Gestión y reconfiguración del sistema energético nacional
La expansión del SENI y su nueva composición
Uno de los mayores desafíos estructurales de la República Dominicana continúa siendo, sin lugar a dudas, la gestión y transformación del sistema energético nacional. Se trata de un sector complejo, caracterizado por una estructura mixta público-privada, elevados costos operativos, contratos de suministro de largo plazo, subsidios recurrentes y cuantiosas inversiones públicas y privadas.
Durante décadas, el sistema eléctrico ha representado una pesada carga para las finanzas nacionales y un factor limitante para la competitividad económica y el bienestar social.
Diversos organismos multilaterales, como la Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han señalado reiteradamente la necesidad de profundizar las reformas institucionales y regulatorias del sector eléctrico dominicanoo, debido al elevado nivel de subsidios, las pérdidas operativas y los desafíos de sostenibilidad financiera que persisten desde hace décadas.
El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ha experimentado una expansión considerable durante los últimos años. Al cierre de 2025, la capacidad nominal instalada del país se aproximó a los 6,000 megavatios (MW), sustentada principalmente en generación térmica a gas natural y carbón, complementada por una creciente participación de fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica.
La composición aproximada de la capacidad instalada nacional presenta la siguiente estructura:
|
Dentro de la generación basada en carbón destaca la Central Termoeléctrica Punta Catalina, propiedad del Estado dominicano, integrada por dos unidades que aportan conjuntamente 720 MW y que desde 2019 constituyen uno de los principales pilares de la generación de carga base del país.
Asimismo, durante 2026 entró en operación comercial la central de ciclo combinado Manzanillo Power Land, ubicada en Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi, aportando alrededor de 414 MW netos alimentados con gas natural. Esta incorporación fortalece la estrategia nacional de transición hacia combustibles menos contaminantes y consolida la región noroeste como un nuevo polo energético nacional.
La red eléctrica constituye probablemente la infraestructura más grande y compleja administrada por el Estado dominicano. Su funcionamiento eficiente resulta indispensable para sostener el crecimiento económico, la actividad empresarial, el desarrollo industrial y la calidad de vida de los hogares. La demanda energética nacional continúa creciendo a una tasa promedio anual superior al crecimiento poblacional, impulsada por el aumento de la actividad económica, la urbanización y la expansión del parque industrial y comercial.
La historia moderna del sistema eléctrico dominicano comenzó en 1896 con la instalación de la primera planta generadora en Santo Domingo. Posteriormente, en 1955, fue creada la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), que operó durante décadas como monopolio estatal hasta el proceso de capitalización desarrollado entre 1997 y 2001, mediante el cual el sector fue reorganizado en actividades separadas de generación, transmisión y distribución.
Actualmente, la política energética nacional se orienta hacia la expansión de la generación basada en gas natural y energías renovables. De hecho, las fuentes renovables no convencionales, particularmente la solar y la eólica, ya aportan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad instalada nacional y continúan aumentando su participación gracias a nuevas inversiones privadas y a incentivos regulatorios.
Uno de los aspectos más favorables del sistema corresponde a la transmisión eléctrica. Las pérdidas técnicas de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) se mantienen alrededor de 1.5 %, un indicador comparable con los estándares internacionales más eficientes. Sin embargo, el principal problema estructural continúa concentrándose en el área de distribución.
Las empresas distribuidoras estatales registran pérdidas totales que rondan el 35 % al 40 % de la energía servida, producto de pérdidas técnicas, fraude eléctrico, conexiones ilegales, insuficiencias de facturación y deficiencias administrativas. Estas pérdidas representan para el Estado dominicano un costo fiscal anual cercano a los dos mil millones de dólares, constituyendo una de las principales fuentes de presión sobre las finanzas públicas.
Este panorama impone importantes restricciones a la inversión pública. Los recursos destinados a subsidiar el sistema eléctrico limitan la capacidad del Estado para financiar áreas estratégicas como educación, salud, infraestructura, innovación tecnológica y protección social.
La gestión moderna de la demanda eléctrica constituye otro de los grandes desafíos del sector. Los sistemas eléctricos deben garantizar una capacidad suficiente para satisfacer la demanda máxima o demanda pico, que suele producirse durante las horas de mayor actividad económica y consumo residencial.
Cuando la capacidad de generación o la estabilidad de las redes resultan insuficientes, aumentan los riesgos de interrupciones y apagones, con consecuencias económicas y sociales significativas.
Tradicionalmente, la generación destinada a cubrir la demanda pico ha dependido de combustibles fósiles con elevados niveles de emisiones de carbono.
Sin embargo, la tendencia mundial apunta hacia una combinación más equilibrada entre gas natural, hidroelectricidad, almacenamiento mediante baterías y energías renovables, apoyadas por redes inteligentes y sistemas avanzados de gestión de la demanda.
La reconfiguración del sistema energético dominicano exige, por tanto, una estrategia integral basada en cinco pilares fundamentales: expansión de la generación eficiente, fortalecimiento de la transmisión, reducción drástica de las pérdidas en distribución, aceleración de la transición energética y modernización institucional.
Solo mediante estas transformaciones será posible garantizar un suministro eléctrico confiable, sostenible y competitivo, capaz de respaldar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de la población dominicana durante las próximas décadas.
Tomás D. Guzmán HernándezEl autor es economista.
