Nacen 2.6 y muere 1: la aritmética de un país que apuesta al futuro

Nacen 2.6 y muere 1: la aritmética de un país que apuesta al futuro

Los datos de demografía empresarial de la ONE para 2020-2025 no son una casualidad estadística: son la fotografía de una política de Estado que, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader y con Promipyme como brazo financiero de las mipymes, ha convertido la creación de riqueza y empleo en la columna vertebral del desarrollo dominicano.

Hay cifras que hablan por sí solas, pero que exigen ser leídas con la profundidad de quien entiende que detrás de cada número late un proyecto de vida. Entre 2020 y 2025, la República Dominicana registró el nacimiento de 67,353 nuevas empresas —en su inmensa mayoría mipymes— frente a la salida de 25,368. El saldo consolidado es contundente: nacieron 2.6 empresas por cada una que dejó de operar, según los levantamientos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) difundidos por elDinero. No es un dato menor ni un accidente del ciclo económico. Es la evidencia empírica de que el país, aun atravesando la peor pandemia en un siglo, una guerra en Europa que disparó los precios de los combustibles y un entorno global de tasas altas e incertidumbre, mantuvo su tejido productivo vivo, en expansión y en renovación. [eldinero.com.do], [eldinero.com.do]

El comportamiento año a año confirma la solidez de la tendencia. En 2021, cuando la economía rebotó con un crecimiento histórico de 12.3% tras la caída de -6.7% por el covid-19, nacieron 15,469 empresas y solo salieron 3,811. En 2022 surgieron 13,708 frente a 3,520 cierres, y en 2023 el país volvió a marcar un pico con 15,138 nacimientos y apenas 2,256 salidas. Ese dinamismo no ocurre en el vacío: es el reflejo directo de una arquitectura de política pública que decidió proteger a los pequeños, ampliar su acceso al crédito y aliviar su carga tributaria. Como lo ha planteado el propio presidente Abinader, el Plan Anticrisis es una estrategia integral para proteger a la clase media, reducir la presión fiscal sobre las mipymes y preservar el dinamismo de la economía frente a un contexto internacional adverso. [eldinero.com.do], [eldinero.com.do] [lalupadelsur.com], [debate.do]

La medida más audaz de esa apuesta es la eliminación del anticipo para las mipymes a partir de enero, sumada a la flexibilización del pago para las pequeñas empresas, que dejará de ser mensual para efectuarse en tres cuotas al año, mejorando de manera tangible su liquidez. A ello se añade la eliminación del impuesto que gravaba a las nuevas empresas y la apertura de las compras estatales, donde las mipymes captaron el 44.7% del monto adjudicado por el Estado, una inyección directa de unos RD$123,000 millones a los pequeños comercios. El mensaje del Ejecutivo es inequívoco: las compras públicas dejaron de ser un privilegio cerrado para convertirse en un motor de inclusión social. [lalupadelsur.com], [masnoti.net] [eldinero.com.do]

En el centro de esa política sectorial se yergue Promipyme, la institución que bajo la dirección de Fabricio Gómez Mazara ha entendido que el financiamiento a la pequeña empresa no es un gasto asistencial, sino una inversión estratégica y contracíclica. El economista lo ha explicado con rigor técnico: una economía dinámica no es aquella en la que las empresas simplemente nacen o mueren, sino aquella en la que la creación de nuevas unidades logra superar de manera sostenida las salidas del mercado, como ha ocurrido en el país durante los últimos seis años, sustentado principalmente en las microempresas, que al cierre de 2025 representaban el 80.6% del tejido empresarial formal. Ese resultado, precisa Gómez Mazara, es cónsono con el crecimiento del PIB, del empleo, de la inversión extranjera y con la reducción de la pobreza que exhibe la economía dominicana desde 2021. [eldinero.com.do] [eldinero.com.do]

El propio director ejecutivo no elude el matiz crítico, y en ello reside la seriedad de su análisis: el repunte de la mortalidad empresarial en 2024 y 2025, cuando las salidas subieron a 5,417 anuales, está ligado al endurecimiento de las condiciones financieras y al alza de las tasas de interés activas, que golpean con mayor fuerza a las empresas de menor escala. Frente a ese choque, Promipyme actuó como un verdadero estabilizador: durante 2024-2025 expandió su cartera de crédito en casi RD$3,000 millones, un crecimiento de 30.6%, sosteniendo el capital de trabajo de los más vulnerables y evitando que choques de liquidez transitorios se transformaran en insolvencia y muerte empresarial. Con tasas subsidiadas “casi diez veces menores” que las del mercado informal, y con más del 51% de sus desembolsos dirigidos a negocios liderados por mujeres, la institución ha llevado el financiamiento “donde vive la gente”, como reza la visión que Gómez Mazara atribuye al presidente Abinader. [eldinero.com.do] [eldinero.com.do] [prensaunica.com], [Promipyme...(Reparado) | Word]

El desafío no está resuelto, y sería un error triunfalista pretenderlo. La formalidad sigue siendo la asignatura pendiente: la Encuesta Nacional de Mipymes 2022-2023, liderada por el Banco Central y el MICM, identificó 404,034 unidades en el segmento, pero solo el 14.8% está registrada formalmente con RNC. Ahí está la próxima frontera. Sin embargo, el crédito de la banca a las mipymes creció 9.1% interanual hasta alcanzar RD$576,837 millones a abril de 2026, y el sector ya aporta un valor agregado equivalente al 32% del PIB y 3.05 millones de empleos, el 61.6% del total. Esos son los cimientos sobre los que se construye. [eldinero.com.do] [eldinero.com.do]

La demografía empresarial dominicana, en definitiva, cuenta la historia de un Estado que decidió no dejar solo al emprendedor. Que las empresas nazcan es esperanza; que sobrevivan y crezcan es política pública bien ejecutada. Y en ese equilibrio virtuoso —donde nacen 2.6 negocios por cada uno que cierra— se cifra la promesa de una nación que, desde la microempresa del barrio hasta la agenda del Palacio Nacional, ha entendido que el desarrollo se construye protegiendo a los que producen. El Gobierno de Luis Abinader y la gestión de Fabricio Gómez Mazara al frente de Promipyme no solo administran cifras: cultivan la renovación permanente del tejido que sostiene a millones de dominicanos.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

Con información de https://eldinero.com.do/379701/en-republica-dominicana-se-crean-2-6-empresas-por-cada-1-que-muere/

📈🇩🇴 ¡RÉPUBLICA DOMINICANA NO SE DETIENE! 🚀

Entre 2020 y 2025 nacieron 2.6 empresas por cada 1 que cerró 👉 67,353 nuevos negocios frente a 25,368 salidas, según la ONE. 💪✨

Mientras el mundo enfrentaba pandemia, guerra e incertidumbre, aquí el tejido productivo siguió VIVO y… pic.twitter.com/bikYKOOVFI

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) September 10, 2026

Una Aduana que protege, facilita y responde

Agosto marcó una etapa de fortalecimiento institucional para la Dirección General de Aduanas, que respondió a los desafíos del comercio transfronterizo con mayores controles, diálogo con los sectores productivos, coordinación interinstitucional y una determinación inequívoca de proteger el mercado dominicano sin obstaculizar las operaciones comerciales legítimas.

La seguridad económica de una nación comienza en la capacidad de sus instituciones para conocer, vigilar y controlar lo que entra, sale o transita por su territorio. En un país conectado con los principales circuitos del comercio internacional, la labor aduanera trasciende el recaudo. Significa proteger la producción nacional, resguardar los ingresos públicos, facilitar las operaciones de quienes cumplen la ley y cerrar espacios al contrabando, el fraude y las actividades ilícitas.

Durante agosto de 2026, la Dirección General de Aduanas enfrentó uno de los asuntos más sensibles de la agenda comercial y fronteriza de la República Dominicana: la necesidad de fortalecer la trazabilidad de las mercancías que ingresan al país bajo el régimen de tránsito internacional con destino a Haití.

La inestabilidad política y de seguridad que afecta a la nación vecina ha creado circunstancias logísticas extraordinarias. Ante los riesgos existentes, determinadas navieras descargan en puertos dominicanos mercancías cuyo destino final es el mercado haitiano. Esta realidad obliga al Estado dominicano a facilitar el tránsito internacional como parte de sus compromisos comerciales, pero también exige garantizar que las cargas completen el recorrido declarado y que ninguna mercancía sea desviada irregularmente hacia el mercado nacional.

Frente a este desafío, la institución no optó por la indiferencia ni por las respuestas improvisadas. Bajo la dirección de Nelson Arroyo, la DGA anunció un conjunto de disposiciones orientadas a reforzar la supervisión, la seguridad y el seguimiento de cada operación. Las medidas incluyen la solicitud de los tránsitos con al menos 24 horas de antelación, la programación diaria de los movimientos, horarios específicos para la salida de las cargas hacia Haití y controles especiales para las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados. También se estableció un límite máximo de veinte contenedores diarios por empresa y una franja de salida comprendida entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Estas decisiones representan mucho más que un ajuste operativo. Expresan una visión de Estado sustentada en la prevención, la inteligencia, la trazabilidad y la capacidad de anticipación. Una aduana moderna no espera que la irregularidad se consolide para actuar. Analiza los riesgos, organiza los flujos, verifica las rutas y coordina sus actuaciones con las demás autoridades competentes.

El objetivo no es detener el comercio legítimo ni desconocer la libertad de tránsito reconocida por los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana. La finalidad es asegurar que esa libertad se ejerza dentro de la legalidad, con información verificable, destino claramente identificado y mecanismos suficientes para confirmar la salida efectiva de las mercancías.

Fortalecer los controles tampoco significa abandonar la facilitación comercial. Control y facilitación no son principios contrapuestos. Por el contrario, se complementan. Cuando las operaciones están debidamente documentadas, los procedimientos son claros y las reglas se aplican de manera uniforme, las empresas formales pueden trabajar con mayor previsibilidad, disminuyen los espacios de discrecionalidad y aumenta la confianza en la cadena logística dominicana.

El respaldo expresado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana a la definición de procedimientos más precisos para el tránsito hacia Haití confirma la importancia de mantener una cooperación público-privada permanente. Los sectores productivos necesitan conocer qué exige la autoridad aduanera, mientras que el Estado necesita comprender las condiciones reales bajo las cuales se desarrollan las operaciones logísticas y comerciales.

Ese diálogo debe mantenerse abierto, técnico y constructivo. Las medidas de control alcanzan mayor eficacia cuando son socializadas con operadores logísticos, transportistas, administraciones fronterizas, importadores, exportadores y representantes empresariales. La comunicación oportuna ayuda a prevenir incumplimientos, corregir vulnerabilidades y promover una cultura de responsabilidad compartida.

La firmeza institucional también se manifiesta en los puertos y aeropuertos. Como continuación de las acciones desarrolladas durante agosto, el 4 de septiembre la DGA informó del decomiso de US$600.700 y 647.000 pesos colombianos no declarados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. El pasajero, de nacionalidad colombiana, pretendía salir hacia Panamá y fue puesto a disposición del Ministerio Público. La actuación fue realizada conjuntamente con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público. 

Aunque este decomiso ocurrió en septiembre, su incorporación al cierre editorial del boletín permite mostrar la continuidad de una política de vigilancia que no se limita a declaraciones públicas. Es una demostración concreta de que la coordinación interinstitucional, la inteligencia y la presencia operativa pueden traducirse en resultados verificables.

A esta actuación se suman otros golpes recientes contra el comercio ilícito. La institución informó del decomiso de un contenedor con 4,5 millones de cigarrillos y otro con 961 televisores de distintas marcas y tamaños. Según la comunicación oficial, estas intervenciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42,2 millones en derechos e impuestos de importación.

Cada mercancía irregular detectada, cada divisa no declarada retenida y cada operación sometida al debido proceso representan una defensa concreta de la economía formal. El contrabando y la evasión no son infracciones sin consecuencias sociales. Reducen los recursos disponibles para financiar servicios públicos, colocan en desventaja a quienes cumplen sus obligaciones y pueden exponer a los consumidores a productos sin las verificaciones correspondientes.

Por eso, la respuesta aduanera debe sostenerse sobre tres pilares inseparables: legalidad, transparencia y eficacia. La legalidad garantiza el respeto al debido proceso. La transparencia permite que la sociedad conozca las medidas aplicadas y sus resultados. La eficacia demuestra que las decisiones institucionales producen cambios reales en la seguridad de las operaciones y en la protección del interés nacional.

Agosto deja una enseñanza decisiva. Los desafíos fronterizos requieren instituciones capaces de escuchar las alertas, evaluar la información disponible, corregir vulnerabilidades y comunicar con responsabilidad. Las denuncias deben investigarse sin prejuzgar responsabilidades, pero también sin restar importancia a los riesgos que puedan afectar los ingresos públicos, la salud de la población, la producción nacional o la confianza en el sistema aduanero.

La Dirección General de Aduanas asume este momento como una oportunidad para seguir fortaleciendo sus procedimientos y consolidar una gestión basada en riesgos, tecnología, cooperación e inteligencia. No se trata únicamente de reaccionar ante posibles irregularidades, sino de construir un sistema en el que cada operación pueda ser seguida, verificada y cerrada conforme a las normas.

El país necesita una Aduana que facilite el comercio seguro, proteja la frontera económica y actúe con firmeza ante quienes pretendan vulnerar la ley. Una Aduana que dialogue con el sector productivo, coopere con los organismos de seguridad y ofrezca resultados comprobables a la ciudadanía.

Ese es el compromiso reafirmado durante agosto: más control donde existe riesgo, mayor eficiencia para quienes cumplen, transparencia en las actuaciones y tolerancia cero frente al contrabando, la evasión y el tráfico ilícito.

Porque proteger el comercio legal es proteger la producción, el empleo, los ingresos del Estado y la confianza de toda la sociedad dominicana./

Luis Orlando Díaz Vólquez

Paliza y Carolina: Soldados de las victorias | Por Eduardo Sanz Lovaton

 POLÍTICA | OPINIÓN

Paliza y Carolina: Soldados de las victorias
| Por Eduardo Sanz Lovaton

Este domingo el PRM proclama a sus nuevas autoridades. Antes de que eso ocurra, quiero recordar cómo llegamos hasta aquí.

El PRM había sido fundado primero en contra de un Estado, con cuchumil sentencias vertidas con el más absurdo criterio jurídico que nadie pudiera imaginar. En aquel Tribunal Superior Electoral debatíamos la mayoría de un antiguo PRD, y el tiempo nos dio la razón. De esas escalinatas cerca del Centro de los Héroes salimos exhaustos a fundar un partido que nos permitiera expresar mayorías.

Sus primeros directivos fueron Andrés Bautista y Jesús Vázquez. Los acompañamos en esa primera dirección política, unos pocos. Cumbres entre nosotros, don Hipólito y Luis. Además de quien esto escribe, estaba Orlando Jorge, siempre fiel anotador de actas y compromisos. Como hoy lo hace Sigmund Freund. Un Pacheco, ya líder fundamental. Aquellas historias de don Vicente. Las mujeres presentes con doña Milagros, doña Ivelisse, Yadhira, Geanilda, entre otras. Todavía no se enfermaba Ana María. Nos juntábamos siempre en la Bolívar, en lo que era el Instituto Peña Gómez. De esa génesis surgió lo que es hoy una organización fundamental, no ya de nuestra tierra, sino de toda América, en estas épocas en que el populismo pretende arrebatar de la política el medio para gobernar.

Unos cuatro años después de esos inicios, el PRM se preparaba para el poder. Ya habíamos perdido en 2016. Ya eran visibles las posibilidades de Luis. Nos preparamos para renovar el partido. Aspiraban en ese momento muchos. Nos reunimos en casa de Luis. Recuerdo a Alfredo Pacheco, Roberto Fulcar, Luis Valdez, Deligne Ascención, Antoliano y otros. Debatíamos las posibilidades de que Andrés y Chu continuaran. Todos, y más Luis, confirmaban sus méritos. Se hablaba de convención o de consenso.

Cada actor de entonces tendrá su versión y, como suele ocurrir, todas serán ciertas en alguna dimensión. Aquí contaré algo que recuerdo. Hubo unas conversaciones en Madrid. Y hubo una, en Unicentro Plaza, que dejaré para la historia y para una de las participantes de esas conversaciones. En fin, se trataba de pactar la competencia. Se mencionaban muchas fórmulas. Hasta que, ¡eureka!, creímos llegar a una especie de consenso. Alfredo Pacheco lo recuerda bien: a él le tocó defender esa fórmula. Recuerdo haber llamado a José Ignacio para que cambiara su inscripción de secretario general a presidente. Recuerdo cómo lo de Carolina sorprendía y alegraba, pues era la marca de la unidad. La mayoría de los que estábamos con Luis veíamos en ese acuerdo un sello de madurez que anunciaba los compromisos futuros.

Frente a la imposibilidad del consenso, fuimos a los votos. Carolina y José ganaron. Andrés y Chu no solo compitieron con dignidad, sino que nos hicieron más fuertes a todos. Al admitir su participación, crecimos, y ellos ganaron también.

Así arrancó esa segunda dirección del PRM. Luego estos dos jóvenes, quizás sin tanta experiencia en lides partidarias, como hoy algunos señalan a Juan y a Gloria, salieron a trabajar. El ánimo de ellos dos entusiasmó. Carolina fue crucial en la integración del sector que lideraba su papá. José fue magistral en los trabajos de las candidaturas en los pueblos. La hermandad entre el partido y la candidatura de Luis era motivadora. Así, con la fuerza del entonces alcalde de la capital, David, se anunciaban victorias. Ellos dos supieron administrar vanidades, ambiciones y legítimas aspiraciones sin sobresaltos.

Lo sé. Fui, a propuesta de ellos dos, secretario de Finanzas. En especial de Carolina, que me terminó de convencer. Así administramos los recursos del partido sin un sí ni un no. Sin una queja. Ni ellos ni Luis me desautorizaron nunca. Nunca dispusieron de un centavo sin coordinarlo entre todos. Por eso siempre les estaré agradecido. Nada es más halagador que la confianza.

¿Diferencias? Las hubo, las tenemos y las tendremos. Pero si el pasado es un preludio, sabremos pactar, ceder, perdonar y seguir sirviendo. Recuerdo, en esos días, en una casa de la Ciudad Colonial donde debatíamos algo muy serio Aníbal, David y yo, cómo tanto Carolina como José llamaban y buscaban unidad. Esas luchas y sustos deben recordarse para que, con otras ropas y otros nombres, puedan repetirse.

Hoy, como dominicano y como miembro del gobierno, reconozco en estas dos figuras un ejercicio genial de liderazgo. Ambos, por su juventud, tendrán más que ofrecer. Aspiro a poder disfrutarlos y verlos siempre. Hoy que traspasan la dirección a Luis, Gloria, Juan y Deligne, puedo decir con fuerza que todos ellos no tienen mejor ejemplo que lo que han hecho Carolina Mejía y José Ignacio Paliza. Y que mañana, cuando tengamos candidato o candidata, se llame David, como yo creo que será, o se llame Carolina, Wellington, Guido o Tony, esos candidatos tendrán en esas direcciones que ganaron en 2020 y en 2024 una pauta que seguir.

Así como Luis, desde el gobierno que ellos ayudaron a instalar, ya transformó esta sociedad y ahora construye un legado que nos tocará defender, hoy debemos decir gracias, José, y gracias, Caro.

Fuente: Paliza y Carolina: Soldados de las victorias https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260905/paliza-carolina-soldados-victorias_920899.html

DGA fortalece las medidas para garantizar la trazabilidad de las mercancías hacia Haití

DGA fortalece las medidas para garantizar la trazabilidad de las mercancías hacia Haití

A partir del 15 septiembre se implementarán nuevas acciones como parte de una estrategia integral de fortalecimiento institucional que incluye definición de un horario límite para las salidas de mercancías hacia el vecino país.

1 de septiembre de 2026

Santo Domingo, RD. - Ante el debate de los últimos días en varios medios de comunicaciones en torno al tránsito de mercancías hacia la República de Haití, creado por denuncias hechas por algunos empresarios, la Dirección General de Aduanas (DGA), se encuentra en el proceso de adopción de nuevas medidas para fortalecer el control y la trazabilidad de las cargas con destino final hacia dicho país.

Se recuerda que, el comercio fronterizo es una actividad que se realiza desde hace muchos años, la cual se ha agravado a raíz de la crisis que vive este país de Haití, tras el asesinato de presidente Jovanel Moise. Cabe destacar que es a partir de 1998 que empiezan a instalarse pequeños almacenes alrededor de las zonas fronterizas, los cuales fueron creciendo con el tiempo.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que las nuevas medidas incluyen la obligatoriedad de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de antelación, definición de un horario límite para las salidas de mercancías hacia Haití y se reforzarán la supervisión, seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales.

Entre las disposiciones establece la obligatoriedad de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de antelación, así como una supervisión reforzada a través de las áreas de inteligencia, control y seguridad aduanera.

Se establecerá la medida de control para el despacho de mercancías y se le otorgará un límite de la cantidad de contenedores que podrá despachar cada empresa, el cual no podrá exceder de veinte.

Las mercancías deben salir hacia Haití en horario de ocho de la mañana a una de la tarde. Y aquellas que no estén en listas serán despachadas al día siguiente con la misma programación.

También, se establecerán mecanismos especiales de custodia para operaciones consideradas de alto riesgo y se fortalecerá el monitoreo en los principales puntos fronterizos del país para evitar desvíos o intentos de comercialización irregular dentro del territorio nacional.

“Las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados estarán sujetas a protocolos especiales de vigilancia y custodia, con el objetivo de garantizar que las mercancías completen su recorrido conforme a las normativas vigentes y a los procedimientos establecidos por la autoridad aduanera” expresó el titular.

Así mismo, el director de la DGA precisó que las mercancías que ingresan al territorio nacional bajo el régimen de tránsito internacional están sujetas a reglas y compromisos establecidos por acuerdos multilaterales de los que la República Dominicana es signataria, entre ellos el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que garantizan la libertad de tránsito de mercancías entre los países.

Enfatizó, además, que el régimen de tránsito internacional opera bajo normas claramente definidas y que la institución mantiene controles permanentes para asegurar que estas operaciones se realicen conforme a la ley y bajo estándares internacionales.

La aduana dominicana hace lo que cualquier otra aduana del mundo haría. El tránsito internacional está regulado por convenios internacionales y por normas que la República Dominicana está obligada a cumplir. Las mercancías deben venir manifestadas desde su origen, con su destino claramente identificado.

La entidad señaló que lo que está haciendo es reforzar los controles ya existentes y de tener la mayor trazabilidad posible respecto al tema del tránsito. Así mismo, han instruido a todos los administradores fronterizos a ser más enfáticos en el cumplimiento de los controles y a implementar mecanismos para que las mercancías salgan en horarios que permitan una mejor supervisión y una vigilancia más efectiva de cada operación.

Las nuevas acciones buscan proteger la competitividad de los sectores productivos nacionales, fortalecer la confianza en las operaciones de comercio exterior y asegurar que el tránsito internacional se desarrolle con mayores niveles de seguridad y control.

Cumplimiento internacional y protección del interés nacional

La DGA recordó que el Convenio de Kioto, en su Anexo Específico E, Capítulo 1, establece principios fundamentales para el tránsito internacional, entre ellos la suspensión de impuestos a las mercancías en tránsito, la mínima intervención aduanera, el uso selectivo de medidas de control basadas en análisis de riesgo y la obligación de garantizar la integridad de la carga durante toda la operación.

La institución subrayó que apartarse de estas disposiciones implicaría desconocer compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano y obstaculizar prácticas logísticas que forman parte esencial del comercio mundial.

Aduanas no puede prohibir el tránsito internacional hacia Haití ni hacia ningún otro destino cuando se cumplen las disposiciones legales. Existe una realidad comercial global donde una parte importante de las mercancías cruza varios países antes de llegar a su destino final. Su deber como institución es controlar, supervisar y garantizar la trazabilidad, no impedir una actividad legítima regulada por acuerdos internacionales.

El organismo recaudador destacó, además, que la situación en la frontera dominico-haitiana constituye un desafío histórico que ha debido ser gestionado por distintas administraciones a lo largo de décadas y que las actuales condiciones de seguridad en Haití exigen fortalecer continuamente las medidas de vigilancia sin afectar el comercio legítimo.

Competencias claras y coordinación interinstitucional

Respecto al tema relacionado con registros sanitarios, la DGA aclaró que las disposiciones sanitarias son competencia de las autoridades correspondientes de cada país de destino y que las mercancías en tránsito conservan dicha condición mientras permanecen bajo control aduanero y dirigidas a su destino final.

No obstante, la entidad mantiene una coordinación permanente con las autoridades nacionales competentes en materia sanitaria, fitosanitaria y agropecuaria para actuar oportunamente ante cualquier riesgo que pudiera afectar la salud pública, la producción nacional o el medio ambiente.

Aduanas aseguró que apoya plenamente a las autoridades competentes cuando existe algún riesgo para la salud, la agricultura o el medio ambiente. Sin embargo, las regulaciones sanitarias corresponden a las instituciones llamadas por ley a ejercer esas funciones. La responsabilidad de Aduanas es garantizar el control y la trazabilidad de las operaciones bajo el régimen que establece la normativa internacional.

Tolerancia cero frente a las irregularidades

La Dirección General de Aduanas reiteró que cualquier mercancía que sea desviada o introducida de manera irregular al mercado dominicano será perseguida y sancionada conforme a las disposiciones legales vigentes.

Del mismo modo, confirmó que se han sostenido reuniones de coordinación con administradores fronterizos, áreas operativas y representantes del sector comercial para fortalecer la supervisión de los flujos de mercancías y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La Aduana informó que está tomando todas las medidas posibles dentro de las facultades que le concede la legislación para asegurar el control de las operaciones de tránsito. De igual manera, manifestó que no existe ninguna política de permisividad frente a prácticas irregulares. Si una mercancía es introducida al territorio nacional al margen de la ley, la Aduana actuará conforme a derecho y aplicará las sanciones correspondientes.

Compromiso con la transparencia y el comercio seguro

La DGA reiteró su disposición de continuar trabajando junto al sector productivo, comerciantes, transportistas y operadores logísticos para fortalecer la seguridad de las operaciones de tránsito internacional y garantizar un entorno comercial transparente y confiable.

La Aduana está abierta a escuchar a todos los sectores. Toda información sobre posibles irregularidades será investigada y atendida conforme a la ley. También, indicó que lo que no pueden hacer es incumplir las normas internacionales que rigen el tránsito de mercancías. Su compromiso es garantizar la trazabilidad, proteger el comercio legítimo y actuar siempre dentro del marco legal.

Articulación con sectores logísticos y de transporte del país

Asimismo, informó que las nuevas directrices operativas, se encuentran en fase de articulación interna para ser socializadas con los distintos actores vinculados al régimen de tránsito internacional, con el objetivo de consolidar un sistema más robusto de supervisión, monitoreo y trazabilidad, alineado con las mejores prácticas promovidas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Convenio de Kioto Revisado.
Con estas medidas, la Dirección General de Aduanas reafirma su compromiso de fortalecer los controles fronterizos, proteger el mercado dominicano, combatir cualquier intento de desviación o comercio irregular y asegurar que las operaciones de tránsito internacional se desarrollen bajo los más altos estándares de transparencia, seguridad, legalidad y facilitación del comercio.

China endurece su política fiscal: un giro institucional que revela la nueva arquitectura del poder económico

China endurece su política fiscal: un giro que revela la nueva arquitectura del poder económico

Resumen ejecutivo  

Beijing ha iniciado una ofensiva para eliminar exenciones fiscales y reforzar la supervisión de su uso. Lejos de ser un ajuste técnico, la medida forma parte de un reordenamiento estructural destinado a reforzar la capacidad financiera del Estado, disciplinar a los gobiernos locales y recentralizar el control económico en un contexto de crecimiento débil, crisis inmobiliaria y tensiones geopolíticas. Para socios comerciales y empresas extranjeras, el cambio implica un entorno con menos flexibilidad tributaria y mayor prioridad a la estabilidad fiscal que al estímulo expansivo.

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1. Introducción: un movimiento con intención estratégica

La decisión de Beijing de revisar y eliminar exenciones fiscales no debe leerse como una simple búsqueda de ingresos adicionales. En el marco de una economía que ha perdido el impulso de décadas anteriores, el Partido Comunista está reconfigurando las reglas fiscales para asegurar recursos permanentes al Estado y reducir la dependencia de mecanismos de crecimiento que hoy resultan riesgosos, como la deuda local y los subsidios sectoriales.

2. Diagnóstico económico: por qué el timing no es casual

- Crecimiento nominal debilitado. Tras años de expansión extraordinaria, el crecimiento chino se ha moderado; las cifras recientes muestran una recuperación incompleta y una presión sobre los ingresos fiscales.  

- Crisis inmobiliaria y caída de ingresos locales. El sector inmobiliario, tradicionalmente fuente clave de ingresos para gobiernos subnacionales (vía ventas de suelo y gravámenes), ha sufrido un ajuste que erosiona la capacidad financiera de provincias y municipios.  

- Endeudamiento subnacional. La acumulación de pasivos por parte de gobiernos locales y vehículos de financiación ha elevado el riesgo sistémico, obligando al centro a limitar prácticas que agraven la fragilidad fiscal.  

Estas condiciones explican por qué Beijing prioriza ahora la ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones que antes se toleraban como incentivos locales. 

3. Objetivos políticos: control, disciplina y recentralización

Eliminar exenciones y vigilar su aplicación reduce la discrecionalidad de los gobiernos locales. En la práctica, esto significa:  

- Menos margen para incentivos fiscales locales que distorsionaban la competencia entre jurisdicciones.  

- Mayor capacidad del centro para asignar recursos a prioridades estratégicas (innovación, defensa, infraestructura crítica).  

- Disciplina política: la amenaza de investigaciones anticorrupción y auditorías refuerza la cautela de los funcionarios locales, limitando iniciativas que antes se financiaban con exenciones o acuerdos informales. 

4. Mecanismos y herramientas: cómo actúa Beijing

Las medidas combinan: revisión normativa de exenciones, auditorías más estrictas, y mayor coordinación entre Ministerio de Finanzas y bancos estatales para supervisar pasivos locales. El objetivo es cerrar “grietas” fiscales —instrumentos y prácticas que permitían a gobiernos subnacionales eludir controles— y homogeneizar el marco tributario. 

5. Impacto sobre el sector privado y la inversión extranjera

- Menor flexibilidad para incentivos locales. Empresas que antes negociaban exenciones con autoridades provinciales verán reducirse esas posibilidades.  

- Aumento de costos operativos en sectores que dependían de beneficios fiscales.  

- Reasignación de inversiones. Algunas firmas podrían revaluar proyectos en China frente a incentivos más limitados; otras, en cambio, valorarán la mayor previsibilidad regulatoria. 

6. Implicaciones para economías dependientes de China (lectura para República Dominicana y la región)

- Menor estímulo externo: un China más centrada en la recaudación interna puede reducir la propensión a medidas expansivas que beneficien la demanda externa.  

- Ajustes en cadenas de suministro: cambios en costos y en la localización de actividades productivas pueden afectar exportadores y proveedores regionales.  

- Necesidad de diversificación: economías con alta exposición a China deberían acelerar estrategias de diversificación de mercados y cadenas de valor. 

7. Riesgos y límites de la estrategia centralizadora

- Riesgo de freno al dinamismo local. Si la disciplina fiscal se aplica de forma demasiado rígida, puede reducirse la capacidad de innovación y respuesta local.  

- Tensión política interna. La recentralización puede generar fricciones entre el centro y administraciones subnacionales que pierden herramientas de gestión.  

- Efectividad condicionada. El éxito depende de la capacidad del centro para compensar la pérdida de incentivos con políticas que fomenten inversión productiva y no solo recaudación. 

8. Conclusión: estabilidad fiscal como prioridad estratégica

La eliminación de exenciones fiscales es una pieza de un diseño mayor: un Estado que busca consolidar su base financiera y reducir vulnerabilidades en un entorno global incierto. Para actores locales, empresas y socios comerciales, el mensaje es claro: la flexibilidad tributaria se reduce y la prioridad es la estabilidad y la capacidad de maniobra del Estado central.

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Fuentes profesionales recomendadas (selección y utilidad)

1. Fondo Monetario Internacional (IMF) — análisis sobre riesgos fiscales y sostenibilidad de deuda local en China; útil para respaldar afirmaciones sobre riesgo sistémico y sostenibilidad.   

2. Banco Mundial / World Bank — informes sobre finanzas subnacionales y efectos de la crisis inmobiliaria en ingresos locales.   

3. Financial Times / Bloomberg / The Economist — crónicas y análisis sobre la eliminación de exenciones, medidas del Ministerio de Finanzas y reacciones del mercado; útiles para citas periodísticas y contexto reciente.   

4. Caixin / South China Morning Post — cobertura local y detalles sobre implementación y fiscalización a nivel provincial.   

5. Artículos académicos y working papers sobre federalismo fiscal en China y la evolución de los incentivos locales (para un respaldo teórico más profundo). 

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Opinión 

China endurece su política fiscal: un giro institucional que revela la nueva arquitectura del poder económico

Beijing ha iniciado una ofensiva para eliminar exenciones fiscales y reforzar la supervisión de su aplicación. Lejos de ser un ajuste técnico, la medida forma parte de un reordenamiento institucional destinado a consolidar la capacidad financiera del Estado, disciplinar a los gobiernos locales y priorizar la estabilidad fiscal en un contexto de crecimiento débil y riesgos sistémicos.  

La reciente decisión de las autoridades chinas de revisar y reducir exenciones tributarias, acompañada de una mayor fiscalización de su uso, no puede leerse como un mero ajuste recaudatorio. Es, en cambio, una señal clara de que el Partido Comunista está reconfigurando la arquitectura institucional que sostiene su proyecto económico: menos margen de maniobra para las administraciones subnacionales, mayor homogeneidad normativa y una prioridad explícita por la sostenibilidad fiscal frente a la expansión por estímulos. Esta reorientación responde a condiciones económicas concretas —crecimiento nominal moderado, una crisis inmobiliaria que ha erosionado ingresos locales y elevados pasivos subnacionales— y a objetivos políticos que buscan fortalecer la capacidad estratégica del Estado.

Durante décadas, las exenciones fiscales funcionaron como instrumentos flexibles para atraer inversión, promover industrias y permitir a provincias y municipios competir por proyectos. En un ciclo de crecimiento acelerado, esas concesiones resultaban tolerables e incluso útiles. Pero cuando la dinámica económica se ralentiza y las fuentes tradicionales de ingresos locales —en particular las vinculadas al mercado inmobiliario— se contraen, las exenciones dejan de ser palancas y pasan a ser fugas que debilitan la base impositiva y complican la gestión macrofiscal. La respuesta del centro ha sido, por tanto, cerrar esas fugas: revisar normativas, restringir beneficios y elevar la supervisión para evitar que prácticas locales comprometan la estabilidad general.

El objetivo es doble. En lo inmediato, aumentar la recaudación y reducir prácticas que erosionan ingresos. En lo estratégico, recuperar capacidad de asignación central. Homogeneizar el tratamiento fiscal permite al gobierno central dirigir recursos hacia prioridades consideradas críticas —investigación y desarrollo, infraestructura estratégica, defensa tecnológica— sin depender de incentivos heterogéneos negociados a nivel local. Al mismo tiempo, la intensificación de auditorías y la amenaza real de sanciones o investigaciones anticorrupción actúan como mecanismos de disciplina política: funcionarios provinciales y municipales, conscientes de los riesgos, moderan iniciativas discrecionales que antes se financiaban con exenciones o acuerdos informales.

Este proceso tiene efectos concretos sobre el sector privado y la inversión extranjera. Para empresas que negociaban beneficios fiscales con autoridades locales, la reducción de exenciones implica menor margen de negociación y, en algunos casos, mayores costos operativos. Para otras, la homogeneización puede traducirse en mayor previsibilidad regulatoria y menor riesgo de competencia fiscal entre jurisdicciones. En términos de decisiones de inversión, proyectos marginales podrían revaluarse y cadenas de valor integradas en China deberán ajustar presupuestos y expectativas de retorno. La lectura práctica para inversores es que la flexibilidad tributaria se reduce, pero la claridad normativa aumenta: un intercambio que beneficiará a quienes prioricen estabilidad y previsibilidad sobre ventajas fiscales puntuales.

Para economías con alta exposición a China, como la República Dominicana y otros países de la región, el giro fiscal chino tiene implicaciones externas. Un país que prioriza la recaudación interna y la estabilidad fiscal es menos proclive a desplegar estímulos expansivos que impulsen la demanda externa. Eso puede traducirse en menores oportunidades de crecimiento para exportadores y en la necesidad de ajustar cadenas de suministro ante cambios en costos y localización de actividades productivas. La recomendación estratégica para la región es clara: acelerar la diversificación de mercados y fortalecer la resiliencia de las cadenas de valor para mitigar la dependencia de un ciclo chino que ahora privilegia la consolidación fiscal.

No obstante, la estrategia centralizadora no está exenta de riesgos. Si la disciplina fiscal se aplica con excesiva rigidez, puede frenar el dinamismo local y reducir la capacidad de innovación de regiones que históricamente han dependido de incentivos para atraer inversión. Además, la recentralización puede generar fricciones políticas internas entre el centro y administraciones subnacionales que pierden herramientas de gestión. La efectividad de la medida dependerá, en última instancia, de la capacidad del gobierno central para traducir mayor recaudación en inversiones productivas que impulsen crecimiento sostenible, y no solo en consolidación contable.

En términos institucionales, la ofensiva fiscal es coherente con una visión del Estado que prioriza la resiliencia y la capacidad estratégica frente a un entorno internacional más incierto. La combinación de medidas normativas, auditorías y coordinación interinstitucional busca cerrar “grietas” fiscales y crear un marco más homogéneo y predecible. Para actores públicos y privados, dentro y fuera de China, el mensaje es inequívoco: la flexibilidad tributaria se reduce; la prioridad es la estabilidad fiscal y la capacidad de maniobra del Estado central.

La pregunta que queda abierta es cómo equilibrará Beijing la necesidad de disciplina con la urgencia de reactivar la inversión productiva. Si el centro logra canalizar recursos hacia sectores que generen productividad y empleo, la medida puede fortalecer la sostenibilidad a mediano plazo. Si, por el contrario, la recaudación se emplea principalmente para cerrar brechas fiscales sin políticas complementarias de estímulo productivo, el riesgo es que la recentralización agrave la desaceleración. En cualquier caso, la eliminación de exenciones fiscales marca un punto de inflexión: no es un gesto técnico, sino un cambio institucional que redefine el juego económico en China y proyecta efectos más allá de sus fronteras.  

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MICM y CECCOM incautan combustibles y cigarrillos valorados en RD$22.8 millones

MICM y CECCOM incautan combustibles y cigarrillos valorados en RD$22.8 millones 

Fueron decomisados 4,500 galones de gasoil en una estación clandestina y 1.8 millones de cigarrillos mediante labores de inteligencia y persecución. 

María Trinidad Sánchez/Villa Altagracia. - El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) incautó combustibles y equipos para su expendio, así como cigarrillos valorados en un total de RD$22.8 millones de pesos.

Durante el desmantelamiento de una estación clandestina de combustibles en la provincia María Trinidad Sánchez, se incautaron 4,500 galones de gasoil, tanques metálicos de gran capacidad y diversos implementos técnicos, entre ellos una bomba de succión, un reloj de despacho, un grabador digital DVR y libretas con registros de ventas valorados en RD$2,299,200.

Mientras que, tras una intensa persecución, se incautaron 1.8 millones de cigarrillos en Villa Altagracia, valorados en RD$20.5 millones. 

El operativo a la estación clandestina de combustibles fue realizado a la empresa Transporte El Líder, SRL., ubicada en la carretera El Factor–Nagua. 

El allanamiento fue encabezado por el magistrado Jhoan Vargas, acompañado por los fiscales Carlos Castillo y Andrés Chalas, representantes de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud (PEDECSA). 

La estación operaba sin los permisos correspondientes, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad, en violación a la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, la Ley 112-00 de Hidrocarburos, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 42-01 de Salud, disposiciones que regulan la comercialización, el almacenamiento y el control de los riesgos asociados a sustancias peligrosas.

Cigarrillos 

En el procedimiento fue arrestado el nombrado José Alberto Abreu, quien ejercía como ayudante del vehículo, mientras que el chofer emprendió la huida y es buscado activamente por los cuerpos de seguridad.

Tanto el implicado como el camión y el cargamento ilegal fueron trasladados bajo rigurosa custodia militar a la sede central del CECCOM, quedando a disposición de la Subdirección de Custodia Legal para los trámites jurídicos correspondientes.

Este decomiso representa un impacto directo contra las estructuras criminales que vulneran la economía formal, evaden tributos al Estado y arriesgan la salud pública. Asimismo, la carga decomisada constituye una infracción flagrante a la Ley General de Salud 42-01 y a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

La intervención contra el comercio ilegal productos del tabaco fue coordinada bajo el paraguas de la Mesa de Ilícito para combatir el fraude comercial y la falsificación y desplegada por la Dirección de Inteligencia y la Dirección Regional Central del CECCOM en el distrito municipal San José del Puerto. 

Durante la misma se produjo una intensa persecución que finalizó en la zona urbana de Villa Altagracia, donde las autoridades interceptaron un camión de carga e incautaron 187 cajas conteniendo la cantidad exacta de 1,870,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital introducidas al país de manera irregular. 

Con este decomiso, el MICM y el CECCOM, integrados en la Mesa de Ilícitos, reafirman

su compromiso de proteger la economía formal, garantizar la seguridad ciudadana y hacer

cumplir de manera estricta el marco jurídico nacional.

Durante los primeros siete meses de 2026, el MICM y el CECCOM han retenido aproximadamente 213,355 galones de combustibles, debido a actividades de trasiego, comercialización y/o almacenamiento irregular. 

En este período, ambas entidades reforzaron su capacidad operativa para intensificar las labores de fiscalización, control y retención de combustibles y mercancías reguladas. 

27 de agosto, 2026

Dirección de Comunicaciones MICM

 

Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse

A la luz de la democracia occidental: soberanía, disuasión y orden internacional en el Indo-Pacífico de 2026

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

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Resumen

Este ensayo de opinión geopolítica examina el giro estratégico de Japón bajo el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi y refuta la tesis —promovida por Moscú y Pekín— de que dicho giro constituye una forma de "revanchismo" o de retorno al militarismo imperial. Desde el marco normativo de la democracia occidental, se argumenta que las decisiones japonesas en materia de defensa (aumento presupuestario, adquisición de capacidades de contraataque, debate sobre los principios antinucleares y eventual reforma del artículo 9 constitucional) responden a procedimientos democráticos, gozan de mandato electoral y se ajustan al derecho de legítima defensa reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El texto sostiene que la etiqueta de "revanchismo" opera como una construcción retórica destinada a deslegitimar la respuesta defensiva de un Estado democrático frente a un entorno de seguridad deteriorado por sus propios acusadores.

Palabras clave: Japón, seguridad internacional, Indo-Pacífico, disuasión, democracia, Kuriles, Senkaku, orden liberal.

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Introducción

En la gramática de la propaganda existe una figura tan antigua como eficaz: la inversión del sujeto y el predicado morales. Consiste en atribuir al agredido los rasgos del agresor, y al que se defiende, la intención del que ataca. El relato que hoy retrata a Tokio como heredero del militarismo imperial de la primera mitad del siglo XX es un ejemplo de manual de esa operación semántica. Lo que Moscú y Pekín califican de "revanchismo" es, examinado con rigor, la respuesta legítima de una democracia consolidada a un entorno de seguridad que ellos mismos han deteriorado.

Conviene empezar por lo esencial, porque el titular del "aliado clave que apuesta por el rearme" descansa precisamente sobre esa operación: se toma cada decisión soberana de una democracia parlamentaria —aprobar un presupuesto, debatir su Constitución, protestar por la ocupación de un territorio— y se la reviste con el vocabulario de 1937. Pero el Japón de 2026 no es el Imperio que invadió Manchuria; es una de las mayores economías del planeta, un actor internacional confiable y una democracia madura cuyo giro en defensa fue votado en las urnas, no impuesto por casta militar alguna. El propósito de este ensayo es demostrar, a la luz de los valores de la democracia occidental, que la remilitarización controlada de Japón no es una recaída revanchista, sino un ejercicio de soberanía defensiva plenamente compatible con el orden internacional de posguerra que sus críticos dicen defender.

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El mandato democrático como fundamento de legitimidad

La primera distinción que desmonta la tesis del revanchismo es de naturaleza procedimental. En las autocracias, la política de defensa emana de un núcleo de poder cerrado; en las democracias, se somete al escrutinio del electorado y al control parlamentario. En febrero de 2026 el Partido Liberal Democrático (PLD) de Sanae Takaichi obtuvo 316 escaños en una victoria histórica, y el bloque gobernante alcanzó una posición de dominio legislativo con el respaldo explícito de un electorado que avaló el fortalecimiento de la seguridad nacional (Takenaka, 2026)¹. Llamar "revanchismo" al mandato de un pueblo es negarle a Tokio el derecho democrático que sí se reconoce a cualquier otra nación.

Resulta significativo que analistas del Council on Foreign Relations hayan subrayado que, en el ciclo electoral de 2026, lo llamativo no fue la polarización sobre la defensa, sino la ausencia de contención: por primera vez en décadas, se conformó un consenso transversal sobre las necesidades de seguridad del país, con prácticamente ninguna fuerza de oposición reclamando moderación en el gasto militar (Smith, Merow y Baylor, 2026)². Este dato es decisivo, porque erosiona la caricatura de una élite militarista que impone su agenda a una sociedad reticente. La deliberación japonesa ha sido, si acaso, más lenta que su entorno estratégico: como han advertido observadores del propio archipiélago, la política de defensa se ha acelerado mientras el debate público permanece rezagado, concentrado en la inflación y el costo de vida más que en la gran estrategia (Takahashi, 2026)³. Una nación que discute su seguridad en campaña electoral, con prensa libre y alternancia posible, no es una amenaza para el orden liberal: es su expresión.

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Las Kuriles del Sur: el espejo de la inversión histórica

La disputa de las Kuriles del Sur es el espejo perfecto de esa inversión. Los llamados Territorios del Norte —Etorofu, Kunashiri, Shikotan y el grupo de las Habomai— quedaron delimitados como territorio japonés en el Tratado de Comercio, Navegación y Delimitación de 1855, pactado de forma completamente amistosa y pacífica, y nunca antes pertenecieron a potencia extranjera alguna (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón [MOFA], 2026a)⁴. La historia jurídica es inequívoca: fue la Unión Soviética la que, violando el Pacto de Neutralidad soviético-japonés aún vigente, abrió hostilidades en los estertores de la Segunda Guerra Mundial y ocupó las cuatro islas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 1945 —es decir, después de que Japón hubiera aceptado la Declaración de Potsdam— para luego incorporarlas unilateralmente sin base jurídica y deportar por la fuerza a unos 17.000 residentes japoneses (MOFA, 2026a)⁵.

No es dato menor que Estados Unidos haya respaldado de manera consistente la posición japonesa sobre estos territorios (MOFA, 2026a)⁶. La visita del presidente Vladímir Putin a la isla de Iturup en agosto de 2026 —la primera de un jefe de Estado ruso a la cadena disputada desde 2010— fue concebida como una señal de que Moscú considera su soberanía "no negociable" (Singla, 2026)⁷. Que el Kremlin invoque hoy la Carta de las Naciones Unidas y hable de "línea de la decencia" mientras sostiene una guerra de agresión contra Ucrania y utiliza esa visita como "bofetada" política a Tokio revela quién ejerce realmente el hecho consumado. La coherencia moral no puede ser selectiva: quien reclama el respeto a las fronteras en el Pacífico difícilmente puede vulnerarlas en Europa oriental sin incurrir en una contradicción performativa.

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Las Senkaku: la cronología desmiente la coerción

Lo mismo ocurre con las islas Senkaku. Japón las incorporó a su territorio en enero de 1895, tras verificar cuidadosamente que constituían terra nullius —tierra sin dueño— sin rastro de control previo por parte de ningún Estado, mediante los procedimientos lícitos del derecho internacional de la época (MOFA, 2026b)⁸. El dato cronológico que desarma la narrativa de la "usurpación" es contundente: China no cuestionó esa soberanía durante aproximadamente 75 años, y solo comenzó a reclamarla en la primera mitad de la década de 1970, cuando estudios geológicos revelaron el potencial de reservas de hidrocarburos en el mar de China Oriental (MOFA, 2026b; Senkaku Islands dispute, 2026)⁹.

Presentar la expulsión de un pesquero japonés de aguas que Tokio administra efectivamente como si Japón fuera el intruso equivale a premiar la coerción. La documentación oficial es taxativa en sentido contrario: son los buques de la Guardia Costera china los que, de forma casi diaria desde 2012, penetran en la zona contigua y en el mar territorial en torno a las islas, en un patrón sostenido de intentos unilaterales de alterar el statu quo por la fuerza o la coacción (MOFA, 2026c)¹⁰. Cuando un Estado ejerce control administrativo pacífico durante más de un siglo y otro despliega guardacostas armados para desafiarlo, la carga de la prueba del revisionismo recae sobre el segundo, no sobre el primero.

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El tabú nuclear: deliberación democrática, no rearme atómico

Ningún capítulo de la campaña de deslegitimación es más engañoso que el de la supuesta "nuclearización" de Japón. La precisión aquí es un deber intelectual: ningún dirigente japonés ha anunciado la adquisición de armas atómicas. Lo que el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi solicitó fue debatir la cuestión "sin tabúes", invocando los precedentes de Francia —que reforzó sus capacidades nucleares— y de Finlandia tras la invasión rusa de Ucrania (Johnson, 2026)¹¹. El propio Gobierno mantiene formalmente su compromiso con los tres principios antinucleares —no fabricar, no poseer y no permitir el despliegue de armas nucleares—, respaldados por cerca del 75 % de la población según encuestas recientes (Johnson, 2026)¹².

Deliberar sobre la defensa en el único país que ha sufrido el ataque de armas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki, con supervivientes (hibakusha) que protestan libremente y una prensa que critica con dureza al ministro, no es blanqueo del pasado: es democracia en ejercicio (Arimoto, 2026; The Asahi Shimbun, 2026)¹³. La reacción crítica del Asahi Shimbun y de treinta y dos organizaciones de supervivientes en Nagasaki demuestra que el sistema japonés conserva plenos contrapesos deliberativos, algo impensable en las autocracias que hoy señalan a Tokio con el dedo¹⁴. El debate, en democracia, no es sinónimo de decisión; es su antesala legítima.

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El artículo 9 y el presupuesto: garantías, no aventurerismo

Otro tanto vale para el eventual cambio del artículo 9 de la Constitución. La primera ministra Takaichi ha manifestado su deseo de reconocer explícitamente a las Fuerzas de Autodefensa como organización militar legítima, pero cualquier reforma constitucional exige un procedimiento agravado: aprobación por dos tercios de ambas cámaras de la Dieta seguida de un referéndum nacional (Sato, 2026)¹⁵. Difícilmente existe un mecanismo más garantista y menos "militarista" que someter la definición de la defensa nacional al voto directo del pueblo soberano. La eventual revisión no derogaría la vocación pacífica del texto: la dotaría de precisión jurídica, terminando con la ambigüedad que durante décadas ha rodeado el estatuto legal de los militares japoneses.

En cuanto al gasto récord —que supera los 9 billones de yenes para 2026, con un incremento del orden del 9,4 % respecto al año anterior—, conviene enmarcarlo correctamente: apunta a la meta del 2 % del PIB, estándar compartido con los aliados de la OTAN, y choca de frente con el freno estructural de una deuda pública colosal que actúa como límite natural de cualquier expansión (Smith, Merow y Baylor, 2026; Takenaka, 2026)¹⁶. Un Estado que se rearma dentro de los parámetros de sus aliados democráticos y bajo la restricción de sus propias finanzas públicas no se comporta como una potencia revisionista, sino como un socio responsable que asume su parte de la carga colectiva.

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¿Qué impulsa el giro? La respuesta está en el vecindario

La pregunta honesta no es por qué Japón se rearma, sino qué lo empuja a hacerlo. La respuesta está inscrita en su vecindario estratégico. El propio Libro Blanco de Defensa 2026 identifica a China como "el mayor desafío estratégico sin precedentes" y describe el momento como "la mayor prueba de la era de posguerra", en un entorno marcado por intentos unilaterales de alterar el statu quo por parte de Estados que no comparten valores universales (Rej, 2026)¹⁷. A ello se suman los ensayos misilísticos de Corea del Norte y la creciente alineación militar entre Pekín, Moscú y Pyongyang, un eje que ha transformado la periferia japonesa en uno de los teatros más tensos del planeta (Singla, 2026)¹⁸.

Aquí opera un principio elemental de la teoría de la disuasión y de la ética de la legítima defensa: una nación que renuncia para siempre a la guerra —como hace Japón en su Constitución— no está obligada a renunciar también a existir. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva, y ningún principio del derecho internacional obliga a un Estado democrático a permanecer inerme frente a la coerción de sus vecinos. Japón no busca revancha: busca lo que cualquier Estado soberano reclama tras ocho décadas de pacifismo desarmado —la capacidad de defenderse dentro de la ley, con el aval de sus votantes y sin pedir permiso a quienes hoy redibujan por la fuerza el mapa de Eurasia.

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Conclusión: la democracia occidental y el derecho a la disuasión

A la luz de los valores de la democracia occidental, la acusación de "revanchismo" no resiste el análisis. El revanchismo es una pulsión emocional que busca reparar una humillación mediante la fuerza; lo que Japón ejerce es un derecho procedimental, sometido a elecciones, parlamento, prensa libre y, en su caso, referéndum. Las cuatro piezas del expediente —Kuriles, Senkaku, principios antinucleares y artículo 9— comparten un denominador común: en todas ellas Tokio actúa dentro del derecho, mientras sus acusadores actúan dentro del hecho consumado.

La paradoja final es reveladora. Quienes exigen a Japón "quietud" en nombre del orden de posguerra son, precisamente, quienes más lo han erosionado: uno mediante una guerra de agresión en Europa; el otro mediante la coerción marítima sistemática en Asia. Defender el orden internacional liberal no consiste en pedir a las democracias que se desarmen frente a las autocracias, sino en garantizar que el uso de la fuerza permanezca sujeto al derecho y al consentimiento de los gobernados. Japón, al hacer exactamente eso, no traiciona el legado de 1945: lo honra. No es revanchismo. Es una democracia que reclama, con hechos y con derecho, su derecho a defenderse. Por un Indo-Pacífico libre, abierto y próspero.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

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Notas (estilo Chicago)

1. Harukata Takenaka, "Takaichi's Security Agenda After the Landslide Election", Carnegie Endowment for International Peace, 19 de marzo de 2026, https://carnegieendowment.org/research/2026/03/takaichis-security-agenda-after-the-landslide-election.

2. Sheila A. Smith, John E. Merow y Chris Baylor, "Japan's 2026 Election: National Security", Council on Foreign Relations, 6 de febrero de 2026, https://www.cfr.org/articles/japans-2026-election-national-security.

3. Takahashi Kosuke, "Japan's Defense Policy Accelerates as Public Debate Lags Behind", The Diplomat, 4 de febrero de 2026, https://thediplomat.com/2026/02/japans-defense-policy-accelerates-as-public-debate-lags-behind/.

4. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, "Northern Territories Issue", consultado el 23 de agosto de 2026, https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/overview.html.

5. Ibíd.

6. Ibíd.

7. Anmol Singla, "What Are the Disputed Kuril Islands That Putin Visited, Triggering Japan's Protest?", Firstpost, 13 de agosto de 2026, https://www.firstpost.com/explainers/what-are-disputed-kuril-islands-putin-visit-japan-protest-14037974.html.

8. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, "Situation of the Senkaku Islands", consultado el 23 de agosto de 2026, https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/senkaku/page1we_000010.html.

9. Ibíd.; "Senkaku Islands Dispute", Wikipedia, consultado el 23 de agosto de 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands_dispute.

10. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, "Trends in China Coast Guard and Other Vessels in the Waters Surrounding the Senkaku Islands, and Japan's Response", 4 de agosto de 2026, https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000021.html.

11. Jesse Johnson, "Japan 'Cannot Avoid' Nuclear Weapons Debate, Defense Chief Koizumi Says", The Japan Times, 19 de julio de 2026, reproducido en Nuclear-News, https://nuclear-news.net/2026/08/08/8-b1-japan-cannot-avoid-nuclear-weapons-debate-defense-chief-koizumi-says/.

12. Ibíd.

13. Takashi Arimoto, "Defense Minister Koizumi Calls for Nuclear Discussion Without Taboo", Japan Forward, 19 de agosto de 2026, https://japan-forward.com/koizumi-nuclear-debate-taboo-defense-minister/.

14. "Koizumi's Call for Nuclear Debate 'Without Taboos' Triggers Backlash", The Asahi Shimbun, 5 de agosto de 2026, https://www.asahi.com/ajw/articles/16786411.

15. Daisuke Sato, "Japan Pushes Constitutional Change to Recognize Military Forces", Defence Blog, 3 de febrero de 2026, https://defence-blog.com/japan-pushes-constitutional-change-to-recognize-military-forces/.

16. Smith, Merow y Baylor, "Japan's 2026 Election"; Takenaka, "Takaichi's Security Agenda".

17. Abhishek Rej [redacción MP-IDSA], "Assessing Japan's 2026 Defence White Paper", Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, 21 de agosto de 2026, https://idsa.in/publisher/issuebrief/assessing-japans-2026-defence-white-paper.

18. Singla, "What Are the Disputed Kuril Islands".

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Referencias (estilo APA, 7.ª edición)

Arimoto, T. (2026, 19 de agosto). Defense Minister Koizumi calls for nuclear discussion without taboo. Japan Forward. https://japan-forward.com/koizumi-nuclear-debate-taboo-defense-minister/

Johnson, J. (2026, 19 de julio). Japan 'cannot avoid' nuclear weapons debate, defense chief Koizumi says. The Japan Times. https://nuclear-news.net/2026/08/08/8-b1-japan-cannot-avoid-nuclear-weapons-debate-defense-chief-koizumi-says/

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2026a). Northern Territories issue. https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/overview.html

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2026b). Situation of the Senkaku Islands. https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/senkaku/page1we_000010.html

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2026c). Trends in China Coast Guard and other vessels in the waters surrounding the Senkaku Islands, and Japan's response. https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000021.html

Rej, A. (2026, 21 de agosto). Assessing Japan's 2026 Defence White Paper. Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. https://idsa.in/publisher/issuebrief/assessing-japans-2026-defence-white-paper

Sato, D. (2026, 3 de febrero). Japan pushes constitutional change to recognize military forces. Defence Blog. https://defence-blog.com/japan-pushes-constitutional-change-to-recognize-military-forces/

Senkaku Islands dispute. (2026). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands_dispute

Singla, A. (2026, 13 de agosto). What are the disputed Kuril Islands that Putin visited, triggering Japan's protest? Firstpost. https://www.firstpost.com/explainers/what-are-disputed-kuril-islands-putin-visit-japan-protest-14037974.html

Smith, S. A., Merow, J. E., & Baylor, C. (2026, 6 de febrero). Japan's 2026 election: National security. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/articles/japans-2026-election-national-security

Takahashi, K. (2026, 4 de febrero). Japan's defense policy accelerates as public debate lags behind. The Diplomat. https://thediplomat.com/2026/02/japans-defense-policy-accelerates-as-public-debate-lags-behind/

The Asahi Shimbun. (2026, 5 de agosto). Koizumi's call for nuclear debate 'without taboos' triggers backlash. https://www.asahi.com/ajw/articles/16786411

Takenaka, H. (2026, 19 de marzo). Takaichi's security agenda after the landslide election. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/research/2026/03/takaichis-security-agenda-after-the-landslide-election

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Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse

El relato que retrata a Tokio como heredero del militarismo imperial invierte la historia, la geografía y el derecho. Lo que Moscú y Pekín califican de "revanchismo" es, en rigor, la respuesta legítima de una democracia consolidada a un entorno de seguridad que ellos mismos han deteriorado.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

Conviene empezar por lo esencial, porque el titular del "aliado clave que apuesta por el rearme" descansa sobre una operación semántica: se toma cada decisión soberana de una democracia parlamentaria —aprobar un presupuesto, debatir su Constitución, protestar por la ocupación de un territorio— y se la reviste con el vocabulario de 1937. Pero el Japón de 2026 no es el Imperio que invadió Manchuria; es una de las mayores economías del planeta, un actor internacional confiable y una democracia madura cuyo giro en defensa fue votado en las urnas, no impuesto por casta militar alguna. En febrero de 2026 el Partido Liberal Democrático de Sanae Takaichi obtuvo 316 escaños en una victoria histórica, con un electorado que respaldó explícitamente el fortalecimiento de la seguridad nacional. Llamar "revanchismo" al mandato de un pueblo es negarle a Tokio el derecho democrático que sí se reconoce a cualquier otra nación. [carnegieen...owment.org]

La disputa de las Kuriles del Sur es el espejo perfecto de esa inversión. Los llamados Territorios del Norte —Etorofu, Kunashiri, Shikotan y las Habomai— quedaron delimitados como territorio japonés en el Tratado de Comercio, Navegación y Delimitación de 1855, pactado de forma pacífica, y nunca antes pertenecieron a potencia extranjera alguna. Fue la Unión Soviética la que, violando el Pacto de Neutralidad aún vigente, abrió hostilidades en los estertores de la guerra y ocupó las cuatro islas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 1945, cuando Japón ya había aceptado la Declaración de Potsdam; luego las incorporó unilateralmente sin base jurídica y deportó por la fuerza a unos 17.000 residentes. No es dato menor que Estados Unidos haya respaldado de manera consistente la posición japonesa. Que Moscú invoque hoy la Carta de la ONU y hable de "línea de la decencia" mientras sostiene una guerra de agresión en Ucrania y usa la visita de Putin a Iturup como "bofetada" política revela quién ejerce realmente el hecho consumado. [mofa.go.jp] [mofa.go.jp] [mofa.go.jp] [firstpost.com]

Lo mismo ocurre con las Senkaku. Japón las incorporó en enero de 1895, tras verificar que eran terra nullius sin control previo de ningún Estado, y China no cuestionó esa soberanía durante unos 75 años: solo lo hizo en los setenta, cuando asomó el potencial de hidrocarburos en el mar de China Oriental. Presentar la expulsión de un pesquero japonés de aguas que Tokio administra como si Japón fuera el intruso es premiar la coerción, cuando son los buques de la Guardia Costera china los que casi a diario intentan alterar por la fuerza el statu quo. [mofa.go.jp], [en.wikipedia.org] [mofa.go.jp]

También la supuesta nuclearización merece precisión. Ningún dirigente ha anunciado adquirir armas atómicas: el ministro Shinjiro Koizumi pidió debatir el tema "sin tabúes", invocando a Francia y Finlandia tras la invasión rusa, pero el Gobierno mantiene su compromiso con los tres principios antinucleares, respaldados por el 75 % de la población. Deliberar sobre defensa en el país que sufrió Hiroshima y Nagasaki, con hibakusha protestando libremente y prensa criticando al ministro, no es blanqueo del pasado: es democracia en ejercicio. Otro tanto vale para el artículo 9, cuya reforma exige dos tercios de ambas cámaras y un referéndum popular, el procedimiento más garantista imaginable. Y el gasto récord apunta a la meta aliada del 2 % del PIB, contra el freno estructural de una deuda pública colosal. [nuclear-news.net], [japan-forward.com] [asahi.com] [defence-blog.com] [cfr.org], [carnegieen...owment.org]

La pregunta honesta no es por qué Japón se rearma, sino qué lo empuja. La respuesta está en su vecindario: su propio Libro Blanco de Defensa 2026 señala a China como "el mayor desafío estratégico sin precedentes", junto a los ensayos misilísticos norcoreanos y la creciente alineación militar entre Pekín, Moscú y Pyongyang. Una nación que renuncia para siempre a la guerra no está obligada a renunciar también a existir. Japón no busca revancha: busca lo que cualquier Estado soberano reclama tras ocho décadas de pacifismo desarmado, la capacidad de defenderse dentro de la ley, con el aval de sus votantes y sin pedir permiso a quienes rediseñan por la fuerza el mapa de Eurasia. [idsa.in], [thediplomat.com]

Titular: Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse+++++++++++++++++++++

República Dominicana: importaciones de cigarrillos suman 28.67 millones de cajetillas durante el primer semestre de 2026

República Dominicana: importaciones de cigarrillos suman 28.67 millones de cajetillas durante el primer semestre de 2026

Entre enero y julio de 2026, las importaciones de cigarrillos sumaron 28.67 millones de cajetillas, un alza de 2.56% frente al mismo lapso de 2025, según autoridades aduaneras

Por  José Cerón

Las importaciones de cigarrillos entre enero y julio de 2026 subieron 2.56% y alcanzaron 28.67 millones de cajetilla. (Imagen Ilustrativa Infobae) 

23 Ago, 2026 08:13 a. m. EST

Las importaciones de cigarrillos durante el período enero a julio de 2026 reflejan un repunte moderado en la entrada de cajetillas al país, tras dos años de tendencia descendente, de acuerdo con los datos preliminares proporcionadas por la Dirección General de Aduanas (DGA).

El reporte oficial detalla que el acumulado durante el primer semestre del año alcanzó 28.67 millones de cajetillas, lo que representa un incremento de 2.56% frente al mismo período de 2025.

En lo que va del presente año, las recaudaciones fiscales asociadas al comercio de cigarrillos también presentan aumentos notables. Según el reporte de la DGA, durante el mes de julio la recaudación llegó a RD$300,18 millones (USD 5.06 millones), un 13.58% más en comparación con igual mes de 2025.

El acumulado de enero a julio totalizó RD$1,828.57 millones (USD 30.85 millones), lo que implica un crecimiento del 7.04% respecto al año anterior. Las cifras, aunque preliminares, marcan un punto de inflexión tras el descenso observado desde 2018, cuando las importaciones alcanzaron su máximo histórico de 66.11 millones de cajetillas.

La recaudación fiscal por comercio de cigarrillos llegó a RD$300.18 millones (USD 5.06 millones) en julio de 2026, un 13.58% más que en el mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentan las importaciones de cigarrillos

La principal presentación de cigarrillos importados fue la cajetilla de 10 unidades, que concentró el 79.80 % del valor total de las importaciones. Para el primer semestre del año, el valor de los cigarrillos importados aumentó en USD 395,887.78 frente al mismo lapso de 2025, lo que equivale a una variación de 7.77 %

El análisis por país de origen muestra una clara concentración en la República Dominicana, que aportó el 82.24% del total importado, bajo el esquema de ventas al mercado local. México se posicionó como el segundo proveedor con una participación del 14.59%, seguido por Colombia y Panamá, que representaron el 2.04% y el 1.08% respectivamente. En términos absolutos, la República Dominicana envió 23.58 millones de cajetillas, mientras que México exportó 4.18 millones al país.

En el desglose mensual, el informe de la DGA señala fluctuaciones que reflejan tanto factores estacionales como ajustes en la demanda interna. Si bien el volumen de importaciones no logra igualar los niveles previos a la pandemia, las autoridades aduaneras destacan la estabilización y el incipiente crecimiento registrado entre 2024 y 2026. El documento enfatiza que estos datos son preliminares y sujetos a rectificación conforme avanzan los procesos de verificación y cierre estadístico.

La cajetilla de 10 unidades concentró el 79.80% del valor total de las importaciones de cigarrillos en el primer semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Aduanas detalla que los movimientos en el comercio de cigarrillos mantienen una relevancia fiscal significativa, tanto por la recaudación asociada como por el impacto en la regulación del mercado. El reporte subraya: “Las recaudaciones de cigarrillos para julio 2026 ascienden a RD$300.18 millones (USD 5.06 millones), esto representa un aumento de un 13.58% con respecto al mismo período del año anterior”.

El informe también ofrece una perspectiva histórica, mostrando cómo desde 2018 la importación de cigarrillos experimentó una caída sostenida, con un repunte puntual en 2021 y una posterior baja en 2022 y 2023. En 2024 y 2025, las cifras se mantuvieron relativamente estables, lo que contrasta con el leve repunte de 2026.

Las cifras de 2026, aunque aún lejos del pico de 2018, muestran un mercado que comienza a estabilizarse tras años de descenso.

Fuente: https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/08/23/republica-dominicana-importaciones-de-cigarrillos-suman-2867-millones-de-cajetillas-durante-el-primer-semestre-de-2026/