Continuidad antes que democracia: lecciones para una transición responsable
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
El debate abierto por el post de @FelixPortes sobre “Delcy, Balaguer y la lógica de la continuidad” toca una fibra sensible de la historia política latinoamericana y europea: cuando colapsa un régimen personalista, lo que primero buscan las potencias y los actores internos no es la entronización del líder opositor más popular, sino la preservación de la continuidad administrativa y del control mínimo del aparato coercitivo. Esa “fase de contención” actúa como amortiguador de riesgos —quiebra del Estado, fractura militar, guerra civil— y pospone la disputa por la legitimidad democrática para un momento ulterior. La idea no es nueva: la teoría comparada de las transiciones pactadas y la gestión del riesgo en escenarios de alta incertidumbre han descrito, desde hace décadas, cómo la estabilización precede a la apertura plena. O’Donnell y Schmitter exploraron el papel de los pactos y las secuencias; Huntington advirtió sobre olas de democratización seguidas por retroolas; y la tipología de Geddes mostró que, en regímenes personalistas, la sucesión intrarrégimen es la salida más probable en el primer compás del colapso.
Los acontecimientos recientes en Venezuela ofrecen un espejo de esa lógica. Tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada, invocando la continuidad administrativa y la defensa nacional frente a una “ausencia forzosa”. El alto mando militar reconoció la medida y Estados Unidos comunicó que trabajaría con Rodríguez para una transición, sin otorgarle legitimidad política plena y subrayando la necesidad de orden y control de riesgos. La figura interina preserva la cadena de mando y evita el colapso del aparato estatal mientras se discute el tránsito político. Importa notar que se trata de un arreglo de facto que no resuelve la disputa de fondo, pero sí estabiliza lo imprescindible para abrir un proceso.
La historia dominicana ofrece un paralelo aleccionador. Tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, Joaquín Balaguer —presidente vinculado al régimen— permaneció inicialmente como figura de continuidad institucional mientras Ramfis Trujillo controlaba las fuerzas armadas y Washington presionaba para liberalizar sin implosión estatal. La mezcla de continuidad formal y reacomodos coercitivos condujo a la creación de un Consejo de Estado y, finalmente, a la salida de Balaguer y a la organización de elecciones en diciembre de 1962, que ganó Juan Bosch con amplio respaldo popular. Dos lecciones son nítidas: primero, la estabilidad precede a la democracia; segundo, la legitimidad popular no basta si no se controla el poder real. Bosch fue derrocado por un golpe militar en septiembre de 1963 y, durante la Revolución de Abril de 1965, Estados Unidos intervino militarmente para contener la dinámica revolucionaria y propiciar una salida electoral que, en 1966, devolvió a Balaguer al poder. La secuencia confirma que, aun cuando llega la legitimidad electoral, los arreglos de fuerza pueden revertirla si no han sido reformados y sometidos a reglas.
España, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, siguió otro patrón de continuidad para transitar a la democracia: el rey Juan Carlos activó una reforma desde dentro que, mediante la Ley de Reforma Política, legalizó partidos y convocó elecciones en 1977, culminando en la Constitución de 1978. Se trató de una apuesta por contención–apertura secuenciada: primero orden, luego liberalización y elecciones. El liderazgo de Adolfo Suárez y el uso de mecanismos del régimen previo como puente confirmaron que, en contextos con riesgos praetorianos, terrorismo y crisis económica, la salida más prudente es dosificar la apertura para evitar regresiones.
En el plano teórico, estas experiencias se sostienen en cinco pilares. Las transiciones pactadas suponen negociaciones inciertas donde actores del régimen y de la oposición acuerdan reglas para limitar riesgos; la apertura total desde el minuto cero es excepcional. En regímenes personalistas, la caída del líder no implica democratización automática: suele surgir otro autócrata o un continuista del mismo bloque para asegurar coerción y administración. Las olas de democratización alternan con retroolas; aperturas mal gestionadas producen regresiones, de ahí la preferencia por estabilizar y dosificar. Las democratizaciones precoces con instituciones débiles elevan la probabilidad de conflicto interno o externo; se recomienda construir Estado de derecho y control civil antes de abrir la competencia masiva. Finalmente, los híbridos de autoritarismo competitivo muestran que las fases intermedias con “elecciones reales pero injustas” pueden ser trampolines o trampas, según el grado de vinculación internacional (linkage), vulnerabilidad a la presión externa (leverage) y cohesión coercitiva interna.
El paralelismo “Delcy–Balaguer / Machado–Bosch” tiene fortalezas y límites. Por un lado, ambos casos ilustran la continuidad intrarrégimen como amortiguador temporal para preservar mandos militares y funcionamiento burocrático; además, confirman que el liderazgo opositor popular requiere un mínimo de estabilización para competir en elecciones. Por otro lado, la duración y el diseño de la continuidad importan: en República Dominicana, Balaguer no monopolizó todo el período; el Consejo de Estado y la presión social y externa alteraron el arreglo, y la intervención de 1965 reconfiguró la secuencia. En Venezuela, la interinidad del TSJ opera en condiciones sin precedente —captura del presidente por una potencia extranjera— y con un entorno multipolar e interdependiente que difiere de la Guerra Fría. No son calcos; son analogías funcionales que se deben administrar con prudencia.
La discusión sobre sanciones internacionales añade complejidad. Las sanciones pueden elevar el costo de la represión y abrir espacio para pactos, pero también pueden fortalecer a los duros, generar daños humanitarios y prolongar fases interinas si se aplican sin hoja de ruta clara. La evidencia comparada muestra éxitos limitados y contingentes: su eficacia depende del diseño (selectivas frente a integrales), de la coordinación entre aliados y del momento dentro de la transición. En escenarios interinos, la condicionalidad de alivio por hitos verificables —mando civil, garantías, calendario electoral, observación independiente— convierte las sanciones en palancas temporales, no en fines en sí mismos. Sin salvaguardas humanitarias y mecanismos de reversibilidad, se corre el riesgo de cronificar un autoritarismo competitivo y erosionar el apoyo social a la transición.
De estas lecciones se desprenden implicaciones prácticas. Las transiciones responsables requieren pactos con garantías mutuas que reduzcan incentivos al sabotaje; consolidar la cadena de mando y las instituciones de seguridad bajo supervisión civil antes de elecciones nacionales; definir un calendario creíble con hitos y plazos para evitar interinidades indefinidas; y articular el apalancamiento externo sin tutelaje, combinando sanciones selectivas con observación electoral, cooperación técnica y apertura económica regulada. Se trata de diseñar una secuencia que oriente la contención hacia una apertura efectiva, en lugar de permitir que la contención se convierta en destino.
1) La tesis central y su hipótesis de riesgo–continuidad
El argumento sostiene que, cuando colapsa un régimen personalista, las potencias privilegian continuidad administrativa y control mínimo del aparato coercitivo antes que la inmediata instalación del líder opositor más popular. Esa “fase de contención” se concibe como un amortiguador de riesgos (quiebra del Estado, fractura militar, guerra civil), posponiendo la disputa por la legitimidad democrática para un momento ulterior. La formulación es coherente con literatura de transición (“pactada”) y con el enfoque de gestión del riesgo en escenarios de incertidumbre. En términos de teoría comparada, la prioridad de estabilización sobre apertura plena ha sido descrita por O’Donnell y Schmitter (pactos y secuencias), Huntington (olas y “retroolas”), y por la tipología de Geddes sobre cómo personalist regimes suelen buscar sucesión intrarrégimen. [books.google.com], [openlibrary.org], [en.wikipedia.org], [vanderbilt.edu]
2) Evidencia reciente: Venezuela (enero de 2026)
En el caso venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE. UU. el 3–4 de enero de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera funciones como presidenta encargada, invocando la continuidad administrativa y la defensa nacional ante “ausencia forzosa”. La designación fue reconocida por el alto mando militar; EE. UU. comunicó públicamente que trabajaría con Rodríguez para una transición, aunque sin otorgarle legitimidad política plena, y con discursos oficiales que enfatizaron el control de riesgos y la necesidad de orden. [dw.com], [finanzasdigital.com], [cbsnews.com], [bloomberg.com]
Medios internacionales (AP/U.S. News, CBS, Bloomberg, DW, Business Standard, Firstpost) reportaron esta continuidad interina como un arreglo de facto que preserva la cadena de mando y evita el colapso del aparato estatal mientras se discute el tránsito político—justamente el patrón que el post describe. [usnews.com], [cbsnews.com], [bloomberg.com], [dw.com], [business-s…andard.com], [firstpost.com]
3) El espejo dominicano: de Trujillo (1961) a Bosch (1962) y la “solución Balaguer”
Tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo (30 de mayo de 1961), Joaquín Balaguer, presidente vinculado al régimen, permaneció inicialmente como figura de continuidad institucional, mientras Ramfis Trujillo controlaba las fuerzas armadas y Washington presionaba para liberalizar sin implosión estatal. La mezcla de continuidad formal y reacomodos coercitivos derivó en la creación de un Consejo de Estado y, finalmente, en la salida de Balaguer y la organización de elecciones (diciembre de 1962), que ganó Juan Bosch con amplio respaldo popular. [history.state.gov], [countrystudies.us]
El ciclo confirma dos puntos clave del post: (a) la estabilidad precede a la democracia (se retiene continuidad para evitar guerra civil), y (b) la legitimidad popular no basta si no se controla el poder real; Bosch sería derrocado por un golpe militar en septiembre de 1963 y, durante la Revolución de Abril de 1965, EE. UU. intervino militarmente para contener la dinámica revolucionaria y propiciar una salida electoral, que en 1966 retornó a Balaguer al poder. [bing.com], [encyclopedia.com]
Estos hechos están ampliamente documentados en la historiografía y en fuentes oficiales estadounidenses (FRUS; JFK Library), con énfasis en la lógica anticomunista y el objetivo de evitar la balcanización del Estado dominicano, incluso sacrificando la continuidad del líder democráticamente electo. [history.state.gov], [jfklibrary.org]
4) Casos comparables: transiciones “de continuidad” (España, 1975–78)
La transición española ofrece otro patrón: tras la muerte de Francisco Franco (1975), el rey Juan Carlos activó una reforma desde dentro (continuidad legal del aparato) que, a través de la Ley de Reforma Política, legalizó partidos y convocó elecciones (1977) hacia una Constitución democrática (1978). La secuencia buscó minimizar riesgos (praetorianos, terrorismo, crisis económica) antes de abrir plenamente la competencia. [en.wikipedia.org], [countrystudies.us]
La literatura sobre España subraya que el uso de mecanismos del régimen previo como puente—y el liderazgo de Adolfo Suárez—fue una apuesta por contención–apertura secuenciada: primero orden, luego liberalización y elecciones; un diseño a menudo caracterizado como transición pactada. [jstor.org], [books.google.com]
5) Marco teórico: por qué “la estabilidad precede a la democracia” en muchos colapsos
- Transiciones pactadas y secuenciación: O’Donnell–Schmitter explican la salida autoritaria como negociación incierta donde actores del régimen y de la oposición pactan reglas para limitar riesgos; la apertura total desde el minuto cero es excepcional. [books.google.com], [openlibrary.org]
- Tipologías autoritarias y sucesión intrarrégimen: Geddes muestra que en regímenes personalistas la caída del líder no implica, necesariamente, democratización; a menudo surge otro autócrata o un continuista del mismo bloque, justamente para asegurar coerción y administración. [vanderbilt.edu], [en.wikipedia.org]
- Olas y retroolas: Huntington advierte que las “olas de democratización” se alternan con retroolas; las aperturas mal gestionadas producen regresiones. De ahí la preferencia por estabilizar y dosificar aperturas. [en.wikipedia.org], [ned.org]
- Secuenciación y riesgo de guerra: Mansfield y Snyder demuestran que democratizaciones precoces con instituciones débiles elevan la probabilidad de conflicto externo e interno; recomiendan construir estado de derecho y control civil antes de abrir la competencia masiva. [direct.mit.edu], [jstor.org]
- Híbridos competitivos: Levitsky y Way documentan regímenes de autoritarismo competitivo que retenen capacidad organizativa del incumbente mientras permitían elecciones “reales pero injustas” como fases intermedias; el desenlace depende de linkage/leverage internacionales y de la cohesión coercitiva interna. [cambridge.org], [is.muni.cz]
6) Fortalezas y límites del paralelismo “Delcy–Balaguer / Corina–Bosch”
Fortalezas:
- Ambos casos ilustran continuidad intrarrégimen como amortiguador temporal para preservar mandos militares y funcionamiento burocrático. [dw.com], [countrystudies.us]
- El liderazgo opositor popular (Machado/Bosch) requiere mínimo de estabilización para competir en elecciones; la legitimidad social no sustituye la capacidad de control del poder real (militares, coerción, hacienda). [usnews.com], [encyclopedia.com]
Límites:
- Duración y diseño de la continuidad: en RD, Balaguer no monopolizó todo el período de transición; el Consejo de Estado y la presión social/externa modificaron el arreglo; luego, la intervención de 1965 alteró decisivamente la secuencia. En Venezuela de 2026, el TSJ define una interinidad temporal en condiciones sin precedente (captura del presidente por potencia extranjera). No son calcos, son analogías funcionales. [countrystudies.us], [encyclopedia.com], [finanzasdigital.com]
- Entorno internacional: la Guerra Fría (1963–65) difiere del orden actual; hoy, la interdependencia energética y el alineamiento multipolar (EE. UU.–Rusia–China) condicionan el margen para imposiciones directas y para pactos de transición. [bloomberg.com], [business-s…andard.com]
- Crítica a la secuenciación rígida: Carothers cuestiona el “paradigma de transición” cuando se usa para justificar estancamientos; advierte que muchas “fases de contención” se convierten en autoritarismos híbridos permanentes si no se programa con claridad la apertura. [journalofd…ocracy.org], [journalofd…ocracy.org]
7) Implicaciones para el diseño de una transición responsable
- Garantías mutuas: pactos que aseguren integridad física y política a actores salientes (incluso con justicia transicional posterior) y compromisos verificables de no represión contra opositores. Esto reduce incentivos para sabotaje. [books.google.com]
- Control civil y mando unificado: consolidar cadena de mando y órganos de seguridad bajo supervisión civil, con auditoría internacional, antes de elecciones nacionales plenas. [direct.mit.edu]
- Calendario creíble: fijar hitos y plazos (marco constitucional: “faltas temporales/absolutas”) para no eternizar interinidades. El modelo venezolano actual prevé plazos de 90 días prorrogables, lo que exige hoja de ruta pública. [dw.com]
- Apalancamiento externo sin tutelaje: incentivar linkage (cooperación, observación electoral creíble, sanciones selectivas) sin sustituir soberanía; evitar que la contención derive en autoritarismo competitivo indefinido. [cambridge.org], [is.muni.cz]
Las sanciones son instrumentos de coerción económica y política que pueden influir en el comportamiento de élites y aparatos estatales durante colapsos o transiciones de regímenes. Su impacto es condicional y ambivalente: pueden aumentar el costo de la represión y abrir espacio para pactos, pero también pueden fortalecer a los duros, generar daños humanitarios y prolongar fases interinas si se aplican sin una hoja de ruta clara. La evidencia comparada y los casos recientes (incluida Venezuela en 2026) muestran éxitos limitados y contingentes, con resultados dependientes del diseño (selectivas vs. integrales), coordinación internacional y el momento dentro de la transición.
8) Conclusión
El post de @FelixPortes está bien encaminado en su diagnóstico: la lógica de la continuidad suele imponerse en el minuto cero tras el colapso del líder autoritario, por razones geopolíticas y de gestión de riesgo. Los casos de Venezuela (2026) y RD (1961–66) muestran que el líder continuista (Delcy/Balaguer) opera como amortiguador, y que la legitimidad popular (Machado/Bosch) solo se traduce en gobierno estable cuando el poder real se somete a reglas y controles. El reto es no confundir contención con destino final: sin pactos claros, calendarios exigibles y control civil, la fase transitoria puede cronificarse como autoritarismo híbrido. [dw.com], [countrystudies.us], [cambridge.org]
......
Sanciones, continuidad y democratización: cómo la coerción externa condiciona las transiciones
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Las sanciones internacionales se han convertido en una herramienta recurrente para moldear el comportamiento de élites y aparatos estatales cuando un régimen entra en crisis o transita hacia un nuevo arreglo político. Su efecto, sin embargo, es condicional y ambivalente: pueden elevar el costo de la represión, fracturar coaliciones dominantes y ofrecer una moneda de cambio para pactos de salida; pero también pueden afianzar a los sectores duros del régimen, generar daños humanitarios y prolongar fases interinas si se aplican sin un diseño claro y verificable. La literatura sistemática muestra resultados mixtos: Hufbauer, Schott y Elliott hallan éxitos puntuales que dependen del objetivo, el tipo de sanción y el contexto; Drezner subraya el “paradojo de las sanciones”, con mayor uso contra adversarios pero menores concesiones que en casos intraaliados; Pape cuestiona su eficacia estructural para fines ambiciosos como cambio de régimen, al tiempo que Joy Gordon recuerda que las “smart sanctions” mitigaron costos políticos y humanitarios de embargos amplios sin garantizar resultados superiores en todos los casos (Hufbauer et al., 2007/2009; Drezner, 1999; Pape, 1997; Gordon, 2011; Drezner, 2011).
Cuando se combinan con alta “linkage” (densidad de vínculos económicos, sociales y normativos con Occidente) y “leverage” (vulnerabilidad del gobierno a presiones externas), las sanciones tienden a elevar el costo de la autocracia y de los abusos, y pueden abrir espacio para concesiones o pactos de transición. Levitsky y Way demuestran que la presión externa por sí sola rara vez democratiza; sus efectos se amplifican cuando existe una red de vínculos que vuelve más costosas las desviaciones, otorga prestigio a la oposición y multiplica actores internos interesados en cumplir estándares internacionales (Levitsky & Way, Journal of Democracy, 2005; Comparative Politics, 2006). En este sentido, las sanciones selectivas sobre individuos y circuitos financieros funcionan como palancas para exigir calendarios, garantías y verificación independiente, sobre todo si hay coordinación entre Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, como se observa en el rastreador del Atlantic Council sobre Venezuela (Atlantic Council, 2025).
Los casos comparados ilustran el carácter contingente del efecto sancionador. En Sudáfrica, la combinación de sanciones financieras, desinversión y aislamiento social incrementó costos para sectores empresariales y tecnocráticos, contribuyendo a fracturar apoyos al régimen en un entorno ya convulso por la movilización interna y la crisis económica; no obstante, estudios críticos señalan que el impacto de los embargos comerciales fue, por sí solo, modesto o incluso contraproducente en etapas previas, reafirmando que el contexto doméstico —la emergencia de una clase trabajadora organizada y el auge de la oposición negra— fue decisivo (Crawford & Klotz, 1999; Jones, 2015; Levy, 1999). En Serbia, las sanciones y el aislamiento formaron parte del entorno de presión que, junto con el fraude electoral, la movilización de Otpor y la crisis, derivó en la caída de Milošević y el posterior levantamiento de medidas, un ejemplo de interacción entre coerción externa y dinámica social interna (ICNC, Kurtz, 2010; Wikipedia “Overthrow of Slobodan Milošević”, consultado 2026).
El caso venezolano muestra tanto la tracción de las sanciones individuales coordinadas como sus límites y controversias. Entre 2017 y 2025 se ampliaron designaciones contra funcionarios y entidades vinculadas a corrupción y violaciones de derechos; el número de sancionados y la coordinación transatlántica son sustantivos y crecieron tras la elección presidencial disputada de 2024 (Atlantic Council, 2025). Al mismo tiempo, informes de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos documentaron deterioros graves de libertades y condiciones de vida antes y después de 2017, con discusión académica abierta sobre el peso causal de las sanciones frente a tendencias previas de colapso macroeconómico y desabasto; trabajos como el de CEPR (Weisbrot & Sachs, 2019) atribuyen daños significativos a la población, mientras análisis de Brookings señalan que la metodología empleada no separa adecuadamente choques anteriores ni otros factores confusores, subrayando la necesidad de cautela y evaluación rigurosa (OHCHR, 2019; CEPR, 2019; Brookings Policy Brief, 2019).
La coyuntura de 2026 introduce una variable crítica: tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada para “garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación”, una fórmula de contención que reproduce la lógica de continuidad institucional en el minuto cero de la crisis. Los reportes de Reuters/US News, DW y CBS confirman el nombramiento interino, el reconocimiento del alto mando militar y el discurso de Washington de “trabajar con Rodríguez” sin otorgar legitimidad política plena, en tanto palanca para diseñar una transición. En este marco, las sanciones existentes dejan de ser un fin en sí mismo y pasan a ser moneda de cambio para exigir hoja de ruta: control civil de la seguridad, garantías a opositores, cronograma electoral y observación internacional creíble, con alivio escalonado por hitos verificables y cláusulas de reversibilidad ante incumplimientos (Reuters/US News, 3–4 de enero de 2026; DW, 4 de enero de 2026; CBS News/AFP, 4–5 de enero de 2026).
El diseño importa tanto como el momento. Las sanciones “inteligentes” —financieras, de viaje, embargos de armas y restricciones sectoriales— reducen externalidades de embargos amplios y, en transiciones pactadas, permiten secuenciación: aliviar presión conforme se cumplan hitos y se consolide control civil; esta lógica recuerda el intercambio “alivio‑por‑verificación” del acuerdo nuclear con Irán (JCPOA), donde el levantamiento de sanciones se condicionó a límites verificables por el OIEA, con mecanismos de “snapback” para reinstalar medidas ante desviaciones; aunque el entorno geopolítico actual complejiza su replicabilidad, la idea de verificación robusta y reversibilidad sigue siendo una guía útil (UNSCR 2231; CRS IF11583, 2023/2025; Wikipedia JCPOA, consultado 2026; Carnegie, 2025).
A la luz de esta evidencia, el principio operativo es doble: presión calibrada y vinculación creíble. Primero, calibrar sanciones para que su objetivo sea modificar incentivos de élites y aparatos coercitivos sin castigar indiscriminadamente a la población; esto implica exenciones humanitarias, canales de pago supervisados para insumos esenciales y evaluación continua del impacto. Segundo, combinar coerción con “linkage”: comercio regulado, cooperación técnica, asistencia electoral y apertura financiera condicionada, de modo que la transición no se congele en un autoritarismo competitivo crónico sino que avance hacia reglas democráticas estables (Gordon, 2011; Drezner, 2011; Levitsky & Way, 2005/2006).
En síntesis, las sanciones son herramientas con potencia limitada pero real en transiciones: no sustituyen la movilización interna ni la arquitectura de pactos, y su efectividad depende de su diseño, del grado de vinculación internacional y del momento político. En escenarios como el venezolano de 2026, su mejor uso es el de palanca condicionada: exigir una secuencia verificable —mando civil, garantías, calendario y observación— y ofrecer alivio por cumplimiento, con cláusulas de reversibilidad, salvaguardas humanitarias y coordinación multilateral. Así, la coerción externa se convierte en catalizador de la lógica de contención sin confundirla con el destino final de la transición, que solo se consolida cuando la legitimidad democrática se acompaña de control efectivo del poder real (Reuters/US News, DW, CBS 2026; Atlantic Council 2025; Levitsky & Way, 2005/2006; Hufbauer et al., 2007/2009; Drezner, 1999; Pape, 1997).
Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez
5 de enero de 2025 | Santo Domingo, República Dominicana
Estados Unidos reactiva la doctrina Monroe del siglo XXI mediante intervención militar directa en Venezuela, no solo para procesar cargos de narcotráfico, sino para recuperar control sobre las mayores reservas de petróleo del planeta y frenar la desdolarización impulsada por los BRICS. 
