Confianza internacional y obra de gobierno: el reto dominicano de convertir reputación en bienestar
Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
La República Dominicana atraviesa un momento económico que debe leerse con serenidad, rigor y sentido de futuro. Las valoraciones favorables de J. P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y Santander no son un gesto protocolar ni una casualidad financiera: expresan la percepción de que el país ha logrado sostener estabilidad macroeconómica, credibilidad fiscal y capacidad de resiliencia en medio de un entorno internacional marcado por volatilidad, inflación persistente, tensiones geopolíticas, tasas de interés elevadas y reconfiguración de las cadenas globales de suministro. J. P. Morgan elevó su proyección de crecimiento dominicano para 2026 de 3.5 % a 4.3 %, mientras Bank of America, Fitch Ratings y Santander destacaron la fortaleza del turismo, el impacto fiscal de la Ley 30-26 y los efectos del Plan Anticrisis sobre la flexibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda.
Esa confianza externa no surgió en el vacío. Desde el 16 de agosto de 2020, al asumir las riendas del Estado, el presidente Luis Abinader recibió un país golpeado por la pandemia, la caída del turismo, la pérdida de empleos, la presión sanitaria, el endeudamiento de emergencia y una extendida incertidumbre social. La respuesta del Gobierno combinó reapertura gradual, vacunación, apoyo a los sectores productivos, recuperación turística, estabilidad monetaria, promoción de la inversión extranjera, fortalecimiento de las zonas francas, expansión de infraestructura y reposicionamiento internacional de la República Dominicana como destino confiable para invertir, producir, exportar y conectarse con los mercados globales. Esa ruta no resolvió todas las deudas estructurales, pero sí reconstruyó una base de confianza que hoy reconocen los mercados internacionales.
El valor de esa obra de gobierno está en haber preservado gobernabilidad económica en una etapa de crisis encadenadas. La economía creció con fuerza tras la pandemia, el turismo superó récords históricos, las zonas francas consolidaron más de 200,000 empleos directos, la inversión extranjera mantuvo niveles relevantes y las reservas internacionales ofrecieron respaldo a la estabilidad cambiaria. A ello se suman medidas de modernización institucional, alianzas público-privadas, promoción internacional vía ProDominicana, impulso logístico, digitalización de servicios y una narrativa de apertura económica que ha permitido proyectar al país como plataforma regional para turismo, manufactura, servicios globales y nearshoring.
Pero la reputación económica, por sí sola, no basta. La pregunta decisiva no es únicamente si los mercados creen en la República Dominicana, sino qué hará la República Dominicana con esa confianza. El país no puede conformarse con ser visto como una economía estable si esa estabilidad no se traduce en empleos formales, salarios de mayor valor, productividad, movilidad social, innovación, mejores servicios públicos y desarrollo territorial. La confianza internacional es un activo extraordinario, pero puede agotarse si no se convierte en bienestar tangible para la ciudadanía. La credibilidad financiera importa; la credibilidad social es indispensable.
Ahí está el principal reto estructural. La economía dominicana ha demostrado capacidad para crecer, atraer inversión y sostener sectores dinámicos como turismo, remesas, construcción, comercio y zonas francas. Sin embargo, persisten problemas profundos: informalidad laboral, baja productividad, desigualdad territorial, presión fiscal, rezagos educativos, fragilidad eléctrica, dependencia de mercados emisores, vulnerabilidad climática y limitada capacidad de encadenamiento entre sectores exportadores y proveedores nacionales. Una economía puede crecer sin formalizar lo suficiente, exportar sin transferir suficiente tecnología, recibir turistas sin derramar prosperidad hacia las comunidades y atraer capital sin elevar la calidad del empleo. Ese es el salto que todavía falta.
La reforma fiscal debe ser entendida en ese contexto, no como una simple operación recaudatoria. El país necesita una reforma legítima, gradual, transparente y orientada al desarrollo, capaz de ampliar la base tributaria, combatir la evasión, revisar exenciones con criterios de impacto, simplificar obligaciones para mipymes y garantizar que cada peso adicional se traduzca en servicios públicos verificables. No se trata de castigar la inversión ni desmontar indiscriminadamente regímenes que han generado empleo y exportaciones. Se trata de evaluar incentivos según su contribución real a productividad, innovación, formalización, encadenamientos, desarrollo provincial y retorno fiscal neto. Sin disciplina fiscal, el desarrollo se vuelve vulnerable; sin justicia social, la disciplina pierde legitimidad.
El nearshoring representa una oportunidad histórica, pero no automática. La ubicación geográfica dominicana, la cercanía al mercado estadounidense, el régimen de zonas francas, la estabilidad política y la conectividad logística ofrecen ventajas evidentes. Sin embargo, la competencia regional será intensa. Para capturar inversión de mayor valor, el país necesita energía confiable, permisos ágiles, seguridad jurídica, puertos eficientes, aduanas modernas, talento técnico, inglés operativo, formación dual, financiamiento competitivo y proveedores locales capaces de integrarse a cadenas globales. El nearshoring no debe convertirse en una simple mudanza de empresas extranjeras; debe ser una política nacional de transformación productiva, innovación, salarios superiores y desarrollo territorial.
La gran tarea nacional consiste en convertir confianza en productividad y reputación en bienestar. Para ello se requiere una estrategia nacional de productividad que articule Gobierno, sector privado, academia, sindicatos, INFOTEP, universidades, zonas francas, turismo, agroindustria y mipymes. Se necesita formalizar el empleo con incentivos inteligentes, transformar el turismo en plataforma de compras locales, orientar las remesas hacia ahorro e inversión, acelerar la reforma eléctrica, crear fondos regionales de inversión productiva, fortalecer la educación técnica, impulsar una agenda de inteligencia artificial aplicada y medir la competitividad provincia por provincia. El país debe pasar de celebrar indicadores a construir capacidades permanentes.
La República Dominicana ha ganado un activo valioso: confianza. Pero la madurez de una nación no se mide solo por la opinión de los bancos de inversión ni por la mejora de sus bonos soberanos. Se mide por la capacidad de convertir estabilidad en esperanza, inversión en empleos dignos, disciplina fiscal en servicios públicos, zonas francas en innovación, turismo en prosperidad territorial y crecimiento en justicia social. El Poder Ejecutivo ha contribuido desde 2020 a levantar una ruta de recuperación, estabilidad y reputación. Ahora el desafío histórico es más exigente: que esa confianza internacional no sea solo una medalla financiera, sino el puente hacia una República Dominicana más productiva, más formal, más equitativa y mejor vivida por su gente.
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| Vista de la parte occidental de la ciudad de Santo Domingo,
sector Los Cacicazgos, R.D. Imagen de @perfilurbanord |
Versión paper de opinión |
Confianza
internacional y obra de gobierno: el reto dominicano de convertir reputación en
bienestar
Las
valoraciones positivas de J. P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y
Santander no surgieron en el vacío: son el resultado de una ruta de
estabilidad, reapertura, inversión, turismo, zonas francas, disciplina
macroeconómica, reformas institucionales y recuperación de la confianza
impulsada desde el Poder Ejecutivo a partir del 16 de agosto de 2020. Pero el
desafío mayor sigue siendo transformar esa confianza externa en productividad,
empleos formales, desarrollo territorial y bienestar tangible para la
ciudadanía.
Por Luis
Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor
Resumen | La República Dominicana atraviesa una
coyuntura económica de alta relevancia estratégica. En un contexto
internacional marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad petrolera,
inflación persistente, tasas de interés elevadas y reconfiguración de las cadenas
globales de suministro, bancos de inversión, calificadoras de riesgo y
organismos multilaterales han coincidido en destacar la fortaleza de los
fundamentos macroeconómicos dominicanos, la credibilidad de su política
económica y fiscal, y las perspectivas favorables de su perfil crediticio. J.
P. Morgan revisó al alza su proyección de crecimiento económico para 2026, de
3.5 % a 4.3 %; Bank of America elevó su recomendación sobre la deuda externa
dominicana; Fitch Ratings valoró los efectos fiscales de la Ley 30-26; y
Santander consideró que el Plan Anticrisis fortalece la flexibilidad fiscal, la
liquidez y la sostenibilidad de la deuda.
Estas señales favorables se producen en un
entorno interno en el que el Banco Central reporta una expansión interanual del
Indicador Mensual de Actividad Económica de 4.7 % en mayo de 2026, una
inflación interanual de 5.67 % en junio, una tasa de política monetaria de 5.25
% en julio y reservas internacionales brutas por US$15,821.6 millones. A ello
se suman el dinamismo turístico, con 6,616,671 visitantes entre enero y junio
de 2026, y las remesas, que alcanzaron US$6,219.3 millones en el primer semestre
del año.
Este paper sostiene que la confianza
internacional es un activo estratégico construido mediante estabilidad
macroeconómica, reapertura económica, recuperación del turismo, fortalecimiento
de zonas francas, promoción de inversión extranjera, expansión de infraestructura,
disciplina monetaria y posicionamiento del país como plataforma regional para
el nearshoring. Sin embargo, también plantea que dicha confianza no debe
convertirse en complacencia. La República Dominicana debe transformar la
reputación ganada en productividad, empleos formales, reforma fiscal legítima,
educación técnica, innovación, desarrollo regional, resiliencia climática y
calidad del gasto público.
Introducción |
La República Dominicana vive un momento
económico que merece ser leído con equilibrio, sin triunfalismo, pero también
sin mezquindad. Las valoraciones favorables de J. P. Morgan, Bank of America,
Fitch Ratings y Santander confirman que el país ha logrado construir una
reputación de estabilidad, solvencia y credibilidad en medio de un escenario
internacional complejo.
Esa confianza no es una casualidad
estadística ni una cortesía diplomática. Es el reflejo de una economía que,
pese a sus vulnerabilidades, ha mostrado capacidad de recuperación, disciplina
macroeconómica, manejo prudente de escenarios adversos y una narrativa
institucional que los mercados internacionales están valorando positivamente.
La revisión de J. P. Morgan, que elevó su
proyección de crecimiento económico para 2026 de 3.5 % a 4.3 %, resulta
significativa porque coloca a la República Dominicana en una posición favorable
dentro del universo de mercados emergentes. Bank of America destacó la
fortaleza del turismo como soporte del crecimiento y como factor de atractivo
para los bonos soberanos; Fitch Ratings valoró la Ley 30-26 como instrumento de
mitigación fiscal ante choques internacionales; y Santander consideró que el
Plan Anticrisis mejora la flexibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda.
La lectura inmediata es positiva: los
mercados observan una economía con capacidad de resistencia, estabilidad
relativa y fundamentos macroeconómicos confiables. Pero la lectura estratégica
debe ser más profunda. La pregunta central no es únicamente si los mercados
creen en la República Dominicana, sino qué hará el país con esa confianza.
La obra de gobierno desde 2020: recuperación, estabilidad
y reputación
Desde el 16 de agosto de 2020, el Poder
Ejecutivo asumió la administración pública en una de las coyunturas más
difíciles de la historia reciente: pandemia, caída del turismo, contracción
económica, presión sanitaria, endeudamiento de emergencia, pérdida de empleos y
desconfianza generalizada. La estrategia inicial combinó reapertura gradual,
vacunación, apoyo social, financiamiento de emergencia, estímulos a sectores
productivos, protección del empleo, recuperación del turismo, estabilidad
monetaria y promoción internacional del país como destino confiable para
inversión.
En su rendición de cuentas de 2024, el
presidente Luis Abinader sostuvo que entre 2021 y 2023 la economía dominicana
creció en términos reales a un promedio anual de 6.43 %. También señaló que el
PIB pasó de US$78,923 millones en 2020 a una estimación de US$120,629 millones
en 2023, y que la renta per cápita aumentó de US$8,583 en 2019 a US$11,156 en
2023, lo que representa un incremento de 30 %.
Ese proceso de recuperación descansó en
varios pilares. El turismo fue relanzado como industria estratégica, hasta
superar los 10 millones de visitantes en 2023 y más de 11 millones en 2025. Las
zonas francas consolidaron su papel como plataforma exportadora, con más de
200,000 empleos directos y una participación superior al 60 % de las
exportaciones nacionales. La inversión extranjera directa alcanzó US$4,381
millones en 2023 y superó los US$5,000 millones en 2025, según cifras
destacadas por el presidente en foros nacionales e internacionales.
A ello se agregan reservas internacionales
robustas, estabilidad cambiaria, recuperación del crédito, expansión de
infraestructura, promoción internacional a través de ProDominicana,
fortalecimiento de alianzas público-privadas, modernización de procesos
institucionales y una política activa para reposicionar al país como plataforma
logística, turística, industrial y de servicios globales. Este conjunto de
decisiones no elimina los problemas estructurales, pero ayuda a explicar por
qué la República Dominicana ha mejorado su reputación económica en los mercados
internacionales.
“La confianza es la moneda más valiosa de la
economía moderna”, afirmó el presidente Luis Abinader en el Americas Investment
Forum 2026. El mandatario agregó que esa confianza “convierte una idea en
inversión y una oportunidad en empresa”.
Marco macroeconómico reciente: resiliencia con presiones
latentes
Los indicadores recientes muestran que la
economía dominicana mantiene señales importantes de recuperación, aunque dentro
de un contexto global exigente. El Banco Central reportó que el Indicador
Mensual de Actividad Económica registró una variación interanual de 4.7 % en
mayo de 2026 y una expansión acumulada de 4.2 % entre enero y mayo. Estos datos
sugieren una mejora del ritmo económico después de un crecimiento del PIB real
de 2.1 % en 2025, inferior al 5.0 % registrado en 2024.
En materia de precios, la inflación
interanual alcanzó 5.67 % en junio de 2026, mientras la inflación subyacente se
ubicó en 4.96 %. La tasa de política monetaria se mantenía en 5.25 % anual en
julio de 2026. Aunque estas cifras reflejan presiones inflacionarias superiores
al centro de la meta, también muestran un marco de política monetaria activo y
vigilante frente a los riesgos de precios.
El frente externo ofrece señales relevantes
de fortaleza. Las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$15,821.6
millones en junio de 2026, mientras la cuenta corriente pasó de un déficit de
3.7 % del PIB en 2023 a 3.0 % en 2024 y 1.2 % en 2025. Estos indicadores
contribuyen a sostener la confianza de inversionistas, acreedores,
calificadoras y organismos multilaterales.
El Ministerio de Hacienda y Economía, en su
Panorama Macroeconómico 2026-2030, proyectó para 2026 un crecimiento del PIB
real en un rango de 3.50 % a 4.00 %, con un valor central de 3.75 %. A su vez,
la CEPAL estima un crecimiento de 4.0 %, J. P. Morgan elevó su previsión a 4.3
%, y el FMI anticipa una expansión de 4.5 %.
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| Figura 1. Proyecciones comparadas de crecimiento de la República Dominicana para 2026 |
Nota. La figura compara las principales
proyecciones de crecimiento económico para la República Dominicana en 2026. La
convergencia de estas estimaciones confirma que, pese a la incertidumbre
externa, la economía dominicana mantiene expectativas favorables dentro del
contexto regional y de los mercados emergentes.
Lectura analítica. Esta comparación
permite observar que las principales fuentes institucionales y financieras
coinciden en una recuperación moderada, pero consistente. La diferencia entre
las proyecciones no altera la tendencia principal: la República Dominicana
mantiene una expectativa de crecimiento superior al promedio regional, aunque
condicionada por factores externos como los precios energéticos, las tasas
internacionales, la inflación global y la evolución de la inversión.
Turismo, remesas y estabilidad externa
El turismo continúa siendo una de las
columnas centrales del modelo económico dominicano. Durante el primer semestre
de 2026, la República Dominicana recibió 6,616,671 visitantes, un crecimiento
de 7.7 % respecto al mismo período de 2025 y de 11 % en comparación con 2024.
Del total, 4,963,542 correspondieron a turistas por vía aérea y 1,653,129 a
cruceristas por vía marítima.
Estas cifras confirman la relevancia del
turismo como generador de divisas, empleo, inversión, conectividad y
posicionamiento internacional. También explican por qué Bank of America destacó
este sector como uno de los soportes del crecimiento dominicano y como factor
favorable para el atractivo de la deuda soberana.
Sin embargo, el éxito turístico no debe
conducir a complacencia. La dependencia de mercados emisores específicos, la
vulnerabilidad climática, el sargazo, los costos energéticos, la congestión
territorial y las presiones ambientales obligan a repensar el modelo. El dato
de que Estados Unidos representó el 53 % de los turistas recibidos en junio de
2026 evidencia la importancia de ese mercado, pero también la necesidad de
diversificar origen de visitantes, productos turísticos y destinos internos.
Las remesas constituyen otro soporte clave
de la estabilidad externa. El Banco Central informó que los flujos de remesas
alcanzaron US$6,219.3 millones entre enero y junio de 2026, con un crecimiento
interanual de 6.7 %. En junio se recibieron US$1,049.3 millones, cifra 13.6 %
superior a la de igual mes de 2025. Estados Unidos originó el 81.4 % de los
flujos formales recibidos en junio, lo que confirma el peso económico de la
diáspora dominicana.
No obstante, las remesas no deben ser
vistas únicamente como ingreso de consumo. Deben convertirse en una plataforma
de ahorro, inversión, vivienda, emprendimiento, bancarización y desarrollo
provincial. Una estrategia económica madura debe crear instrumentos para que la
diáspora participe en proyectos productivos seguros, transparentes y
territorialmente relevantes.
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| Figura 2. Turismo y remesas como pilares externos de la economía dominicana, enero-junio de 2026 |
Nota. La figura presenta dos fuentes
fundamentales de divisas y estabilidad externa para la República Dominicana
durante el primer semestre de 2026: turismo y remesas.
Lectura analítica. El turismo y las
remesas funcionan como amortiguadores de la balanza externa, sostienen el
consumo interno, aportan liquidez en divisas y fortalecen la estabilidad
macroeconómica. Sin embargo, el reto estratégico consiste en evitar que estos
flujos se limiten al consumo inmediato. El turismo debe convertirse en
encadenamientos productivos con agricultura, agroindustria, transporte,
cultura, gastronomía y mipymes; mientras las remesas deben transformarse
progresivamente en ahorro, inversión, vivienda, emprendimiento y desarrollo
provincial.
Perspectivas internacionales: de la resiliencia a la
transformación estructural
Las valoraciones positivas de bancos de
inversión y calificadoras deben complementarse con el diagnóstico de organismos
multilaterales que han estudiado restricciones estructurales más profundas. El
Banco Mundial sostiene que la República Dominicana ha crecido con rapidez en
comparación con el promedio latinoamericano durante las últimas dos décadas y
que casi tres millones de personas han salido de la pobreza. Sin embargo,
advierte que el país debe elevar la productividad, crear empleos de calidad y
fortalecer el capital humano si aspira a convertirse en una economía de
ingresos altos hacia 2036.
El Banco Mundial también ha señalado que la
pobreza alcanzó 14.0 % en 2024 bajo la línea de US$8.30 diarios en paridad de
poder adquisitivo de 2021, que la deuda pública se mantiene por encima de
niveles prepandemia, alrededor de 58 % del PIB, y que los pagos de intereses
absorben más de 3 % del PIB, reduciendo el espacio fiscal para inversión
pública.
La OCDE, a través de su Estudio
Multidimensional de la República Dominicana, identificó tres áreas críticas
para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible: creación de
mejores empleos, movilización de más recursos financieros para el desarrollo y
transformación digital como motor de progreso. En esa misma línea, el análisis
de la OCDE recomienda racionalizar exenciones fiscales para aumentar la
capacidad recaudatoria y mejorar el impacto del sistema tributario en términos
de equidad, eficiencia y simplicidad.
El BID aporta una dimensión adicional. En
su informe macroeconómico regional de 2026, el organismo plantea que América
Latina y el Caribe enfrenta un escenario global complejo, marcado por tensiones
geopolíticas, cambios en políticas comerciales y tasas de interés
internacionales todavía elevadas. No obstante, reconoce que la región ha
mostrado resiliencia gracias al fortalecimiento de sus marcos de política
económica.
La CEPAL, por su parte, ha advertido que la
región latinoamericana continúa atrapada en una dinámica de bajo crecimiento,
con escasa inversión, productividad insuficiente, mercados laborales poco
dinámicos y altos niveles de desigualdad. Aunque la CEPAL revisó al alza la
proyección de crecimiento dominicano para 2026, ubicándola en torno al 4.0 %,
también subrayó que el contexto regional permanece condicionado por tensiones
geopolíticas, condiciones financieras restrictivas e inflación global.
El problema estructural: crecimiento sin suficiente
productividad formal
Uno de los principales desafíos dominicanos
es que el crecimiento económico no siempre se traduce en productividad,
formalización laboral y salarios de calidad. La informalidad continúa siendo
una restricción central del modelo. Informes recientes basados en la Encuesta
Nacional Continua de Fuerza de Trabajo indican que en el primer trimestre de
2026 la economía dominicana sumó 118,631 nuevos ocupados, pero 98,127 fueron
empleos informales, equivalentes al 82.7 % de los nuevos puestos creados. La
tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.1 %.
AMCHAMDR ha señalado que la informalidad
persiste incluso durante períodos de crecimiento económico, lo que confirma que
no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una condición estructural que
requiere políticas específicas. Una economía puede crecer sin formalizar
suficientemente, crear ocupación sin protección social, expandir servicios sin
elevar productividad y atraer inversión sin encadenar proveedores nacionales.
Por eso, la agenda de desarrollo debe
concentrarse en producir más valor por trabajador, formalizar unidades
productivas, reducir trabas regulatorias, mejorar acceso a financiamiento,
capacitar fuerza laboral y conectar sectores dinámicos con mipymes nacionales.
Si la economía dominicana no resuelve la brecha entre crecimiento y
productividad formal, la estabilidad macroeconómica seguirá siendo vulnerable a
la frustración social, la desigualdad territorial y el bajo nivel de movilidad
laboral.
Reforma fiscal, sostenibilidad y legitimidad del
desarrollo
La reforma fiscal dominicana debe ser
entendida como una cuestión de Estado, no como un simple expediente
recaudatorio. El debate fiscal no puede limitarse a la pregunta de cuánto debe
recaudar el Gobierno, sino a una interrogante de mayor profundidad institucional:
qué tipo de Estado necesita la República Dominicana para financiar su
transición hacia una economía más productiva, formal, innovadora,
territorialmente equilibrada y socialmente cohesionada.
El Banco Mundial ha señalado que el país
necesita mejorar la eficiencia del gasto público y ampliar la base tributaria
para sostener una trayectoria de crecimiento inclusivo, mientras la OCDE ha
recomendado racionalizar exenciones fiscales para aumentar la capacidad
recaudatoria y mejorar la equidad, eficiencia y simplicidad del sistema
tributario.
El punto de partida es claro: la República
Dominicana exhibe estabilidad macroeconómica y credibilidad externa, pero
mantiene restricciones fiscales importantes. El Banco Mundial ha advertido que
la deuda pública permanece por encima de los niveles prepandemia, alrededor de
58 % del PIB, y que los pagos de intereses absorben más de 3 % del PIB,
reduciendo el espacio fiscal disponible para inversión pública,
infraestructura, salud, educación, seguridad, agua, transporte y resiliencia
climática.
Esta realidad obliga a superar la falsa
dicotomía entre disciplina fiscal y desarrollo social. Sin disciplina fiscal,
el desarrollo se vuelve financieramente vulnerable; pero sin desarrollo social,
la disciplina fiscal pierde legitimidad ciudadana. Una reforma fiscal moderna
debe descansar sobre cuatro pilares: suficiencia recaudatoria, equidad
distributiva, eficiencia económica y legitimidad institucional.
La revisión de exenciones, incentivos y
tratamientos especiales debe ocupar un lugar central. No se trata de desmontar
de manera indiscriminada regímenes que han sido relevantes para atraer
inversión, empleo y exportaciones. Se trata de evaluarlos con criterios de
impacto. Un incentivo fiscal debe justificar su existencia mediante generación
de empleo formal, transferencia tecnológica, aumento de exportaciones,
encadenamientos productivos, inversión territorial, innovación, productividad y
retorno fiscal neto.
Una reforma fiscal con legitimidad social
debe incluir un contrato verificable de gasto público. La ciudadanía solo
aceptará mayores cargas fiscales si percibe que el Estado responde con
servicios de calidad, transparencia, control del despilfarro y resultados
tangibles. Por ello, el país debería adoptar presupuestos por desempeño,
auditorías de impacto, evaluación independiente de programas, publicación
ciudadana de indicadores y revisión periódica de subsidios.
Nearshoring, zonas francas y transformación productiva
El nearshoring representa una de las
oportunidades estratégicas más relevantes para la República Dominicana en la
actual reconfiguración de la economía global. La relocalización de cadenas de
suministro, impulsada por tensiones comerciales, riesgos geopolíticos, costos
logísticos y búsqueda de mayor cercanía a los mercados de consumo, abre una
ventana para economías con ubicación estratégica, estabilidad política,
infraestructura logística, acuerdos comerciales y capacidad manufacturera.
La República Dominicana parte de una base
relevante: su régimen de zonas francas. El Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación reporta que el sector contaba en 2025 con 858 empresas operando,
más de 200,000 empleos y exportaciones por US$8,604.6 millones. En el primer
trimestre de 2026, las exportaciones de zonas francas alcanzaron US$2,085.1
millones, un crecimiento de 4.3 % frente a los US$1,998.9 millones de igual
período de 2025. Además, marzo de 2026 registró exportaciones por US$841.2
millones, la cifra mensual más alta desde el establecimiento del sector.
La fortaleza sectorial se aprecia en áreas
de alto valor estratégico. El CNZFE informó que la actividad de dispositivos
médicos lideró las exportaciones del primer trimestre de 2026 con US$721.5
millones y un crecimiento de 9.3 %, mientras productos eléctricos crecieron 17
%, tabaco 16.6 %, químicos 16.9 % y calzados 6.6 %. Esta composición revela que
el país no debe limitarse a competir por costos laborales o cercanía
geográfica, sino que puede avanzar hacia manufactura avanzada, servicios
globales, dispositivos médicos, componentes eléctricos, logística regional,
comercio electrónico y economía digital.
En el Congreso Mundial de Zonas Francas, el
presidente Abinader afirmó: “La República Dominicana es hoy una de las mejores
decisiones de inversión en el hemisferio”, y añadió que en el país “invertir es
sencillo, operar es eficiente y crecer es posible”.
Pero el nearshoring no se captura
automáticamente. La ubicación geográfica es una ventaja, pero no una garantía.
La atracción de inversión de segunda generación dependerá de la capacidad
efectiva de reducir costos operativos, asegurar energía confiable, formar
talento especializado, agilizar permisos y fortalecer encadenamientos
productivos.
El nearshoring dominicano debe concebirse
como una estrategia de transformación productiva, no solo como una política de
captación de inversión extranjera. Si el país se limita a recibir empresas que
operan como enclaves desconectados de la economía nacional, el impacto sobre
productividad, salarios, innovación y desarrollo regional será limitado. La
verdadera oportunidad consiste en conectar zonas francas con proveedores
locales, universidades, centros de investigación, mipymes, formación técnica,
infraestructura logística y políticas de innovación.
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| Figura 3. Zonas francas y nearshoring: indicadores estratégicos para la transformación productiva |
Nota. La figura resume indicadores
claves del sector zonas francas y su vinculación con el potencial del
nearshoring. Las exportaciones de zonas francas alcanzaron US$2,085.1 millones
en el primer trimestre de 2026, frente a US$1,998.9 millones en igual período
de 2025. Además, marzo de 2026 registró exportaciones por US$841.2 millones, la
cifra mensual más alta desde el establecimiento del sector. El régimen mantiene
más de 200,000 empleos directos y constituye una de las principales plataformas
exportadoras del país.
Lectura analítica. El desempeño de las
zonas francas confirma que la República Dominicana posee una base real para
aprovechar el nearshoring. No obstante, la oportunidad no se captura
automáticamente. La ubicación geográfica, por sí sola, no basta. El país
necesita energía confiable, logística eficiente, capital humano especializado,
reducción de burocracia, seguridad jurídica, digitalización aduanera,
financiamiento competitivo y proveedores nacionales capaces de integrarse a
cadenas de valor. Solo así las zonas francas dejarán de ser una plataforma
exportadora aislada para convertirse en motor de innovación, productividad,
salarios de mayor valor y desarrollo territorial.
Propuestas de políticas públicas para convertir confianza
en desarrollo
1.
Pactar una Estrategia Nacional de Productividad. Articular
Gobierno, sector privado, academia, sindicatos, zonas francas, turismo,
agroindustria, mipymes e instituciones de formación técnica, con metas
verificables en productividad laboral, innovación, digitalización, logística,
formación dual y transferencia tecnológica.
2.
Revisar los incentivos fiscales bajo criterios de impacto. Evaluar todo régimen especial según inversión nueva, empleo formal,
exportaciones, innovación, transferencia tecnológica, encadenamientos locales,
desarrollo territorial y retorno fiscal neto.
3.
Impulsar una reforma fiscal integral con legitimidad social. Ampliar la base tributaria, combatir evasión, revisar exenciones
regresivas, simplificar obligaciones para mipymes, fortalecer la administración
tributaria y garantizar que los nuevos recursos financien servicios públicos
visibles.
4.
Crear un sistema nacional de evaluación del gasto público. Adoptar auditorías de desempeño, presupuestos por resultados,
indicadores de impacto, revisión de programas duplicados y publicación
ciudadana de resultados.
5.
Formalizar el empleo mediante incentivos inteligentes. Diseñar un régimen simplificado para microempresas, seguridad social
gradual para trabajadores independientes, reducción de costos de entrada,
ventanilla digital única e incentivos temporales a nuevos empleos formales.
6.
Convertir el turismo en plataforma productiva territorial. Promover compras locales certificadas en hoteles, encadenamientos
con agricultura, pesca, agroindustria, artesanía, gastronomía, industrias
creativas, transporte local, cultura y turismo comunitario.
7.
Promover una política de nearshoring de segunda generación. Orientar la estrategia hacia manufactura avanzada, dispositivos
médicos, farmacéutica, logística regional, servicios globales, comercio
electrónico, semiconductores auxiliares, energías limpias y economía digital.
8.
Reformar la educación técnica y la formación profesional. Alinear INFOTEP, universidades, politécnicos, zonas francas y
empresas en programas de formación dual en dispositivos médicos, manufactura
avanzada, logística, mecatrónica, inglés técnico, programación, ciberseguridad,
inteligencia artificial, comercio exterior y gestión de calidad.
9.
Acelerar la reforma del sector eléctrico. Reducir
pérdidas, mejorar la gestión de distribuidoras, revisar subsidios, fortalecer
redes, expandir energías renovables y transparentar costos para reducir
presiones fiscales y elevar competitividad.
10.
Crear fondos regionales de inversión productiva. Financiar
agroindustria, innovación local, turismo sostenible, manufactura ligera,
logística, economía naranja y mipymes exportadoras para que la confianza
internacional llegue a las provincias.
11.
Adoptar una Estrategia Nacional de Nearshoring 2026-2036. Definir sectores prioritarios, corredores logísticos, requerimientos
de talento, necesidades energéticas, política de suelo industrial, promoción
internacional e indicadores de impacto.
12.
Crear un Observatorio de Productividad y Competitividad Territorial. Medir productividad por provincia, sector, tamaño de empresa y nivel
de formalidad para orientar inversión pública, formación técnica, crédito
productivo y política industrial.
Conclusión
La República Dominicana ha conquistado un
activo valioso: confianza. La revisión al alza de J. P. Morgan, las
valoraciones de Bank of America, Fitch Ratings y Santander, el reconocimiento
del FMI a los fundamentos económicos dominicanos, las recomendaciones del Banco
Mundial sobre productividad y empleos de calidad, las advertencias de la OCDE
sobre capacidad fiscal y transformación digital, los análisis del BID sobre
productividad y resiliencia, y la lectura de la CEPAL sobre el bajo crecimiento
regional configuran un diagnóstico convergente: el país tiene estabilidad,
reputación y potencial, pero necesita profundizar reformas para convertir
crecimiento en desarrollo.
La confianza internacional no debe ser el
punto final del camino. Debe ser el inicio de una etapa más exigente. La
República Dominicana no puede conformarse con ser una economía bien vista por
los mercados. Debe aspirar a ser una sociedad mejor vivida por su gente. La
credibilidad financiera importa, pero la credibilidad social es indispensable.
El Poder Ejecutivo ha contribuido, desde el
16 de agosto de 2020, a construir una ruta de recuperación, estabilidad,
promoción internacional, relanzamiento turístico, fortalecimiento de zonas
francas, atracción de inversión extranjera, expansión de infraestructura y
posicionamiento del país como plataforma logística, turística e industrial.
Pero esa ruta debe profundizarse con políticas más audaces: reforma fiscal
legítima, productividad, formalización laboral, educación técnica, reforma
eléctrica, innovación, inteligencia artificial, inversión territorial y
encadenamientos productivos.
Ahí reside la verdadera prueba de madurez
nacional. Cuando la estabilidad macroeconómica se convierte en bienestar
tangible, cuando la inversión se transforma en empleos dignos, cuando la
disciplina fiscal financia servicios públicos de calidad, cuando el nearshoring
genera innovación y salarios de mayor valor, y cuando la confianza
internacional se traduce en esperanza ciudadana, entonces la República
Dominicana no solo mejora su calificación: mejora su destino.
......
Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.
Palabras clave: economía dominicana, confianza internacional, política fiscal, estabilidad macroeconómica, nearshoring, zonas francas, productividad, inversión extranjera, reforma fiscal, desarrollo territorial.
Documento académico-editorial preparado para publicación, con gráficos comparativos y referencias en formato APA.
Referencias
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