lunes, 23 de febrero de 2026

Banco Central: cuando el empleo marca récord… y la informalidad aún dicta las reglas | Gobierno del presidente Luis Abinader resalta cifras históricas de empleo en 2025 con 133,915 nuevos ocupados

 Banco Central

Editorial | Banco Central: cuando el empleo marca récord… y la informalidad aún dicta las reglas

Hay cifras que, por sí solas, cuentan una historia de avance. Y hay cifras que, al mirarlas con más calma, obligan a formular preguntas incómodas. Los datos difundidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) sobre el mercado laboral en 2025 —y destacados por el gobierno— pertenecen a ambas categorías: son una señal potente de dinamismo económico, pero también un recordatorio de lo mucho que falta para convertir el crecimiento en bienestar sostenido y empleo de calidad para la mayoría

Las cifras que entusiasman (y que conviene entender)

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), el país registró en 2025 un aumento interanual promedio de 133,915 personas ocupadas, elevando el total promedio de ocupados a 5,139,951.
Más relevante aún: 131,901 de esos nuevos ocupados —el 98.5%— se generaron en la formalidad, lo que empujó la tasa de informalidad promedio a 54.1%, por debajo del 55.5% de 2024

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre-diciembre), el total de ocupados alcanzó 5,168,878, con 117,948 nuevos empleos netos frente al mismo período del año previo. De esos, el 72.7% (85,764) fue formal y el 27.3% (32,184) informal; la informalidad trimestral se ubicó en 54.2%, 0.6 puntos menos que un año antes.

A esto se suman dos hitos estadísticos que hablan de un mercado de trabajo “encendido”: la tasa de ocupación promedió 62.9% y la tasa global de participación 66.2%, ambas en niveles históricos para la serie anual.
Y del lado del desempleo, la desocupación abierta (SU1) se colocó en 5.0% (promedio anual y también en oct-dic), mientras la subutilización ampliada (SU3) descendió a 9.2% al cierre del año. 

En limpio: más gente trabajando, más participación y más empleo formal. Es una combinación que cualquier economía quisiera mostrar.

Lo que el récord sugiere: avance real en la “calidad” del empleo

Que casi todo el empleo neto del año provenga de la formalidad es, sin duda, la señal más importante del informe. Porque el empleo formal no solo “cuenta” como ocupación: suele significar cotización, cobertura, trazabilidad, crédito, estabilidad y, sobre todo, una relación laboral menos vulnerable. El propio BCRD atribuye a ese crecimiento formal la reducción de la informalidad desde el pico observado en pandemia, cuando el indicador llegó a 58.9%

Este punto merece una lectura estratégica: la formalidad se construye. No aparece por azar. La estabilidad macro, la recuperación sectorial, la inversión y la certidumbre regulatoria suelen ser parte del “combo” que empuja al empleador a formalizar y al trabajador a preferir un puesto con protección.

Pero la calidad del empleo no se mide solo por la condición formal. También cuenta el ingreso real, la productividad, la jornada, la protección efectiva, la movilidad y la posibilidad de ascenso. Y ahí es donde el país se juega el próximo capítulo.

La pregunta clave: ¿por qué, con récord, seguimos con 54% de informalidad?

Aquí está el núcleo del debate. Celebrar el descenso de la informalidad es justo. Pero 54.1% (promedio anual) significa que más de la mitad de los ocupados permanece fuera o en los márgenes del sistema de protección.
Y aunque el Banco Central señala que el país se ubica “en torno a la mediana regional” en comparación con otras economías latinoamericanas, eso no debe funcionar como consuelo: debe operar como punto de partida para acelerar la transición.

Porque la informalidad, en la práctica, implica:

  • Menos acceso real a seguridad social y pensiones.
  • Mayor fragilidad ante choques (salud, inflación, desaceleración).
  • Menor productividad promedio.
  • Menos recaudación y menor capacidad estatal de invertir en servicios.

El reto 2026 no es solo crear empleo; es formalizarlo de forma sostenida y masiva.

Empleo femenino: un avance que exige políticas de apoyo (para que no sea coyuntural)

El informe también destaca que la generación de empleo se concentró “principalmente en la población femenina”, sugiriendo una mayor integración de la mujer al mercado laboral.
Esta tendencia es positiva, pero plantea otra agenda: ¿en qué sectores y condiciones se está insertando la mujer? La integración no puede quedar confinada a nichos de baja remuneración o alta rotación. El país debería leer este dato como mandato para: 

  • Expandir redes de cuidados (guarderías, estancias, atención a dependientes).
  • Mejorar la empleabilidad con formación técnica y digital.
  • Promover entornos laborales seguros y con movilidad interna.

Un crecimiento con rostro femenino es un hito; convertirlo en progreso con equidad es la tarea.

Banco Central y ENCFT: por qué la credibilidad estadística importa tanto

Más allá del debate político, el valor de este informe es institucional: cuando un país mide bien su mercado laboral, puede diseñar mejor su política pública. La ENCFT se ha vuelto la columna vertebral para leer ocupación, participación, desempleo e informalidad con consistencia metodológica y periodicidad. 

En una región donde la confianza en las cifras suele erosionarse, el rol técnico del Banco Central —como emisor de datos y como referencia— aporta una ganancia silenciosa: reduce la incertidumbre, mejora el análisis y obliga a que el debate público se ancle en evidencia, no en consignas.

Agenda editorial (propositiva): del récord a la transformación

Si 2025 dejó números históricos, 2026 debería enfocarse en consolidar y profundizar. Algunas líneas de acción razonables:

  1. Formalización “inteligente” para micro y pequeños negocios
    Menos fricción para registrarse, declarar y cotizar; más beneficios visibles por formalizar.

  2. Formación técnica ligada a demanda real
    Empleo formal crece cuando hay capacidades. Alianzas empresa–centros técnicos con metas medibles.

  3. Productividad como política laboral
    No hay mejora salarial sostenible sin productividad. El empleo récord debe convertirse en empleo mejor pagado.

  4. Cuidado y empleabilidad femenina
    Si el empleo creció con mayor peso femenino, el siguiente paso es asegurar permanencia y ascenso.

  5. Fiscalización focalizada y simplificación
    No se formaliza solo “persiguiendo”; se formaliza también haciendo que cumplir sea más fácil que evadir.

  6. Lectura territorial del empleo
    Los promedios nacionales esconden brechas provinciales. La política laboral debe tener enfoque territorial.

Conclusión: buenas noticias… con responsabilidad

Los datos del Banco Central muestran un cierre de 2025 con ocupación cerca de máximos y desempleo en niveles históricamente bajos, con un rasgo especialmente valioso: el peso del empleo formal en la expansión del trabajo.
Pero el mismo informe deja claro el desafío: la informalidad sigue siendo la regla para una mayoría, y ese hecho limita el impacto social del crecimiento.

En definitiva, el récord es una señal de que el país puede. Ahora toca lo más difícil: convertir la estadística favorable en un contrato social más justo, donde trabajar no sea solo “tener ocupación”, sino tener protección, ingresos dignos y futuro,

Autor_ @GuasabaraEditor: Luis Orlando Díaz Vólquez

Fuentes: [presidencia.gob.do][elnacional.com.do]

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Santo Domingo.- El gobierno del presidente Luis Abinader resaltó los resultados presentados por el Banco Central de la República Dominicana, los cuales indican que la economía dominicana registró un aumento interanual promedio de 133,915 personas más trabajando durante el año 2025, elevando el total promedio de personas ocupadas a 5,139,951 trabajadores, según los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por la generación de puestos formales, que aportaron 131,901 nuevos ocupados, equivalentes al 98.5 % del total, lo que contribuyó a que la tasa de informalidad promedio descendiera a 54.1 % en 2025, inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % registrado en 2024.

Al cierre del cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2025, el total de ocupados alcanzó los 5,168,878 trabajadores, para un incremento interanual de 117,948 nuevos empleos netos. De este total, el 72.7 % (85,764) correspondió a trabajadores formales, mientras que el 27.3 % (32,184) fueron informales. En ese período, la tasa de informalidad se situó en 54.2%, 0.6 puntos porcentuales por debajo del mismo trimestre del año anterior.

El informe destaca que la generación de empleos estuvo concentrada principalmente en la población femenina, reflejando una mayor integración de la mujer al mercado laboral.

En cuanto a los principales indicadores del mercado de trabajo, la tasa de ocupación promedió 62.9 % en 2025 y la tasa global de participación alcanzó 66.2 %, ambos valores históricos en sus respectivas series anuales, evidenciando una elevada participación relativa en el mercado laboral.

Respecto a la tasa de desocupación abierta (SU1), esta se ubicó en 5.0 % tanto en el promedio anual como en el trimestre octubre-diciembre de 2025, mostrando una reducción de 0.1 puntos porcentuales en comparación con 2024. Asimismo, la tasa de subutilización ampliada (SU3) descendió a 9.2 % al cierre del año.

El Banco Central resaltó que el crecimiento sostenido del empleo formal ha permitido reducir significativamente la informalidad desde el máximo histórico de 58.9 % registrado durante la pandemia, manteniendo al país en torno a la mediana regional en comparación con otras economías de América Latina.

La institución indicó que la expansión del empleo, principal fuente de ingresos de los hogares, junto con los programas sociales implementados, ha fortalecido el poder adquisitivo de la población y contribuido a que más dominicanos superen el umbral de la pobreza monetaria.

Con estos resultados, el mercado laboral dominicano cerró 2025 con indicadores de ocupación cercanos a máximos históricos y niveles de desempleo en torno a sus mínimos desde el inicio de la serie estadística de la ENCFT en 2014.

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-del-presidente-luis-abinader-resalta-cifras-historicas-de-empleo-en-2025-con

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Del récord de empleo a la “segunda ola” del desarrollo: formalización, productividad y cohesión social en la República Dominicana (2026)

Firma: Luis Orlando Díaz Vólquez
Fecha: 23 de febrero de 2026


Resumen

La República Dominicana cerró 2025 con señales laborales que merecen ser leídas como un hito estadístico y, al mismo tiempo, como una advertencia estructural: el país alcanzó un promedio anual de 5,139,951 personas ocupadas y sumó 133,915 nuevos ocupados netos, con tasas récord de ocupación (62.9%) y participación (66.2%), mientras el desempleo abierto (SU1) se ubicó en 5.0%. En paralelo, casi todo el crecimiento neto de empleo provino de la formalidad (131,901 nuevos ocupados formales; 98.5%), lo que contribuyó a reducir la informalidad promedio a 54.1% (−1.4 p.p. respecto a 2024). [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do]

La buena noticia es evidente: se crea empleo y se formaliza más que antes. La noticia incómoda también: más de la mitad de la población ocupada continúa en la informalidad, un “techo de cristal” que limita productividad, cobertura contributiva y sostenibilidad de la protección social, como advierte CEPAL en lecturas sobre el caso dominicano. Este artículo sostiene una tesis: 2025 confirma capacidad de expansión laboral; 2026 debe convertirse en el año de la transformación cualitativa del trabajo, con una agenda que conecte formalización, productividad, ingresos reales y estabilidad fiscal. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do] [diariolibre.com], [bavaronews.com] [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com]


1. El dato como punto de partida: crecimiento sí, pero con composición

Las cifras del Banco Central basadas en la ENCFT ofrecen una lectura que trasciende el titular del récord: el mercado laboral no solo creció, sino que cambió su composición al concentrar el incremento en el empleo formal. De los 133,915 nuevos ocupados netos promedio en 2025, 131,901 correspondieron a ocupación formal, equivalente a 98.5% del total. Esta proporción es, por sí misma, una señal de fortalecimiento institucional: donde crece la formalidad, tienden a crecer la trazabilidad económica, la bancarización y la capacidad de protección social contributiva. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do]

Para entender el alcance, conviene precisar qué significa “formal” en la medición del Banco Central: el análisis considera formales a los asalariados con acceso a beneficios de seguridad social vía su ocupación y también a los independientes cuya unidad productiva cuenta con Registro Nacional de Contribuyente (RNC). Es decir, el concepto no se agota en “estar empleado”, sino en empleo con protección y registro, un estándar que permite diferenciar crecimiento meramente cuantitativo de progreso social. [oig.cepal.org], [hoy.com.do] [hoy.com.do], [bavaronews.com]


2. Los récords de 2025: lectura técnica y lectura estratégica

En promedio anual, la tasa de ocupación se ubicó en 62.9% y la tasa global de participación en 66.2%, ambos máximos históricos en sus series anuales; mientras la tasa de desempleo abierto (SU1) fue 5.0%, y la subutilización ampliada (SU3) descendió a 9.2% al cierre del año. En el cuarto trimestre (octubre–diciembre) de 2025, el total de ocupados alcanzó 5,168,878, con 117,948 nuevos empleos netos interanuales; de ellos, 72.7% fueron formales. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do]

En términos macro, estas cifras se insertan en un contexto en el que el país venía mostrando dinamismo económico y estabilidad relativa en indicadores agregados; por ejemplo, el Banco Mundial reporta para 2024 un PIB de US$124.28 mil millones y crecimiento de 5.0%, además de inflación anual de 3.3%. Aunque mercado laboral y PIB no siempre se mueven al unísono, el cuadro sugiere que la economía ha tenido base para sostener creación de empleo y recuperación tras el shock pandémico. [news.un.org], [one.gob.do] [elnacional.com.do], [bavaronews.com]

Pero lo estratégico no es el récord, sino lo que habilita: una ventana de oportunidad para consolidar la formalización y, con ella, la productividad y la sostenibilidad de la protección social. Si el país se limita a celebrar los récords sin atacar el núcleo del problema —la informalidad persistente—, corre el riesgo de convertir un avance coyuntural en una promesa incompleta. [diariolibre.com], [noticiasacn.com]


3. La informalidad como “techo de cristal”: por qué 54% debe preocupar aun cuando baja

La informalidad promedio se redujo a 54.1% en 2025 (desde 55.5% en 2024), y el Banco Central subraya que este indicador ha bajado desde el máximo observado durante la pandemia (58.9%). Sin embargo, aun con esa mejora, el país mantiene el rasgo estructural más difícil de remover en América Latina: más de la mitad de los trabajadores fuera de los marcos plenos de protección y contribución. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do] [diariolibre.com], [infoelnuevonorte.com]

La CEPAL ha insistido en que la informalidad elevada limita la sostenibilidad financiera del sistema de protección social, restringe la expansión de políticas contributivas y complica la erradicación de la pobreza. En paralelo, la OIT advierte que, en América Latina y el Caribe, la informalidad sigue afectando a cerca de la mitad de la fuerza laboral regional (con estimaciones alrededor de 46.7% en la primera mitad de 2025), incluso cuando la ocupación mejora. Esta doble mirada —nacional y regional— permite entender por qué el problema no se resuelve solo con crecimiento: la informalidad es una combinación de baja productividad, costos de cumplimiento, segmentación empresarial y debilidades en protección social y fiscalización inteligente. [diariolibre.com], [bavaronews.com] [infoelnuevonorte.com], [noticiasacn.com]

Por eso, reducir la informalidad no es un “tema laboral” aislado. Es una estrategia de desarrollo. Un país puede crear empleo y, sin embargo, seguir atrapado en un equilibrio de baja productividad si la mayoría del trabajo se genera en unidades pequeñas, poco capitalizadas, con escaso acceso a crédito y tecnología. La informalidad, en ese sentido, no solo describe una condición: describe una frontera. [infoelnuevonorte.com], [noticiasacn.com]


4. Empleo femenino: avance real, agenda pendiente

El Banco Central destaca que la generación de empleos estuvo concentrada principalmente en la población femenina, reflejando mayor integración de la mujer al mercado laboral. Esta señal es valiosa por dos razones. Primero, porque la participación de las mujeres suele ser el primer indicador en deteriorarse ante crisis y el último en recuperarse; segundo, porque cuando la participación femenina crece, suele arrastrar mejoras en bienestar familiar, capital humano y cohesión social. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do]

Sin embargo, la calidad de esta inserción importa tanto como la inserción misma. La OIT ha subrayado que la informalidad afecta especialmente a mujeres y jóvenes, elevando vulnerabilidad y precariedad, y que las brechas de género persisten en participación y calidad del empleo. En términos de política pública, si 2025 muestra un componente femenino relevante en el crecimiento del empleo, 2026 debe consolidarlo con una arquitectura de cuidados, formación y condiciones laborales que reduzcan rotación, subempleo y tramos de informalidad. [infoelnuevonorte.com], [noticiasacn.com]

El punto es sencillo: empleo femenino no puede ser sinónimo de empleo frágil. Si el país quiere convertir el avance estadístico en reputación internacional de desarrollo inclusivo, debe convertir la integración en trayectorias laborales sostenibles, con movilidad salarial y cobertura social. [noticiasacn.com], [diariolibre.com]


5. Empleo, ingresos y pobreza: relación plausible, pero no automática

El Banco Central asocia la expansión del empleo —principal fuente de ingresos de los hogares— con fortalecimiento del poder adquisitivo y avances para superar pobreza monetaria. La evidencia oficial sobre pobreza respalda una trayectoria favorable: el boletín trimestral de pobreza monetaria indica que en 2024 la pobreza monetaria se ubicó en 18.98%, el nivel más bajo registrado según esa serie. Asimismo, mediciones trimestrales para 2025 muestran niveles cercanos a ese rango (por ejemplo, 18.45% en julio–septiembre de 2025), resaltando el papel del ingreso nominal de los hogares y el efecto adverso de la inflación en el resultado neto. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do] [efe.com], [ilo.org] [diariofinanciero.do], [efe.com]

La relación empleo–pobreza funciona por canales claros: más ocupación tiende a elevar ingresos laborales; más formalidad tiende a estabilizarlos y a ampliar acceso a protección social y crédito. Pero la relación no es automática cuando la inflación erosiona el ingreso real o cuando el crecimiento de empleo se concentra en baja productividad. Los propios boletines de pobreza reconocen el papel de inflación y distribución del ingreso en la variación de pobreza. [bavaronews.com], [hoy.com.do] [efe.com], [diariofinanciero.do]

En 2026, el desafío de reputación no será demostrar que se crea empleo (las cifras ya lo sugieren), sino demostrar que ese empleo aumenta ingresos reales, reduce vulnerabilidad y sostiene avances sociales sin depender excesivamente de transferencias o ciclos favorables. [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com]


6. Qué significa “segunda ola”: del empleo creado al trabajo decente

La OIT insiste en que la recuperación cuantitativa del empleo no basta si no viene acompañada de mejoras en calidad, formalización y protección social. Bajo ese marco, el desempeño de 2025 debe interpretarse como el final de una primera fase (recuperación y expansión) y el inicio de una segunda fase: institucionalizar el empleo formal y elevar productividad. [infoelnuevonorte.com], [noticiasacn.com]

La “segunda ola” exige abandonar la falsa dicotomía entre “crecer o formalizar”. En realidad, formalizar es parte de crecer bien: la formalidad mejora acceso a financiamiento, facilita inversión y eleva la productividad media, mientras fortalece la base contributiva para sostener salud, pensiones y seguros. A la vez, la formalización requiere productividad: no se le puede exigir a una microempresa de subsistencia el mismo nivel de cargas sin ofrecer un camino gradual y beneficios tangibles. [diariolibre.com], [hoy.com.do] [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com]

Por tanto, la agenda de 2026 debería definirse con una pregunta guía: ¿cómo convertir el impulso de empleo formal en una transformación estructural sostenida? Esa pregunta nos lleva directamente al componente fiscal.


7. Implicaciones fiscales: el empleo formal como base de sostenibilidad del Estado social

La formalización no es solo un logro laboral: es una variable fiscal. Cuando aumenta el empleo formal, tiende a ampliarse la base contributiva (seguridad social), la base imponible (impuestos vinculados a la actividad formal) y la trazabilidad económica, lo que reduce evasión y mejora eficiencia del gasto social. La CEPAL ha advertido que la alta informalidad tensiona la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social; por implicación, reducirla fortalece la capacidad del Estado para sostener políticas contributivas. [diariolibre.com], [hoy.com.do] [diariolibre.com], [infoelnuevonorte.com]

En 2025, el dato clave para la discusión fiscal es que el crecimiento del empleo neto se dio mayormente en formalidad (98.5% del incremento anual). Si esta tendencia se consolida, el Estado gana un espacio de maniobra: más cotizantes y más actividad registrada tienden a mejorar la relación entre ingresos recurrentes y obligaciones sociales. Además, la reducción de pobreza monetaria en 2024 (18.98%) y los niveles cercanos de 2025 sugieren que, si el empleo formal sostiene ingresos, podría disminuir gradualmente la presión por transferencias compensatorias en algunos segmentos, o permitir focalización más eficiente. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do] [hoy.com.do], [efe.com] [efe.com], [diariofinanciero.do]

No obstante, aquí aparece un dilema de diseño: muchas estrategias efectivas de formalización incluyen incentivos (subsidios temporales a cotización, simplificación tributaria, régimen escalonado), lo cual implica costos fiscales de corto plazo. El criterio de un think tank no es negar esos costos, sino exigir que se gestionen con tres principios: (1) temporalidad y focalización; (2) evaluación de impacto; (3) condición de productividad (capacitación, tecnología, acceso a crédito) para que la formalización sea sostenible sin subsidio permanente. [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com] [hoy.com.do], [diariolibre.com]

En síntesis fiscal: más formalidad puede significar mejor sostenibilidad, pero solo si la política evita crear “dependencias” y si la productividad acompaña. [diariolibre.com], [noticiasacn.com]


8. Riesgos 2026: dónde puede romperse la tendencia

Si 2025 fue un umbral, 2026 trae riesgos concretos que pueden frenar o revertir la dinámica positiva.

Riesgo 1: desaceleración externa y menor absorción de empleo

La región enfrenta incertidumbres recurrentes en comercio, costos financieros y cadenas de valor; cuando el crecimiento se modera, el mercado laboral suele resentirse primero en segmentos informales o de baja productividad. Si la economía pierde impulso, la informalidad puede reaparecer como “válvula de escape” laboral, reduciendo el avance logrado. [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com]

Riesgo 2: formalización “estadística” sin mejora suficiente en ingresos reales

Es posible aumentar formalidad sin elevar productividad al ritmo necesario; en ese caso, la formalización puede no traducirse en mejoras sustantivas de bienestar si los salarios reales permanecen presionados por inflación o baja productividad. Los boletines de pobreza muestran que inflación puede contrarrestar mejoras de ingreso nominal, afectando especialmente a hogares vulnerables. [efe.com], [infoelnuevonorte.com] [efe.com], [diariofinanciero.do]

Riesgo 3: persistencia de brechas (mujeres y jóvenes)

Aunque el empleo femenino mostró dinamismo, las brechas de participación y calidad del empleo son estructurales en la región, y la informalidad suele concentrarse en esos grupos. Si no se implementan políticas de cuidados, formación y protección, la tendencia podría convertirse en una mejora temporal y no en convergencia sostenible. [infoelnuevonorte.com], [noticiasacn.com]

Riesgo 4: tensiones fiscales por incentivos mal diseñados

Si los incentivos a formalización no son temporales o no están sujetos a evaluación, pueden generar presión sobre ingresos fiscales sin lograr formalización duradera. Esto no es un argumento contra los incentivos, sino contra la improvisación: la formalización debe ser un “contrato” con condiciones y metas. [noticiasacn.com], [hoy.com.do]

Riesgo 5: choque inflacionario o pérdida de poder adquisitivo

Incluso con baja inflación promedio en datos recientes, un repunte podría afectar de manera desproporcionada a hogares de menores ingresos, alterando el vínculo empleo–reducción de pobreza. La evidencia de boletines de pobreza confirma que inflación puede elevar pobreza aun cuando el ingreso nominal sube. [news.un.org], [efe.com] [efe.com], [diariofinanciero.do]


9. Una agenda 2026–2028 con enfoque de resultados: seis palancas

El país necesita convertir el logro estadístico en política de Estado. Aquí una agenda operativa —no exhaustiva— con foco en métricas.

1) Formalización inteligente para MIPYMES

Simplificación y escalonamiento de cumplimiento (tributario y de seguridad social) con beneficios visibles (acceso a crédito, compras públicas, capacitación). La definición de formalidad del Banco Central (seguridad social y/o RNC) hace medible la meta. [hoy.com.do], [oig.cepal.org]

2) Productividad sectorial como política laboral

La OIT insiste en que la informalidad se vincula a baja productividad; formalizar exige elevar capacidades, tecnología y gestión. El objetivo no es formalizar “por decreto”, sino hacer rentable y sostenible la formalidad. [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com]

3) Cuidados y empleo femenino

Si el empleo femenino fue motor parcial del crecimiento laboral, la infraestructura de cuidados y políticas de corresponsabilidad deben convertirse en prioridad para sostener participación. [bavaronews.com], [infoelnuevonorte.com]

4) Inspección basada en riesgo + acompañamiento

Mejorar cumplimiento no solo con sanción, sino con asistencia y transición gradual. La informalidad es estructural; la respuesta también debe serlo. [infoelnuevonorte.com], [diariolibre.com]

5) Integración empleo–protección social

Avanzar hacia mecanismos que reduzcan “trampas” de informalidad: transiciones que no castiguen de golpe a microproductores, pero que los incorporen al sistema contributivo de manera progresiva. [diariolibre.com], [hoy.com.do]

6) Datos, transparencia y evaluación

El Banco Central ya ofrece una base estadística robusta con boletines laborales y definición de informalidad/formalidad; el reto es usarla para evaluar políticas y ajustar. La política pública con reputación se fundamenta en evidencia, no en narrativa. [hoy.com.do], [bavaronews.com]


Conclusión: 2025 no debe ser una fotografía, sino un umbral

Las cifras de 2025 confirman una realidad alentadora: la República Dominicana generó empleo neto, alcanzó máximos históricos de ocupación y participación, y lo hizo con un componente formal predominante. Pero el mismo conjunto de datos revela el desafío estructural: la informalidad continúa por encima del 50%, un límite que condiciona productividad, protección social y sostenibilidad fiscal, como advierte CEPAL. [bavaronews.com], [cdn.bancen...ral.gov.do] [diariolibre.com], [bavaronews.com]

En 2026, el país tiene dos caminos. El primero es celebrar el récord y administrar el presente. El segundo es usar el récord como plataforma para la segunda ola: formalización sostenida, productividad, trabajo decente y cohesión social, en línea con las advertencias regionales de OIT sobre informalidad persistente. La reputación de un proyecto nacional no se mide por un año excepcional; se mide por la capacidad de transformar una tendencia favorable en un modelo sostenible. [noticiasacn.com], [infoelnuevonorte.com]

Firma:
Luis Orlando Díaz Vólquez


Referencias

  • Banco Central de la República Dominicana. (2025). Boletín trimestral del mercado laboral enero–marzo 2025 (ENCFT). [hoy.com.do]
  • Presidencia de la República Dominicana. (2026, 22 febrero). Gobierno del presidente Luis Abinader resalta cifras históricas de empleo en 2025… [bavaronews.com]
  • Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2025). Panorama Laboral 2025: América Latina y el Caribe. [noticiasacn.com]
  • Naciones Unidas (Noticias ONU). (2025, 11 diciembre). Las cifras de empleo mejoran… pero persisten informalidad y desigualdades. [infoelnuevonorte.com]
  • Ministerio de Hacienda y Economía / ONE (RD). (2025). Boletín trimestral de pobreza monetaria: julio–septiembre 2025. [efe.com]
  • Diario Libre. (2025, 11 octubre). CEPAL: la alta informalidad laboral es uno de los mayores retos de RD. [diariolibre.com]
  • Banco Mundial. (s. f.). Datos país: República Dominicana. [news.un.org]

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Sobre el autor

 

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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Recuperar la iniciativa | Google llega en el momento justo, la inversión que devuelve oxígeno político a Abinader

ADC | Aníbal de Castro
Santo Domingo - feb. 23, 2026 | 12:01 a. m. | 2 min de lectura
Recuperar la iniciativa
Google llega en el momento justo, la inversión que devuelve oxígeno político a Abinader

El Gobierno sabe que perdió la iniciativa a raíz del escándalo de Senasa y que todavía soporta ráfagas negativas derivadas de ese episodio. En política, perder la iniciativa es ceder el ritmo, permitir que el adversario marque la agenda y quedar a la defensiva. A lo político se suma lo económico. La economía cerró el año a marcha lenta y las perspectivas no invitan al entusiasmo. Cuando el crecimiento se enfría, la percepción pública se vuelve más severa. El desaliento se asienta.

Pero el presidente Abinader no parece dispuesto a administrar la inercia. Ha intensificado su agenda, prolongado sus jornadas y multiplicado su presencia territorial. Cada semana cruza el país inaugurando obras, reuniéndose con funcionarios y —sobre todo— hablando con la gente. En tiempos de incertidumbre, la política vuelve a lo esencial, que es el contacto. Escuchar, explicar, persuadir. Infundir confianza como quien insufla aire a una economía que necesita oxígeno.

Hay en ese despliegue una lectura clara del momento. La debilidad se acepta y se enfrenta con movimiento. Gobernar también es administrar estados de ánimo colectivos. Cuando estos se tornan escépticos, la respuesta no puede ser el silencio.

En ese contexto, la inversión anunciada por Google representa mucho más que cifras. Es una señal. Envía el mensaje de que el país sigue siendo atractivo, de que hay apuestas de largo plazo y de que la construcción del futuro no se ha detenido. Devuelve fuelle al Gobierno y, de paso, reintroduce la conversación sobre productividad, innovación y confianza internacional.

Recuperar la iniciativa no es simple cuestión de discursos grandilocuentes, sino de resultados verificables. La política, al final, no se sostiene con relatos, sino con realidades. Esa es la verdadera prueba.
https://www.diariolibre.com/opinion/adc/2026/02/22/inversion-de-google--recuperar-la-iniciativa/3445201
Aníbal de Castro carga con décadas de periodismo en la radio, televisión y prensa escrita. Toma una pausa en la diplomacia y vuelve a su profesión original en DL.

Sentencia del TC propina un varapalo al Ministerio Público y redefine alcance del Estado de derecho

Sentencia del TC propina un varapalo al Ministerio Público y redefine alcance del Estado de derecho

La Sentencia 54/26 dejó sentado que la revisión constitucional no convierte al TC en una nueva instancia para reexaminar hechos ni para revalorar pruebas
Redacción Diario Libre - Santo Domingo - feb. 23, 2026 | 11:41 a. m.| 5 min de lectura
La sentencia TC/0054/26, que confirmó la absolución de los únicos acusados por el escándalo Odebrecht, propina de paso un varapalo al Ministerio Público y contiene importantes implicaciones para el Estado de derecho y la aplicación de la justicia en la República Dominicana.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión interpuesto por la PEPCA contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso Odebrecht, consolidando así las absoluciones dictadas a favor de varios imputados y fijando límites claros al poder persecutor.

El fallo, adoptado el 19 de febrero de 2026, respalda la actuación de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que había confirmado el descargo de Conrado Enrique Pittaluga y dictado absolución para Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por el órgano acusador.
El Tribunal Constitucional dejó sentado que la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales no convierte al TC en una nueva instancia para reexaminar hechos ni para revalorar pruebas. Su función —precisó— es verificar que se haya respetado el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la motivación razonable de las decisiones.

Con ello, el TC rechazó los argumentos del Ministerio Público, que alegaba contradicción de motivos, errónea valoración probatoria y violación del principio de igualdad.
Presunción de inocencia intacta
Uno de los puntos neurálgicos del fallo es la reafirmación del estándar de prueba "más allá de duda razonable". El Tribunal sostuvo que las pruebas aportadas no lograron destruir la presunción de inocencia de los imputados.
En el caso de Pittaluga, se valoró que existían contratos formales de consultoría vinculados al proyecto Autopista del Coral y que no se demostró que los pagos recibidos constituyeran sobornos ni que hubiesen sido canalizados hacia funcionarios públicos.
El TC respaldó la conclusión de la Suprema Corte: no basta con una narrativa general sobre esquemas de corrupción; se requiere prueba concreta e individualizada que acredite el ilícito.

Aunque se repita la continuidad del Estado, la decisión del TC afecta a cesaciones formuladas por la procuraduría general bajo Jean Alain Rodríguez, hoy bajo juicio por corrupción. Pero el recurso de casación y la acción frente al TC fue conducida por los actuales fiscales, Wilson Manuel Camacho Peralta, procurador adjunto a la Procuraduría General de la República; Mirna Ortiz Fernández, procuradora general de corte de apelación; José Miguel Marmolejos y Wagner V. Cubilete García, procuradores fiscales
Igualdad no es uniformidad
El Ministerio Público sostuvo que hubo trato desigual porque, con pruebas similares, algunos imputados fueron condenados en instancias anteriores y otros absueltos. El Tribunal Constitucional respondió que la igualdad procesal implica igualdad de armas y oportunidades, no identidad automática de resultados.

Cada imputado —indicó— debe ser evaluado conforme a la prueba específica que lo vincule con los hechos.

La sentencia también delimita el alcance del recurso de casación. Recordó que no es un nuevo juicio ni permite introducir hechos distintos a los ya fijados por la corte de apelación. En consecuencia, la Suprema Corte actuó dentro de sus competencias al decidir sobre la base de los hechos establecidos.

Más allá del caso concreto, TC/0054/26 envía un mensaje institucional contundente: la lucha contra la corrupción no puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales.

El fallo refuerza la idea de que el Ministerio Público debe estructurar investigaciones con rigor técnico suficiente para superar el estándar constitucional de prueba. La gravedad de los delitos imputados no flexibiliza la exigencia probatoria ni debilita la presunción de inocencia, de acuerdo al TC.

En términos de Estado de derecho, la decisión consolida el papel del Tribunal Constitucional como garante de las reglas del proceso y no como tribunal de oportunidad política.

El caso Odebrecht, uno de los procesos penales más relevantes de las últimas décadas en el país, culmina así con una sentencia que reafirma que la justicia penal dominicana sigue atada a los principios del debido proceso.

En la reafirmación del Estado de derecho, la decisión indica que sin prueba robusta y directamente vinculante, no hay condena posible, y sin respeto estricto a las garantías, no hay legitimidad institucional.
https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2026/02/23/el-tribunal-constitucional-tc-propina-un-varapalo-al-mp/3446140

TC/0054/26 y el “límite constitucional” de la persecución penal: una sentencia que disciplina al Ministerio Público y reubica el Estado de derecho

Firma: Luis Orlando Díaz Vólquez
Fecha: 23 de febrero de 2026

Resumen | La sentencia TC/0054/26 del Tribunal Constitucional (TC), dictada el 19 de febrero de 2026, no solo consolidó el desenlace procesal del caso Odebrecht en República Dominicana; también redefinió, con rigor institucional, los contornos de la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y fijó un mensaje de alto impacto para el Ministerio Público: la lucha anticorrupción no puede operar como un atajo para sustituir estándares probatorios, ni para reabrir—por vía constitucional—lo que pertenece a la soberanía de los jueces ordinarios en la valoración de hechos y pruebas. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

El TC confirmó la validez constitucional de la actuación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el itinerario del expediente, rechazando la pretensión de la PEPCA de que el órgano constitucional reexaminara hechos y revalorara pruebas, algo expresamente vedado por el diseño legal dominicano del control jurisdiccional constitucional. [diariolibre.com], [hoy.com.do]

Palabras clave: Revisión constitucional, casación, debido proceso, presunción de inocencia, motivación, anticorrupción, Estado de derecho.


1. Un caso emblemático que termina como precedente institucional

Que el caso Odebrecht—por su dimensión simbólica y por el volumen de expectativas públicas—culmine con una sentencia constitucional que refuerza límites procesales, significa que el TC decidió hablarle al país no desde la emotividad punitiva, sino desde la arquitectura del Estado social y democrático de derecho que la propia Ley núm. 137-11 declara como fundamento del sistema de justicia constitucional. [poderjudicial.gob.do], [diariolibre.com]

El TC/0054/26 se inscribe en una lógica: en un Estado constitucional, no basta con que la causa sea “moralmente importante”; debe ser jurídicamente sostenible. Y eso supone, entre otros, que la condena penal solo procede cuando la acusación supera el estándar de prueba “más allá de duda razonable” y destruye efectivamente la presunción de inocencia. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]


2. ¿Qué decidió exactamente el TC?

El núcleo procesal es el siguiente: la PEPCA interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la sentencia de la SCJ SCJ-SS-24-0969, dictada por la Segunda Sala, que había confirmado descargos y absoluciones en el caso. [tribunalsi...indows.net], [diariolibre.com]

En TC/0054/26, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso y dejó firme la decisión de la SCJ, con un argumento estructural: la revisión constitucional no convierte al TC en una “cuarta instancia” para reexaminar hechos ni para revalorar pruebas, sino que su función se limita a verificar el respeto del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la motivación razonable. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]


3. La revisión constitucional no es un “nuevo juicio”: la tesis más importante

El aporte jurisprudencial de TC/0054/26 está en su carácter pedagógico: reitera que la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales es un mecanismo extraordinario, diseñado para corregir violaciones constitucionales y no para rehacer la discusión probatoria que corresponde a los tribunales del Poder Judicial. [diariolibre.com], [hoy.com.do]

Esta delimitación, además, se conecta con la lógica de la Ley 137-11, que concibe al TC como órgano supremo de interpretación constitucional, autónomo y garante de la supremacía constitucional, pero no como sustituto de las competencias ordinarias. [poderjudicial.gob.do], [tribunalsi...indows.net]


4. El “varapalo” al Ministerio Público: no es derrota política, es disciplina institucional

La lectura superficial dirá: “perdió el Ministerio Público”. La lectura institucional correcta es otra: el TC le recordó al órgano persecutor que la potestad de perseguir no habilita a replantear el caso por vía constitucional cuando la discusión real es de prueba, de correlación fáctica o de suficiencia probatoria. [diariolibre.com], [hoy.com.do]

Es relevante porque el propio expediente revela que el Ministerio Público alegó contradicción de motivos, errónea valoración probatoria y violación del principio de igualdad. Pero el TC entendió que esos planteamientos, en el fondo, pretendían una reevaluación de hechos y pruebas—justamente lo que la revisión constitucional no permite. [diariolibre.com], [hoy.com.do]


5. Presunción de inocencia y estándar probatorio: el corazón del Estado de derecho

Un sistema penal democrático no se define por cuántos condena, sino por cómo condena. De ahí que el TC subraye un estándar axial: la prueba debe destruir la presunción de inocencia “más allá de duda razonable”. Cuando eso no ocurre, la absolución no es fracaso del sistema; es funcionamiento del sistema. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

En el caso, el TC respalda que las instancias ordinarias consideraron insuficientes las pruebas para sostener responsabilidad penal, y enfatiza que no basta una narrativa general sobre corrupción; se requiere prueba concreta e individualizada que vincule a cada imputado con el ilícito. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]


6. Pittaluga y la prueba individualizada: contratos no equivalen a sobornos

La sentencia—según el recuento público de sus fundamentos—valora, en el caso de Conrado Enrique Pittaluga, la existencia de contratos formales de consultoría vinculados al proyecto Autopista del Coral, y la ausencia de demostración de que los pagos constituyeran sobornos o que se hubiesen canalizado hacia funcionarios. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

Más allá del nombre propio, aquí hay una regla metodológica: el juez constitucional (y el penal) debe diferenciar entre hechos compatibles con legalidad (contratos, servicios, pagos) y hechos probatoriamente acreditados como ilícitos (soborno, lavado, simulación, triangulación). Confundirlos rompe la presunción de inocencia por sustitución moral de la prueba. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]


7. Igualdad procesal: igualdad no es uniformidad de resultados

Uno de los alegatos del Ministerio Público fue que existió trato desigual porque con “pruebas similares” algunos imputados fueron condenados previamente y otros absueltos. El TC respondió con una precisión clave: igualdad procesal significa igualdad de armas y oportunidades, no identidad automática de resultados; cada imputado debe evaluarse con base en la prueba específica que lo vincule. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

En términos académicos, esta postura evita un riesgo frecuente en procesos complejos: la “culpabilidad por vecindad” (guilt by association) o la condena por pertenencia a un relato macro. El derecho penal de acto—no de autor—exige una imputación individualizada. [diariolibre.com], [poderjudicial.gob.do]


8. Casación y límites: la SCJ como tribunal de derecho, no de hechos

El expediente también pone en escena el alcance del recurso de casación. El TC recuerda (en consonancia con la lógica de la decisión recurrida) que casación no equivale a un nuevo juicio ni habilita a introducir hechos distintos a los fijados por la corte de apelación. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

Y aquí ocurre un punto crucial: si casación no es juicio de hechos y la revisión constitucional tampoco lo es, entonces el Ministerio Público no puede convertir ninguno de esos carriles en una vía indirecta para “revivir” la prueba cuando el tribunal de fondo ya la consideró insuficiente. La institucionalidad procesal se basa en esa arquitectura de competencias. [hoy.com.do], [poderjudicial.gob.do]


9. La tensión anticorrupción vs. garantías: un falso dilema

La frase más importante que deja TC/0054/26 es implícita: anticorrupción sin garantías no es justicia; es arbitrariedad. En un Estado constitucional, la lucha contra la corrupción debe ejecutarse dentro de reglas, porque son las reglas—no la intensidad del discurso—las que garantizan legitimidad. [diariolibre.com], [poderjudicial.gob.do]

Este es el punto donde el TC “redefine el Estado de derecho”: no rebaja el valor de la anticorrupción; lo protege de convertirse en herramienta de excepción. La gravedad del delito imputado no flexibiliza el estándar de prueba ni relativiza el debido proceso. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]


10. Implicaciones para el Ministerio Público: tres lecciones de técnica procesal

Primera lección: la acusación debe construir un puente probatorio individualizado. No basta un relato estructural; hay que probar el hecho, el nexo y el dolo con evidencia concreta por imputado. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

Segunda lección: la estrategia recursiva debe respetar la naturaleza de cada vía. Pretender que el TC valore pruebas equivale a desconocer el diseño de la Ley 137-11 y la competencia del tribunal, algo que el propio TC consideró vedado. [hoy.com.do], [poderjudicial.gob.do]

Tercera lección: la litigación de altos casos de corrupción requiere un enfoque de “cadena completa”: trazabilidad financiera, prueba documental robusta, pericias, cooperación internacional y consistencia narrativa compatible con estándares de inmediación y contradicción. Lo contrario expone al órgano a reveses inevitables. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]


11. Implicaciones para el Estado de derecho: fortalecimiento, no impunidad

Un argumento común en la conversación pública es que fallos como este “favorecen la impunidad”. Esa lectura es conceptualmente peligrosa: cuando un tribunal exige prueba robusta, está protegiendo el sistema de decisiones basadas en presunciones sociales. [diariolibre.com], [poderjudicial.gob.do]

De hecho, la Ley 137-11 enmarca la justicia constitucional como garantía de supremacía constitucional y de protección efectiva de derechos fundamentales; por tanto, una sentencia que impide el uso expansivo de la revisión constitucional como cuarta instancia protege seguridad jurídica, independencia judicial y coherencia del sistema. [poderjudicial.gob.do], [diariolibre.com]


12. El precedente: el TC como garante de reglas, no árbitro de oportunidad

TC/0054/26 reafirma una premisa de gobernanza judicial: el Tribunal Constitucional no está para “resolver lo que la política no pudo”, sino para asegurar que las decisiones judiciales respeten el debido proceso, motivación y tutela judicial. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

Esa idea encaja con la propia concepción legal del TC como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, sometido a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, no a presiones mediáticas o expectativas coyunturales. [poderjudicial.gob.do], [tribunalsi...indows.net]


13. Un apunte sobre continuidad institucional: la responsabilidad no se delega

El caso tiene una dimensión adicional: aunque parte del expediente y sus orígenes se vinculan a gestiones pasadas del Ministerio Público, las rutas recursivas fueron asumidas por fiscales actuales, lo que demuestra que la continuidad institucional del órgano persecutor también implica continuidad de responsabilidades técnicas: si el expediente llega débil al umbral del “más allá de duda razonable”, ninguna retórica posterior lo salvará. [tribunalsi...indows.net], [diariolibre.com]

El TC, al rechazar la “reconstrucción constitucional” del caso, obliga a una conclusión incómoda: los casos complejos se ganan en la etapa de investigación y en el juicio de fondo, no en recursos extraordinarios. [hoy.com.do], [diariolibre.com]


14. ¿Qué debería cambiar tras esta sentencia? (Propuesta de agenda técnica)

  1. Estandarizar teoría del caso y prueba por imputado en expedientes macro, evitando imputaciones “por paquete”. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]
  2. Fortalecer la evidencia financiera y pericial y su explicación pedagógica en juicio, para que la prueba sea inteligible y robusta ante contradicción. [tribunalsi...indows.net], [diariolibre.com]
  3. Reentrenar estrategia recursiva: casación y revisión constitucional no son rutas para volver a juzgar, sino para controlar legalidad y constitucionalidad. [hoy.com.do], [poderjudicial.gob.do]
  4. Transparencia institucional: cuando un caso de alto perfil concluye sin condena, el Estado debe explicar—con lenguaje técnico y accesible—qué falló: ¿prueba, tipificación, trazabilidad, cooperación? Eso fortalece confianza. [diariolibre.com], [poderjudicial.gob.do]

Conclusión

La sentencia TC/0054/26 es un hito por dos razones: (1) consolida el cierre jurisdiccional del caso Odebrecht en la dimensión revisable constitucionalmente; y (2) reubica el alcance de la persecución penal dentro del Estado de derecho, recordando que ninguna causa—por noble que sea—autoriza a relativizar la presunción de inocencia ni a convertir la revisión constitucional en una instancia adicional para valorar pruebas. [diariolibre.com], [tribunalsi...indows.net]

En términos institucionales, el “varapalo” no es una celebración contra el Ministerio Público; es una advertencia para todos: sin prueba robusta y directamente vinculante no hay condena legítima; y sin respeto estricto a garantías, la justicia pierde su autoridad moral. La lucha anticorrupción, para ser durable, debe ser técnicamente impecable y constitucionalmente irreprochable. [diariolibre.com], [poderjudicial.gob.do]

✍️ Luis Orlando Díaz Vólquez


Referencias 

  • Tribunal Constitucional de la República Dominicana. (2026, 19 febrero). Sentencia TC/0054/26 (Exp. TC-04-2024-1138). [tribunalsi...indows.net], [tribunalco...nal.gob.do]
  • Diario Libre. (2026, 23 febrero). Sentencia del TC propina un varapalo al Ministerio Público y redefine alcance del Estado de derecho. [diariolibre.com]
  • Hoy Digital. (2026, 20 febrero). Tribunal Constitucional confirma absolución de Rondón y Díaz Rúa del caso Odebrecht. [hoy.com.do]
  • Congreso Nacional / Poder Judicial. (2011). Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. [poderjudicial.gob.do]

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