- El 1º de febrero, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, instruyó al general Terrence J. O’Shaughnessy el inicio de una serie de preparativos. El 13 de febrero, el general declaraba ante la Comisión del Senado para las fuerzas armadas que se han iniciado preparativos para el peor escenario posible. En caso de catástrofe sanitaria, el plan de “Continuidad del Gobierno” convertiría al general O’Shaughnessy en el próximo dictador de Estados Unidos –en el sentido que ese término tenía en la Antigüedad.
Supremacía de la lógica administrativa sobre la lógica política
Numerosos gobiernos de los países industrializados han respondido a la epidemia de Covid-19 decretando el confinamiento de la población. Esa estrategia no tiene nada que ver con la medicina, que nunca practicó el aislamiento de las personas sanas. Se trata en realidad de administrar los medios médicos para evitar un flujo masivo de enfermos que desbordaría los hospitales. Son pocos los países industrializados que, como Suecia, han rechazado esa visión administrativa ante la epidemia. Esos países han optado por una acción de carácter médico y no practican el confinamiento generalizado.
La primera enseñanza que nos deja lo que está sucediendo es, por consiguiente, que en los países desarrollados la lógica administrativa prevalece sobre la experiencia médica.
Sin embargo, aun careciendo de competencias médicas, no dudo que milenios de experiencia médica y sanitaria tienen que ser más eficaces contra una enfermedad que las “recetas” burocráticas.
En todo caso, la observación del fenómeno actual permite comprobar que Suecia cuenta sólo 10 muertos por millón de habitantes mientras que Italia ya registra 166 fallecidos por cada millón de habitantes. Por supuesto, esto es sólo el principio de la epidemia y se trata de dos países muy diferentes. Pero es probable que Italia tenga que enfrentar una segunda oleada de contaminación y también una tercera mientras que Suecia ya habrá adquirido un nivel de inmunización colectiva y estará protegida.
Supremacía de los altos funcionarios de la salud sobre los responsables electos por el pueblo
Después de haber señalado lo anterior, hay que resaltar que el confinamiento generalizado de la población sana perturba, además de la economía, los modos de gobierno. En casi todos los países estamos viendo la palabra de los políticos quedar en segundo plano ante la palabra de los altos funcionarios del sector de la salud, que lógicamente deben ser más eficaces. Y esto es lógico dado el hecho que la decisión de confinamiento es puramente administrativa. Se ha aceptado colectivamente luchar por los hospitales y tratar de protegernos de la enfermedad, en vez de combatirla.
Por desgracia, cualquiera podrá comprobar que, a pesar de las apariencias, no se ha ganado en eficacia. Por ejemplo, los países miembros de la Unión Europea han sido incapaces de proporcionar el equipamiento médico y las medicinas que se necesitan en el momento oportuno. El problema viene de las reglas habituales.
Basta señalar que la globalización económica ha llevado a que quede un solo fabricante de respiradores artificiales… y a que ese fabricante sea chino. Los procedimientos de licitación imponen un plazo de varios meses antes de lograr disponer de ese “producto” y los políticos no están para saltarse esos procedimientos. Estados Unidos ha tenido que intervenir empresas para resolver ese problema.
Francia, país que durante la Segunda Guerra Mundial vivió bajo una dictadura administrativa, encabezada por Philippe Petain bajo la denominación de «Estado Francés», ya ha vivido también cuatro décadas de confiscación del poder político por parte de los altos funcionarios, lo que los franceses han llamado la «ENArquía» [1]. Pero ese sistema ha privado a los políticos del conocimiento en materia de administración que antes obtenían al ejercer diferentes mandatos locales y regionales, antes de llegar al nivel nacional. Actualmente, los responsables que ocupan cargos electivos disponen de menos información que los altos funcionarios y enfrentan grandes dificultades para controlar los actos de estos últimos.
En las actuales circunstancias de la crisis del coronavirus, los altos funcionarios del sector de la salud se ven investidos abruptamente de una autoridad que normalmente no tienen. Ante eso, banqueros y militares aspiran ahora a una promoción similar, en detrimento de los políticos.
Los banqueros, a la espera de su oportunidad
En Reino Unido, Gordon Brown, ex ministro de Finanzas y posteriormente primer ministro británico, acaba de publicar en el Financial Times un texto donde propone utilizar el miedo al Covid-19 para hacer lo que no se logró concretar durante la crisis financiera de 2008 [2]. En aquella época Gordon Brown no logró crear un gobierno financiero mundial y tuvo que conformarse con una simple concertación en el G20. Ahora, afirma Gordon Brown, sería posible instaurar un gobierno mundial de la salud y determinar qué potencias podrían asociarse a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Nada permite creer que tal gobierno mundial haría las cosas mejor que los gobiernos nacionales. Lo que que sí es seguro es que esa entelequia escaparía a toda forma de control democrático.
Ese proyecto no tiene más posibilidades de llegar a concretarse que el proyecto de gobierno financiero mundial. Gordon Brown era también un acérrimo defensor del mantenimiento del Reino Unido dentro de la Unión Europea, apuesta que también perdió.
El Estado Profundo estadounidense, agazapado en la sombra
A través de la historia, las crisis siempre han servido de pretexto a quienes tratan de explotar el argumento de la «urgencia» para modificar el poder sin que la opinión pública tenga tiempo de reflexionar. Esa coartada ha funcionado a menudo .
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el «estado de emergencia internacional en materia de salud pública». Al día siguiente, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, firmaba en secreto una Warning Order (Orden de Alerta) según la cual el NorthCom debe estar listo para la posible aplicación de las nuevas reglas del plan de «Continuidad del Gobierno».
Esas nuevas reglas son Above-Top Secret, lo cual significa que la comunicación sobre las acciones se restringe aún más que de costumbre y se pone en conocimiento únicamente de las personas que disponen del más alto nivel de habilitación y que cuentan además con un acceso nominativo especial en el marco del Special Access Program.
Vale recordar que el principio de la «Continuidad del Gobierno» se instauró al inicio de la guerra fría. Se trataba de proteger la administración de Estados Unidos en una situación de guerra nuclear contra la Unión Soviética o ante la muerte u otro impedimento de los principales responsables del país: el presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y el presidente de la Cámara de Representantes. En virtud de una directiva escrita del presidente Dwight Eisenhower, ante tales circunstancias un gobierno militar tendría que asumir inmediatamente la continuidad del mando hasta un ulterior restablecimiento de los procedimientos democráticos [3].
Esa directiva fue invocada y esa forma de gobierno fue implantada el 11 de septiembre de 2001 por el entonces coordinador nacional de la lucha contra el terrorismo, Richard Clarke [4]. Sin embargo, aunque el país vivió ese día una situación de emergencia, ni el presidente de Estados Unidos, ni su vicepresidente, ni el presidente del Congreso habían muerto, como tampoco estaban en la imposibilidad de ejercer sus funciones respectivas, lo cual me lleva a la conclusión de que el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos vivió un golpe de Estado. El entonces presidente, George W. Bush, no recuperó sus prerrogativas hasta la noche de aquel día y nunca se aclaró qué pasó en la decena de horas durante las cuales su autoridad quedó suspendida [5].
Según explica en Newsweek William Arkin, considerado el mejor especialista en temas del Pentágono, actualmente existen 7 planes diferentes [6]:
el
Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion (RESEM), para garantizar la protección del presidente, del vicepresidente y de sus familias;
el
Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP), para garantizar la protección del secretario de Defensa y de los principales jefes militares;
el
Atlas Plan, para garantizar la protección de los miembros del Congreso y de la Corte Suprema;
Octagon, plan con objetivos totalmente desconocidos;
Freejack, también desconocido;
Zodiac, igualmente desconocido;
Granite Shadow, plan que prevé el despliegue de unidades especiales en Washington, establece las condiciones para el uso de la fuerza y para poner el territorio bajo la autoridad de los militares [
7].
Es importante observar que existe una contradicción entre el supuesto objetivo del RESEM –garantizar la protección del presidente y del vicepresidente– y el hecho que ese plan se aplicaría sólo en caso de muerte o de impedimento de esos responsables.
En todo caso, la aplicación de estos 7 planes estaría en manos del Mando Militar de Estados Unidos para América del Norte (NorthCom), encabezado por un ilustre desconocido, el general Terrence J. O’Shaughnessy.
O sea, en virtud del derecho estadounidense, este general se convertiría en dictador de Estados Unidos sólo en caso de muerte o de impedimento de los 3 principales responsables electos del Estado federal –el presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y el presidente de la Cámara de Representantes– pero en la práctica su predecesor, el general Ralph Eberhart, ya fungió como tal a pesar de que esos 3 responsables no estaban muertos ni impedidos de realizar sus funciones. A los 73 años, el ahora retirado general Ralph Eberhart dirige actualmente las principales empresas que proveen la aviónica militar en Estados Unidos.
El 13 de febrero, el general O’Shaughnessy afirmó ante la Comisión del Senado a cargo de las fuerzas armadas que el NorthCom estaba preparándose para lo peor. En el marco de esos preparativos, el general O’Shaughnessy se comunica diariamente con los otros 10 mandos centrales de las fuerzas de Estados Unidos en todas las regiones del mundo [8].
También es importante recordar aquí que, además del territorio de Estados Unidos, la «zona de responsabilidad» del NorthCom abarca también Canadá, México y Bahamas. En virtud de varios acuerdos, el NorthCom puede, por iniciativa propia, ordenar el despliegue de tropas estadounidenses en esos tres países.
En 2016, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama firmó la orden secreta denominada Presidential Policy Directive 40 sobre la National Continuity Policy, o sea la «Política de Continuidad Nacional». Sólo 2 días antes de que el presidente Donald Trump asumiera sus funciones en la Casa Blanca, el entonces administrador de la FEMA –la agencia federal a cargo de las situación de urgencia–, Craig Fugate, firmó la Federal Continuity Directive 1 (Directiva Número 1 de Continuidad Federal), que precisa ciertos aspectos de la aplicación de ese procedimiento en niveles inferiores.
Todo está previsto en función de «lo peor». La epidemia proporciona el pretexto para actuar. En ese contexto, las preguntas planteadas recientemente por el vocero del ministerio chino de Exteriores [9] sobre la posibilidad de que los militares estadounidenses hayan diseminado deliberadamente el nuevo coronavirus, adquieren el mayor sentido y cobran nueva vigencia.
