación Resolución Absoluta, derivó en el traslado del exmandatario a Nueva York para responder ante cargos federales relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo; a su vez, instaló una lógica de tutela externa sobre la transición, con el mensaje explícito de que Washington “correrá” el proceso hasta asegurar una normalización segura y ordenada del país (RTVE, 2026; El País, 2026). En ese marco, Delcy Rodríguez asumió la condición de presidenta interina de facto con respaldo del alto mando militar y juramentación parlamentaria, pero bajo condicionamientos y expectativas claras desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado, centradas en seguridad hemisférica, interdicción de economías ilícitas y contención de influencias extrahemisféricas adversas a los intereses estadounidenses (CBS News, 2026a; U.S. News/AP, 2026).

Diversas fuentes periodísticas y analíticas confluyen en que la viabilidad mínima de la interinidad de Rodríguez depende de tres medidas urgentes y verificables: reforzar de forma creíble el combate al narcotráfico transnacional; expulsar agentes extranjeros —principalmente vinculados a Irán, Hezbollah y Cuba—; y suspender los envíos de petróleo a rivales geopolíticos de Estados Unidos. Estas exigencias buscan evitar una “segunda ola” coercitiva y abrir espacio a alivios condicionados de sanciones, sin abandonar la posibilidad de presionar con palancas financieras sobre activos presuntamente ubicados en jurisdicciones clave como Catar y Turquía, que han sido mencionadas públicamente como mecanismos disuasivos adicionales frente a posibles incumplimientos de la agenda exigida (Infobae, 2026; Politico Magazine, 2026). En términos de teoría de transición, se trata menos de un programa ideológico y más de un paquete de seguridad nacional de emergencia: una arquitectura de des-ensamble de redes criminales y de influencia foránea que preceda cualquier intento de competencia electoral, para que las elecciones futuras no reproduzcan la captura institucional y la dominación por facciones (CSIS, 2026; Americas Quarterly, 2026).

El primer componente —combatir de manera verificable el narcotráfico— es tanto operativo como sistémico. La narrativa oficial de Washington ha caracterizado al régimen venezolano como una organización de narcotráfico que se ha empoderado con cobertura estatal, justificando medidas de interdicción marítima, bloqueo de rutas ilícitas y judicialización de casos emblemáticos ante tribunales federales. En esta lógica, la captura de Maduro y su comparecencia en Manhattan no son hechos aislados, sino parte de un enfoque integral que busca cortar los flujos financieros y logísticos que sostienen redes criminales con anclaje en instituciones estatales, extendidas a puertos, aeropuertos y fronteras (El País, 2026; El Tiempo, 2025). Para Rodríguez, mostrar resultados tempranos y medibles implica publicar indicadores claros —incautaciones por tonelada, neutralización de rutas, activos congelados, procesamientos y condenas—, habilitar canales de inteligencia con agencias como DEA y SOUTHCOM y acometer reformas en los mandos de cuerpos con competencia en nodos logísticos estratégicos, acompañado de auditorías externas de evidencia para reforzar confianza internacional (CBS News, 2026a; CSIS, 2026). Nada de esto es trivial: la coexistencia de líderes de peso dentro del aparato del Estado, con lealtades y poder armado diferenciado, configura un entorno inestable propenso al sabotaje de reformas; por ello, la interinidad requiere combinar incentivos y sanciones —retiros inducidos, garantías procesales limitadas, bloqueo patrimonial creíble en jurisdicciones sensibles— para alinear a actores clave con la nueva matriz de seguridad (Infobae, 2026; Politico Magazine, 2026).

El segundo componente —la expulsión de agentes extranjeros— responde a una preocupación explícita del gobierno estadounidense: que Venezuela no funcione como “cruce de caminos” para adversarios que proyecten influencia, financiamiento ilícito y capacidades tecnológicas potencialmente desestabilizadoras en el hemisferio occidental. Declaraciones recientes del Secretario de Estado Marco Rubio sintetizan el objetivo con un “no más presencia de Irán/Hezbollah” en Venezuela, subrayando que el reordenamiento postcaptura de Maduro debe incidir en la neutralización de estas redes y en la sustitución de asesorías cubanas en inteligencia y control social (Fox News, 2026; The Forward/JTA, 2026). Implementar esta medida supone un listado nacional de proscripción que incorpore designaciones estadounidenses y europeas; plazos de salida del territorio; auditoría de pasaportes y ciudadanías otorgadas en forma irregular —práctica señalada por diversos analistas en años recientes— con la consiguiente revocatoria e inserción de alertas rojas; y el desmontaje de asesorías cubanas que han operado históricamente como instrumentos de vigilancia y disciplinamiento social, reemplazándolas por equipos técnicos neutrales bajo observación internacional (Al Arabiya English, 2025; USA Today, 2026). No es menor el riesgo de disrupción: la expulsión acelerada puede afectar dependencias operativas donde actores extranjeros han construido capacidades. La mitigación requiere cooperación técnica con países aliados —especialmente en control fronterizo y marítimo— para cubrir vacíos sin retroceder en seguridad, y mecanismos de transición que aseguren continuidad en sectores sensibles como salud, energía o transporte (Americas Quarterly, 2026; CSIS, 2026).

El tercer componente —suspender envíos de petróleo a rivales geopolíticos y reorientar la política energética— es el eje económico de la coerción estratégica estadounidense. La arquitectura del quarantine petrolero, reforzada con despliegues navales y operaciones de interdicción sobre embarcaciones sancionadas, busca impedir que el crudo venezolano subvencione agendas adversas a Washington y reacomodar el alineamiento de Caracas; en términos prácticos, exige a la interinidad suspender de inmediato envíos a actores designados como adversarios estratégicos y adoptar una hoja de ruta de transparencia comercial rigurosa: registro público de contratos, trazabilidad de cargamentos —incluidos buques, aseguradoras e intermediarios— y auditorías independientes de cumplimiento de sanciones y embargos, con licencias progresivas condicionadas a indicadores de seguridad y libertades civiles, y cláusulas snapback ante incumplimientos (CBS News, 2026a; Infobae, 2026). Esta reorientación no pretende maximizar la renta estatal bajo un esquema estatista, sino estabilizar el flujo de caja a partir de la legalidad y la trazabilidad, evitando el uso político del petróleo como herramienta de dominación y patronazgo. Para ello, es indispensable un plan de recuperación técnica de la infraestructura, con inversión privada occidental bajo gobernanza anticorrupción inspirada en estándares FCPA, blindando el sector frente a nuevas capturas por camarillas rentistas (CSIS, 2026; Americas Quarterly, 2026).

La gobernanza interina de Delcy Rodríguez, en estos términos, opera con margen estrecho y bajo tutela externa. El Tribunal Supremo de Justicia ha formalizado la interinidad con el argumento de evitar el vacío de poder, pero ello no resuelve el déficit de legitimidad del régimen ni su captura institucional. En la práctica, Washington condiciona la cooperación y no descarta nuevas acciones militares si las demandas no son satisfechas, a la vez que evalúa gestos como la reapertura de la embajada en Caracas y utiliza palancas financieras —con menciones públicas a activos presuntamente localizados en Catar y Turquía— para disuadir desviaciones (MVS Noticias, 2026; Infobae, 2026). Esta combinación —tutela externa con señales de coerción creíble— es característica de transiciones en entornos donde la violencia estructural y las redes ilícitas han penetrado el Estado; por tanto, la secuencia debe priorizar seguridad y des-ensamble antes que la competencia electoral sin garantías, evitando la reproducción de la captura bajo nuevas etiquetas o facciones (El País, 2026; CSIS, 2026). La prudencia estratégica aconseja que toda discusión sobre “elecciones libres” se ancle a precondiciones verificables: libertades civiles mínimas, observación internacional robusta, auditoría del padrón y del sistema de conteo, regreso de exiliados y blindaje de la autoridad electoral frente a presiones armadas; sin estas salvaguardas, los comicios serían formalmente plurales pero materialmente capturados por redes de poder y financiamiento ilícito (DW, 2026; Americas Quarterly, 2026).

El ángulo geopolítico más amplio confirma que la intervención y las exigencias asociadas a la interinidad han sido leídas como una reactivación práctica de la tradición hemisférica en clave contemporánea —un retorno a la lógica de la Doctrina Monroe— y como un mensaje directo a potencias extrahemisféricas. Voces en Israel han enmarcado la captura de Maduro como advertencia a Teherán, mientras analistas regionales discuten el alcance de la “dominancia americana” y sus implicaciones para la política latinoamericana en medio de tensiones con Rusia y China (The Forward/JTA, 2026; Americas Quarterly, 2026). En lo energético, algunos expertos sugieren que el golpe a Venezuela no supone un daño inmediato y crítico para la seguridad de suministro de China, pero sí erosiona su proyección de influencia en América Latina, obligando a recalibrar estrategias de presencia y financiamiento en la región (Politico Magazine, 2026; USA Today, 2026). A su vez, el énfasis estadounidense en “no más cruce de caminos para adversarios” consolida una narrativa de seguridad que subordina arreglos ideológicos a objetivos de contención y de estabilización bajo supervisión, lo que desincentiva proyectos estatistas de alta intervención que funcionaron como coberturas para economías ilícitas y alianzas con potencias autoritarias (Fox News, 2026; CBS News, 2026a).

Desde una perspectiva explícitamente alejada del pensamiento de izquierda, el socialismo del siglo XXI en Venezuela debe entenderse como un estatismo extractivo que destruyó la arquitectura de mercado, expropió capital humano, cooptó instituciones y expandió una economía política de la dependencia y el control social; su narrativa antiimperialista operó como máscara para alianzas con regímenes autoritarios y para la consolidación de prácticas de corrupción endémica. La transición que se propone aquí privilegia un Estado mínimo funcional con alta capacidad en seguridad y justicia, apertura económica ceñida a compliance internacional y blindaje anticorrupción, y una matriz energética transparente con gobernanza técnica independiente. La consolidación de esta arquitectura —narcotráfico neutralizado con métricas públicas, expulsión de agentes extranjeros con auditoría documental y reorientación petrolera con trazabilidad certificada— no es una panacea, pero sí un “mínimo estratégico” sin el cual cualquier ruta hacia elecciones libres y normalización institucional se tornará ilusoria o regresiva (CSIS, 2026; Infobae, 2026).

La secuencia recomendada parte de un axioma: seguridad primero. El Estado venezolano debe demostrar, en el corto plazo, capacidades de interdicción y desarticulación de redes ilícitas con evidencia pública y verificable, articulando cooperación operacional con agencias estadounidenses y regionales y sometiéndose a auditorías de terceros. En paralelo, debe materializar una salida ordenada de agentes extranjeros adversos, con instrumentos de derecho administrativo y penal que prevengan reingresos y cierren las ventanas de influencia en inteligencia, logística y financiamiento. Finalmente, debe instalar un sistema de transparencia petrolera y de licencias condicionado, con trazabilidad completa de flujos y contratos, cobertura de aseguradoras y cumplimiento estricto de sanciones, para atraer inversión privada técnica bajo reglas anticorrupción y reducir al mínimo incentivos de captura rentista. La coordinación entre estos tres frentes —seguridad, soberanía operativa y energía— construye señales que habilitan alivios graduales de sanciones y crean el corredor de credibilidad hacia una institucionalidad que permita, más adelante, discutir elecciones con garantías y con árbitros robustos (CBS News, 2026a; Americas Quarterly, 2026).

Queda claro que el margen de maniobra de Delcy Rodríguez es acotado y que el proceso será conducido “a distancia” por Washington, con facultades coercitivas explícitas y con el control sobre variables clave —sanciones, licencias, interdicción, presión financiera—. En este entorno, la estrategia más racional para la interinidad no es la resistencia ideológica ni la retórica nacionalista, sino el pragmatismo verificable: cumplir con la triada de exigencias, producir evidencia pública de avance, reducir el poder de veto de élites armadas internas mediante incentivos y amenazas creíbles, y negociar una agenda de alivios condicionados que financie una recuperación técnica mínima del aparato estatal sin recurrir a viejos reflejos estatistas. De materializarse esta secuencia, se habrá desplazado el eje de la discusión desde la ideología hacia la seguridad y la legalidad, abriendo una posibilidad real —aunque limitada y tutelada— de reconstrucción institucional (Infobae, 2026; CSIS, 2026).

En suma, la transición venezolana solo puede sostenerse si se ejecuta de inmediato la tríada estratégica aquí delineada. Combatir el narcotráfico con métricas públicas, expulsar agentes extranjeros con auditoría y sanción administrativa y penal, y reorientar el petróleo con trazabilidad certificada son las condiciones mínimas para evitar una segunda intervención y para crear los incentivos que hagan posible, a mediano plazo, una elección libre, con competencia real y sin captura. Desde una perspectiva geopolítica y de seguridad nacional, alejada del pensamiento de izquierda, cualquier otro camino reproduce la lógica que llevó al colapso: estatismo, patronazgo petrolero, alianzas con potencias autoritarias y economías ilícitas. La ventana de oportunidad es corta y el costo del incumplimiento, alto; pero la ruta existe y es verificable. Corresponde a la interinidad actuar en consecuencia, y a los actores internacionales sostener el andamiaje de auditoría y sanción que lo haga creíble (Americas Quarterly, 2026; El País, 2026).

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

06 de enero de 2026 

Referencias en el texto: Infobae (2026); RTVE (2026); El País (2026); CBS News (2026a); U.S. News/AP (2026); Politico Magazine (2026); CSIS (2026); Americas Quarterly (2026); Fox News (2026); The Forward/JTA (2026); Al Arabiya English (2025); USA Today (2026); DW (2026); El Tiempo (2025).

Palabras clave: Venezuela, Delcy Rodríguez, narcotráfico, Irán, Hezbollah, Cuba, petróleo, Monroe Doctrine, transición, sanciones, geopolítica.

🔥 Transición bajo presión en 🇻🇪:
Delcy Rodríguez enfrenta 3 exigencias clave para evitar una “segunda ola” de acciones externas:
🛡️ Combate real al narcotráfico
🚫 Expulsión de agentes extranjeros (Irán/Hezbollah/Cuba)
⛽️ Corte de envíos de petróleo a rivales geopolíticos

🌍 ¿Abrirá esto el camino a una normalización y a elecciones libres?
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VERSIÓN ACADÉMICA


Tres medidas urgentes para la transición en Venezuela: narcotráfico, expulsión de agentes extranjeros y reorientación petrolera

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez
Fecha: 06 de enero de 2026


Resumen (Abstract) | La captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 generó un reacomodo inmediato del equilibrio de poder en el hemisferio y situó a Delcy Rodríguez como presidenta interina de facto en Caracas. Frente a este nuevo escenario, Washington ha establecido tres exigencias prioritarias para evitar una “segunda ola” de acciones coercitivas: (1) refuerzo verificable del combate al narcotráfico; (2) expulsión de agentes extranjeros (en particular vinculados a Irán, Hezbollah y Cuba); y (3) suspensión de los envíos de petróleo a rivales geopolíticos de Estados Unidos. Este artículo, con enfoque geopolítico-realista y explícitamente alejado del pensamiento de izquierda, examina el fundamento estratégico de dichas medidas, su relación con la doctrina hemisférica reactivada de facto, y los riesgos de una transición bajo tutela externa en un Estado con instituciones cooptadas. Se argumenta que estas tres acciones conforman un “mínimo estratégico” para desmantelar redes ilícitas, reencauzar la política exterior y energética de Caracas, y abrir un corredor hacia la normalización institucional y, eventualmente, elecciones libres. (Infobae, 2026; CBS News, 2026).


Introducción: Un punto de inflexión hemisférico

La madrugada del 3 de enero de 2026, la denominada Operación Resolución Absoluta ejecutada por Estados Unidos culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para responder ante cargos federales vinculados al narcotráfico y al llamado narcoterrorismo. La intervención —con despliegue por tierra, mar y aire— fue detallada por medios internacionales y funcionarios estadounidenses, quienes, además, anunciaron un “quarantine” operativo sobre el flujo petrolero sancionado y advirtieron que Washington “correrá” la transición hasta asegurar un reemplazo ordenado y seguro. Este conjunto de decisiones aceleró un quiebre de la larga parálisis venezolana y situó a Delcy Rodríguez como presidenta interina respaldada por el alto mando militar, aunque bajo condicionamientos explícitos de la Casa Blanca y el Departamento de Estado (RTVE, 2026; El País, 2026).

De acuerdo con reportes periodísticos y análisis de think tanks, la transición interina se conduce a distancia, con foco en seguridad hemisférica, interdicción del narcotráfico y contención de actores extrahemisféricos. En ese marco, se han explicitado tres exigencias inmediatas hacia Rodríguez: fortalecer el combate al tráfico de drogas, expulsar agentes extranjeros adversos a Washington (incluidos iraníes y cubanos) y frenar la venta de petróleo a rivales de Estados Unidos (Infobae, 2026; Monumental, 2026). El conjunto busca evitar una “segunda ola” de acciones coercitivas y abrir una ventana para el alivio condicionado de sanciones, sin descartar el uso de palancas financieras sobre activos vinculados a la élite gobernante (Infobae, 2026; Americas Quarterly, 2026).


Marco conceptual y metodología: un enfoque geopolítico-realista

El análisis adopta un realismo geopolítico centrado en poder, coerción y alianzas, alejándose del pensamiento de izquierda que privilegia la narrativa antiimperialista y el estatismo económico como soluciones deseables. Se triangulan fuentes periodísticas internacionales, declaraciones públicas de autoridades estadounidenses y análisis de centros de estudios especializados (CSIS, Americas Quarterly), buscando minimizar sesgos y robustecer la validez de inferencias. La evidencia y el razonamiento se articulan en secuencia: seguridad primero, des-ensamble de redes ilícitas y reorientación energética, antes de abordar procesos electorales (CSIS, 2026; Politico Magazine, 2026).

Si bien la operación inicial produjo un shock político, su objetivo no es imponer un cambio de régimen clásico, sino forzar un colapso funcional de las redes que sostienen a la élite gobernante y establecer incentivos y amenazas para guiar una transición limitada pero verificable. Esta preferencia por la coerción externa y por métricas de cumplimiento responde a la experiencia con el régimen de Maduro y a la apreciación estadounidense de Venezuela como punto de cruce de flujos ilícitos y de influencia de adversarios extrarregionales (Americas Quarterly, 2026; CBS News, 2026).


Medida 1: Combate verificable al narcotráfico transnacional

Fundamento estratégico. La retórica y praxis recientes de Washington vinculan la crisis venezolana con redes de narcotráfico y convergencias entre actores estatales, cárteles y organizaciones designadas como terroristas. En audiencias públicas y entrevistas, funcionarios estadounidenses han etiquetado al régimen como una “organización de narcotráfico” con cobertura estatal, justificando el despliegue de capacidades de interdicción marítima y de bloqueo económico que elevan el costo de la persistencia en actividades ilícitas (El Tiempo, 2025; CBS News, 2026). A esto se añade el componente judicial: comparecencia de Maduro ante corte federal en Manhattan y un marco de enforcement que busca cortar fuentes de financiamiento ilícito —incluyendo rutas marítimas y flujos de efectivo— con efectos reputacionales y penales (El País, 2026; La Razón, 2026).

Instrumentos de política. Para la interinidad de Rodríguez, la condición sine qua non es mostrar resultados medibles: incautaciones, desarticulación de flujos financieros, cooperación antinarcóticos con agencias estadounidenses y regionales, y habilitación de canales de inteligencia. Se proponen acuerdos operativos con DEA y SOUTHCOM, protocolos de intercambio en tiempo real, auditorías externas de evidencia y reformas de mandos en la Guardia Nacional y cuerpos policiales con competencia portuaria y aeroportuaria. La publicación mensual de indicadores —toneladas incautadas, activos congelados, procesamientos y condenas— generaría señal de cumplimiento y podría habilitar alivios condicionados (CBS News, 2026; CSIS, 2026).

Riesgos y mitigaciones. La coexistencia de líderes como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino dentro del aparato estatal crea un “pozo inestable de víboras” con capacidad de sabotaje a reformas y protección de redes criminales. En respuesta, la interinidad debe combinar incentivos y sanciones: retiros inducidos, garantías procesales limitadas y amenazas creíbles de bloqueo patrimonial en jurisdicciones como Catar y Turquía, señaladas en reportes de prensa como posibles repositorios de activos de la élite (Infobae, 2026; Politico Magazine, 2026).


Medida 2: Expulsión de agentes extranjeros (Irán, Hezbollah, Cuba y otros)

Fundamento estratégico. Estados Unidos ha vinculado explícitamente su misión en Venezuela con la neutralización de la presencia iraní y de Hezbollah, señalando riesgos para la seguridad hemisférica, el financiamiento ilícito y la proliferación de capacidades (incluida la fabricación de drones en el hemisferio). El Secretario de Estado Marco Rubio ha enfatizado que no habrá tolerancia hacia una Venezuela que sirva como “cruce de caminos” para adversarios, incluyendo la exigencia “No more Iran/Hezbollah presence there” (Fox News, 2026; The Forward/JTA, 2026). Esta línea se complementa con preocupaciones históricas por el otorgamiento irregular de pasaportes y la inserción de redes de apoyo logístico y financiero en la región (Al Arabiya English, 2025; USA Today, 2026).

Instrumentos de política. Se requiere un listado nacional de proscripción que incorpore designaciones estadounidenses y europeas de organizaciones y personas; establecimiento de plazos perentorios de salida del territorio para agentes y estructuras vinculadas; auditoría de pasaportes y ciudadanías otorgadas en forma irregular (con revocatoria e inserción de alertas rojas); y desmontaje de asesorías cubanas en inteligencia y control social con sustitución por equipos técnicos neutros bajo observación internacional. Esta arquitectura debe integrarse en una estrategia diplomática que balancee la expulsión con la construcción de capacidades internas para cubrir vacíos operativos sin vulnerar la seguridad (Fox News, 2026; The Forward/JTA, 2026).

Riesgos y mitigaciones. La expulsión acelerada puede disruptir canales de abastecimiento y gestión administrativa donde operadores extranjeros han generado dependencias. Una respuesta eficaz exige acuerdos puntuales con países aliados —por ejemplo, cooperación técnica con Colombia y Brasil en control fronterizo y marítimo— y mecanismos de transición que aseguren continuidad operativa en salud e infraestructura crítica, sin restaurar aparatos de control social importados (Americas Quarterly, 2026; CSIS, 2026).


Medida 3: Suspensión de envíos de petróleo a rivales y reorientación energética

Fundamento estratégico. El quarantine petrolero anunciado por autoridades estadounidenses funciona como palanca para impedir que el crudo venezolano subvencione políticas hostiles a Washington y para reencauzar el alineamiento de Caracas. En la práctica, ello supone suspender de inmediato los envíos a actores considerados adversarios estratégicos y aceptar una hoja de ruta de transparencia comercial —registro público de contratos, trazabilidad de cargamentos, aseguradoras y intermediarios— que habilite, con el tiempo, licencias condicionadas (CBS News, 2026; Infobae, 2026).

Instrumentos de política. Un registro público con auditorías independientes y certificaciones de cumplimiento de sanciones y embargos es esencial. Paralelamente, debe impulsarse un plan de recuperación técnica de la infraestructura petrolera bajo gobernanza anticorrupción (estándares FCPA-like), atrayendo inversión privada occidental y evitando la captura por élites rentistas. La política de licencias progresivas debe anclar sus decisiones a indicadores de seguridad (narcotráfico, expulsión de agentes) y libertades civiles, con cláusulas de snapback ante incumplimientos. El objetivo no es maximizar renta estatal per se, sino estabilizar el flujo de caja conforme a legalidad y trazabilidad, minimizando el uso político del petróleo (CSIS, 2026; Americas Quarterly, 2026).

Riesgos y mitigaciones. El corte abrupto de mercados puede generar choques fiscales y estrés social. Para mitigarlos, se recomienda una matriz de sustitución de ingresos basada en contratos de servicio y asistencia técnica con compliance reforzado, acceso escalonado a mercados occidentales y mecanismos de protección social focalizados financiados por rentas transparentes, no por emisiones opacas o controles de precios destructivos (Politico Magazine, 2026; USA Today, 2026).


Gobernanza interina: margen estrecho, tutela externa y legitimidad

La interinidad de Delcy Rodríguez ha sido formalizada para evitar el vacío de poder, pero no reconstituye legitimidad democrática. Informes sugieren que Washington ha enviado señales de coerción financiera —incluida la discusión con autoridades de Catar y Turquía sobre activos vinculados a la élite— como disuasivos adicionales frente a posibles desviaciones (Infobae, 2026; Monumental, 2026). Simultáneamente, se exploran gestos de reapertura diplomática (p. ej., evaluación de reabrir la embajada en Caracas) mientras se mantiene control operativo externo (CBS News, 2026; U.S. News/AP, 2026).

El TSJ venezolano habría formalizado la interinidad para asegurar continuidad administrativa, una solución que preserva funcionalidad pero no resuelve el pecado original del régimen: su captura institucional por redes de poder opacas. La interinidad funcional bajo tutela externa es, por definición, precaria, expuesta a fracturas intra-élite y a sabotajes que pueden derivar en violencia o en parálisis (MVS Noticias, 2026; DW, 2026). Para mitigarlo, la secuencia debe priorizar seguridad, des-ensamble de redes y equilibrio de incentivos entre actores armados, con amenaza creíble de medidas adicionales si no hay cooperación (El País, 2026; CSIS, 2026).


Dimensión geopolítica: reactivación de la lógica hemisférica y mensajes a Irán, Rusia y China

La operación y la agenda exigida a Rodríguez se han interpretado como una reactivación práctica de la tradición hemisférica (Monroe Doctrine) en clave contemporánea, con el mensaje explícito de que potencias extrahemisféricas no encontrarán en Venezuela un hub para proyectar influencia y financiar actividades ilícitas. Voces en Israel han leído el movimiento como advertencia directa a Teherán, mientras analistas regionales discuten el alcance de la “dominancia americana” en el hemisferio (The Forward/JTA, 2026; Americas Quarterly, 2026).

Para Rusia y China, la suspensión de envíos y el quarantine petrolero erosionan el valor de Venezuela como plataforma energética y de proyección política en América Latina. Algunos análisis estiman que el impacto sobre la seguridad energética china puede ser acotado, pero reconocen que la señal de fuerza altera expectativas de aliados y adversarios sobre la volatilidad y el alcance del poder estadounidense. En suma, la captura de Maduro y la agenda mínima exigida a Caracas constituyen un evento bisagra que obliga a recalibrar estrategias de presencia extrahemisférica (Politico Magazine, 2026; USA Today, 2026).


Secuencia hacia elecciones libres: condiciones y precondiciones

Aunque en el discurso aparece el objetivo de elecciones libres, los plazos siguen indeterminados. Un proceso electoral prematuro —sin desmontaje de redes criminales y sin expulsión de operadores extrahemisféricos— recrearía la lógica de captura y podría legitimar una nueva élite rentista. Por tanto, la secuencia debe priorizar seguridad y integridad institucional (narcotráfico, agentes, trazabilidad petrolera) antes de abrir competencia política (Infobae, 2026; CSIS, 2026).

La arquitectura de precondiciones incluye: garantías de libertades civiles mínimas; regreso de exiliados y observación internacional robusta; auditoría del padrón y del sistema de conteo; y blindaje de la autoridad electoral frente a presiones armadas. Sin ese andamiaje, la elección sería formalmente plural pero materialmente capturada (El País, 2026; DW, 2026).


Recomendaciones de política: un mínimo estratégico para la normalización

  1. Seguridad primero, con métricas públicas. Publicación mensual de indicadores de interdicción, activos congelados y procesamientos; auditorías independientes y cooperación operacional con agencias estadounidenses y regionales (CBS News, 2026; CSIS, 2026).
  2. Des-ensamble de influencia extrahemisférica. Listados de proscripción, expulsiones con plazos y auditoría documental; sustitución de asesorías cubanas por equipos técnicos neutrales supervisados internacionalmente (Fox News, 2026; The Forward/JTA, 2026).
  3. Transparencia y trazabilidad en el petróleo. Registro público de contratos, trazabilidad de cargamentos y licencias condicionadas con cláusulas snapback; plan técnico de recuperación con inversión privada y compliance reforzado (Infobae, 2026; Americas Quarterly, 2026).
  4. Equilibrio de incentivos y sanciones intra-élite. Retiro inducido de mandos, garantías limitadas y amenaza creíble de bloqueo patrimonial en jurisdicciones sensibles (Infobae, 2026; Politico Magazine, 2026).
  5. Hoja de ruta electoral condicionada. Apertura a comicios solo tras cumplir umbrales verificables de seguridad y gobernanza; observación internacional integral y blindaje institucional (El País, 2026; DW, 2026).

Conclusión: Alejándose del pensamiento de izquierda hacia una transición de seguridad y legalidad

La transición venezolana no puede apoyarse en el estatismo ideologizado del socialismo del siglo XXI, que desmanteló la productividad y cooptó instituciones bajo el pretexto de “justicia social”. Hoy, la prioridad es desmontar el entramado criminal-estatista, reorientar la política energética con legalidad y trazabilidad, y neutralizar la presencia de actores extrahemisféricos que amenazan la seguridad regional. Solo una transición que combine seguridad, Estado mínimo funcional y apertura económica con compliance permitirá avanzar hacia elecciones libres con resultados sostenibles. Las tres medidas aquí analizadas constituyen un mínimo estratégico: su ejecución inmediata y verificable es indispensable para evitar una segunda ola coercitiva y para abrir un corredor creíble hacia la normalización institucional (Infobae, 2026; CBS News, 2026).


Referencias (formato APA, 7ª edición)


Palabras clave: Venezuela, Delcy Rodríguez, narcotráfico, Irán, Hezbollah, Cuba, petróleo, Monroe Doctrine, transición, sanciones, geopolítica.

Sobre el autor

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.


🇻🇪 Tres medidas urgentes para una transición viable en Venezuela:

  1. 🛡️ Refuerzo verificable contra el narcotráfico.
  2. 🚫 Expulsión de agentes extranjeros adversos a EE. UU.
  3. ⛽️ Reorientación del petróleo, frenando envíos a rivales.

Estas acciones buscan estabilizar el país, reducir riesgos geopolíticos y abrir un corredor hacia una eventual normalización institucional. ¿Impacto en la economía y la seguridad regional? 📊

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Luis Orlando Díaz Vólquez

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Adriano Espaillat 

Durante años, el pueblo venezolano ha sufrido la represión, el colapso económico, la migración forzada y la negación sistemática de sus derechos fundamentales. Su clamor por libertad y democracia es legítimo y merece el respaldo inequívoco de la comunidad internacional.

Recuerdo vivamente la noche del domingo 28 de julio de 2024, cuando se celebraban las elecciones presidenciales en Venezuela. Junto a mis constituyentes venezolanos y a muchos latinos, seguí el conteo de votos con esperanza, solo para presenciar, con indignación y dolor, cómo la dictadura se robaba las elecciones de manera descarada.

Aquellos comicios no fueron ni libres ni justos. Se realizaron en un contexto en el que el régimen de Nicolás Maduro controlaba todos los poderes del Estado y reprimía sistemáticamente a la oposición política.

Intervención militar de EE.UU. y sus implicaciones

Ante todos estos acontecimientos, como miembro de la Cámara de Representantes y presidente del Caucus Hispano del Congreso, debo subrayar que mi deber principal es con la Constitución de los Estados Unidos.

Aunque se haya alcanzado un desenlace que muchos celebraron —la captura del dictador Maduro—, con la mente fría y el sentido de responsabilidad que exige mi cargo, debo advertir que la reciente acción militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela constituye una grave violación de la Constitución, al haberse ejecutado sin la autorización ni la notificación previa al Congreso, tal como lo exige claramente nuestro sistema democrático.

Una vez más, el presidente Trump ha optado por ignorar la autoridad del Congreso y actuar de manera arbitraria, utilizando la fuerza militar como herramienta política. Este comportamiento no solo es peligroso, sino que sienta un precedente alarmante que erosiona el equilibrio de poderes y debilita el Estado de derecho que juramos defender. El Congreso debe actuar con firmeza para impedir que cualquier presidente —sin importar su partido— arrastre a nuestro país a conflictos armados sin el debido control constitucional.

Reconozco que, para millones de venezolanos, estos acontecimientos pueden interpretarse como el inicio del fin de una dictadura que ha causado un sufrimiento inconmensurable. Comprendo esa esperanza. Pero sería un error histórico que Estados Unidos se embarcara, una vez más, en una nueva guerra en el extranjero, sin un plan claro y sin el respaldo del pueblo estadounidense.

Tras escuchar al presidente y observar los acontecimientos de este fin de semana, me preocupa profundamente que esta Administración no cuente con una estrategia definida para el retorno de Venezuela a la democracia que no implique nuevas acciones militares ni una peligrosa escalada del caos. La historia demuestra que las intervenciones armadas, aun cuando se presentan con discursos de liberación, con demasiada frecuencia terminan prolongando el sufrimiento de los pueblos que dicen ayudar.

Debemos rechazar categóricamente la idea de que Estados Unidos pueda o deba gobernar otro país. El pueblo venezolano debe gobernar Venezuela. Nuestro rol debe ser el de acompañar, facilitar soluciones diplomáticas, fortalecer la presión internacional multilateral y apoyar una transición democrática liderada por los propios venezolanos.

Esta convicción no surge del vacío. Hace varios años publiqué en la Harvard Journal on Legislation el ensayo titulado "Reparando los daños causados por las intervenciones militares ilícitas del pasado: el caso de la República Dominicana". En él examino cómo las ocupaciones y las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe durante el siglo XX violaron el derecho internacional, socavaron la soberanía de naciones hermanas y dejaron consecuencias profundas que aún persisten. 

La República Dominicana —mi país de origen— conoce bien esas heridas. Las ocupaciones militares, los golpes de Estado y el respaldo a regímenes autoritarios con el de Rafael Leónidas Trujillo Molina no trajeron estabilidad ni democracia duradera; por el contrario, generaron traumas colectivos, autoritarismo y migraciones masivas. Estas lecciones históricas deben guiarnos hoy. 

Por esa razón, reintroduje la Ley de la Comisión de las Ocupaciones Norteamericanas, una legislación histórica —la primera en el Congreso con nombre en español— que busca examinar con honestidad las consecuencias de esas intervenciones y recomendar vías de reparación, reconciliación y una disculpa formal. No se trata de reescribir la historia, sino de aprender de ella para no repetir los mismos errores. 

Resulta particularmente preocupante que esta acción militar ocurra a pesar de que los estadounidenses se oponen de manera abrumadora a cualquier intervención armada en Venezuela. La decisión del presidente demuestra, una vez más, su desconexión con las verdaderas prioridades del pueblo: una economía más justa, empleos dignos y un sistema de salud asequible.

Todo esto sucede, además, mientras han expirado los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y el costo de la vida continúa haciendo que la vida sea inasequible para demasiadas familias trabajadoras. 

Estados Unidos puede y debe apoyar la democracia en Venezuela, pero debe hacerlo de manera coherente con sus valores constitucionales, con el derecho internacional y con las lecciones de su propia historia. La paz, la diplomacia y el respeto a la autodeterminación no son signos de debilidad; son las bases de un liderazgo responsable.


Bombardeos en Venezuela durante la extracción de Nicolás Maduro. (AFP)

TEMAS - 

Miembro del Congreso de los EE.UU.

https://www.diariolibre.com/usa/opinion-usa/2026/01/05/intervencion-militar-en-venezuela-opinion-de-adriano-espaillat/3394933

Tres medidas urgentes que deberá adoptar Delcy Rodríguez para evitar represalias en Venezuela

Tres medidas urgentes que deberá adoptar Delcy Rodríguez para evitar represalias en Venezuela

La nueva jefa interina de Caracas conoce la estructura chavista como pocos. Deberá cumplir con una agenda coordinada con Washington para avanzar hacia la normalización del país

06 Ene, 2026 06:30 a.m. EST

La jefa de la trancisión
La jefa de la trancisión en Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a su ceremonia de juramentación en la Asamblea Nacional, luego de la caída del dictador Nicolás Maduro (Reuters)

Una serie de demandas precisas pesan sobre para la nueva jefa provisional de VenezuelaDelcy Rodríguez. Washington busca, como condición para evitar represalias similares a las que sufrió Nicolás Maduro, un giro significativo en las políticas adoptadas por Caracas en las últimas décadas. El objetivo estadounidense abarca no solo la expulsión de agentes extranjeros y el combate al narcotráfico, sino también la interrupción de envíos de petróleo a rivales geopolíticos, respaldando una reconfiguración completa del alineamiento venezolano.

La Casa Blanca fue clara respecto a lo que espera de Rodríguez y advirtió sobre la posibilidad de una “segunda ola” si esas demandas no son cumplidas. Entre ellos se cuentan la amenaza de nuevas acciones militares, la posibilidad de aliviar sanciones y el control de activos financieros de la funcionaria, cuya ubicación se concentra principalmente en Doha, Catar, según una fuente citada por Politico.

Fuentes cercanas a la administración Trump indicaron a ese medio que también se maneja información sobre recursos presentes en Turquía, y que la mera referencia a negociaciones sobre estos fondos funciona como un factor de coerción significativo.

El solo hecho de que digamos que hablamos con los cataríes y los turcos sobre su dinero, evidentemente sería una amenaza muy fuerte,” afirmó Elliott Abrams, quien ofició como representante especial para Venezuela durante el primer gobierno de Trump, según Politico.

A corto plazo, el equipo de Trump apuesta por consolidar su influencia a distancia. Aunque el presidente comentó el domingo que evalúa reabrir la Embajada estadounidense en Caracas, la gestión posterior a la captura de Maduro se contempla principalmente desde el exterior. Un funcionario estadounidense de alto nivel, citado por Politico, mencionó que la prioridad es asegurar “que el país se mantenga estable avanzando hacia los intereses de Estados Unidos”, sin detallar las exigencias transmisidas a Rodríguez.

La cúpula del régimen: el
La cúpula del régimen: el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; la presidenta interina, Delcy Rodríguez; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminan juntos en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026 (Reuters)

Las directrices para la líder interina, confirmadas tanto por un funcionario estadounidense familiarizado con el caso como por un allegado a las discusiones internas, incluyen tres exigencias inmediatas: reforzar el combate contra el tráfico de drogas, expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otras naciones adversas a Washington, y frenar la venta de petróleo a enemigos de Estados Unidos.

Adicionalmente, se espera que Rodríguez allane el camino a unas “elecciones libres” y posteriormente abandone el poder, aunque de momento los plazos para tales pasos permanecen indefinidos y las elecciones no aparecen en la agenda inmediata, según la información recogida por Politico.

El margen de maniobra de Rodríguez es reducido. Personas cercanas a la administración de Trump creen que ella está bajo supervisión estricta y que es posible condicionar su accionar completamente antes de prescindir de ella. Según una fuente anónima, el grupo del presidente “confía en que pueden torcerla en cualquier dirección que necesiten antes de deshacerse de ella y avanzar”.

La sustituta de Maduro, anteriormente vicepresidenta y figura clave del régimen, pasó en cuestión de días de criticar enérgicamente la captura del exmandatario a declarar, el último domingo, su disposición a trabajar con Washington “en una agenda de cooperación”.

Rodríguez debe conjugar la necesidad de condenar la caída de Maduro con la aceptación tácita de la influencia estadounidense y la promoción de políticas poco aceptadas dentro de su entorno político, que durante veintisiete años vio a Estados Unidos como su principal adversario, señaló Ryan Berg, analista del Center for Strategic and International Studies, citado por Politico.

Marco Rubio, secretario de Estado, dio señales sobre la postura estadounidense durante una entrevista con ABC News el pasado fin de semana. Expresó: “Estableceremos las condiciones para que dejemos de tener en nuestro hemisferio una Venezuela que sea cruce de caminos para muchos de nuestros rivales en el mundo, incluidos Irán y Hezbolá, que deje de enviarnos bandas de narcotraficantes, que deje de enviarnos embarcaciones de droga, que deje de ser un paraíso del narcotráfico”.

Antes del operativo militar que culminó en la captura de Maduro, distintos sectores del gobierno estadounidense estudiaron tanto un eventual alivio de sanciones como otras medidas para el día posterior.

Por el momento, la administración no considera levantar sanciones ni enviar ayuda humanitaria significativa, según un funcionario estadounidense y otras tres fuentes citadas por el medio. El clima interno en el gobierno está marcado por la falta de consenso sobre los pasos siguientes, agudizada por los recortes presupuestarios que afectaron al Departamento de Estado y a organismos vinculados a la gestión de crisis.

Otra demanda planteada a Caracas por el equipo de Trump es la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, aunque no existe exigencia alguna -al menos pública- para la excarcelación general de presos políticos venezolanos.

Junto a Rodríguez permanecen en el lugar figuras de peso del círculo madurista, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La coexistencia de estos líderes, con sus lealtades y poderes armados diferenciados, configura lo que una fuente denominó “un pozo inestable de víboras”.

Mientras tanto, persiste el interrogante sobre el real margen de autonomía de la líder interina y sobre los caminos que tomará la política venezolana en un entorno permeado por presiones directas desde la Casa Blanca, expectativas de reformas internas y la advertencia latente de una nueva intervención militar, refrendada el domingo por Trump desde el Air Force One, cuando advirtió: “Venezuela, hasta ahora, ha sido muy amable. Pero ayuda tener una fuerza como la que tenemos. Si no se comportan, haremos un segundo ataque”.

https://www.infobae.com/venezuela/2026/01/06/tres-medidas-urgentes-que-debera-adoptar-delcy-rodriguez-para-evitar-represalias-en-venezuela/