martes, 7 de julio de 2026

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico |

Presidente Abinader

Quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027 por el Consejo de Ministros coloca sobre la mesa una pregunta decisiva para la República Dominicana: cómo convertir el gasto público en una herramienta real de transformación, bienestar, productividad e institucionalidad, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la responsabilidad frente al futuro.

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, trasciende el carácter rutinario de un trámite administrativo dentro del calendario institucional del Estado. Constituye, más bien, una definición política, económica y estratégica sobre el rumbo que la República Dominicana procura consolidar en una etapa marcada por profundas demandas sociales, presiones fiscales, transformaciones tecnológicas, desafíos geopolíticos y la necesidad impostergable de elevar la calidad del desarrollo nacional.

Un presupuesto público no es solo una suma de partidas, techos financieros, programas y proyectos. Es, en esencia, la expresión concreta de las prioridades de un país. Allí donde se asignan los recursos se revela la verdadera jerarquía de los compromisos públicos. Por eso, la Política Presupuestaria 2027 adquiere una relevancia mayor al organizar el gasto alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, una visión de largo plazo que procura orientar la acción del Estado hacia el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad democrática.

En una economía como la dominicana, que ha demostrado capacidad de crecimiento, resiliencia y atracción de inversiones, el gran desafío ya no consiste únicamente en crecer, sino en crecer mejor. Crecer mejor significa transformar el dinamismo macroeconómico en bienestar tangible para la gente; convertir las cifras de expansión en mejores servicios públicos; traducir la inversión en infraestructura en mayor competitividad territorial; y asegurar que la estabilidad fiscal no sea un concepto técnico reservado a especialistas, sino una condición indispensable para proteger el futuro de las familias, las empresas y las instituciones.

La decisión de mantener la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto al sistema educativo confirma que la educación continúa siendo el eje más sensible de la política pública dominicana. Sin embargo, el país sabe por experiencia que asignar recursos no basta. La inversión educativa debe medirse no solamente por su volumen financiero, sino por su capacidad de producir aprendizaje efectivo, reducir brechas, mejorar competencias, dignificar la labor docente y preparar a las nuevas generaciones para una economía cada vez más digital, automatizada y competitiva. En ese sentido, la continuidad del Plan Horizonte 2034 representa una oportunidad para pasar de la expansión cuantitativa del sistema a una transformación cualitativa de sus resultados.

La educación dominicana necesita aulas, planteles, transporte escolar y cobertura, pero también necesita liderazgo pedagógico, evaluación continua, innovación curricular, formación técnica pertinente y una conexión más estrecha entre escuela, territorio y empleo. El país no podrá insertarse con éxito en la economía global del conocimiento si no logra que cada peso destinado a educación se convierta en más horas efectivas de aprendizaje, mayor comprensión lectora, mejores habilidades matemáticas, alfabetización digital y capacidades ciudadanas. El presupuesto, por tanto, debe ser una palanca de calidad, no simplemente una garantía de cumplimiento formal.

En salud y protección social, la Política Presupuestaria 2027 plantea la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la permanencia de programas sociales orientados a proteger a la población ante choques externos. Esta línea de acción resulta crucial en un mundo donde las crisis sanitarias, climáticas, inflacionarias y alimentarias pueden alterar con rapidez la estabilidad de los hogares. Pero también aquí aparece una exigencia mayor: la salud pública debe avanzar desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo, territorial y humano.

Fortalecer la atención primaria no es un detalle técnico; es una decisión estructural. Un sistema de salud que resuelve tarde, atiende de manera fragmentada y concentra la presión en hospitales de alta demanda termina siendo más costoso, menos eficiente y menos justo. La República Dominicana necesita un sistema capaz de acompañar a la ciudadanía antes de que la enfermedad se convierta en emergencia, antes de que la pobreza se profundice por gastos médicos, antes de que la desigualdad territorial determine quién vive más y quién vive peor. El presupuesto de salud debe mirar no solo la infraestructura, sino la calidad del servicio, el abastecimiento, la tecnología, el personal y la confianza de la población.

La infraestructura, otro de los grandes ejes anunciados para 2027, mantiene una importancia estratégica indiscutible. Autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas son inversiones que impactan directamente la productividad, la movilidad, la salud ambiental y la dignidad de la vida cotidiana. No hay desarrollo sostenible sin infraestructura moderna; pero tampoco hay infraestructura verdaderamente transformadora si esta no responde a una visión territorial equilibrada, ambientalmente responsable y socialmente inclusiva.

El país debe evitar que las obras sean vistas únicamente como monumentos físicos del crecimiento. Una carretera reduce costos logísticos, pero también conecta comunidades con mercados. Un acueducto no solo lleva agua, sino que mejora salud, dignidad y productividad doméstica. Un sistema de transporte integrado no solo mueve pasajeros, sino que reorganiza la ciudad, disminuye pérdidas de tiempo, reduce presión económica sobre los hogares y mejora la competitividad urbana. Por eso, la inversión pública debe estar guiada por criterios de impacto, transparencia, priorización técnica y sostenibilidad de largo plazo.

La productividad aparece correctamente como un componente esencial de la política presupuestaria. La República Dominicana no podrá sostener su crecimiento futuro si no eleva la productividad de sus trabajadores, empresas, instituciones y territorios. Este punto es clave. El crecimiento basado en expansión de sectores tradicionales, consumo, construcción o ventajas de localización debe complementarse con innovación, digitalización, formación técnica, encadenamientos productivos, logística avanzada, agroindustria moderna, turismo inteligente e incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos y privados. El presupuesto debe ayudar a construir una economía con mayor capacidad de generar valor, no solo volumen.

La institucionalidad, por su parte, es el terreno donde el desarrollo se vuelve confiable. La mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, junto con las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, revela que el Gobierno reconoce la importancia de un Estado capaz de garantizar orden, justicia, control territorial y confianza. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin justicia eficiente no hay convivencia democrática; sin instituciones confiables no hay contrato social sólido. La institucionalidad no es una abstracción: es lo que permite que el ciudadano crea en las reglas y que el inversionista confíe en el país.

Ahora bien, toda política presupuestaria responsable debe enfrentar una tensión permanente: las necesidades son amplias, pero los recursos son limitados. De ahí que la sostenibilidad fiscal no puede ser tratada como una restricción incómoda, sino como una condición de soberanía económica. Un Estado que gasta sin eficiencia compromete el futuro; un Estado que invierte con inteligencia multiplica oportunidades. La diferencia entre gasto y desarrollo radica precisamente en la calidad de la planificación, la transparencia de la ejecución, la medición de resultados y la capacidad de corregir desvíos.

La Política Presupuestaria 2027, al estar alineada con Meta RD 2036, tiene el mérito de colocar el horizonte más allá de la coyuntura inmediata. Esa mirada es necesaria. Los países que progresan no improvisan cada año su destino; construyen continuidad estratégica, articulan sectores, protegen prioridades y someten sus decisiones a metas medibles. Pero también es importante recordar que una visión de largo plazo solo adquiere legitimidad cuando produce resultados verificables en el corto y mediano plazo. La ciudadanía necesita ver que la planificación mejora su escuela, su hospital, su calle, su empleo, su seguridad y su esperanza.

El verdadero examen de esta política no estará únicamente en su aprobación, sino en su ejecución. El presupuesto 2027 deberá demostrar que puede convertir las prioridades anunciadas en obras concluidas, servicios fortalecidos, instituciones más eficientes y ciudadanos mejor atendidos. Deberá demostrar que el Estado puede gastar mejor, no solo gastar más. Deberá probar que la inversión pública puede ser una herramienta de cohesión nacional, competitividad económica y justicia social.

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad decisiva. Si la Política Presupuestaria 2027 logra articular educación de calidad, salud preventiva, infraestructura estratégica, productividad moderna e institucionalidad robusta, el país estará dando un paso importante hacia una forma más madura de desarrollo. Pero si esas prioridades se diluyen en dispersión, burocracia o ejecución deficiente, la visión de futuro corre el riesgo de quedarse en discurso.

Gobernar también es presupuestar. Y presupuestar bien es decidir con responsabilidad qué país se quiere construir. La aprobación de esta política marca una ruta; ahora corresponde convertirla en resultados. Porque el desarrollo no se proclama: se planifica, se financia, se ejecuta, se mide y se defiende con visión de Estado.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora | Editor bibliográfico | Productor de medios de comunicación
#GuasábaraEditor

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lunes, 6 de julio de 2026

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027
La política de gasto prioriza la inversión en educación, salud, infraestructura, productividad e institucionalidad.
6 de Julio 2026 | 19:54
Presidente Abinader

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, en la que fue aprobada la Política Presupuestaria Anual correspondiente al año 2027, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.

Al concluir la sesión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los principales lineamientos de la política de gasto, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Gobierno.

La Política Presupuestaria 2027 organiza el gasto público alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, con énfasis en el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y el fortalecimiento de la institucionalidad, preservando al mismo tiempo las prioridades sociales y la inversión pública.

De acuerdo con el ministro Paliza, la política de gasto reafirma el compromiso del Gobierno con una gestión responsable de los recursos públicos, concentrando las inversiones en proyectos que generan mayor impacto sobre el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país.

“La Política Presupuestaria 2027 refleja una visión de largo plazo. Cada peso del presupuesto estará orientado a acelerar la transformación del país, fortaleciendo el capital humano, ampliando las oportunidades para la gente y desarrollando la infraestructura que demanda el crecimiento económico de la República Dominicana”, expresó Paliza.

En el área de educación, el Gobierno mantendrá la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto (PIB) al sistema educativo. Además, continuará impulsando el Plan Horizonte 2034, orientado a elevar los años efectivos de aprendizaje, junto con la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

En materia de salud y protección social, la política presupuestaria contempla la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a la población frente a choques externos.

La inversión en infraestructura continuará siendo uno de los principales ejes del presupuesto de 2027, con recursos destinados al desarrollo de autopistas y sistemas de transporte integrado en los principales centros urbanos e interurbanos, la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento, así como la continuidad del programa nacional para el mejoramiento de viviendas.

Asimismo, el presupuesto fortalecerá la productividad y la institucionalidad mediante una mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, además de continuar las inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales.

Paliza destacó que estas prioridades responden a una planificación estratégica de largo plazo, alineada con la visión de desarrollo nacional.

“Estamos construyendo un presupuesto que no solo responde a las necesidades del presente, sino que prepara a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto hacia el año 2036, con inversiones que fortalecen la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional”, concluyó.

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027 por el Consejo de Ministros coloca sobre la mesa una pregunta decisiva para la República Dominicana: cómo convertir el gasto público en una herramienta real de transformación, bienestar, productividad e institucionalidad, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la responsabilidad frente al futuro.

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, trasciende el carácter rutinario de un trámite administrativo dentro del calendario institucional del Estado. Constituye, más bien, una definición política, económica y estratégica sobre el rumbo que la República Dominicana procura consolidar en una etapa marcada por profundas demandas sociales, presiones fiscales, transformaciones tecnológicas, desafíos geopolíticos y la necesidad impostergable de elevar la calidad del desarrollo nacional.

Un presupuesto público no es solo una suma de partidas, techos financieros, programas y proyectos. Es, en esencia, la expresión concreta de las prioridades de un país. Allí donde se asignan los recursos se revela la verdadera jerarquía de los compromisos públicos. Por eso, la Política Presupuestaria 2027 adquiere una relevancia mayor al organizar el gasto alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, una visión de largo plazo que procura orientar la acción del Estado hacia el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad democrática.

En una economía como la dominicana, que ha demostrado capacidad de crecimiento, resiliencia y atracción de inversiones, el gran desafío ya no consiste únicamente en crecer, sino en crecer mejor. Crecer mejor significa transformar el dinamismo macroeconómico en bienestar tangible para la gente; convertir las cifras de expansión en mejores servicios públicos; traducir la inversión en infraestructura en mayor competitividad territorial; y asegurar que la estabilidad fiscal no sea un concepto técnico reservado a especialistas, sino una condición indispensable para proteger el futuro de las familias, las empresas y las instituciones.

La decisión de mantener la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto al sistema educativo confirma que la educación continúa siendo el eje más sensible de la política pública dominicana. Sin embargo, el país sabe por experiencia que asignar recursos no basta. La inversión educativa debe medirse no solamente por su volumen financiero, sino por su capacidad de producir aprendizaje efectivo, reducir brechas, mejorar competencias, dignificar la labor docente y preparar a las nuevas generaciones para una economía cada vez más digital, automatizada y competitiva. En ese sentido, la continuidad del Plan Horizonte 2034 representa una oportunidad para pasar de la expansión cuantitativa del sistema a una transformación cualitativa de sus resultados.

La educación dominicana necesita aulas, planteles, transporte escolar y cobertura, pero también necesita liderazgo pedagógico, evaluación continua, innovación curricular, formación técnica pertinente y una conexión más estrecha entre escuela, territorio y empleo. El país no podrá insertarse con éxito en la economía global del conocimiento si no logra que cada peso destinado a educación se convierta en más horas efectivas de aprendizaje, mayor comprensión lectora, mejores habilidades matemáticas, alfabetización digital y capacidades ciudadanas. El presupuesto, por tanto, debe ser una palanca de calidad, no simplemente una garantía de cumplimiento formal.

En salud y protección social, la Política Presupuestaria 2027 plantea la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la permanencia de programas sociales orientados a proteger a la población ante choques externos. Esta línea de acción resulta crucial en un mundo donde las crisis sanitarias, climáticas, inflacionarias y alimentarias pueden alterar con rapidez la estabilidad de los hogares. Pero también aquí aparece una exigencia mayor: la salud pública debe avanzar desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo, territorial y humano.

Fortalecer la atención primaria no es un detalle técnico; es una decisión estructural. Un sistema de salud que resuelve tarde, atiende de manera fragmentada y concentra la presión en hospitales de alta demanda termina siendo más costoso, menos eficiente y menos justo. La República Dominicana necesita un sistema capaz de acompañar a la ciudadanía antes de que la enfermedad se convierta en emergencia, antes de que la pobreza se profundice por gastos médicos, antes de que la desigualdad territorial determine quién vive más y quién vive peor. El presupuesto de salud debe mirar no solo la infraestructura, sino la calidad del servicio, el abastecimiento, la tecnología, el personal y la confianza de la población.

La infraestructura, otro de los grandes ejes anunciados para 2027, mantiene una importancia estratégica indiscutible. Autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas son inversiones que impactan directamente la productividad, la movilidad, la salud ambiental y la dignidad de la vida cotidiana. No hay desarrollo sostenible sin infraestructura moderna; pero tampoco hay infraestructura verdaderamente transformadora si esta no responde a una visión territorial equilibrada, ambientalmente responsable y socialmente inclusiva.

El país debe evitar que las obras sean vistas únicamente como monumentos físicos del crecimiento. Una carretera reduce costos logísticos, pero también conecta comunidades con mercados. Un acueducto no solo lleva agua, sino que mejora salud, dignidad y productividad doméstica. Un sistema de transporte integrado no solo mueve pasajeros, sino que reorganiza la ciudad, disminuye pérdidas de tiempo, reduce presión económica sobre los hogares y mejora la competitividad urbana. Por eso, la inversión pública debe estar guiada por criterios de impacto, transparencia, priorización técnica y sostenibilidad de largo plazo.

La productividad aparece correctamente como un componente esencial de la política presupuestaria. La República Dominicana no podrá sostener su crecimiento futuro si no eleva la productividad de sus trabajadores, empresas, instituciones y territorios. Este punto es clave. El crecimiento basado en expansión de sectores tradicionales, consumo, construcción o ventajas de localización debe complementarse con innovación, digitalización, formación técnica, encadenamientos productivos, logística avanzada, agroindustria moderna, turismo inteligente e incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos y privados. El presupuesto debe ayudar a construir una economía con mayor capacidad de generar valor, no solo volumen.

La institucionalidad, por su parte, es el terreno donde el desarrollo se vuelve confiable. La mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, junto con las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, revela que el Gobierno reconoce la importancia de un Estado capaz de garantizar orden, justicia, control territorial y confianza. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin justicia eficiente no hay convivencia democrática; sin instituciones confiables no hay contrato social sólido. La institucionalidad no es una abstracción: es lo que permite que el ciudadano crea en las reglas y que el inversionista confíe en el país.

Ahora bien, toda política presupuestaria responsable debe enfrentar una tensión permanente: las necesidades son amplias, pero los recursos son limitados. De ahí que la sostenibilidad fiscal no puede ser tratada como una restricción incómoda, sino como una condición de soberanía económica. Un Estado que gasta sin eficiencia compromete el futuro; un Estado que invierte con inteligencia multiplica oportunidades. La diferencia entre gasto y desarrollo radica precisamente en la calidad de la planificación, la transparencia de la ejecución, la medición de resultados y la capacidad de corregir desvíos.

La Política Presupuestaria 2027, al estar alineada con Meta RD 2036, tiene el mérito de colocar el horizonte más allá de la coyuntura inmediata. Esa mirada es necesaria. Los países que progresan no improvisan cada año su destino; construyen continuidad estratégica, articulan sectores, protegen prioridades y someten sus decisiones a metas medibles. Pero también es importante recordar que una visión de largo plazo solo adquiere legitimidad cuando produce resultados verificables en el corto y mediano plazo. La ciudadanía necesita ver que la planificación mejora su escuela, su hospital, su calle, su empleo, su seguridad y su esperanza.

El verdadero examen de esta política no estará únicamente en su aprobación, sino en su ejecución. El presupuesto 2027 deberá demostrar que puede convertir las prioridades anunciadas en obras concluidas, servicios fortalecidos, instituciones más eficientes y ciudadanos mejor atendidos. Deberá demostrar que el Estado puede gastar mejor, no solo gastar más. Deberá probar que la inversión pública puede ser una herramienta de cohesión nacional, competitividad económica y justicia social.

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad decisiva. Si la Política Presupuestaria 2027 logra articular educación de calidad, salud preventiva, infraestructura estratégica, productividad moderna e institucionalidad robusta, el país estará dando un paso importante hacia una forma más madura de desarrollo. Pero si esas prioridades se diluyen en dispersión, burocracia o ejecución deficiente, la visión de futuro corre el riesgo de quedarse en discurso.

Gobernar también es presupuestar. Y presupuestar bien es decidir con responsabilidad qué país se quiere construir. La aprobación de esta política marca una ruta; ahora corresponde convertirla en resultados. Porque el desarrollo no se proclama: se planifica, se financia, se ejecuta, se mide y se defiende con visión de Estado.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora | Editor bibliográfico | Productor de medios de comunicación
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Beijing exige a las empresas chinas en el extranjero a cumplir sus leyes por sobre las normativas de cada país

Caricatura de Xi Jinping con traje oscuro, corbata roja, un sello del Partido Comunista Chino y hilos rojos que conectan figuras y edificios en un mapa.

El jefe del régimen chino Xi Jinping extiende su influencia contra empresarios, ejecutivos y ciudadanos chinos en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mundo | Beijing exige a las empresas chinas en el extranjero a cumplir sus leyes por sobre las normativas de cada país

Mediante el decreto 835, el régimen conducido por Xi Jinping obliga a instituciones y ciudadanos chinos en el exterior a alinearse con la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros

Laureano Pérez Izquierdo | Director de Infobae América

06 Jul, 2026 08:54 a. m. EST

El largo brazo de la ley china tiene tantos miles de kilómetros que resulta imposible de medir. El Decreto N° 835 -“Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”- es un ejemplo de este nuevo paradigma legal que impone el régimen comandado por Xi Jinping para ciudadanos, empresas e instituciones chinas radicadas en el extranjero.

Hace pocos días, Infobae publicó la entrada en vigor de una ley que restringía la libertad de conciencia de sus ciudadanos no ya dentro de su territorio sino también fronteras afuera. Se trataba de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” que comprime a la mínima expresión las etnias menos representativas del país priorizando una “unidad nacional” cuyos criterios quedan en consideración del Partido Comunista Chino (PCC). Estertores de la Gran Revolución Cultural Proletaria de 1966 donde se resaltaba la figura de Mao Tse-Tung. Ahora, el objetivo es resaltar el pensamiento de Xi y del PCC. Esa purga terminó con la vida de millones de personas.

Pero el Decreto N° 835 no busca (únicamente) perseguir la conciencia de sus ciudadanos radicados en el extranjero, sino obligarlas a dirimir un dilema legal que hasta ahora no contemplaban: cumplir las leyes de los países donde son residentes o circunscribirse a las normas del régimen de Beijing. Este intríngulis procesal coloca a una empresa, una institución o un simple inmigrante chino en una situación en la que se verá atrapado entre dos obligaciones legales incompatibles.

El reglamento del régimen dice expresamente que China responderá a lo que denomina “jurisdicción extraterritorial injustificada”. El objetivo apunta a las sanciones, restricciones y controles impuestas por otros estados.

En su Artículo 6, el decreto establece:

El departamento competente en materia de Estado de derecho del Consejo de Estado, conjuntamente con otros organismos competentes, llevará a cabo la identificación de las medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada adoptadas por Estados extranjeros y podrá realizar investigaciones y consultas con las partes extranjeras, entre otras actuaciones. Las organizaciones y personas podrán proponer al citado departamento el inicio del procedimiento de identificación.

Para llevar a cabo dicha identificación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

Si la medida infringe el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales;

Si existe una conexión apropiada entre el acto sometido a jurisdicción extraterritorial y el Estado extranjero que pretende ejercerla;

Si la medida perjudica la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China, o lesiona los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas;

Cualquier otra circunstancia que deba ser considerada.

Cuando, tras el procedimiento de identificación, se determine que una medida constituye una medida de jurisdicción extraterritorial injustificada de un Estado extranjero, el departamento competente del Consejo de Estado podrá anunciar oficialmente dicha determinación. Ninguna organización ni persona podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas.

Cuando, por circunstancias especiales, un ciudadano u organización chinos necesiten ejecutar o colaborar en la ejecución de dichas medidas, deberán solicitar autorización al departamento competente del Consejo de Estado, exponiendo los hechos, los fundamentos y el alcance de la actuación requerida. Una vez aprobada conforme al procedimiento de decisión del Mecanismo de Trabajo, podrán ejecutarlas únicamente dentro del ámbito expresamente autorizado".

El texto es claro. Intimidante. Cuando el régimen considere que un estado extranjero -ya sea mediante una sanción, control o restricción- pretenda ejercer su jurisdicción, ningún ciudadano podrá cumplir o colaborar en su ejecución, salvo que Beijing -mediante el Consejo de Estado- lo autorice.

Es decir, una corporación china con una filial en Brasil o un ciudadano chino dueño de un restaurante en Madrid son obligados a cumplir con determinados requisitos por una ley (brasileña o española, de acuerdo al ejemplo) que los conmina a colaborar con las autoridades locales por filtración de datos. Sin embargo, si China considera que esa normativa son “extraterritorialmente injustificadas”, esas entidades chinas comprometidas podrían recibir dos órdenes simultáneas e incompatibles: la ley local le exige cumplir; la ley china le exige no cumplir.

Pero el Decreto N° 835 es aún más ambiguo, lo que lo convierte en más riesgoso para sus emigrantes y empresas en el extranjero. El Artículo 4 afirma que el régimen podrá ejercer “jurisdicción extraterritorial” cuando exista una “conexión apropiada” con China. El problema es que ese concepto no está definido y puede abarcar indistintamente a: ciudadanos chinos, empresas, filiales, financieras, tecnología, datos. La vaguedad de su texto es lo que hace temeraria y discrecional a la ley.

El Consejo de Estado es quien tendrá plena autoridad para decidir si se aplica o no la ley local de acuerdo a cada caso. Las autoridades chinas podrán identificar las medidas extranjeras, prohibir su cumplimiento, ordenar inspecciones tanto a empresas como a particulares, imponer entrevistas, ordenar no cumplir la norma, sancionar a esas empresas, restringirle inversiones y hasta congelar sus activos.

Otro punto intimidante es el que se desprende de los Artículos 12 y 13. En ellos se obliga a las compañías a cooperar con las investigaciones y obedecer las órdenes administrativas. La negativa de esta “colaboración” podría derivar en sanciones. En ninguna línea del texto se enumeran garantías procesales comparables a las que suelen exigirse en sistemas donde un poder judicial independiente revisa plenamente la actuación de la administración.

El Artículo 14 también es contundente. Alienta a generar denuncias entre entidades que se sientan afectadas por algún “traidor” que cumpla con leyes en el extranjero. “Cuando una organización o persona ejecute o colabore en la ejecución de medidas extranjeras de jurisdicción extraterritorial injustificada, lesionando con ello los derechos e intereses legítimos de ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán interponer, conforme a la ley, una demanda ante los tribunales populares para solicitar el cese de la infracción y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos”.

Además de la persecución de sus ciudadanos, la ley podría derivar en conflictos bilaterales. La intromisión del régimen chino en cuestiones administrativas locales generarían tensión entre los países involucrados que verían cómo Beijing intenta influir en decisiones tomadas fuera de su territorio. Esta presión podría extenderse, además, a otras represalias del estado comandado por Xi Jinping contra los países que quieran cumplir sus leyes.

Esto fue lo que ocurrió en Panamá, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria otorgado a Panama Ports Company (filial de la empresa china CK Hutchison) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal, calificando el acuerdo de “leonino” y lesivo para los intereses del país, lo que se tradujo en un conflicto bilateral y una presión monumental de Beijing sobre la nación centroamericana. El régimen comenzó una serie de contramedidas comerciales absurdas contra empresas panameñas y exigió al gobierno de José Raúl Mulino a desatender la decisión del máximo tribunal judicial del país.

A la Corte panameña no le tembló el pulso y respondió con altura republicalos ataques desde China: “Siempre va a haber alguien a quien le guste el fallo y va a haber gente a la que no le guste, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por esas opiniones o esos deseos, sino que falle correctamente luego de un análisis muy profundo que la lleve a una conclusión“, dijo la presidenta del máximo tribunal María Cristina Chen Stanziola.

El Decreto N° 835 no sólo apunta a mantener sobre sus márgenes legales a las empresas chinas, sino también actúa como una advertencia para aquellas naciones que hacen negocios con China. Delicias de una autocracia imperial.

X: @TotiPI



https://www.infobae.com/america/mundo/2026/07/06/beijing-exige-a-las-empresas-chinas-en-el-extranjero-a-cumplir-sus-leyes-por-sobre-las-normativas-de-cada-pais/

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Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

El nuevo régimen iraní debe ser interpretado como una mutación del poder revolucionario, no como una continuidad administrativa del viejo orden instaurado después de 1979. La lectura central del artículo de Paul Adams, publicado por BBC Mundo y reproducido por Acento, es que la muerte de Ali Jamenei y el ascenso de una nueva generación dirigente han desplazado el centro de gravedad del sistema iraní desde la prudencia clerical hacia una arquitectura más militarizada, más pragmática y más dispuesta a utilizar la fuerza como instrumento de negociación internacional (Adams, 2026). Esa transformación, lejos de significar necesariamente apertura democrática, puede implicar una forma más sofisticada de autoritarismo estratégico: un régimen capaz de flexibilizar ciertos símbolos sociales para recomponer legitimidad interna, mientras endurece su aparato de seguridad, preserva el monopolio político y eleva el costo de cualquier presión externa. En ese sentido, el nuevo Irán no abandona la lógica revolucionaria; la reorganiza bajo criterios de supervivencia estatal, disuasión regional y cálculo geoeconómico. [infobae.com], [cfr.org]

La diferencia fundamental entre el régimen anterior y el actual no reside únicamente en los nombres de sus dirigentes, sino en la naturaleza del mando. Durante décadas, Ali Jamenei representó una modalidad de poder marcada por la cautela, la ambigüedad estratégica y la fórmula de “ni guerra ni paz”, mediante la cual Irán resistía sanciones, financiaba aliados regionales y utilizaba su programa nuclear como ficha de presión sin cruzar necesariamente el umbral de una guerra directa de gran escala. El nuevo liderazgo, según el escenario descrito por Adams, parece haber alterado esa lógica: ya no se limita a administrar la tensión, sino que pretende convertir la vulnerabilidad iraní en capacidad ofensiva y en moneda de negociación. El resultado es un régimen que puede sentarse a negociar con Washington mientras demuestra, al mismo tiempo, que posee la voluntad de atacar bases militares, presionar a los países del Golfo y amenazar rutas marítimas críticas como el Estrecho de Ormuz. Ese cambio sugiere una transición desde la contención calculada hacia una disuasión más explícita y costosa. [infobae.com], [mecouncil.org]

La Guardia Revolucionaria Islámica ocupa el corazón de esta transformación. No se trata de una institución militar convencional, sino de un poder paralelo, creado para proteger la Revolución Islámica y convertido con el tiempo en actor militar, político, económico, ideológico y de inteligencia. El Council on Foreign Relations describe al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una de las organizaciones más poderosas de Irán, con funciones centrales en la proyección regional, la seguridad interna, la economía y la relación con grupos aliados en Irak, Líbano, Siria, Yemen y los territorios palestinos. También señala que responde directamente al líder supremo y que su influencia se ha expandido de manera sustancial desde 1979. En clave académica, esto significa que el nuevo régimen iraní se aproxima menos a una teocracia clásica dirigida por clérigos ancianos y más a un Estado securitizado, donde la legitimidad religiosa convive con una racionalidad de guerra, inteligencia, economía sancionada y redes regionales de influencia. [cfr.org] [mecouncil.org], [mecouncil.org]

Ese desplazamiento del eje clerical al eje militar produce una paradoja de gran alcance. Por un lado, el nuevo régimen puede parecer más pragmático: relativiza viejos tabúes sociales, evalúa concesiones económicas, busca alivio de sanciones y reconoce que necesita reconstruir legitimidad frente a una sociedad golpeada por represión, crisis económica y guerra. Por otro lado, ese pragmatismo no equivale a liberalización política. Puede ser, más bien, una estrategia de supervivencia: ceder en aspectos simbólicos de la vida cotidiana para conservar el núcleo duro del poder. La flexibilización del velo o de ciertas prácticas sociales no implica necesariamente una apertura del sistema político; puede funcionar como válvula de escape para reducir presión social, mientras la Guardia Revolucionaria y estructuras como la milicia Basij preservan la capacidad de control interno. En ese sentido, el régimen cambia de rostro, pero no renuncia a la vigilancia sobre la sociedad ni a la represión de la disidencia. [infobae.com], [cfr.org]

La segunda gran diferencia del nuevo Irán es su lectura del poder regional. Durante años, Teherán construyó el llamado “Eje de la Resistencia” mediante alianzas con actores no estatales y gobiernos afines en Líbano, Siria, Irak, Yemen y Gaza. Sin embargo, esa red sufrió golpes severos: el debilitamiento de Hezbollah, la devastación de Hamás, la presión sobre los hutíes y la pérdida del régimen sirio como aliado estratégico alteraron el mapa de influencia iraní. En el escenario descrito por Adams, la nueva dirigencia parece responder a esos reveses no con repliegue, sino con una estrategia de recomposición: si la red de aliados se debilita, el Estado iraní debe proyectar directamente su capacidad de daño. La consecuencia es un Irán más dispuesto a utilizar misiles, drones, presión naval y control geográfico como instrumentos de negociación. Esa conducta coincide con los análisis que señalan una creciente centralización, militarización y securitización de la política exterior iraní, con mayor influencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y de la Guardia Revolucionaria sobre los canales diplomáticos tradicionales. [infobae.com], [mecouncil.org]

El Estrecho de Ormuz es el punto donde esa transformación adquiere relevancia mundial. La Administración de Información Energética de Estados Unidos ha señalado que en 2024 fluyeron por ese estrecho alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo, equivalentes aproximadamente al 20 % del consumo mundial de líquidos petroleros. También ha advertido que los grandes puntos de estrangulamiento marítimo, cuando son interrumpidos temporalmente, pueden provocar retrasos de suministro, aumentos en los costos de transporte y presiones al alza sobre los precios internacionales de la energía. La Agencia Internacional de Energía, por su parte, considera a Ormuz uno de los pasos petroleros más críticos del mundo, al estimar que en 2025 transitaron por allí unos 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados, cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo. Por tanto, cuando Irán insinúa que puede cerrar, restringir o encarecer el tránsito por esa vía, no amenaza solamente a sus adversarios militares: amenaza la estabilidad del mercado energético global. [eia.gov], [eia.gov] [iea.org]

Para la República Dominicana, esta realidad tiene una consecuencia inmediata: la geopolítica del Golfo Pérsico se traduce en precios internos, costos fiscales y presión sobre el poder adquisitivo. Aunque el país no importa mayoritariamente desde Irán ni depende directamente del Golfo Pérsico para su abastecimiento inmediato, sí compra combustibles en un mercado internacional donde los precios se forman por expectativas globales, riesgos logísticos, seguros marítimos, oferta disponible y percepción de conflicto. El Ministerio de Energía y Minas, citado por El Dinero, reportó que la República Dominicana importó hidrocarburos por US$1,176 millones en el primer trimestre de 2025, con gasolinas, gasoil, gas natural, GLP, petróleo crudo y avtur entre los componentes principales de la factura energética. Ese mismo reporte indicó que Estados Unidos concentró el 84 % del valor importado en ese período, lo que revela una alta dependencia de un proveedor principal, pero no elimina la exposición dominicana a los precios internacionales. [eldinero.com.do]

El mecanismo de transmisión es claro. Si aumenta la tensión en Ormuz, sube la prima de riesgo del petróleo; si sube el Brent, aumentan los precios de referencia de los combustibles refinados; si se encarecen los combustibles importados, el Gobierno dominicano debe escoger entre trasladar el incremento al consumidor o absorberlo mediante subsidios. Ambas opciones tienen costos. Si el aumento se traslada al mercado interno, se encarecen el transporte público, el transporte de carga, los alimentos, la producción industrial, la factura eléctrica y los servicios vinculados al turismo. Si el Estado subsidia para evitar un golpe inflacionario, se presiona el presupuesto público, se reducen márgenes fiscales y se dificulta la asignación de recursos a inversión social, infraestructura o seguridad energética. En ambos escenarios, una crisis en Medio Oriente entra en la economía dominicana por la vía del combustible y se expande hacia toda la estructura de precios. [eia.gov], [eldinero.com.do]

El turismo dominicano también queda expuesto. La República Dominicana compite en un mercado internacional donde el costo del transporte aéreo, la estabilidad de las rutas y el precio del combustible de aviación influyen en la conectividad y la rentabilidad de las aerolíneas. El avtur forma parte de la canasta de hidrocarburos importados por el país, según los datos del MEM citados por El Dinero, y cualquier presión sostenida sobre los combustibles puede afectar costos de operación, tarifas aéreas y decisiones de conectividad. Una crisis prolongada no necesariamente reduciría de inmediato la llegada de turistas, pero sí podría elevar los costos de la cadena turística, desde los vuelos hasta la generación eléctrica hotelera, el transporte terrestre, la distribución de alimentos y la logística de suministros. En una economía donde turismo, zonas francas, construcción, remesas y comercio constituyen motores centrales, la energía no es un insumo sectorial: es una variable transversal de competitividad nacional. [eldinero.com.do]

La economía dominicana enfrenta, por tanto, una doble vulnerabilidad: dependencia de combustibles fósiles importados y exposición a la volatilidad geopolítica. El país ha avanzado en renovables, pero su matriz eléctrica todavía descansa en una proporción considerable de fuentes fósiles. El boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas para el primer trimestre de 2025 registró que la generación neta del SENI alcanzó 5,243.35 GWh y que una parte relevante de esa generación provino de gas natural, carbón mineral y fuel oil, aunque también se observa participación de agua, solar, viento y biomasa. A su vez, la guía comercial de la International Trade Administration sobre energía renovable en República Dominicana señala que el país tiene oportunidades de transformación energética, metas de mayor participación renovable y desafíos estructurales vinculados a pérdidas técnicas y no técnicas, transmisión y confiabilidad del sistema. Esto implica que la respuesta dominicana ante Irán no puede limitarse a observar el precio semanal de los combustibles; debe formar parte de una política de seguridad energética de largo plazo. [mem.gob.do] [trade.gov]

En ese marco, la primera medida estratégica para la República Dominicana debe ser fortalecer sus reservas y mecanismos de almacenamiento. Un país importador neto no puede evitar los shocks internacionales, pero sí puede reducir su vulnerabilidad temporal si dispone de inventarios suficientes, contratos diversificados y protocolos de emergencia. La segunda medida debe ser acelerar la diversificación de proveedores y rutas logísticas, sin desconocer que Estados Unidos seguirá siendo un socio energético central. La concentración en un proveedor puede ser eficiente en tiempos normales, pero vulnerable en períodos de disrupción. La tercera medida debe ser profundizar la transición renovable con almacenamiento, inversión en redes, eficiencia energética y regulación moderna. La energía solar y eólica no eliminan de inmediato la necesidad de combustibles, pero reducen gradualmente la exposición a crisis como la de Ormuz. La cuarta medida debe ser crear un mecanismo fiscal anticíclico para combustibles, que permita proteger a los sectores más vulnerables sin convertir cada crisis externa en un desorden presupuestario. Estas acciones responden tanto al peso financiero de la factura petrolera como a los desafíos estructurales del sistema energético dominicano. [eldinero.com.do], [trade.gov]

Una quinta medida, menos discutida pero igualmente importante, es fortalecer la inteligencia económica del Estado dominicano. La crisis iraní demuestra que los países pequeños no pueden darse el lujo de separar política exterior, energía, finanzas públicas, comercio marítimo y seguridad alimentaria. La República Dominicana necesita una mesa permanente de seguimiento geoeconómico que integre al Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Industria y Comercio, Cancillería, sector eléctrico, autoridades portuarias, turismo, transporte y sector privado. Esa instancia debería producir escenarios de riesgo, estimaciones de impacto sobre combustibles, alertas sobre fletes marítimos, análisis de inflación importada y recomendaciones de respuesta. La Organización Mundial del Comercio y AXSMarine han desarrollado un rastreador del comercio por el Estrecho de Ormuz que muestra cómo los flujos marítimos pueden monitorearse casi en tiempo real, lo que confirma que la gestión moderna del riesgo requiere datos, vigilancia y anticipación. [datalab.wto.org]

La sexta medida corresponde a la diplomacia económica. La República Dominicana debe utilizar sus espacios multilaterales, regionales y hemisféricos para defender la seguridad de las rutas marítimas, la estabilidad del comercio energético y la solución negociada de conflictos. Esto no significa asumir una posición beligerante ni intervenir en disputas ajenas, sino articular una perspectiva de país importador vulnerable. Para economías caribeñas como la dominicana, la libertad de navegación, el respeto al derecho internacional y la previsibilidad de los mercados de energía son condiciones de estabilidad interna. En este sentido, la crisis iraní debería impulsar una diplomacia dominicana más activa en la discusión sobre seguridad energética, resiliencia logística y financiamiento para la transición renovable de países importadores. La experiencia de Ormuz y de otras rutas como Bab el-Mandeb confirma que los choques marítimos pueden elevar costos globales y alterar cadenas de suministro. [eia.gov], [eia.gov]

La Guardia Revolucionaria, por su parte, debe ser comprendida como el actor que condiciona la posibilidad de paz o escalada. Si el nuevo liderazgo iraní está más dominado por esta estructura, cualquier negociación con Teherán tendrá que considerar no solo al gobierno formal, sino al poder real de los mandos militares, los servicios de inteligencia, la economía sancionada y las redes regionales. El CFR señala que la Guardia maneja capacidades militares relevantes, incluida la fuerza Quds y el arsenal de misiles balísticos, además de influir en la política nacional y beneficiarse de redes comerciales alrededor de las sanciones. El Middle East Council on Global Affairs ha descrito, desde antes de esta coyuntura, una tendencia iraní hacia mayor centralización, militarización y desplazamiento de la diplomacia tradicional por estructuras securitizadas, incluidas el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la Guardia Revolucionaria. Esto implica que el nuevo régimen puede pactar, pero también puede sabotear el pacto si considera que la supervivencia del sistema está en riesgo. [cfr.org] [mecouncil.org], [mecouncil.org]

La gran conclusión académica es que el nuevo Irán no es necesariamente más irracional que el anterior; puede ser incluso más racional en términos de Estado. Pero esa racionalidad es peligrosa porque está organizada alrededor de la supervivencia del régimen, no de la democratización, la transparencia o la integración pacífica. Un Irán dominado por la Guardia Revolucionaria puede negociar alivio de sanciones, abrir espacios económicos y modular ciertos símbolos sociales, pero también puede intensificar la represión interna, fortalecer sus capacidades militares y utilizar el petróleo, el gas y las rutas marítimas como instrumentos de coerción. La diferencia con el viejo régimen consiste precisamente en esa combinación: menos inmovilidad clerical, más flexibilidad táctica, más audacia militar y más pragmatismo autoritario. Para Occidente, representa un adversario menos ceremonial y más operativo; para Medio Oriente, un vecino más calculador; para los mercados energéticos, una fuente de incertidumbre estructural; y para países importadores como la República Dominicana, un riesgo externo que puede convertirse en inflación doméstica.

Por eso, la República Dominicana debe leer esta crisis como parte de una nueva geopolítica de vulnerabilidades interconectadas. Lo que ocurre en Teherán puede reflejarse en el precio del petróleo; lo que ocurre en Ormuz puede alterar los fletes; lo que ocurre en el Golfo puede encarecer alimentos, electricidad y transporte; lo que ocurre en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puede afectar el presupuesto dominicano. La política nacional, en consecuencia, debe elevar su nivel de sofisticación estratégica. No basta con reaccionar a los precios cada viernes ni con administrar subsidios coyunturales. Es necesario construir una política de seguridad energética, diversificación logística, transición renovable, ahorro fiscal, diplomacia económica y análisis prospectivo. La energía debe ser tratada como asunto de soberanía económica.

En términos de opinión académica, el nuevo régimen iraní se diferencia del anterior porque ha convertido la supervivencia en doctrina, la Guardia Revolucionaria en eje de gobernabilidad, la geografía en arma negociadora y el pragmatismo en instrumento de legitimidad. Esa combinación puede abrir una ventana diplomática, pero también puede producir una escalada si fracasan los incentivos o si las facciones más duras imponen su lógica de confrontación. La República Dominicana no puede decidir el futuro de Irán, pero sí puede decidir cómo se prepara ante sus consecuencias. Y esa preparación exige mirar más allá de la coyuntura: invertir en energía renovable, fortalecer reservas, diversificar proveedores, proteger a consumidores vulnerables, blindar el turismo, modernizar el sistema eléctrico y asumir que la geopolítica ya no es un lujo de analistas, sino una variable concreta del costo de la vida.

En última instancia, la pregunta no es solo cómo cambió Irán, sino qué revela ese cambio sobre el mundo que viene. El orden internacional se fragmenta, las rutas marítimas se militarizan, la energía vuelve a ser arma estratégica y las economías pequeñas quedan expuestas a decisiones tomadas en espacios donde no tienen asiento. Frente a esa realidad, la República Dominicana necesita una mirada de Estado. El nuevo Irán puede ser más pragmático, pero también más peligroso; puede negociar, pero también presionar; puede flexibilizar símbolos internos, pero endurecer la estructura del poder. Para nosotros, la lección es inequívoca: cada barril importado encierra una dependencia, cada ruta marítima una vulnerabilidad y cada crisis geopolítica una advertencia. Prepararse no es alarmismo; es prudencia estratégica.

Referencias

Adams, P. (2026, 6 de julio). Cómo el nuevo régimen de Irán es totalmente diferente del anterior. BBC News Mundo, reproducido por Acento. [infobae.com]

Council on Foreign Relations. (2026, 30 de enero). The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). [cfr.org]

Energy Information Administration. (2025, 16 de junio). Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint. U.S. Energy Information Administration. [eia.gov]

Energy Information Administration. (2024, 11 de octubre). Fewer tankers transit the Red Sea in 2024. U.S. Energy Information Administration. [eia.gov]

International Energy Agency. (2026). Strait of Hormuz: Factsheet. [iea.org]

International Trade Administration. (2026, 25 de febrero). Dominican Republic—Renewable Energy. U.S. Department of Commerce. [trade.gov]

Middle East Council on Global Affairs. (2024). Iran’s evolving foreign policy structure: Implications on foreign relations. [mecouncil.org], [mecouncil.org]

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. (2025). Boletín estadístico T1-2025. [mem.gob.do]

De Jesús, M. (2025, 4 de julio). Importación de hidrocarburos en RD asciende a US$1,176 millones en primer trimestre. El Dinero. [eldinero.com.do]

World Trade Organization & AXSMarine. (2026). Strait of Hormuz Trade Tracker. [datalab.wto.org]

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Plan de Acción Integral Conjunto: 

El acuerdo que la administración de Barack Obama firmó con Irán es el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), frecuentemente conocido por sus siglas en inglés como JCPOA (por sus siglas en inglés).

El miércoles se hizo público el memorándum de entendimiento (MOU) con Irán, en el que se detallan los términos del acuerdo negociado por la administración de Trump.

El presidente Donald Trump firmó el acuerdo tras la clausura de la cumbre del G7 en el Palacio de Versalles el miércoles, y laceremonia oficial de firma está prevista para el viernes. Con su firma, entraron en vigor el alto el fuego de 60 días y el marco de negociación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron este miércoles 17 de junio el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, confirmaron el propio mandatario estadounidense y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

Texto completo del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán

17 de junio de 2026 : https://arabcenterdc.org/resource/memorandum-of-understanding-between-the-united-states-of-america-and-the-islamic-republic-of-iran/