La modernización aduanera ya no es un proyecto administrativo: es una política pública de productividad, seguridad y confianza. En un mundo tensionado por conflictos, disrupciones y reconfiguración de cadenas de suministro, la DGA está llamada a operar como “puerta y puente” del desarrollo logístico nacional.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Hay países que compiten por tamaño y hay países que compiten por eficiencia. La República Dominicana, por su escala y su vocación abierta al comercio, no puede darse el lujo de depender únicamente de costos laborales o de ventajas geográficas; tiene que apostar, de manera deliberada, por un atributo más difícil de copiar: la calidad institucional aplicada a la logística. En esa ecuación, la aduana es el corazón silencioso del sistema. Cuando funciona con trazabilidad, predictibilidad y controles inteligentes, acelera inversiones, reduce fricciones y convierte la ubicación estratégica en una ventaja real. Cuando se rezaga, se vuelve un cuello de botella que encarece la economía, erosiona la confianza y castiga especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, lo presentado por la Dirección General de Aduanas en el Summit Transporte, Logística y Zonas Francas 2026, más que un recuento de logros, debe leerse como una señal de rumbo: la decisión de convertir la gestión aduanera en un habilitador del comercio moderno sin renunciar a su mandato esencial de control, recaudación y resguardo del interés nacional. Ese equilibrio —facilitación con control, agilidad con supervisión, innovación con legalidad— es, en el siglo XXI, la medida real de una aduana de clase mundial.
El contexto no podría ser más exigente. El comercio global navega aguas agitadas: conflictos internacionales, tensiones geopolíticas, reacomodos de rutas, volatilidad de costos de transporte y primas de riesgo que cambian con cada noticia. Cuando estalla una guerra o se endurecen los corredores estratégicos, lo primero que se encarece no es el producto final: se encarece la incertidumbre. Suben los seguros marítimos, se recalculan itinerarios, se ralentiza la cadena y el costo termina filtrándose hacia el consumidor, hacia el productor y hacia el Estado. En momentos así, las aduanas se convierten en una línea de defensa económica. La eficiencia aduanera amortigua shocks, evita congestiones, reduce tiempos muertos y protege la competitividad en un entorno donde cada día de retraso es dinero que se pierde y reputación que se erosiona.
Es revelador que, en medio de esa realidad, la DGA coloque cifras sobre la mesa para sostener su narrativa institucional. Se habla de una recaudación acumulada de RD$1.2 billones entre 2020 y 2025, duplicando el quinquenio anterior, y de un trimestre reciente con RD$62,000 millones recaudados junto a la movilización de más de 85,000 contenedores importados. Más allá del impacto fiscal, estos datos sugieren algo que el país debe comprender: una aduana eficiente no es un accesorio del Estado; es un componente de estabilidad macroeconómica, porque fortalece ingresos recurrentes, reduce espacios de evasión y acompaña el crecimiento del intercambio. La recaudación, cuando proviene de procesos estandarizados y digitales, tiende a ser más sostenible porque descansa menos en la discrecionalidad y más en la consistencia del sistema.
Ahora bien, lo verdaderamente transformador no está solo en cuánto se recauda, sino en cómo se opera. La digitalización del 82% de los trámites pagaderos y la reducción de 26% en los tiempos promedio de respuesta dibujan un cambio cualitativo: el tránsito de una aduana “de ventanilla” a una aduana “de flujo”. En logística, el tiempo no es un indicador; es una mercancía. Cada hora de despacho ahorrada equivale a menos costos de almacenaje, menos demoras, menos penalidades y más rotación del capital de trabajo. Y cuando ese ahorro se concentra en las MIPYMES, el efecto es todavía más relevante, porque son las unidades más sensibles al costo financiero de la espera. Si más de 13,000 contenedores han sido despachados en 24 horas o menos, beneficiando a más de 8,000 importadores y generando ahorros superiores a RD$2,500 millones, no estamos frente a un simple “avance tecnológico”: estamos frente a una política pública de competitividad con impacto distributivo.
La VUCE, canalizando 74% de las operaciones e integrando múltiples entidades estatales, apunta en esa dirección: el Estado que no dialoga consigo mismo se vuelve caro para el ciudadano y para la empresa. Interoperabilidad es, en el fondo, una forma de justicia económica: reduce el costo de cumplimiento, reduce errores, reduce duplicidades y eleva la predictibilidad. Un país que aspira a ser hub logístico regional no puede operar con instituciones fragmentadas que obliguen a los usuarios a recorrer un laberinto de requisitos inconexos. La coordinación interinstitucional no debe ser una aspiración discursiva; debe ser una experiencia tangible para el usuario.
En ese punto entra el componente que más me interesa subrayar: la modernización no es solo “más digital”. Modernizar es rediseñar la relación entre el Estado y los contribuyentes bajo un principio simple: confianza verificable. La aduana virtual, tal como fue descrita, busca unificar servicios y transacciones en una interfaz amigable, flexible y segura. Esa unificación tiene implicaciones profundas: reduce la tasa de errores, disminuye el trabajo manual, limita la discrecionalidad y, sobre todo, estandariza expectativas. Cuando un importador sabe qué le toca, cuándo le toca y por qué le toca, el sistema gana legitimidad. Y la legitimidad institucional, en un entorno de cadenas globales de suministro, es un activo reputacional que abre puertas.
El anuncio del pago con tarjeta de crédito —presencial y digital— puede parecer menor, pero en realidad toca una de las fibras más sensibles del comercio: la liquidez. Facilitar el pago no solo mejora la experiencia; también reduce fricciones de cumplimiento, baja el costo operativo y permite a muchas empresas gestionar mejor su capital de trabajo. En economías donde la informalidad compite con lo formal, simplificar el cumplimiento es una forma inteligente de ampliar la base y mejorar la recaudación sin subir tasas ni crear nuevos costos regulatorios.
Igual de significativo es el fortalecimiento del Operador Económico Autorizado: 260 empresas en modalidad OEA simplificado y 714 afiliados en total, representando más del 40% de las operaciones. El OEA, bien ejecutado, es una política de segmentación inteligente: premia el cumplimiento, concentra recursos de control donde el riesgo es mayor y convierte la confianza en eficiencia. Es exactamente el tipo de instrumento que permite aumentar la seguridad sin ralentizar el comercio. Y aquí vale una aclaración crucial: facilitar el comercio no significa “aflojar” controles; significa controlar con mejores herramientas, con análisis de riesgo y con tecnología no intrusiva.
Los resultados en inspección no intrusiva —96% de contenedores inspeccionados con escáneres y body scanners, frente a un 40% antes de 2021— reflejan una filosofía moderna: ver más, tocar menos, decidir mejor. Reducir verificaciones físicas no debilita el control; lo hace más consistente, menos vulnerable a arbitrariedades y más enfocado en evidencia. Complementado con auditorías antes, durante y después del despacho, se construye un sistema donde el cumplimiento no se negocia, se gestiona. En tiempos donde el crimen transnacional innova, la aduana que no invierte en inteligencia se convierte en un punto ciego del Estado.
Y si la economía se digitaliza, el riesgo también. Por eso la ciberseguridad, entendida como infraestructura crítica, no puede ser un capítulo decorativo. La propuesta de abrir una mesa de colaboración con actores del ecosistema para identificar brechas y vectores de ataque es una decisión estratégica. Un incidente cibernético serio no solo paraliza servicios; afecta reputación país, encarece seguros, pone en jaque la continuidad operativa y deteriora la confianza en el comercio. En un hub logístico, la resiliencia digital es tan importante como el calado de un puerto o la capacidad de un aeropuerto.
Hay, además, un elemento de transparencia con impacto directo en costos logísticos: la subasta electrónica de mercancía abandonada. Convertir bienes en ingresos fiscales con mayor eficiencia, bajo reglas claras y trazabilidad, reduce discrecionalidad y también descongestiona. Menos contenedores retenidos por procesos opacos significa más espacio, menos demoras y mejor rotación de la infraestructura. En el comercio, la transparencia no es solo un valor; es una ventaja operativa.
Todo esto converge en una idea central: la DGA está en condiciones de impulsar una modernización que no se limite a “computarizar” lo existente, sino que reconfigure el sistema aduanero como plataforma de competitividad nacional. Esa plataforma es indispensable para sostener la promesa de República Dominicana como hub logístico regional, articulando puertos, aeropuertos, zonas francas y servicios de comercio. Pero para que esa promesa sea creíble, la modernización debe sostenerse en tres pilares silenciosos: continuidad institucional, calidad del dato y cultura organizacional. Sin continuidad, los proyectos se vuelven anuncios; sin datos confiables, la inteligencia artificial y el análisis de riesgo son espejismos; sin cultura, la tecnología se convierte en un cascarón.
La buena noticia es que el país parece haber entendido, al fin, que la logística no es un tema sectorial, sino un determinante de productividad. Y que la aduana, en ese tablero, no es un actor periférico, sino un nodo neurálgico. Si la República Dominicana quiere competir con dignidad en el mercado global, necesita una aduana que sea simultáneamente firme y eficiente; moderna y legalista; digital y humana; rápida y rigurosa. Una aduana que recaude, sí, pero que también reduzca costos país, fortalezca la seguridad jurídica y proteja la competencia leal.
En un mundo donde las rutas cambian y los riesgos se multiplican, la ventaja competitiva más segura es la institucionalidad que funciona. La hoja de ruta presentada no debe quedarse en el aplauso del evento; debe convertirse en una agenda nacional de implementación, medición y mejora continua. Porque, al final, una aduana eficiente no solo mueve contenedores: mueve confianza, mueve inversión y mueve futuro.
