Cuatro modificaciones a la Ley 225-20 que convertirían la basura dominicana en una nueva industria

Lo que falta no es la voluntad de los ciudadanos ni del sector privado, sino un marco legal que lo haga posible

Jake Kheel

Santo Domingo - mar. 11, 2026 | 04:50 p. m.| 

Cuatro modificaciones a la Ley 225-20 que convertirían la basura dominicana en una nueva industria

Lo que falta no es la voluntad de los ciudadanos ni del sector privado, sino un marco legal que lo haga posible

Jake Kheel

Santo Domingo - mar. 11, 2026 | 04:50 p. m.| 

Sistema de compostaje Earth Flow en Fundación Puntacana. (FUENTE EXTERNA)

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El mes pasado escribí sobre la revolución global del compostaje y lo que podría significar para la República Dominicana. La respuesta fue inmediata: ciudadanos interesados en participar en el compostaje, empresarios que buscan soluciones para sus residuos orgánicos, gestores de residuos buscando nuevas oportunidades de negocio, y más importante, emprendedores listos para invertir en infraestructura de compostaje. Lo que falta no es la voluntad de los ciudadanos ni del sector privado, sino un marco legal que lo haga posible.

El gobierno dominicano ha señalado que está revisando nuevamente el marco de gestión de residuos establecido por la Ley 225-20 y su modificación, la Ley 98-25. Se necesita esa revisión para corregir errores en su última modificación y optimizar las oportunidades económicas que presentan los residuos sólidos. 

En particular, ese análisis debe priorizar la valorización de los residuos orgánicos a través del compostaje a nivel nacional. Compostaje es la intervención de menor costo y mayor retorno disponible para cualquier país con clima tropical, base agrícola, y un serio problema de residuos orgánicos, exactamente lo que tiene la República Dominicana. 

A continuación, cuatro cambios legales concretos que posicionarían a la República Dominicana como un país que verdaderamente valoriza sus residuos, basados en los sistemas de gestión de residuos más avanzados de la región.

1. Corregir la disposición que inadvertidamente frena el reciclaje, el compostaje y toda valoración de residuos

En las modificaciones al Artículo 17 de la Ley 98-25 existe una cláusula que pocas personas han notado, pero que representa una amenaza grave para el reciclaje, el compostaje y la valorización de residuos en cualquier forma. Establece que los generadores deben entregar sus residuos "de manera íntegra," es decir sin clasificar, a los gestores debidamente autorizados. Además, los grandes generadores no pueden valorizar directamente sus propios residuos, salvo cuando se trate de uso interno en sus propias operaciones.

La misma ley, que en el Artículo 17 numeral 2, exige a los grandes generadores "separar los residuos en la fuente", les prohíbe luego aprovechar los residuos que separan. Por ejemplo, un hotel que separa cuidadosamente sus residuos orgánicos de cocina, su cartón, su plástico y su aluminio no puede valorizar ni vender cada corriente al gestor autorizado mejor equipado para procesarla. Muchos hoteles del país cuentan con certificaciones internacionales de sostenibilidad (Green Key, Green Globe, EarthCheck) que exigen expresamente la separación en la fuente. Esta disposición los coloca en la absurda situación de cumplir con sus certificaciones internacionales mientras violan la ley dominicana.

Igualmente, un supermercado que ha invertido en infraestructura de separación debe entregar todo mezclado, destruyendo el valor comercial de los materiales que con tanto cuidado mantuvo limpios. La contaminación orgánica que arruina el cartón, el plástico y el aluminio cuando los residuos se mezclan no es una falla de esfuerzo de estas empresas. Bajo esta cláusula, es una exigencia de la ley.

Esta modificación no se trata de un argumento a favor de que los materiales separados vayan a operadores no regulados o a vertederos no autorizados. Deben ir a gestores debidamente autorizados. El problema es que el requisito "de manera íntegra" obliga a los generadores a mezclar todo antes de la entrega, eliminando el valor de la separación.

Esta disposición, probablemente no intencional, también concentra toda la corriente de residuos en manos de unos pocos operadores grandes, excluyendo del mercado a pequeñas y medianas empresas de valorización, aunque estén plenamente autorizados.

La solución es sencilla. Los generadores que cumplan con los requisitos de separación en la fuente deben tener permiso explícito para entregar cada material separado al operador autorizado más competitivo en precio y calidad de servicio. Este único cambio abriría de inmediato el mercado para empresas de compostaje y reciclaje, y reduciría la cantidad de residuos mezclados que llenan los rellenos sanitarios.

2. Exigir a los grandes generadores separar y eliminar progresivamente los residuos orgánicos de los rellenos sanitarios

La República Dominicana ha invertido enormes recursos en cerrar vertederos a cielo abierto y construir rellenos sanitarios. Esto es un avance significativo. Sin embargo, los residuos orgánicos representan aproximadamente el 50% de los residuos sólidos municipales. Si ese material sigue llegando directamente a los nuevos rellenos sanitarios, estos rellenos inevitablemente se llenarán. El país habrá gastado cientos de millones de dólares para sustituir un problema ambiental por una versión más lenta y costosa del mismo problema.

La Ley 225-20 debería enmendarse para establecer un requisito de separación y desvío por fases. En un plazo de 12 meses, los grandes generadores como hoteles, hospitales, universidades, supermercados y procesadores de alimentos que produzcan más de una tonelada de residuos orgánicos al día, deberían estar obligados a separar en la fuente y entregar los residuos orgánicos a instalaciones de valorización de orgánicos certificadas. En 24 meses, ese requisito debería ampliarse para incluir a las empresas medianas. 

Los municipios deberían incorporar metas de desvío de residuos orgánicos en sus Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos (PMGIRS) en un plazo de 12 meses. En 24 meses, el depósito de residuos orgánicos en rellenos sanitarios debería estar sujeto a un instrumento económico como una tasa, un recargo o una prohibición formal, que refleje el verdadero costo de esa disposición.

Estos plazos son ambiciosos, pero la ley existe desde 2020. El país ya debería haber dado estos pasos. Sin metas ambiciosas, nada cambia. Los plazos también envían una señal de compromiso claro con fechas límite, que atraerá inversión privada en infraestructura de compostaje u otras tecnologías. Los inversionistas necesitan saber que habrá materia prima disponible. Una garantía de materia prima es exactamente lo que proporciona un mandato de desvío de rellenos sanitarios.

Nuestros vecinos latinoamericanos ya tomaron este camino. Brasil reconoció los residuos orgánicos como un activo económico con valor social en su ley nacional de residuos sólidos. São Paulo composta hasta 100 toneladas diarias de residuos a un costo operativo igual o menor que el relleno sanitario. Dona el fertilizante producido directamente a agricultores locales. Investigaciones del Instituto Pólis, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, encontraron que el compostaje genera entre 3.5 a 11 veces más empleos por tonelada que el relleno sanitario. 

Chile, por su parte, ya cuenta con una ley integral de residuos con metas para orgánicos. Tiene en su Congreso un proyecto de ley que haría obligatoria la separación en la fuente y la valorización de residuos orgánicos a nivel nacional. Estos no son países ricos con presupuestos ilimitados. Son países que cambiaron la ley y dejaron que el sector privado hiciera el resto.

3. Redirigir los recursos del DO Sostenible hacia infraestructura de compostaje, no solo rellenos sanitarios

El fideicomiso público-privado DO Sostenible fue creado como el principal mecanismo de financiamiento para la infraestructura de residuos sólidos en la República Dominicana. Ha realizado un trabajo importante: cerrando vertederos a cielo abierto, construyendo rellenos sanitarios y formalizando los servicios de recolección en decenas de municipios. Sin embargo, cada tonelada de residuos orgánicos que llega a un relleno financiado por DO Sostenible representa un envejecimiento prematuro de la infraestructura que el país construyó con tanto esfuerzo.

Crucialmente, DO Sostenible ya ha demostrado un apetito para apoyar el compostaje. En mayo de 2025, el fideicomiso inauguró una estación de transferencia en Villa Fundación, Peravia, y la primera fase del proyecto fue la rehabilitación de un centro de compostaje comunitario operado por una asociación local, ADEFU. Ese precedente muestra que la capacidad institucional y la experiencia ya existen. Lo que se necesita ahora es convertir el compostaje en un mandato explícito con financiamiento, en lugar de un componente incidental de los proyectos de rellenos.

La economía habla por sí sola. Una instalación de compostaje a gran escala capaz de procesar 40,000 toneladas de material orgánico al año puede construirse por entre 8-10 millones de dólares, una fracción del costo de capacidad equivalente de relleno sanitario. Genera empleo local estable, produce un mejorador de suelos con alto valor comercial para el sector agrícola dominicano, y extiende la vida útil de cada relleno sanitario. 

La modificación debería exigir a DO Sostenible que designe explícitamente la valorización de residuos orgánicos como una prioridad de financiamiento, asignando una parte definida de los desembolsos anuales a infraestructura de compostaje a escala comunitaria, municipal e industrial, con asistencia técnica para los municipios que deseen establecer puntos de recolección y programas de compostaje. 

4. Vincular el financiamiento municipal a avances medibles en la separación en la fuente

La Ley 225-20 exige a los municipios desarrollar Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos. El problema es que la ley no condiciona el flujo de financiamiento nacional a que esos planes incluyan metas significativas de separación de residuos orgánicos, ni a que los municipios demuestren avances tangibles para alcanzarlas. Un municipio puede recibir financiamiento completo con un plan que no mencione ninguna meta de separación en la fuente, reciclaje o compostaje. Ese es un punto de apalancamiento crítico que se está desaprovechando.

El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (PLANGIR), el marco que define lo que debe contener un plan municipal conforme a la ley, debería enmendarse para establecer estándares mínimos en la gestión de residuos orgánicos.

Todo plan municipal debería identificar metas de desvío de residuos orgánicos, designar al menos un punto de compostaje comunitario o una ubicación de recolección certificada, e incluir un esfuerzo de educación pública sobre la separación en la fuente. Las transferencias de financiamiento desde el nivel nacional deberían condicionarse al cumplimiento de estos estándares en un plazo de 12 meses.

Las guías voluntarias producen cumplimiento voluntario. El financiamiento condicionado produce resultados. Perú lleva más de una década aplicando exactamente este mecanismo en gestión de residuos: el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal vincula transferencias financieras directas a los gobiernos locales al cumplimiento de metas específicas de manejo y valorización de residuos sólidos dentro de plazos definidos.

Hoy el programa opera en 756 municipalidades a nivel nacional. Los que cumplen reciben recursos. Los que no, los pierden. 

El resultado es un alineamiento real entre los objetivos del gobierno nacional y la acción de los gobiernos locales. Si los municipios dominicanos saben que su parte del financiamiento para gestión de residuos depende de qué tan en serio traten el desvío de residuos orgánicos, lo tomarán en serio.

La decisión sobre la mesa

Ninguno de los cambios propuestos requiere grandes gastos públicos. Requieren claridad legal, una señal de mercado, y un mecanismo de rendición de cuentas. El sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, hará el resto. 

El argumento a favor de estos cambios puede plantearse en términos ambientales, de competitividad y económicos. En economías comparables, se ha creado miles de empleos, generado cientos de millones de dólares en actividad económica, y producido un mejorador de suelos que reduce la dependencia agrícola de fertilizantes sintéticos importados.

Los residuos sólidos son la materia prima para transformar 3.5 millones de toneladas de potencial desperdiciado en una nueva industria dominicana. 

TEMAS - 

• Ley 225-20
• Residuos sólidos
• Compostaje
• Residuos orgánicos

Jake Kheel

Es un innovador en sostenibilidad, conferencista, autor y cineasta premiado. Durante dos décadas, ha enfrentado desafíos sociales y ambientales como vicepresidente de Sustentabilidad de Grupo Puntacana.

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♻️🇩🇴 Transformar la basura en industria: una oportunidad que no podemos dejar pasar  

Lo que falta no es la voluntad de los ciudadanos ni del sector privado, sino un marco legal que lo haga posible. La Ley 225-20 y su modificación requieren ajustes puntuales —permitir la entrega separada de materiales, obligar el desvío progresivo de orgánicos, priorizar financiamiento para compostaje y condicionar transferencias municipales a metas claras— para convertir residuos en empleo, inversión y fertilizante local.  

> “Lo que falta no es la voluntad de los ciudadanos ni del sector privado, sino un marco legal que lo haga posible.”  

> “Los residuos sólidos son la materia prima para transformar 3.5 millones de toneladas de potencial desperdiciado en una nueva industria dominicana.”  

Invertir en compostaje y valorización orgánica no es solo ambiental: es economía local, seguridad alimentaria y creación de empleo. Hagamos que DO Sostenible y la Ley 225-20 impulsen esa transición con metas, financiamiento y responsabilidad. Invitación a legisladores, alcaldes, empresas y ciudadanos: actuemos ahora para que la República Dominicana deje de enterrar recursos y empiece a producir valor.  

🔁 Debatamos propuestas concretas.  

#ResiduosSólidos #Compostaje #EconomíaCircular #Ley22520 #Sostenibilidad #RepúblicaDominicana #DOsostenible #PolíticaAmbiental #InnovaciónVerde

 Cuatro modificaciones a la Ley 225-20 que convertirían la basura dominicana en una nueva industria https://www.diariolibre.com/planeta/columnistas/2026/03/11/cuatro-cambios-a-ley-225-20-que-convertirian-la-basura-en-industria/3465985 

Opinión | La crisis importada y el deber de gobernar con reglas: energía, alimentos y estabilidad social | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

56.º Consejo de Ministros

Editorial

La crisis importada y el deber de gobernar con reglas: energía, alimentos y estabilidad social

La República Dominicana está frente a una coyuntura internacional que obliga a pensar en términos de Estado, no de reflejos. No se trata de un “pico” pasajero de precios, sino de una disrupción global con componentes energéticos, logísticos y agroalimentarios que se retroalimentan. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lo sintetizó con una frase que no deja margen para subestimar el momento: la guerra en Oriente Medio está provocando “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”. Y cuando una crisis se define como “sin precedentes”, lo responsable es abandonar la improvisación y adoptar reglas claras, con equidad y sostenibilidad. 

El primer impacto es el más visible: la energía. El precio del WTI ha escalado con fuerza en lo que va de año, pasando —según los datos de coyuntura que circulan en el propio debate público— de US$58 al cierre de diciembre a casi US$100 por barril. El segundo impacto es menos mediático, pero igual de determinante: la logística. En semanas recientes, los fletes marítimos en rutas clave han mostrado repuntes; indicadores y reportes del mercado de contenedores apuntan a incrementos notables en tarifas spot y a la posibilidad de nuevos recargos vinculados al conflicto. El tercer impacto es el que suele llegar “en silencio” y golpear “en diferido”: fertilizantes. El encarecimiento de urea y otros insumos nitrogenados se ha acelerado en el contexto de la disrupción regional y los cuellos de botella, con riesgos de traspaso a precios de alimentos con rezago de meses. En otras palabras: quien crea que todo se reduce a la gasolina está mirando apenas una parte del problema.

Ahora bien, una crisis importada no se gestiona solo con diagnósticos; se gestiona con restricciones presupuestarias. El Presupuesto contemplaba alrededor de RD$10,500 millones para subsidiar combustibles bajo el supuesto de un WTI en US$65. Pero con un WTI por encima de US$95, el subsidio semanal proyectado ronda RD$1,500 millones, lo que implica que hacia finales de abril o inicios de mayo se habría consumido el monto presupuestado. Este dato tiene una consecuencia política concreta: la discusión no es si el subsidio “es bueno” o “es malo”, sino si es financiable sin sacrificar prioridades sociales y sin debilitar la estabilidad macro.

Y aquí emerge el núcleo del dilema: estabilidad social vs. subsidio generalizado. El Gobierno ha planteado tres objetivos que, en lo esencial, son correctos: preservar la estabilidad macro y fiscal —y por encima de todo, la estabilidad social—; monitorear alimentos e insumos agrícolas para amortiguar impactos locales; y evitar, en lo posible, una caída de la inversión pública para sostener una política fiscal contracíclica. Esta jerarquía no es un capricho: es una lección básica de economía política. Cuando el Estado pierde capacidad fiscal, la primera víctima suele ser la inversión; y cuando se recorta inversión, se reduce crecimiento y empleo; y cuando cae empleo, la presión social escala.

La fortaleza del país ayuda, pero no debe malinterpretarse. Las reservas internacionales se ubican alrededor de US$16,180.7 millones (febrero 2026), y los datos oficiales muestran que la inflación interanual se situó en 4.67% en febrero, dentro del rango meta. Esas cifras son un amortiguador, sí, pero un amortiguador no es un permiso para convertir una medida excepcional en un compromiso permanente. Las reservas sirven para sostener confianza y estabilidad; no para financiar indefinidamente distorsiones que terminan drenando el presupuesto. 

Por eso el país debe entender una verdad incómoda: el subsidio generalizado a combustibles no es neutral. La evidencia comparada es consistente: los subsidios universales tienden a concentrar beneficios en hogares de mayores ingresos porque consumen más energía y combustible. Y el argumento distributivo que se discute internamente es contundente: si el 20% de mayores ingresos consume el 50% de gasolinas y gasoil, entonces una parte significativa del subsidio termina favoreciendo, por diseño, a quienes menos lo necesitan. Eso no solo es fiscalmente caro: es socialmente injusto.

De ahí la lógica —y la necesidad— de un ajuste gradual como el incremento acumulado de RD$15 en gasolinas y gasoil. La pregunta que muchas personas se hacen es por qué un aumento adicional de RD$10 tras uno previo de RD$5. Los “dos nuevos datos” que se citan en la discusión pública son reveladores: crece la incertidumbre sobre la reapertura de Ormuz por riesgos de seguridad (incluidas minas y ausencia de cobertura de seguros para navieras), y la destrucción de instalaciones petroleras y gasíferas sugiere un shock de oferta más prolongado. Es decir, no es capricho: es administración de un escenario que empeoró.

Más aún: aun después del aumento, estos combustibles siguen subsidiados. Con un WTI de referencia cercano a US$96, los cálculos plantean subsidios por galón que todavía serían significativos, especialmente en gasoil. Esta es una pieza clave para el debate público: no se trata de “retirar el apoyo” de golpe, sino de reducir la velocidad de una sangría fiscal para poder proteger lo verdaderamente social. En paralelo, mantener sin variación el GLP es coherente con un criterio de equidad: el GLP impacta directamente la cocina del hogar y actividades esenciales como el transporte público, donde el golpe se siente con más dureza en los estratos de menores ingresos.

El enfoque correcto, entonces, no es defender un subsidio universal “hasta que el mundo se calme”, porque nadie puede garantizar cuándo ocurrirá eso. El enfoque correcto es mover el país hacia una política de protección inteligente: focalizar apoyos en hogares vulnerables y en rubros esenciales; sostener el GLP; reforzar programas sociales; y, muy importante, proteger la canasta básica por la vía preventiva: el subsidio a fertilizantes por tres meses, con un monto dispuesto de RD$1,000 millones, apunta exactamente a contener el traspaso futuro a precios de alimentos. La literatura de shocks de oferta muestra que cuando los fertilizantes suben, los alimentos lo reflejan después; prevenir hoy puede costar menos que compensar mañana. 

La comparación regional también debe leerse con honestidad. En 2022, Centroamérica aplicó congelamientos, reducciones de impuestos o aumentos de subsidios por la crisis asociada a la guerra en Ucrania; y luego desmontó esas medidas transitorias. El recordatorio es pertinente: las políticas de emergencia no pueden ser eternas sin romper finanzas públicas. La excepción dominicana en mantener esquemas por más tiempo no debe convertirse en obligación indefinida; debe convertirse en oportunidad para diseñar una transición más justa y transparente.

En definitiva, esta crisis exige una pedagogía política: explicar que el problema es triple —energía, logística y fertilizantes— y que la respuesta debe ser también triple —estabilidad macro, protección social focalizada y prevención alimentaria—. El país tiene liquidez y solvencia, sí; pero precisamente por eso debe usarlas con inteligencia: subsidio generalizado, no; protección focalizada y gradualidad razonable, sí. Y sobre todo: reglas claras, transparencia del costo fiscal y una ruta de salida. Porque al final, la estabilidad social se defiende mejor cuando el Estado mantiene su capacidad de invertir, de proteger a los vulnerables y de sostener confianza. Esa es la diferencia entre apagar fuegos y construir resiliencia.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora · Editor bibliográfico · Productor de medios de comunicación

Ante alza internacional del petróleo, Gobierno activa medidas para proteger a los dominicanos

El Estado congela el GLP y aplica un reajuste focalizado en combustibles para evitar que la crisis global afecte a los sectores más vulnerables https://t.co/oUNDTusHTO @MIC_RD pic.twitter.com/kUTO0NLCI6

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) March 20, 2026

El Gobierno dominicano fortalece la protección de la economía familiar con un subsidio de RD$1,702 millones para esta semana, en respuesta a la volatilidad extrema de los mercados petroleros provocada por la escalada bélica en Medio Oriente.

El Ministerio de Industria, Comercio… pic.twitter.com/XiMEpJVGlU

— Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (@MIC_RD) March 20, 2026

Ante el alza internacional del petróleo, el Gobierno actúa para proteger a los dominicanos

Viernes 20 de marzo de 2026

En un escenario global marcado por la incertidumbre y la volatilidad energética, la República Dominicana ha optado por una decisión clara: proteger a su gente sin comprometer la estabilidad del país.

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente ha sacudido los mercados internacionales de energía. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, el mundo enfrenta la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia, una situación que ha disparado el precio del crudo de referencia WTI en cerca de un 70 % en lo que va de 2026. Esta presión externa, ajena a la realidad productiva nacional, amenaza con trasladarse directamente al bolsillo de las familias si no se actúa con responsabilidad y visión de Estado.

Frente a este contexto, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció un conjunto de medidas orientadas a amortiguar el impacto de la crisis global, priorizando la protección de los sectores más vulnerables y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Durante esta semana, el Estado asumirá un subsidio proyectado de RD$1,702.2 millones, un esfuerzo fiscal significativo que demuestra el compromiso del Gobierno con la estabilidad social. Sin embargo, conscientes de que los recursos públicos no son infinitos, se dispuso un reajuste focalizado de RD$10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil, una corrección moderada que permite preservar la operatividad fiscal y garantizar que los subsidios lleguen donde realmente se necesitan.

Aun con este reajuste, el Estado continúa absorbiendo una parte sustancial del impacto internacional: más de RD$45 pesos por galón en la gasolina premium y más de RD$90 pesos por galón en el gasoil óptimo. Es una señal clara de equilibrio entre responsabilidad fiscal y sensibilidad social.

El corazón de la protección social, sin embargo, se mantiene intacto. El Gobierno decidió congelar el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), reconociendo su papel esencial en la vida cotidiana de los hogares dominicanos. El GLP es cocina, alimento, transporte público y sustento diario. Mantener su precio estable significa preservar la base económica de miles de familias y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Como respaldo adicional, el Estado ha identificado RD$10,000 millones en ahorros internos, provenientes de partidas no prioritarias del presupuesto, que serán utilizados para sostener los subsidios sin aumentar el gasto total del Gobierno. Esta decisión reafirma una política de orden, disciplina y previsión.

Precios de los combustibles

Semana del 21 al 27 de marzo de 2026

• Gasolina Premium: RD$305.10 por galón (sube)
• Gasolina Regular: RD$287.50 por galón (sube)
• Gasoil Regular: RD$239.80 por galón (sube)
• Gasoil Óptimo: RD$257.10 por galón (sube)
• Avtur: RD$323.49 por galón (sube)
• Kerosene: RD$366.60 por galón (sube)
• Fueloil #6: RD$201.38 por galón (sube)
• Fueloil 1%S: RD$215.86 por galón (sube)
• Gas Licuado de Petróleo (GLP): RD$137.20 por galón (sin variación)
• Gas Natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal utilizada fue de RD$61.18, según las publicaciones diarias del Banco Central.

En tiempos de crisis global, gobernar es decidir con responsabilidad. La República Dominicana responde con medidas firmes, focalizadas y humanas, demostrando que es posible proteger a la gente, cuidar las finanzas públicas y mantener el rumbo de estabilidad que el país ha construido.

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Una publicación compartida de LuisOrlando Diaz Volquez (@luisorlandodiazvolquez)

* Lo que está pasando en Medio Oriente afecta el precio del petróleo en todo el mundo. No es una decisión del gobierno dominicano. Es una ola que llega a todos los países.

* Ningún país puede blindarse 100% de una guerra al otro lado del mundo. Lo que sí puede hacer un gobierno es amortiguar el golpe. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí.

* El ajuste en los combustibles no es de 10%, ni de 20%. Es entre 1.7% y 2%. Eso no es casualidad, es intervención del Estado actuando como escudo.

* La República Dominicana no produce petróleo. No tenemos pozos, no tenemos control sobre ese mercado. Somos consumidores, como casi todo el mundo.

* Cuando hay una guerra en el Golfo Pérsico, los precios suben en Nueva York, en Madrid, en Bogotá y en Santo Domingo. Así funciona la economía global. No es justo, pero es real.

* Lo que sí es nuestro es la respuesta. El GLP, el gas que usamos para cocinar y para el transporte de los más vulnerables, no subió ni un centavo. Eso es una decisión política deliberada para proteger los hogares.

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

Santo Domingo, República Dominicana. Viernes, 20 de marzo de 2026 | #GuasabaraEditor @LuisOrlandoDia1 @GuasabaraEditor

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La crisis importada y el deber de gobernar con reglas: energía, alimentos y estabilidad social

La República Dominicana enfrenta hoy una coyuntura internacional que exige respuestas de Estado y no reacciones por reflejo. No se trata de un pico pasajero de precios, sino de una disrupción global con efectos simultáneos en energía, logística y agroinsumos que se retroalimentan y amplifican sus impactos. En este contexto, la prudencia exige abandonar la improvisación y adoptar reglas claras, con criterios de equidad y sostenibilidad que permitan proteger a los más vulnerables sin hipotecar la capacidad del Estado para invertir y sostener empleo en el mediano plazo. “La guerra en Oriente Medio está provocando ‘la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial’.” Esta constatación obliga a pensar la política pública en términos de prioridades y límites fiscales, no en consignas simplistas.

El primer frente de la crisis es el energético, el más visible y el que más rápidamente se traslada al bolsillo de las familias. El precio del crudo de referencia ha escalado con fuerza en lo que va del año, tensionando las cuentas públicas y elevando el costo de los subsidios a combustibles previstos en el presupuesto. Pero la crisis no se agota en la gasolina: la logística internacional también sufre alteraciones que encarecen fletes y generan cuellos de botella en rutas y puertos, lo que eleva el costo de importación de bienes intermedios y finales. A su vez, el encarecimiento de fertilizantes y otros insumos agrícolas —un efecto menos mediático pero de consecuencias profundas— amenaza con trasladarse a la canasta básica con rezagos de meses, afectando la seguridad alimentaria de los hogares más pobres.

Gestionar una crisis importada exige, por tanto, una mirada integral. No basta con ajustar el precio de la gasolina; hay que combinar medidas que preserven la estabilidad macroeconómica, protejan a los sectores más vulnerables y prevengan el traspaso de costos a los alimentos. El presupuesto nacional había contemplado una partida para subsidios de combustibles con una referencia de precio del crudo muy inferior al actual. Con el WTI en niveles mucho más altos, el subsidio semanal proyectado se ha multiplicado hasta el punto de agotar la partida prevista en pocas semanas si no se adoptan correcciones. Esa realidad fiscal impone una discusión honesta: la cuestión no es si el subsidio es deseable en abstracto, sino si es financiable sin sacrificar inversión pública y programas sociales esenciales.

La evidencia comparada es clara: los subsidios universales a combustibles tienden a concentrar beneficios en los hogares de mayores ingresos, que consumen más energía y combustible. Por tanto, mantener un esquema generalizado por tiempo indefinido no solo resulta caro desde la óptica fiscal, sino que también puede ser socialmente injusto. La transición hacia un esquema más eficiente debe combinar gradualidad y focalización: ajustes moderados en los precios relativos que reduzcan la velocidad de drenaje fiscal, junto a mecanismos de transferencia directa o programas reforzados para los hogares vulnerables que compensen el impacto en su capacidad de consumo. Esa combinación permite preservar la protección social sin sacrificar la inversión pública que sostiene crecimiento y empleo.

En la práctica, la respuesta del Gobierno ha buscado equilibrar esos objetivos. Se ha decidido un reajuste focalizado en gasolinas y gasoil, acompañado del congelamiento del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), una decisión coherente con criterios de equidad dado el papel del GLP en la cocina del hogar y en el transporte público. Mantener estable el GLP protege a las familias de menores ingresos y evita que el ajuste en combustibles tenga un efecto inmediato y desproporcionado sobre la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el Estado ha asumido un esfuerzo fiscal significativo para amortiguar el golpe externo: el subsidio proyectado para la semana en curso asciende a una cifra relevante que demuestra el compromiso con la estabilidad social, pero también subraya la necesidad de prudencia en el uso de recursos públicos.

La política pública debe incorporar además medidas preventivas en el ámbito alimentario. El encarecimiento de fertilizantes puede traducirse en aumentos de precios de alimentos con un desfase temporal; por eso, un subsidio temporal y focalizado a insumos agrícolas durante los meses críticos puede resultar más eficiente que esperar a compensar aumentos de precios una vez que se hayan materializado. Proteger la canasta básica por la vía preventiva es una inversión en estabilidad social: prevenir hoy puede costar menos que compensar mañana. Asimismo, reforzar programas sociales existentes y mejorar su focalización reduce la necesidad de medidas universales costosas y menos equitativas.

La disciplina fiscal es un pilar indispensable en esta estrategia. Las reservas internacionales y la inflación contenida ofrecen un colchón que permite amortiguar el choque, pero no constituyen una licencia para convertir medidas excepcionales en compromisos permanentes. Usar reservas o reasignar partidas presupuestarias para sostener subsidios debe hacerse con criterios claros, temporales y transparentes. Identificar partidas no prioritarias que puedan redirigirse a medidas excepcionales sin aumentar el gasto total es una forma responsable de responder a la emergencia sin erosionar la sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo, la transparencia sobre el costo fiscal de las medidas y la ruta de salida es esencial para mantener la confianza ciudadana y la legitimidad de las decisiones.

La comparación regional ofrece lecciones útiles. En crisis previas, varios países aplicaron congelamientos o aumentos de subsidios y luego desmontaron esas medidas cuando la situación se normalizó. Esa experiencia demuestra que las políticas de emergencia no pueden prolongarse indefinidamente sin poner en riesgo las finanzas públicas. La República Dominicana tiene la oportunidad de diseñar una transición más justa y transparente, aprovechando la coyuntura para mejorar la focalización de apoyos y fortalecer la protección social de manera sostenible.

La comunicación pública juega un papel central en la gobernabilidad de estas decisiones. Explicar con claridad que el problema es triple —energía, logística y fertilizantes— y que la respuesta debe ser también triple —estabilidad macro, protección social focalizada y prevención alimentaria— ayuda a construir consenso. La ciudadanía está dispuesta a aceptar ajustes cuando comprende su propósito, su temporalidad y las compensaciones previstas para los más afectados. Por eso, la pedagogía política no es un accesorio: es una herramienta de gobernabilidad que reduce la incertidumbre y facilita la implementación de medidas necesarias.

Finalmente, gobernar en tiempos de crisis implica tomar decisiones difíciles con criterios técnicos y éticos. No se trata de renunciar a la protección social, sino de hacerla más eficiente y sostenible. La estabilidad social se defiende mejor cuando el Estado mantiene su capacidad de invertir, proteger a los vulnerables y sostener la confianza. La diferencia entre apagar fuegos y construir resiliencia radica en la capacidad de diseñar reglas claras, aplicar medidas focalizadas y temporales, y comunicar con transparencia el costo y la ruta de salida. Solo así se podrá transitar la crisis sin hipotecar el futuro y con la convicción de que las medidas adoptadas buscan, en última instancia, preservar el bienestar de la mayoría.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora · Editor bibliográfico · Productor de medios de comunicación

Ante alza internacional del petróleo, Gobierno activa medidas para proteger a los dominicanos

Ante alza internacional del petróleo, Gobierno activa medidas para proteger a los dominicanos

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Viernes 20 de marzo, 2026.

El Estado congela el GLP y aplica un reajuste focalizado en combustibles para evitar que la crisis global afecte a los sectores más vulnerables

Santo Domingo – El Estado congela el GLP y aplica un reajuste focalizado en combustibles para evitar que la crisis global afecte a los sectores más vulnerables

Santo Domingo, D.N. — Frente a la inestabilidad del mercado petrolero global a raíz del conflicto armado en Medio Oriente, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció hoy un conjunto de medidas orientadas a proteger la economía de las familias dominicanas y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta decisión gubernamental responde a una crisis mundial sin precedentes: de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la actual coyuntura bélica está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial, lo que ha elevado el precio del barril WTI en un 70 % en lo que va de 2026.

Para mitigar este impacto de forma inmediata, el Gobierno asumirá un subsidio proyectado de RD$ 1,702.2 millones durante esta semana. No obstante, como una medida de responsabilidad fiscal, el Estado ha dispuesto un reajuste de RD$ 10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil. Esta corrección focalizada permite preservar las finanzas operativas y garantizar que los recursos públicos se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. Para proteger la cadena productiva nacional, el Estado absorberá más de RD$ 45 pesos por galón en la gasolina premium y más de RD$ 90 pesos en el gasoil óptimo.

Para asegurar que este reajuste no afecte la base económica de las familias dominicanas, el Gobierno ha trazado una línea de contención, manteniendo congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta medida garantiza la estabilidad en los costos de preparación de alimentos en todos los hogares y ayuda a la operatividad del transporte público de pasajeros.

Simultáneamente, el Estado identificó de ahorros internos por RD$ 10,000 millones en partidas estatales no prioritarias que serán utilizados para seguir subsidiando los combustibles.

Precios de los combustibles

Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$305.10 por galón; sube.

• Gasolina Regula, RD$287.50 por galón; sube.
• Gasoil Regular, RD$239.80 por galón; sube.
• Gasoil Óptimo, RD$257.10 por galón; sube.
• Avtur, RD$323.49 por galón; sube.
• Kerosene, RD$366.60 por galón; sube.
• Fueloil #6, RD$201.38 por galón; sube.
• Fueloil 1%S, RD$215.86 por galón; sube.
• Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
• Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.18, de las publicaciones diarias del Banco Central.

https://micm.gob.do/ante-alza-internacional-del-petroleo-gobierno-activa-medidas-para-proteger-a-los-dominicanos/

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República Dominicana y el “dividendo democrático” que sostiene el desarrollo (Meta RD 2036) | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

República Dominicana y el “dividendo democrático” que sostiene el desarrollo (Meta RD 2036)

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En un mundo donde la democracia retrocede a niveles equivalentes a 1978 para el ciudadano promedio, el dato dominicano no es menor: es una señal de “calidad institucional” en medio del ruido global.

El Democracy Report 2026 del V‑Dem Institute describe un escenario en el que las autocracias superan a las democracias (92 frente a 87 al cierre de 2025) y donde 74% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, con apenas 7% en democracias liberales.
Ese contexto define, sin exageración, el nuevo tablero: el crecimiento ya no depende solo de mercados, sino de confianza, y la confianza se construye con instituciones. 

La trascendencia del reconocimiento a la República Dominicana —ubicada entre los casos que profundizan su democracia dentro del reducido grupo de procesos de democratización en curso— debe leerse como un activo estratégico comparable a una mejora en el “rating” institucional.
En términos prácticos, esto significa que el país gana margen de maniobra: más credibilidad para atraer inversión, más resiliencia para gestionar shocks externos, y mayor capacidad para sostener reformas de largo plazo sin que la incertidumbre política las descarrile.

Lo relevante aquí no es el aplauso internacional per se; es lo que ese aplauso habilita. El propio V‑Dem advierte que la democratización global lleva más de 15 años de estancamiento, con 44 países autocratizando y solo 18 democratizando.
Cuando la tendencia mundial es el deterioro de libertades —en especial la libertad de expresión, uno de los componentes más atacados—, sostener y mejorar estándares democráticos deja de ser “discurso” y se convierte en infraestructura invisible del desarrollo.

Democracia como plataforma productiva: el puente hacia Meta RD 2036

Aquí es donde la noticia conecta, de forma directa, con Meta RD 2036: una visión-país que busca duplicar el PIB real, eliminar la pobreza extrema, crear 1.7 millones de empleos, triplicar el salario medio y elevar la economía hacia estándares de prosperidad comparables con los países de mayor ingreso en la región.
Ese paquete de metas exige algo más difícil que crecer: exige sostener el crecimiento con productividad, innovación, capital humano e institucionalidad. 

Por eso el hallazgo del V‑Dem importa tanto: porque Meta RD 2036 no es solo un programa económico; es una apuesta por coordinación, ejecución, gobernanza y continuidad.
La estrategia se concibe como un esfuerzo articulado con comités sectoriales y seguimiento de resultados para convertir objetivos en acciones medibles, precisamente lo que distingue a los países que convergen hacia el desarrollo de los que se quedan atrapados en el ingreso medio. 

El “dividendo democrático” y la competitividad

En un entorno internacional donde el capital busca refugio en jurisdicciones previsibles, la estabilidad democrática funciona como un multiplicador de competitividad.
No es una abstracción: los inversores valoran reglas claras, justicia funcional, controles institucionales y alternancia legítima porque reducen el riesgo de arbitrariedad.
Cuando V‑Dem define la democracia liberal como la combinación de elecciones competitivas con pesos y contrapesos, Estado de derecho y libertades civiles, está describiendo, en el fondo, el clima donde florecen contratos, innovación y crédito a largo plazo. 

Dicho de otro modo: sin institucionalidad, la inversión sube de costo; con institucionalidad, el país puede aspirar a mejores condiciones de financiamiento, a cadenas de valor más sofisticadas y a políticas públicas con horizonte de década —exactamente el marco que requiere Meta RD 2036.

Lo que esta noticia exige: cuidar la ventaja

Ahora bien, una ventaja institucional no se administra con triunfalismo. Se administra con disciplina democrática:

• Fortalecer la calidad regulatoria y la transparencia para que el Estado sea predecible y eficiente. 
• Proteger libertades cívicas y espacios de deliberación, porque V‑Dem identifica la libertad de expresión como el derecho que más se deteriora globalmente; quien la cuida, se diferencia.
• Hacer de la rendición de cuentas una práctica cotidiana, no un evento; la medición de resultados es parte del “ADN” de Meta RD 2036.

Si el mundo vive una “gran reversión” democrática, la respuesta inteligente no es celebrar: es blindar las instituciones para que el desarrollo no dependa de coyunturas, sino de reglas.

Una lectura país: reputación democrática como activo geopolítico

Finalmente, hay una dimensión que no debemos subestimar: la reputación democrática es también un activo geopolítico. V‑Dem subraya que el “centro de gravedad” de la experiencia humana y de la gobernanza global se desplaza hacia el autoritarismo, con países grandes y poderosos capaces de reconfigurar normas y organizaciones internacionales.
En ese tablero, la República Dominicana se fortalece cuando proyecta confiabilidad institucional: mejora su posición como socio, como plataforma de negocios y como actor regional con voz propia. 

Meta RD 2036 —en su esencia— es la ambición de convertir crecimiento en prosperidad compartida.
Y esa transformación requiere una condición previa: que el país tenga instituciones capaces de sostener políticas consistentes, resolver conflictos con legitimidad y garantizar que el progreso no sea un paréntesis, sino una trayectoria. 

Ahí está la trascendencia real de la noticia: no en el titular, sino en el mensaje estructural. En tiempos de incertidumbre global, la democracia —cuando se profundiza— no es solo un valor: es una ventaja comparativa.

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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Presidente Abinader posiciona a República Dominicana como ejemplo democrático global, revela informe V-Dem 2026

_De ocho procesos en curso, el país figura entre las naciones que profundizan su democracia, mientras cinco lograron pasar de autocracias a democracias para 2025._

Santo Domingo, R.D., 19 de marzo de 2026.—* El presidente Luis Abinader ha posicionado a la República Dominicana como uno de los principales ejemplos de avance democrático a nivel global, según el más reciente informe del V-Dem Institute 2026, que destaca al país entre las pocas naciones que fortalecen sus instituciones en medio de un contexto mundial marcado por el retroceso de la democracia.

El estudio, titulado Democracy Report 2026, advierte que la democracia a nivel global ha caído a niveles de 1978, con más autocracias que democracias y con cerca del 74 % de la población mundial viviendo bajo regímenes no democráticos. En este escenario, la República Dominicana se posiciona como una excepción, al formar parte del reducido grupo de países que avanzan en la calidad de su sistema político.

El informe establece que solo existen ocho episodios en curso de democratización independiente en el mundo, todos en países que ya eran democráticos. Dentro de este grupo, la República Dominicana figura entre los tres casos de profundización democrática, junto a Sri Lanka y las Islas Salomón, lo que implica un fortalecimiento sostenido de sus instituciones.

De estos ocho casos, cinco países lograron hacer la transición desde regímenes autocráticos hacia democracias para 2025, mientras que tres, incluida la República Dominicana, ya eran democracias y continúan perfeccionando su sistema institucional.

En una región donde la democracia muestra señales mixtas, la República Dominicana se posiciona como uno de los casos más sólidos de estabilidad y progreso institucional.

El informe también señala que la democratización global lleva más de 15 años estancada, con solo 18 países en proceso de avance frente a 44 en autocratización, lo que resalta aún más la relevancia del caso dominicano.

En medio de este panorama, la República Dominicana emerge como un modelo de fortalecimiento institucional y compromiso con el Estado de derecho, consolidándose como un referente regional y global en materia de gobernanza democrática.

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Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas

Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresó: "Estamos ante una crisis que no controlamos"

Stephanie Hilario Soto - Santo Domingo - mar. 19, 2026 | 08:40 p. m.| 5 min de lectura

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, habla con los medios de comunicación tras la finalización del segundo Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la noche de este jueves como grave la actual situación del mercado petrolero internacional, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, advirtiendo que se trata de una crisis grave con impacto directo sobre la economía dominicana.

El funcionario ofreció estas declaraciones al término del segundo Consejo de Gobierno en lo que va de este 2026, el cual estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.

La reunión se extendió por tres horas y en ella se pasó balance a los avances de las prioridades de crecimiento económico y la estrategia nacional Meta RD 2036.

El incremento

Magín Díaz explicó que el precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo, al pasar de menos de 60 dólares al cierre del año pasado a niveles entre 95 y 100 dólares en la actualidad, lo que representa un incremento de entre 65 % y 70 % en lo que va de año.

Ante este escenario, Díaz indicó que el Gobierno ha definido tres objetivos fundamentales:

• Preservar la estabilidad macroeconómica
• Garantizar la sostenibilidad fiscal 
• Proteger la estabilidad social, con especial énfasis en los sectores más vulnerables

"Estamos ante una crisis que no controlamos, pero que encuentra al país en una posición fiscal y macroeconómica fuerte y resiliente", afirmó.

Subsidios de combustibles

Informó que el presupuesto nacional contempla alrededor de 12,000 millones de pesos destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de 65 dólares, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de 10,000 millones de pesos para reasignación en caso de ser necesario. 

"Los aumentos de precios que hubo en los comuns esta semana de 5 pesos representan apenas entre 1.7 % y un 2 % de aumento del precio final al consumidor. Y hay que tomar en cuenta que como es un subsidio generalizado, el 20 % más rico de la población va a pagar 50 % de este aumento. O sea que estamos tratando de proteger a los grupos más vulnerables", afirmó.

Asimismo, se resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.

En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los insumos de fertilizantes, para mitigar el impacto del alza internacional —que ha alcanzado hasta un 40 %— y evitar que esto se traduzca en aumentos en los precios de los alimentos.

Para esta iniciativa se han destinado aproximadamente 1,000 millones de pesos, con cobertura prevista para los próximos tres meses.

Otro de los ejes de acción será amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales en el mercado interno, especialmente en alimentos, insumos agropecuarios y combustibles.

El ministro también aseguró que las medidas se ejecutarán sin afectar la inversión pública. Por el contrario, indicó que el Gobierno buscará incrementarla como parte de una política contracíclica orientada a sostener el crecimiento económico.

"El objetivo principal es mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y, sobre todo, la estabilidad social, protegiendo a los grupos más vulnerables", reiteró.

El ministro concluyó señalando que, aunque persiste un alto nivel de incertidumbre sobre la duración de la crisis, las autoridades cuentan con la experiencia, la liquidez y las herramientas necesarias para enfrentar el escenario actual.

Otros temas abordados 

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que durante la reunión, en términos generales de avances, se destacó el proceso en la formación de capital humano, con la expansión de liceos técnicos y programas de becas en área STEM, alineado a las necesidades del mercado. 

En turismo, informó que "se avanza una norma para el manejo del salgazo, que es una crisis regional conocida, y en la adecuación de la formación técnico-profesional del sector". 

Asimismo, en construcción se registraron mejoras en la reducción de la permisología y un aumento en la inversión en infraestructura, mientras que en zonas francas se fortaleció la promoción internacional del país como hub regional y se desarrollan herramientas financieras para ampliar la capacidad de los parques industriales.

De igual forma, en el ámbito logístico se reportaron avances en los procesos de reexportación desde centros logísticos y en la implementación del plan para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional. 

En el sector agropecuario, se destacó la ejecución de programas orientados a elevar la eficiencia y productividad, incluyendo iniciativas de capacitación para la exportación de aguacate, el fortalecimiento del sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria y la creación de fondos de inversión para la producción de café y cacao.

https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2026/03/19/gobierno-anuncia-medidas-ante-posible-impacto-guerra-medio-oriente/3475612#google_vignette

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— Jose Paliza (@JosePaliza) March 20, 2026

Consejo de Ministros y Directores, Consejo de Ministros, Gobierno, Institucional, Luis Abinader, José Ignacio Paliza, Magín Díaz, ECONOMIA,

COMENTARIO EDITORIAL

La crisis que no controlamos… y la política que sí debemos controlar

Que el Gobierno haya calificado como “grave” la actual tensión del mercado petrolero internacional no es retórica: es un reconocimiento necesario de que la economía dominicana vuelve a quedar expuesta a un riesgo exógeno —geopolítico, energético y financiero— que no se resuelve con voluntarismo, sino con estrategia. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, lo resumió con una frase que debería convertirse en guía de política pública: “Estamos ante una crisis que no controlamos”.

El dato duro es el que manda. En pocas semanas, el barril pasó de estar por debajo de US$60 a moverse entre US$95 y US$100, un salto de 65%–70% en lo que va de año, según explicó el propio ministro. Ese incremento no es una abstracción: se transmite —con rezagos y amortiguadores— a la factura petrolera, al costo del transporte, a la cadena logística, al precio de la electricidad y, finalmente, al bolsillo de los hogares. En países importadores netos de energía, el petróleo es una variable de inflación, de balanza de pagos y de gobernabilidad social al mismo tiempo. 

Por eso el anuncio de tres objetivos —preservar estabilidad macroeconómica, garantizar sostenibilidad fiscal y proteger la estabilidad social— es correcto en su arquitectura, porque ordena prioridades en el mismo sentido en que se ordenan los choques externos: primero evitar desanclajes (inflación, tipo de cambio, expectativas), luego cuidar el espacio fiscal y, sobre todo, proteger a los vulnerables. Sin estabilidad, la política social se encarece; sin sostenibilidad, la estabilidad se vuelve frágil. 

Ahora bien, el verdadero debate no es si habrá medidas, sino qué tan inteligentes serán. En el corto plazo, el Gobierno apuesta a amortiguadores conocidos: subsidios a combustibles presupuestados por unos RD$12,000 millones calculados con WTI en US$65, y partidas adicionales identificadas por más de RD$10,000 millones para reasignación si el escenario se prolonga. También se ha insistido en que el país cuenta con fundamentos para resistir: reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, depósitos del sector público por encima de RD$300,000 millones y un desempeño de ingresos fiscales alrededor de RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado. Todo eso ayuda. Pero ayuda si se administra con prudencia. 

Aquí aparece el primer dilema: subsidio generalizado vs. subsidio focalizado. El ministro argumenta que los ajustes recientes —RD$5 en “los combustibles comunes”— equivalen apenas a 1.7%–2% del precio final, y que al ser un subsidio generalizado el 20% más rico termina pagando una mayor parte del aumento, con lo cual se protege relativamente a los vulnerables. Es un razonamiento atendible para una semana de tensión; pero si el petróleo alto se convierte en régimen, el subsidio generalizado se vuelve un “agujero” regresivo e ineficiente: premia consumo, desincentiva ahorro energético y drena recursos que deberían ir a transferencias directas, transporte público y protección alimentaria. 

Por eso, más que repetir el libreto, conviene actualizarlo: mantener amortiguación en el shock inicial —para que no explote la inflación de golpe— y transitar hacia un esquema de apoyo más focalizado. La política inteligente no es la que “congela” precios para siempre, sino la que compra tiempo para ejecutar reformas sin romper el tejido social.

El segundo dilema es agroalimentario. El Gobierno anunció un subsidio a insumos de fertilizantes ante alzas internacionales que han alcanzado hasta 40%, con unos RD$1,000 millones para cobertura estimada de tres meses. Esta medida, bien diseñada, puede ser clave: cuando sube la energía, sube el fertilizante; cuando sube el fertilizante, sube el alimento; y cuando sube el alimento, se recalienta la conflictividad social. Es el triángulo más sensible de cualquier economía abierta. Pero el subsidio debe ir amarrado a productividad y trazabilidad: que llegue al productor real, que no se filtre por intermediación, y que premie eficiencia (rendimientos, prácticas sostenibles, compras agregadas). 

El tercer dilema —y el más estructural— es energético. El Gobierno, en paralelo, ha coordinado con generadores térmicos medidas preventivas y ha informado que muchas empresas reportan garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir operaciones durante el resto del año. Esa coordinación reduce riesgo de desabastecimiento, pero no elimina el riesgo de precios. En otras palabras: podemos tener combustible, pero más caro; y el precio, tarde o temprano, entra a la economía.

De ahí que el país necesite algo más que amortiguadores: necesita una doctrina de seguridad energética acoplada a la visión de Meta RD 2036. El propio Consejo de Ministros pasó balance a prioridades de crecimiento y a avances en capital humano (liceos técnicos, becas STEM), turismo (norma para manejo de sargazo), construcción (permisología), zonas francas, logística y agropecuaria, todo dentro del marco de Meta RD 2036. Ese relato de transformación productiva es valioso, pero debe incorporar una verdad incómoda: sin resiliencia energética, la productividad se vuelve vulnerable. 

La guerra en Medio Oriente —y la volatilidad asociada— nos recuerda que la globalización no se rompió: se volvió más cara, más incierta y más política. Y eso afecta el crédito. Los mercados financieros tienden a reprecificar riesgo cuando sube el petróleo: se endurecen condiciones, suben primas, y el costo de financiamiento para emergentes puede incrementarse incluso si el país “hizo la tarea”. Por eso, la sostenibilidad fiscal no es solo contabilidad; es señal. Señal a inversionistas, a calificadoras y a los propios dominicanos: el Estado no improvisa.

¿Qué sería, entonces, una respuesta de Estado a la altura del choque?

1. Regla de salida para los subsidios: no basta con anunciar montos; hay que anunciar criterios. Si el petróleo se mantiene en banda alta por X semanas, el subsidio generalizado debe ir migrando a focalización (bonos transporte, transferencias a hogares vulnerables, apoyo a productores clave), con cronograma y métricas.

2. Gestión de riesgo de precio: así como empresas cubren riesgos, el Estado puede explorar coberturas parciales y escalonadas para la factura petrolera, sin apuestas temerarias. No se trata de “jugar” con derivados, sino de reducir volatilidad presupuestaria.

3. Ahorro energético como política social: el kilovatio que no se consume es el más barato. Eficiencia en alumbrado público, compras gubernamentales eficientes, incentivos a flotas más eficientes, y una cruzada real contra pérdidas y cuellos logísticos. Lo social no solo es subsidio: también es productividad.

4. Transporte público y logística: si el petróleo sube, el país con peores congestionamientos paga doble. Reducir tiempos en carretera, mejorar transporte masivo y ordenar la distribución urbana son políticas antiinflacionarias de primera línea.

5. Acelerar la diversificación: gas natural, renovables y modernización de redes. La crisis debe leerse como oportunidad para empujar decisiones que en tiempos normales se postergan.

En lo inmediato, el Gobierno ha subrayado que aplicará medidas sin afectar la inversión pública e incluso con enfoque contracíclico para sostener crecimiento. Esa apuesta es defendible: cortar inversión en plena incertidumbre puede amplificar la desaceleración. Pero hay una condición: inversión pública no es sinónimo de “más gasto”, sino de mejor gasto. En tiempos de choque, la calidad del gasto decide si el país sale fortalecido o sale endeudado.

Al final, la frase “crisis que no controlamos” debe completarse con la otra mitad del diagnóstico: sí controlamos la velocidad de reacción, la focalización del apoyo, la transparencia del gasto y la agenda de reformas. Controlamos si convertimos el shock en palanca de resiliencia. Controlamos si el discurso de Meta RD 2036 se conecta con decisiones energéticas, logísticas y productivas que reduzcan dependencia y vulnerabilidad.

La historia económica dominicana enseña que los choques externos pasan; lo que queda es la arquitectura institucional con la que se enfrentaron. Hoy, más que calma, necesitamos dirección. Y más que subsidios, necesitamos estrategia.

Luis Orlando Díaz Vólquez