sábado, 23 de mayo de 2026

Empresario Manuel Estrella destaca estabilidad económica, crecimiento sostenido y confianza para invertir en el país durante la inauguración de EcoAcero en San Pedro de Macorís

Empresario Manuel Estrella destaca estabilidad económica, crecimiento sostenido y confianza para invertir en el país durante la inauguración de EcoAcero en San Pedro de Macorís

_Presidente Abinader afirma que la nueva industria impulsará el desarrollo y la competitividad de República Dominicana_

_Ministro Eduardo Sanz Lovatón destaca crecimiento industrial y exportador impulsado por la alianza público-privada_
23 de mayo de 2026
*Villa Gautier, San Pedro de Macorís.–* Durante un acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el empresario Manuel Estrella destacó que la República Dominicana vive uno de sus mejores momentos para invertir gracias a la estabilidad macroeconómica, la paz social, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido que exhibe el país.

“El país ofrece todas las condiciones para seguir creciendo y desarrollándose”, expresó Estrella, al resaltar que la nación ha roto récords de inversión extranjera durante los últimos años bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

También valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado para impulsar iniciativas estratégicas orientadas al crecimiento económico y al fortalecimiento de la industria nacional.
Estrella afirmó que la República Dominicana ha pasado de ser vista únicamente como un destino turístico a convertirse en un país atractivo para grandes inversiones y proyectos industriales de alcance regional.

Asimismo, sostuvo que el empresariado dominicano continúa apostando al país, reinvirtiendo y expandiendo operaciones, lo que ha permitido fortalecer sectores como la industria, el turismo, las exportaciones y las zonas francas.
Durante unas breves palabras, el presidente Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, aseguró que la inauguración de la nueva planta industrial de EcoAcero representa un impulso al desarrollo económico y a la competitividad de la República Dominicana, al destacar que este tipo de inversiones generan empleos, fortalecen la industria nacional y contribuyen al crecimiento de las comunidades y del país.

El mandatario expresó que el Gobierno continuará facilitando iniciativas que promuevan el progreso nacional y permitan la llegada de nuevas inversiones. Indicó que obras como esta fortalecen la economía dominicana, generan oportunidades y aportan al bienestar de las comunidades.

Asimismo, afirmó que la nueva industria contribuirá a crear mayor competencia y desarrollo dentro del sector, lo que tendrá un impacto positivo en áreas fundamentales para el crecimiento económico nacional. Señaló además que la expansión industrial es clave para consolidar a la República Dominicana como un referente de producción y desarrollo en la región.

Al concluir, el gobernante felicitó a la familia Estrella, a los técnicos y a todos los trabajadores que participaron en la construcción de la moderna planta, resaltando el esfuerzo y la visión detrás del proyecto industrial.
En la actividad también habló el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien destacó que la República Dominicana vive un momento histórico impulsado por el optimismo, la inversión y la alianza público-privada promovida por el presidente Luis Abinader.

Durante su intervención, Sanz Lovatón señaló que proyectos industriales como el encabezado por la familia Estrella fortalecen el crecimiento económico y consolidan al país como una potencia exportadora. Mencionó además la proyección de exportar 400 mil varillas, equivalentes a más de 65 mil millones de pesos, como muestra del crecimiento industrial dominicano.
Asimismo, elogió la visión empresarial de Manuel Estrella y su familia, asegurando que la República Dominicana no solo se consolida como potencia turística, deportiva y cultural, sino también como un gran centro industrial con amplia capacidad exportadora.
*Tecnología de última generación y capacidad exportadora*

De su lado, Pedro Estrella Tavares, CEO de EcoAcero, explicó que la nueva planta de producción de varillas cuenta con tecnología de última generación y capacidad para producir 400 mil toneladas anuales, convirtiendo al país en el único del Caribe con una infraestructura de este nivel.

Indicó que el proyecto fue desarrollado junto a empresas internacionales de Alemania, Italia y España, iniciando operaciones tras 20 meses de construcción y con el respaldo de cientos de trabajadores y aliados estratégicos.

Añadió que esta capacidad permitirá suplir el mercado regional y fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como “la ferretería del Caribe”.

*Destacan impacto económico y ambiental de la planta*

En tanto, Filipo Darlesa, CEO regional de SMS Group América, calificó la instalación como una de las plantas más modernas de Latinoamérica en su categoría, fruto de la colaboración entre SMS Group, Grupo Estrella y EcoAcero.

Darlesa resaltó además el impacto ambiental positivo de la planta, asegurando que las tecnologías implementadas permitirán reducir más de 1,700 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono mediante modernos sistemas de eficiencia energética y reconducción de agua.

Asimismo, el alcalde Rafael Anglón afirmó que la llegada de Cemento Pagán ha transformado positivamente a Villa Gautier, destacando la ejecución de calles asfaltadas, programas sociales y la generación de más de 200 empleos directos para jóvenes de la comunidad.

La actividad concluyó con el encendido simbólico de la planta encabezado por el presidente Abinader y los ejecutivos de la empresa, dejando formalmente inaugurada la nueva instalación industrial.

La ceremonia fue bendecida por el obispo de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, quien realizó una oración de bendición por la nueva empresa, donde pidió paz, prosperidad y sabiduría para sus directivos, empleados y colaboradores.

Estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el expresidente Hipólito Mejía; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; los ministros Víctor -Ito- Bisonó, Eduardo Estrella, Rafael Santos Badía, Eddy Olivares, Joel Santos y Luis Miguel De Camps; los directores Wellington Arnaud, Felipe Suberví, Ángel Rafael Salazar, Nelson Arroyo y Rafael Burgos Gómez; el superintendente de la la SISALRIL, Miguel Ceará Hatton; la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos; el senador Omar Fernández, entre otras personalidades.

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viernes, 22 de mayo de 2026

“Agua sí, oro no”: la consigna que puso en jaque el modelo minero de República Dominicana

“Agua sí, oro no”: la consigna que puso en jaque el modelo minero de República Dominicana

La suspensión del proyecto Romero en San Juan de la Maguana revela cómo los conflictos extractivos en América Latina ya no se deciden solo con estudios ambientales, sino también con legitimidad social

Personas participan en una manifestación en la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, el 3 de mayo.ORLANDO BARRÍA (EFE)

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En la noche del pasado 4 de mayo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, hizo algo poco frecuente en América Latina: detener una exploración minera que todavía no había sido rechazada técnicamente, pero que ya había perdido legitimidad social. Su decisión suspendió el proyecto Romero, impulsado por la empresa canadiense Goldquest en la provincia de San Juan de la Maguana, al suroeste de República Dominicana, tras años de protestas y presión comunitaria creciente en las últimas semanas. La consigna terminó convirtiéndose en símbolo nacional: “Agua sí, oro no”.

“Esta decisión se fundamenta en el estricto cumplimiento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, declaró Abinader en una alocución difundida a través de las redes sociales. “Ante un rechazo social mayoritario de un proyecto de esta magnitud, su continuidad carece de viabilidad social”, puntualizó. Así, el anuncio transformó un conflicto local en un debate nacional sobre minería, agua, inversión extranjera y confianza institucional. Y es que en San Juan la discusión no solamente trata sobre el oro. La demanda de las protestas no era un simple eslogan: era una forma de nombrar un miedo.

Conocida como el “granero del sur”, la provincia produce alrededor del 92% de las habichuelas de consumo nacional, según datos de la Dirección General Suroeste del Departamento de Economía Agropecuaria de 2025, así como otros cultivos que abastecen al país. Además, el río San Juan alimenta la presa de Sabaneta, de la que dependen 30.000 hectáreas agrícolas y comunidades enteras justo en una región marcada por largos períodos de sequía. Precisamente, a pocos metros de su cuenca, es donde se buscaba eventualmente la explotación del proyecto, que colinda con áreas protegidas como los parques nacionales José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez.

En San Juan el agua se reparte por turno. “Tandeo”, le llaman los agricultores. Un día le toca a uno; al día siguiente, a otro. Bajo esa realidad, cualquier intervención en la cuenca alta del río se ve como una amenaza existencial. “El agua aquí no es solo un recurso, es la base de todo”, explica Manuel Matos, agricultor y dirigente del movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida.

La promesa del oro en pausa

Bajo las montañas de San Juan yacen oro, cobre y plata. Previo al anuncio presidencial, Goldquest sostenía que Romero podría generar unos 3.000 millones de dólares en exportaciones, cerca de 1.000 millones en ingresos fiscales, 800 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos; esto en una de las provincias con mayores niveles de pobreza del país, con un índice del 58,2%, según datos del Sistema Único de Beneficiarios 2025.

Luis Santana, director ejecutivo de Goldquest Dominicana, defiende la iniciativa como una oportunidad de transformación económica. “La agricultura ha perdido productividad, hay pobreza y falta de oportunidades. La minería puede generar empleo y dinamizar la economía”, dijo en entrevista con este medio. La empresa, además, insiste en que Romero no se parece a otros proyectos mineros asociados a conflictos ambientales en el país caribeño. Propone una mina subterránea, sin uso de cianuro ni mercurio, y con un sistema de captación de agua de lluvia. Pero para Matos, “no es realista decir que van a operar con agua de lluvia en una zona que puede tener hasta nueve meses de sequía”

Al día siguiente del anuncio presidencial, GoldQuest confirmó a EL PAÍS que aún no había recibido una notificación oficial del Estado sobre la suspensión del proyecto. Días después, en medio de denuncias de comunitarios que aseguraban que las actividades mineras continuaban en la zona, la empresa canadiense emitió un comunicado en el que anunció el retiro de sus equipos “para evitar tensiones”.

Conflictos por el agua

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), lo ocurrido en San Juan no es un episodio aislado. “La gente pone en la balanza el territorio, el agua y sus modos de vida. Hay antecedentes acumulados en América Latina que explican por qué las comunidades ya no creen ciegamente en las promesas de la minería”. El caso Romero, sostiene el ingeniero, refleja un patrón regional. Desde Panamá hasta Perú, pasando por Chile, Ecuador y Argentina, los proyectos extractivos han enfrentado crecientes resistencias sociales vinculadas al agua, la contaminación y la percepción de que los beneficios económicos rara vez compensan los costos ambientales y territoriales. “Hoy la minería se reviste de verde, habla de sostenibilidad o transición energética, pero sigue siendo una actividad intensiva, extractivista y de fuerte impacto para los territorios”, afirma.

Lo de Romero ocurre además en un contexto regional sensible con el cierre de la minera Pascua Lama de Barrick Gold entre Chile y Argentina en 2020 y el cierre de la mina de cobre en Panamá en 2023. En República Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, la mina de oro más grande de América Latina, continúa apareciendo constantemente en el debate público como referencia de contaminación y conflictos sociales. “La experiencia acumulada en América Latina explica gran parte del rechazo social”, insiste Cuenca. “Las empresas se van, pero muchas veces los pasivos ambientales permanecen durante décadas”.

La crisis de confianza

A medida que el rechazo crecía contra Romero, también aumentaba la desconfianza hacia las instituciones encargadas del arbitraje del proceso. Las dudas se intensificaron después de que circularon cuestionamientos sobre vínculos entre un exasesor técnico del Ministerio de Energía y Minas y la Goldquest, impulsora del proyecto. El ministerio respondió mediante un comunicado oficial, asegurando que el exfuncionario había dejado de formar parte de la institución meses antes y que nunca participó en evaluaciones vinculadas al proyecto de la empresa canadiense.

“Cuando la institucionalidad pierde legitimidad social, incluso las mejores capacidades técnicas comienzan a debilitarse políticamente”, explica Nelson Espinal Báez, abogado dominicano y experto en negociación y construcción de consensos públicos. A su juicio, el conflicto evidencia una transformación más profunda en la región. “Las comunidades hoy exigen algo más: participación temprana, transparencia, información creíble y la percepción de que el proceso fue legítimo”.

Uno de los temores de los comunitarios, por ejemplo, es la posibilidad de que el suroeste dominicano evolucione hacia un distrito minero, donde la acumulación de concesiones transforme el uso del territorio. “No es una obra puntual, Goldquest tiene otras 14 concesiones en la zona, y esto podría desplazar eventualmente todo el territorio agrícola”, advierte Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias del país.

Durante meses, el Ministerio de Energía y Minas insistió en que Romero permanecía únicamente en fase de exploración, en espera de los estudios técnicos de impacto ambiental para pasar a la fase de explotación, y que ninguna decisión había sido tomada. Sin embargo, dentro del propio Gobierno comenzaron a surgir señales contradictorias cuando el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez —quien rechazó conceder una entrevista para este reportaje—, afirmó en la televisión local que República Dominicana debía decidir “si desaprovecha cientos de miles de millones de dólares en posibles reservas mineras o continúa evaluando la posibilidad de desarrollo”, insistiendo en que el debate debía abordarse “bajo criterios de ciencia y no de presunciones”.

Ahora el conflicto continúa moviéndose en nuevas direcciones. El próximo 22 de mayo, una comisión legislativa de Medio Ambiente visitará la zona, mientras organizaciones sociales buscan que el área sea declarada espacio protegido, una iniciativa liderada por el senador de la provincia sureña, Félix Bautista.

Entre inversión y soberanía

La suspensión de Romero abrió un debate incómodo para República Dominicana: hasta qué punto un Estado puede detener un proyecto extractivo sin afectar la percepción de seguridad jurídica. El abogado peruano Ricardo Ampuero, especialista en arbitraje internacional y conflictos extractivos de la región, considera que estas situaciones muestran una tensión cada vez más frecuente en América Latina. “El conflicto social puede manifestarse incluso antes de que culminen los procesos formales de evaluación estatal”, explica. “Y eso obliga a los gobiernos a equilibrar criterios técnicos, presión social y estabilidad política”. Ampuero considera que la decisión dominicana difícilmente puede analizarse solo desde el derecho minero o ambiental. “Aquí confluyen soberanía regulatoria, legitimidad democrática y protección de inversiones”, sostiene.

Muchos países latinoamericanos mantienen tratados internacionales de protección recíproca de inversiones, que permiten a empresas acudir a arbitrajes cuando consideran afectados sus intereses económicos. Antes de la suspensión ordenada por el Gobierno, Goldquest ya había invertido 50 millones de dólares en la fase de exploración. Sobre un posible riesgo de proceso jurídico contra el Estado, el ministro de Energías y Minas, Joel Santos, aseguró a este medio que “el país está debidamente blindado al respecto y las empresas entienden que es un riesgo que toman”.

El conflicto también llegó a los tribunales. En 2018, comunitarios interpusieron una acción de amparo preventivo para frenar el proyecto Romero. El tribunal unipersonal de San Juan de la Maguna ordenó entonces suspender los trabajos hasta que existiera una licencia ambiental, criterio posteriormente confirmado por el Tribunal Constitucional.

Para el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, la sentencia fijó un límite importante: el Estado no puede paralizar por completo una operación con permisos de exploración ni ordenar el desmantelamiento de sus equipos sin evidencia técnica suficiente sobre el nivel del daño ambiental. “Sin estudios previos, no es posible determinar si el impacto sería irreversible”, explica.

Sin embargo, el veredicto también incorpora elementos asociados al principio precautorio, como la protección preventiva del medio ambiente y el reconocimiento del riesgo ecológico. Hoy ambos lados del conflicto interpretan parcialmente aquella decisión a su favor.

En San Juan, las montañas siguen guardando oro bajo tierra. Pero en la superficie quedó abierta otra disputa: cuánto poder tienen hoy las comunidades para alterar el destino de proyectos extractivos que antes parecían inevitables.

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BCRD informa que la economía dominicana registró un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos en el primer trimestre de 2026


BCRD informa que la economía dominicana registró un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos en el primer trimestre de 2026

• En enero-marzo 2026 el total de ocupados alcanzó 5,236,178 personas, para un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos.

• La tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral, se ubicó en 5.0 % en enero-marzo de 2026, similar al promedio registrado en el año 2025.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), al primer trimestre de 2026 el total de ocupados de la economía dominicana alcanzó 5,236,178 trabajadores, de los cuales 2,403,395 corresponden a empleos formales. Dicha cifra de puestos de trabajo formales resulta ser consistente con el total reflejado en los registros administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Al comparar el total de trabajadores en enero-marzo 2026 con respecto al mismo periodo de 2025, se observa un incremento interanual de 2.3 %, equivalente a 118,631 nuevos ocupados netos. Con este resultado de enero-marzo de 2026, la tasa de ocupación (TO) y la tasa global de participación (TGP) se situaron en 63.0 % y 66.3 %, respectivamente, ambas muy cercanas a sus valores máximos de las series, niveles que reflejan una alta ocupación y participación relativa en el mercado laboral en el contexto de la región.


En términos de composición de la generación de empleos se observa que, del incremento interanual de 118,631 ocupados netos en los últimos doce meses, los ocupados formales contribuyeron con 20,504 trabajadores (17.3 %) mientras que los trabajadores informales aportaron 98,127 ocupados adicionales (82.7 %). De esta manera, la tasa de informalidad total se ubicó en 54.1 % en el primer trimestre de 2026. Cabe destacar que la proporción de empleo informal en la economía permanece similar al promedio de 2025 y continúa por debajo del promedio histórico de 56.7 % registrado en la serie de la ENCFT desde 2014.


Desde el punto de vista demográfico, la composición del total de 5,236,178 ocupados se distribuye en 56.1% hombres y 43.9% mujeres. Cabe destacar que el empleo femenino ha ganado participación en los últimos 12 meses, explicando en mayor medida la generación de nuevos puestos de trabajo con 157,078 ocupadas adicionales en dicho período.


En cuanto a los indicadores de desempleo o subutilización de la fuerza de trabajo, la tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de personas desocupadas que se encuentran buscando activamente empleo como proporción de la fuerza laboral, se ubicó en 5.0 % en enero-marzo de 2026, manteniéndose en torno al promedio registrado en el año 2025.

Por su parte, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (SU3), indicador equivalente a la anteriormente denominada tasa de desocupación ampliada, que incorpora tanto a las personas desocupadas que se encuentran buscando activamente empleo y aquellas disponibles para trabajar, aunque no estén buscando, se situó en 8.8 % en enero-marzo de 2026, mostrando una disminución de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el 9.3 % registrado en el mismo período del año anterior.

En tanto que la población inactiva, compuesta por aquellos en edad de trabajar que no se encuentran ocupados ni en búsqueda activa de trabajo, como son aquellos con responsabilidades familiares o quehaceres del hogar, estudiantes y personas con condiciones de salud permanentes o temporales, entre otros, se situó en 2,802,339 personas en el primer trimestre de 2026, para una tasa de inactividad de 33.7 %, inferior en 0.3 puntos porcentuales respecto al 34.0 % registrado en el trimestre enero-marzo de 2025.

Finalmente, los resultados del mercado laboral correspondiente al primer trimestre de 2026, muestran tasas de desocupación que se mantienen relativamente bajas respecto a la serie histórica de la ENCFT, no obstante el entorno internacional convulso y complejo con elevados niveles de incertidumbre provocado por el conflicto en el Medio Oriente, el cual ha impactado el transporte y los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, y ha afectado de forma generalizada a los países, moderando el crecimiento económico global.

Jueves 21 de mayo, 2026

https://www.bancentral.gov.do/a/d/6576-bcrd-informa-que-la-economia-dominicana-registro-un-aumento-interanual-de-118631-nuevos-ocupados-netos-en-el-primer---trimestre-de-2026

📊🇩🇴 Más empleos, más oportunidades: avance del mercado laboral dominicano
El Banco Central (BCRD) informó que la economía dominicana sumó 118,631 nuevos ocupados en el primer trimestre de 2026, alcanzando más de 5.2 millones de trabajadores en el país. 💼📈
La tasa de desempleo se mantiene baja, en 5.0 %, reflejando estabilidad en el mercado laboral, mientras que la participación y ocupación siguen en niveles cercanos a máximos históricos. ✅
Destaca el crecimiento del empleo femenino, con una mayor participación en la generación de nuevos puestos, así como el dinamismo de la economía a pesar de un entorno internacional desafiante. 👩‍💼🌍
🔎 Aunque persiste la informalidad (54.1 %), el empleo continúa expandiéndose, evidenciando resiliencia y capacidad de adaptación del país.
🔗 Leer informe completo del @BancoCentralRD https://noticiasguasabara.blogspot.com/2026/05/bcrd-informa-que-la-economia-dominicana.html
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Más empleo, pero no todo es progreso: la hora decisiva de formalizar el crecimiento

El mercado laboral dominicano suma 118.631 nuevos ocupados y mantiene el desempleo bajo, pero el país sigue construyendo demasiada prosperidad sobre la informalidad; la gran tarea de 2026 es convertir cantidad en calidad, productividad y protección social.

La noticia, en apariencia, es inequívocamente positiva: la economía dominicana cerró el primer trimestre de 2026 con 5.236.178 personas ocupadas, lo que supone un aumento interanual de 118.631 nuevos ocupados netos (2,3%). A la vez, la tasa de desocupación abierta (SU1) se mantuvo en 5,0%, un nivel similar al promedio de 2025, y los indicadores de participación laboral se colocan cerca de máximos de serie: tasa de ocupación (63,0%) y tasa global de participación (66,3%). En un entorno internacional descrito como convulso e incierto, estas cifras proyectan resiliencia y continuidad de dinamismo económico. Pero precisamente por eso —porque el dato es bueno— conviene leerlo con lupa: los países no se miden solo por cuántos empleos crean, sino por cuánta estabilidad, productividad y derechos acompaña a esos empleos. [noticiassin.com], [elcaribe.com.do] [noticiassin.com], [hoy.com.do] [noticiassin.com], [listindiario.com]

La primera clave del trimestre es la composición del crecimiento: del incremento de 118.631 ocupados netos, solo 20.504 corresponden a empleo formal (17,3%), mientras 98.127 fueron empleos informales (82,7%). El resultado es una tasa de informalidad de 54,1% en enero–marzo de 2026. Que la informalidad esté por debajo del promedio histórico que se cita para la serie desde 2014 no cambia el núcleo del problema: más de la mitad de la ocupación se sostiene fuera del perímetro pleno de seguridad social, estabilidad contractual y productividad medible. Este patrón tiene un coste nacional silencioso: limita la capacidad de los hogares para amortiguar shocks, estrecha el acceso a protección social y reduce el potencial de recaudación y de inversión en capital humano. Si el crecimiento del empleo no logra “pasar” de la economía informal a la formal, el país corre el riesgo de consolidar un mercado laboral robusto en cantidad, pero frágil en calidad. [elcaribe.com.do], [diariolibre.com] [acento.com.do], [listindiario.com] [acento.com.do], [elcaribe.com.do] [listindiario.com], [diariolibre.com]

La segunda clave es, a la vez, un avance social y una advertencia estratégica: la feminización del crecimiento del empleo. La estructura de ocupación se distribuye en 56,1% hombres y 43,9% mujeres, y el informe destaca que el empleo femenino ganó participación, explicando en mayor medida la generación de nuevos puestos con 157.078 mujeres ocupadas adicionales en doce meses. Este dato merece celebrarse, porque sugiere mayor inserción de mujeres en el mercado laboral y una mejora relativa en participación; pero también obliga a formular una pregunta de política pública: ¿en qué condiciones se está incorporando ese empleo femenino? La respuesta no puede ser retórica cuando la informalidad concentra la mayor parte de los nuevos ocupados. Si la entrada de mujeres al mercado se realiza, en gran proporción, a través de ocupaciones informales o de baja protección, el país avanzará en participación, pero no necesariamente en autonomía económica ni en bienestar sostenible. El desafío es doble: aumentar el empleo femenino y elevar su calidad, con políticas de cuidados y conciliación que permitan formalidad real, ingresos previsibles y continuidad de carrera. [acento.com.do], [elcaribe.com.do] [acento.com.do], [diariolibre.com] [listindiario.com], [hoy.com.do]

La tercera clave está en el “lado B” del desempleo: no basta con mirar la SU1. El propio reporte divulgado destaca que la tasa de subutilización (SU3) —que incorpora a personas desocupadas que buscan activamente y también a disponibles para trabajar aunque no estén buscando— se situó en 8,8%, bajando 0,5 puntos porcentuales respecto al 9,3% del mismo periodo del año anterior. Esta cifra sugiere que el mercado está absorbiendo mano de obra y reduciendo holguras, pero también recuerda que existe una bolsa de capacidad laboral que puede ampliarse cuando cambian expectativas, condiciones de búsqueda o restricciones de tiempo (cuidados, transporte, salud). Junto a ello, la población inactiva se sitúa en 2.802.339 personas, con una tasa de inactividad de 33,7%, ligeramente por debajo del dato del año anterior. En términos de agenda país, esto significa que el reto no es únicamente “crear empleo”, sino movilizar talento y reducir barreras de entrada al trabajo productivo, especialmente para mujeres y jóvenes, donde la carga de cuidados y la informalidad se suelen cruzar. [hoy.com.do], [listindiario.com] [hoy.com.do], [noticiassin.com]

Conviene subrayar un punto que a veces se pierde entre titulares: el número de empleos formales reportado —2.403.395— se indica como consistente con los registros administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social. Esa consistencia es una buena noticia institucional, porque habla de trazabilidad y alineación estadística; pero también pone en evidencia el tamaño del “resto” informal, que supera los 2,8 millones de personas según recuentos publicados en medios a partir de la misma fuente. Dicho de otro modo: el país está generando ocupación, pero gran parte de esa creación ocurre donde la productividad suele ser más baja, el crédito es más caro o inaccesible, la capacitación es irregular y la cobertura social es incompleta. La informalidad no es solo un problema “laboral”: es un problema de competitividad, de igualdad de oportunidades y de capacidad del Estado para sostener políticas públicas sin asfixiar a quienes sí cumplen. [noticiassin.com], [elcaribe.com.do] [diariolibre.com], [listindiario.com] [diariolibre.com], [acento.com.do]

Entonces, ¿qué lectura estratégica deja este trimestre? La primera es que la República Dominicana muestra un mercado laboral dinámico en términos de ocupación y con desempleo relativamente bajo. La segunda es que el “modelo” de generación de empleo sigue siendo intensivo en informalidad, lo que reduce el efecto transformador del crecimiento. Y la tercera es que el protagonismo del empleo femenino abre una ventana de progreso social que debe consolidarse con políticas que reduzcan la vulnerabilidad y fortalezcan la protección, de lo contrario el avance será parcial. Mi opinión es que 2026 debería ser el año en que el debate público cambie de pregunta: de “¿cuántos empleos?” a “¿cuánta formalidad, productividad y movilidad social generan esos empleos?”. Para avanzar, el país necesita combinar incentivos a la formalización (simplificación, reducción de costes de entrada, apoyo a mipymes), fortalecimiento de inspección inteligente y, sobre todo, una agenda de productividad: formación, digitalización, encadenamientos y acceso a financiamiento para que el salto a la formalidad sea deseable y posible, no un salto al vacío. [noticiassin.com], [hoy.com.do] [elcaribe.com.do], [diariolibre.com] [elcaribe.com.do], [acento.com.do]

Porque el empleo —como cifra— puede crecer sin que el bienestar crezca a la misma velocidad. Y el gran aprendizaje de los países que logran dar el salto es simple: la prosperidad no se sostiene solo con trabajo, sino con trabajo protegido, productivo y con futuro. Hoy tenemos el dato que invita al optimismo; ahora toca la parte difícil: convertirlo en una mejora estructural del mercado laboral dominicano, sin dejar a más de la mitad de la fuerza de trabajo en la periferia de los derechos.

Para consulta del informe oficial: Ver nota del Banco Central (BCRD).

A la firma de:
Luis Orlando Diaz Volquez
#GuasábaraEditor

📊🇩🇴 Buenas noticias para el empleo… con un reto pendiente
El BCRD informó que en el 1.º trimestre de 2026 la economía dominicana sumó 118.631 nuevos ocupados netos, alcanzando 5.236.178 personas ocupadas. La desocupación abierta (SU1) se mantuvo en 5,0%, mientras la subutilización (SU3) bajó a 8,8%, señal de un mercado laboral dinámico pese a la incertidumbre internacional.
Pero el dato clave para el debate público es la calidad del empleo: del aumento total, 82,7% de los nuevos ocupados fueron informales (98.127) y solo 17,3% formales (20.504), dejando la informalidad en 54,1%. Además, destaca el empuje del empleo femenino, con 157.078 mujeres ocupadas adicionales en 12 meses.
🔎 En resumen: más empleo, sí, pero el gran desafío de 2026 es convertir crecimiento en formalidad, productividad y protección social.
📰 🔗 Leer informe completo del @BancoCentralRD https://noticiasguasabara.blogspot.com/2026/05/bcrd-informa-que-la-economia-dominicana.html
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Promipyme entrega RD$150 millones en créditos a 600 prestatarios de Santo Domingo Oeste


Promipyme entrega RD$150 millones en créditos a 600 prestatarios de Santo Domingo Oeste

Fabricio Gómez Mazara llama a la población emprendedora a solicitar financiamiento: “No habrá aumento de tasa”

Santo Domingo Oeste, R.D., 21 de mayo de 2026. – El director general de Promipyme, el economista Fabricio Gómez Mazara, entregó este jueves RD$150 millones en créditos que beneficiarán a 600 prestatarios del municipio Santo Domingo Oeste, como parte de la estrategia institucional para fortalecer el tejido productivo local y ampliar el acceso al financiamiento.

Durante el acto, Gómez Mazara destacó que esta colocación representa “un gran paso hacia el presente” de los micro, pequeños y medianos empresarios, así como de los emprendedores de la demarcación, y subrayó el enfoque inclusivo de la entrega: el 69% de los recursos fue destinado a mujeres.

“Nos llena de orgullo decir que desde nuestra llegada a la institución hemos desembolsado un total de RD$18.425 millones, de los cuales el 51% ha sido dirigido a negocios liderados por mujeres”, expresó el funcionario, al resaltar el impacto de la política de crédito en la participación económica femenina.

En ese mismo orden, el titular de Promipyme hizo un llamado directo a los microempresarios y emprendedores a continuar solicitando préstamos en la entidad, asegurando que no se incrementará la tasa de interés.

“Visiten nuestras oficinas: tenemos recursos para prestarles. No vamos a modificar la tasa de interés; la mantendremos igual. Por eso es nuestro llamado: vayan a nuestras oficinas, que tenemos recursos para prestarles”, reiteró.

La entrega, celebrada en Manoguayabo, en el Polideportivo de Las Caobas, sirvió también para reafirmar que Promipyme mantendrá su política de tasa, la cual —según indicó el director general— es hasta diez veces menor que la que se cobra normalmente en el mercado. 

Asimismo, Gómez Mazara enfatizó el respaldo del presidente Luis Abinader a su gestión y el esfuerzo del Gobierno para que, desde la institución, se continúe otorgando crédito con condiciones accesibles, en favor del crecimiento de los pequeños negocios y la generación de oportunidades.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien agradeció al equipo de Promipyme por el apoyo sostenido a los microempresarios y emprendedores de esa localidad.

En el marco de la actividad, estudiantes del Politécnico Fe y Alegría presentaron un stand con proyectos de negocios e innovaciones, recibiendo un reconocimiento especial de parte del director general de Promipyme.

Al cierre del acto, Fabricio Gómez Mazara destacó el trabajo del personal de la entidad en Santo Domingo Oeste, especialmente de los gerentes y oficiales de crédito. “A ellos, reconocerles por su entrega para el logro de estos números que hoy presenciamos”, concluyó.


Sobre Promipyme
El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) desarrolla programas de financiamiento orientados a impulsar la actividad productiva, fortalecer la inclusión financiera y acompañar el crecimiento de los negocios en todo el país. 

— Fin —

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OPINIÓN

RD$150 millones y una señal de política: el crédito como dique contra la trampa del interés

La entrega de financiamiento de Promipyme en Santo Domingo Oeste no es solo un acto protocolar: es una declaración sobre el tipo de Estado que se construye cuando el dinero barato se convierte en herramienta de inclusión, productividad y dignidad económica.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay anuncios que se consumen en el ciclo breve de la noticia, y hay otros que, por lo que revelan, merecen leerse como una señal de política pública. La entrega de RD$150 millones en créditos a 600 prestatarios en Santo Domingo Oeste, encabezada por Fabricio Gómez Mazara, pertenece a la segunda categoría: no se trata únicamente de desembolsar recursos, sino de fijar un mensaje de dirección en un país donde el acceso al capital define —para bien o para mal— la vida real de los pequeños negocios. En el relato de esta jornada hay un concepto central que debería ocupar el debate público: la estabilidad de la tasa como mecanismo de protección social y como acelerador de productividad.

Que un funcionario salga a decir “soliciten préstamos… no habrá aumento de tasa” tiene una carga que va más allá de la frase. En economías con alta informalidad, el precio del dinero se convierte en frontera invisible: de un lado, el crédito formal que permite crecer; del otro, el préstamo de esquina que termina devorando inventarios, márgenes y sueños. Por eso, sostener una tasa subsidiada no es un gesto populista si se gestiona con disciplina; es una inversión inteligente cuando reduce la dependencia de mecanismos usureros y empuja a la formalización. Esa lógica ha sido defendida por el propio Fabricio Gómez Mazara al comparar la tasa de Promipyme con el mercado y advertir del peligro del crédito informal. 

La discusión, sin embargo, no puede quedarse en el eslogan. Si el crédito es política pública, su pregunta esencial es doble: ¿a quién llega y para qué sirve? En la información compartida sobre la entrega en Santo Domingo Oeste, el dato del 69% destinado a mujeres apunta a una respuesta consistente con una tendencia que Promipyme ya había destacado en otras entregas: la inclusión financiera femenina no es un “adicional” de comunicación institucional, sino una apuesta por resiliencia económica. En un documento previo de la institución se subraya que orientar cartera hacia mujeres emprendedoras forma parte de la estrategia, resaltando incluso mejores niveles de pago aunque demanden montos más bajos, y se vincula ese enfoque con crecimiento y reducción de desigualdades. 

Esa decisión no es menor. En la microeconomía del barrio, el crédito a una mujer emprendedora suele transformarse con rapidez en bienestar doméstico, continuidad escolar, mejora de inventario y estabilidad del hogar; en la macroeconomía del territorio, se traduce en comercio vivo, empleo informal que empieza a formalizarse y un tejido productivo que no depende solo de grandes inversiones. El enfoque de “llevar financiamiento donde vive la gente” —atribución recurrente en los mensajes de Promipyme y del Gobierno— se sostiene precisamente en ese efecto multiplicador.

Ahora bien, la frase más decisiva del día no es la cifra del desembolso: es la insistencia en que la tasa “se mantendrá igual”. Ese compromiso coloca a Promipyme en el centro de un dilema clásico: si no compites contra el costo del dinero informal, no estás compitiendo de verdad. En una intervención reseñada por la prensa, Fabricio Gómez Mazara explicó con crudeza que el ecosistema de microcrédito compite con prestamistas informales capaces de cobrar tasas desproporcionadas, y defendió que Promipyme mantenga una tasa del 12% como tasa subsidiada orientada a sostener el tejido productivo. Esa misma idea aparece también en reportes que subrayan la decisión de mantener la tasa fija y la existencia de productos diseñados para facilitar acceso sin garantías tradicionales. 

Aquí es donde el editorial debe elevarse: mantener una tasa no es solo un anuncio; es un pacto de confianza. En el mundo del pequeño negocio, la previsibilidad importa tanto como el monto. Quien compra mercancía para revender, quien invierte en una máquina, quien amplía un local o sostiene una nómina pequeña, necesita una regla clara sobre cuánto costará financiarse. Si el costo del dinero cambia abruptamente, el emprendedor no “ajusta su portafolio”; recorta alimentos, paraliza inversiones o cae en el círculo del “gota a gota” con consecuencias devastadoras. La política pública del crédito, entonces, es también una política de salud social.

La propia narrativa institucional de Promipyme ha intentado colocar el crédito en esa dimensión, definiendo su rol como acompañamiento financiero y no financiero en todo el territorio nacional, con programas como “Tu Firma es Tu Garantía”, citado incluso por el presidente Luis Abinader como mecanismo para acceso más rápido y con tasas por debajo del mercado informal. No se trata de romantizar el préstamo, sino de entenderlo como herramienta: bien diseñada, abre puertas; mal gestionada, se vuelve un nuevo problema fiscal y moral. 

Por eso la entrega en Santo Domingo Oeste debe evaluarse con tres lentes. Primero, el lente de la inclusión: que el crédito llegue a quienes históricamente han sido expulsados del sistema formal por falta de garantías, historial o educación financiera, y que se haga con sentido territorial. Segundo, el lente de la productividad: que el dinero se convierta en inventario, tecnología, mejora de procesos y empleo, y no en consumo improductivo. Tercero, el lente de la sostenibilidad: que la institución preserve su salud de cartera, fortalezca evaluación de riesgo y refuerce su capacidad operativa, porque el crédito barato solo es virtuoso cuando es cobrable y replicable.

En ese punto, es relevante notar que Promipyme viene hablando de modernización interna y de herramientas que apuntan a una gestión más técnica: en una presentación institucional se mencionan líneas como fábrica de crédito, “score” crediticio, digitalización de servicios, migración tecnológica y la idea de publicar información de cartera con mayor acceso. Ese tipo de arquitectura importa, porque la sostenibilidad del microcrédito no se defiende con discursos, sino con datos: segmentación por riesgo, seguimiento, acompañamiento, educación financiera y un sistema que detecte a tiempo el sobreendeudamiento. 

Hay otro elemento de fondo que no conviene ignorar: la narrativa del Estado cercano. Las entregas de crédito, cuando se hacen bien, son más que un acto: son un recordatorio de que el crecimiento no se mide solo en grandes obras o cifras macro, sino en la capacidad de que una costurera compre una máquina, un colmado reponga inventario, un salón de belleza formalice su operación o un joven emprendedor salga de la precariedad. En otros municipios del Gran Santo Domingo se han comunicado entregas con montos similares, enfatizando que el financiamiento es “mano amiga” para comprar equipos, ampliar locales o generar empleos. Ese hilo discursivo, con sus matices, intenta reubicar el crédito como herramienta de dignidad económica. 

Pero para que el crédito sea dignidad y no dependencia, hay que decirlo sin maquillaje: el acceso debe ir acompañado de reglas y formación. Promipyme no puede ser una ventanilla de dinero fácil; debe ser una escalera hacia el sistema formal. En esa misma lógica, cuando la institución se presenta como primer peldaño de entrada al mercado financiero y subraya el trato humano y directo en la relación con el microempresario, está describiendo un modelo de intervención pública que, si se toma en serio, puede reducir la informalidad por la vía correcta: la de la oportunidad, no la de la persecución.

La frase “no habrá aumento de tasa” debería leerse, entonces, como un compromiso con el corazón del tejido productivo. Porque si el Estado quiere competir contra el prestamista, no basta con estar “un poco” por debajo; debe estar lo suficiente como para que el microempresario perciba una alternativa real y sostenible. Y ese diferencial, en la práctica, es lo que protege al emprendedor de la trampa de pagar intereses imposibles y de la cultura de endeudamiento perpetuo que destruye familias. La propia comunicación institucional de Promipyme ha usado comparaciones tajantes con el mercado informal en otras piezas, precisamente para marcar esa diferencia. 

Santo Domingo Oeste —como tantos territorios urbanos— vive el pulso de la economía real: comercio de proximidad, servicios, talleres, microproducción, emprendimientos nacientes. Allí, 600 préstamos no son 600 números: son 600 historias con capacidad de escalar o de quebrarse según el costo del capital y la calidad del acompañamiento. Que el acto se celebre en un espacio comunitario como el Polideportivo de Las Caobas refuerza un simbolismo: la política pública debe pisar el terreno, mirar a los ojos, entender la calle. Y cuando además se reconoce a estudiantes que exhiben proyectos e innovaciones, el mensaje se completa: crédito sin educación es corto plazo; crédito con formación es futuro.

El desafío ahora es sostener coherencia. Si el país quiere que las mipymes sigan siendo motor de empleo y base de estabilidad social, debe blindar instrumentos como Promipyme frente a improvisaciones, clientelismos y tentaciones de usar el crédito como propaganda. Lo que se necesita es lo contrario: reglas claras, expansión responsable, evaluación rigurosa, transparencia y una obsesión por medir impacto. En ese sentido, mantener la tasa —siempre que la cartera lo permita y la gobernanza lo garantice— puede convertirse en un acto de madurez institucional: un Estado que entiende que, para crecer, primero hay que hacer posible que el pequeño negocio respire.

Porque al final, RD$150 millones no son la historia. La historia es esta: cuando el crédito deja de ser privilegio y se convierte en oportunidad, el país se vuelve más productivo, más justo y menos vulnerable a la usura. Y esa, con toda claridad, es una señal de política que conviene escuchar.

#GuasábaraEditor

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Gobierno congela combustibles y GLP con subsidio de RD$1,588.5 millones

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Gobierno congela combustibles y GLP con subsidio de RD$1,588.5 millones

Viernes, 22 de mayo 2026

Las gasolinas premium y regular, el gasoil regular y el óptimo así como el GLP y el gas natural se mantendrán sin variación.

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$1,588.5 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los combustibles esenciales y el GLP, para la semana del 23 al 29 de mayo.

Las gasolinas premium y regular, los gasoil óptimo y regular, el gas natural y el GLP no recibirán variación en sus precios para dicho periodo, pese a la permanencia de los altos precios del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Mientras que el Avtur, Kerosene, Fueloil #6 y Fueloil #1 recibirán reajustes.

El Gobierno está subsidiando a los consumidores por cada galón de combustible de la siguiente manera: en el GLP con RD$21.88, gasolina premium con RD$58.50, gasolina regular con RD$75.69, gasoil regular con RD$81.03 y en el gasoil óptimo con RD$85.48, para no transferir el total de las alzas del precio internacional.

A la fecha, solo en subsidios a los combustibles el Gobierno ha destinado ya más de RD$16 mil millones, para mitigar el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

Para la semana del 23 al 29 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

  • Gasolina Premium se venderá a RD$331.10 por galón mantiene su precio.
  • Gasolina Regular RD$305.50 por galón mantiene su precio.
  • Gasoil Regular RD$257.80 por galón mantiene su precio.
  • Gasoil Óptimo RD$283.10 por galón mantiene su precio.
  • Avtur RD$300.17 por galón sube RD$1.03.
  • Kerosene RD$339.70 por galón sube RD$1.40.
  • Fuel Oíl #6 RD$203.83 por galón sube RD$6.44.
  • Fuel Oíl 1%S RD$226.28 por galón sube RD$7.54.
  • Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.
  • Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.72, según las publicaciones diarias del Banco Central.


Fuente: Dirección de Comunicaciones

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⛽️🧊 ¡Precios congelados! Para la semana 23–29 de mayo, el Gobierno dominicano destina RD$1,588.5 millones en subsidios para mantener sin variación los combustibles esenciales y el GLP, pese a los altos precios internacionales. 🇩🇴📉
✅ Se mantienen igual: Gasolina Premium (RD$331.10), Gasolina Regular (RD$305.50), Gasoil Regular (RD$257.80), Gasoil Óptimo (RD$283.10), GLP (RD$137.20) y Gas Natural (RD$43.97/m³). 
💡 El subsidio por galón incluye: GLP RD$21.88, Premium RD$58.50, Regular RD$75.69, Gasoil Regular RD$81.03 y Gasoil Óptimo RD$85.48. Algunos derivados sí suben (Avtur, Kerosene y Fuel Oil). 
🔎 Más información: Comunicado oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes - MICM 
#CombustiblesRD #MICM #Subsidio #GLP #Gasolina #Gasoil #Economía #Estabilidad #RepúblicaDominicana #PreciosCombustibles
micm.gob.do/gobierno-conge… @SanzLovaton @MIC_RD
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Pagar sin fricción: cuando la Aduana se acerca a la gente y la modernización se vuelve experiencia

Pagar sin fricción: cuando la Aduana se acerca a la gente y la modernización se vuelve experiencia

La transformación digital no se demuestra con eslóganes, sino con trámites más simples, pagos más accesibles y un servicio que ahorra tiempo, reduce incertidumbre y fortalece la confianza.

Hay reformas que se celebran en auditorios y otras que se sienten, literalmente, en el bolsillo y en el reloj. Cambiar la forma de pagar los servicios aduanales pertenece a esta segunda categoría: no es un gesto cosmético, sino una decisión con impacto directo en la vida cotidiana de contribuyentes, Mipymes, viajeros y operadores logísticos. Cuando una institución como la Dirección General de Aduanas · DGA · Republica Dominicana coloca el foco en “hacer el camino más ágil” —y lo traduce en soluciones digitales y canales de pago más cercanos— está redefiniendo su relación con la ciudadanía: de ventanilla a plataforma, de trámite a experiencia, de fricción a fluidez.

La clave es comprender por qué el pago es un punto neurálgico del servicio. No es solo el “momento final” de un proceso: es el instante en que el usuario confirma si el sistema le facilita o le complica cumplir. Si pagar implica desplazamientos, colas, horarios limitados o pasos poco claros, el costo real se multiplica (tiempo, transporte, estrés, pérdidas de productividad). Por el contrario, cuando el pago se integra de manera segura y sencilla a canales digitales —móviles, web, o soluciones interoperables—, el Estado no solo cobra: habilita cumplimiento. Ese enfoque, de hecho, ha sido planteado como un objetivo explícito en comunicaciones institucionales internas sobre la ampliación de canales de pago y la reducción de fricciones, tiempos y costos.

En esa dirección, el anuncio público de que la DGA trabaja para habilitar pagos de impuestos y tasas aduanales con tarjetas de débito y crédito, y que incluso se inició un piloto en administraciones y aeropuertos, encaja con una lógica moderna de servicio: ampliar opciones para que el contribuyente elija el canal que mejor se adapta a su realidad. Más aún, el planteamiento de avanzar hacia modalidades de pago en SIGA/Web sugiere una evolución natural hacia entornos de autoservicio digital, donde el cumplimiento se vuelve más rápido y medible. Aquí, lo importante no es la tecnología por sí misma, sino su consecuencia institucional: menos discrecionalidad, más trazabilidad, más auditoría y una experiencia que desalienta atajos informales porque el camino formal deja de ser cuesta arriba. Ese razonamiento —una aduana que recauda mejor es la que cobra con menos fricción y mayor transparencia— ya aparece articulado como idea-fuerza en materiales internos de análisis institucional. 

Lo digital, además, no tiene por qué ser distante. La conversación contemporánea sobre servicios públicos suele caer en una falsa dicotomía: “o humano o digital”. Sin embargo, la evidencia práctica es otra: lo humano no es sinónimo de presencialidad; lo humano es disponibilidad, claridad, respuesta y respeto al tiempo del usuario. En una sesión de trabajo transcrita sobre la Bienvenidos a un nuevo compromiso: Carta de Servicio al Ciudadano DGA, se subraya precisamente cómo cambian las expectativas del contribuyente y por qué la institución debe adaptarse “cumpliendo siempre la ley”, respondiendo con agilidad y eficiencia, y fortaleciendo la orientación para reducir quejas por desconocimiento. Esa idea conecta directamente con el sentido de una campaña como #AduanasRDConectaContigo: acercar no es solo abrir más puntos de contacto, sino simplificar el recorrido completo para que el ciudadano no “tenga que aprender” la burocracia para poder cumplir. [Bienvenido...la reunión | Video], [Bienvenido...dadano DGA | Meeting]

Por eso resulta estratégico que esta modernización no se limite a un anuncio aislado, sino que se apoye en ecosistemas ya existentes. El Portal de Servicios DGA se presenta como un espacio integrado donde se concentran servicios en línea para contribuyentes, con componentes específicos de “pagos en línea”, lo que refuerza la idea de una ruta digital de principio a fin. En paralelo, la aplicación DGA RD - Aplicaciones en Google Play describe acceso a “más de 50 servicios en línea” desde el móvil, con funciones como monitorear solicitudes en tiempo real y generar PIN de pago para personas físicas, integrada con SIGA y VUCE. Este punto es crucial: cuando el pago deja de depender de un único canal, la institución gana resiliencia operativa y el usuario gana control, previsibilidad y autonomía. 

Ahora bien, una transformación de pagos no se agota en “habilitar tarjetas” o “poner un botón”. El éxito real se juega en tres condiciones que no admiten atajos: seguridad, claridad y cobertura. Seguridad para blindar transacciones y datos; claridad para que el contribuyente entienda qué paga, por qué lo paga y cómo confirmar su operación; cobertura para que el servicio sea verdaderamente “cerca de ti”, no solo para quien vive al lado de una oficina central o domina herramientas digitales. En otras palabras: la modernización se mide por inclusión. Si el nuevo modelo facilita que más personas cumplan sin intermediaciones innecesarias, entonces la política pública está cumpliendo su propósito.

En el plano institucional, además, la Dirección por Resultados —esa filosofía de gestión que conecta planificación con ejecución medible— encuentra en la digitalización de pagos un caso perfecto de aplicación: es un cambio que puede monitorearse, evaluarse y mejorarse con indicadores concretos (tiempos, satisfacción, caídas de proceso, incidencias, adopción de canales). Esa cultura de mejora continua está presente en los espacios internos donde se discuten encuestas, satisfacción y acciones correctivas como evidencia de calidad, recordando que el desempeño del servicio es una construcción colectiva y documentable. Modernizar pagos, entonces, no es solo un proyecto tecnológico: es una palanca de gobernanza. 

De fondo, lo que está en juego es la confianza. Un Estado que hace más fácil pagar no “pierde autoridad”; gana legitimidad, porque demuestra que entiende la realidad del contribuyente y que su capacidad de control no depende de complicar, sino de registrar mejor, orientar mejor y reducir la fricción del cumplimiento. En materia aduanera, donde conviven velocidad y control, esa ecuación es particularmente sensible: facilitar sin debilitar la seguridad y controlar sin entorpecer la competitividad. Ese equilibrio —con tecnología gobernada por reglas y talento humano fortalecido— forma parte del relato institucional reciente sobre una aduana más digital e interconectada. 

En este marco, publicaciones recientes en redes sociales que enfatizan pagos “más fáciles, más rápidos y más cerca” y soluciones digitales orientadas a una experiencia más eficiente se leen como la cara visible de un cambio más profundo: la decisión de convertir el servicio en una promesa verificable. Para referencia pública, aquí están los enlaces compartidos: Ver reel en Instagram y Ver publicación en X. Y si algo debe quedar claro, es esto: cada avance que reduce pasos y acerca soluciones no es un detalle operativo; es política pública en su forma más tangible.

Porque al final, la modernización que perdura es la que se vuelve costumbre: pagar sin estrés, gestionar sin vueltas, cumplir sin fricciones. Y cuando la Aduana logra eso, no solo mejora un trámite; fortalece una cultura de servicio que entiende que el tiempo del ciudadano también es un activo nacional.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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