Sin generar mucha alharaca, el  presidente de la Unión Médica de Santiago,  doctor Daniel Rivera,  ha resaltado una información sobre el brutal impacto económico que implica el tratamiento clínico  de los pacientes del Covid-19, que no debería  pasar desapercibida en medio de la angustiante  realidad de la actual crisis sanitaria.
La atención a  un paciente de Covid-19 internado en la Unidad de Cuidados Intensivos le cuesta al sistema dominicano  de Salud 150 mil pesos diarios, ha precisado el doctor Rivera, quien también es miembro de la comisión de  transición del sector salud, en representación del presidente electo Luis Abinader.
Asumiendo  la posibilidad,  realmente nada descartable, de que la mayoría de los dominicanos, más tarde o más temprano, podríamos ser contagiados por el virus y eventualmente desarrollar los síntomas de la enfermedad, deberíamos prepararnos para enfrentar la magnitud de ese riesgo en su  doble vertiente, tanto  sanitaria como  económica.
Y en tal sentido deberíamos explorar todas las opciones para enfrentar esa tremenda amenaza, incluyendo las experiencias y las buenas prácticas  registradas en diversos países, incluyendo la República Dominicana.
El  rechazo a una opción asequible,  económica y esperanzadora
La República Dominicana ha sido uno de los primeros países  del mundo en mostrar una experiencia clínica exitosa contra el Covid-19, apoyada en un ensayo clínico con más de 2 mil 300 pacientes tratados con Ivermectina  antes de entrar en la fase severa de la enfermedad,  de los cuales más del 95  por ciento  logró   su total recuperación clínica  en un plazo  de 48 horas a 72 horas.
De estos pacientes, solo el 0.5 por ciento han retornado a los establecimientos  por algún evento asociado al virus, según datos aportados por el doctor José Natalio Redondo, quien además de ser el principal responsable de los tres centros médicos donde se han registrado estos resultados, es presidente  de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE).
El propio José Natalio  ha revelado que el costo de atención de un paciente tratado  con Ivermectina, asociada a otros fármacos,   en la fase temprana de la enfermedad, podría no pasar de 3 mil 500 pesos, frenando la evolución de la enfermedad y evitando que el  paciente tenga que ser ingresado a una sala de cuidados intensivos con ventilación asistida, donde el costo promedio es de 150 mil pesos diarios, según los datos del doctor Daniel Rivera.
El Gobierno Dominicano debería demostrar  al país que los datos del doctor Redondo no son sustentables y que el manejo de la crisis sanitaria que está defendiendo el Ministerio de Salud representa la alternativa más racional para contener el avance de la pandemia y reducir su tasa de letalidad. O en su defecto, asumir una actitud similar a la que del gobierno peruano, que luego de oponerse con firmeza, a través de su ministerio de salud,  al uso de la Ivermectina, finalmente rectificó y dispuso la adquisición de 490 mil tratamientos del fármaco para pacientes con la enfermedad.
Experiencia  dominicana se extiende a otros países
La experiencia inicialmente  desarrollada en el Centro Médico Bournigal, de Puerto Plata,  por los doctores Johnny Tavárez Capellán y  Yudelka Merette, junto al doctor José Natalio Redondo,  ha provocado un notable interés en diversos países del mundo, incluyendo Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia,  Colombia, Honduras, Chile, Argentina, Bangladesh y Sudáfrica, en muchos de los cuales se ha oficializado el uso de la Ivermectina.
Sin embargo, el Ministerio de Salud de la República Dominicana no solo ha rehusado validar  la aplicación de la  Ivermectina, bajo la justificación de los resultados conocidos y el concepto del uso compasivo, que implica la autorización de cada paciente tratado, sino que ni siquiera  ha ofrecido una explicación sobre las razones de ese rechazo.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud acaba de autorizar la importación y uso del fármaco Remdesivir, un medicamento antiviral de alto costo, cuyo precio por unidad fluctúa entre 86 mil y  140 mil pesos por paciente y que probablemente solo estaría al alcance de personas con alto poder económico.
La combinación del rechazo a la Ivermectina, que podría aumentar  el flujo de pacientes a cuidados intensivos, y la utilización oficial de un producto sumamente caro como el Remdesivir, probablemente  tendría el efecto de  asegurar que los costos de atención médica durante la crisis sanitarias se mantengan en los más elevados niveles alcanzados durante el primer estado de emergencia, lo  cual resulta difícil de entender, excepto que las motivaciones  de esa política  sean diferentes al interés colectivo y a  la finalidad ética  de la ciencia médica.
Pero sobre todo, la participación comunitaria
Frente a la imposibilidad de frenar el contagio comunitario como principal factor de propagación del Covid-19,  la primera responsabilidad  de la  sociedad dominicana  debería ser, tal como lo propuso,  el ahora presidente Abinader durante la fase final de la campaña electoral, trabajar en la sensibilización y educación ciudadana, ayudando a crear la disciplina social necesaria  para contener esta amenaza contra la salud y la estabilidad económica del país.
Quedó claro en el mensaje de Abinader que una tarea tan importante como la educación y la disciplina social que demanda esta emergencia sanitaria, no puede depender solo del protocolo oficial y de  la acción coercitiva de las autoridades policiales, como ha venido ocurriendo hasta ahora, ya que sin la participación y el empoderamiento de la comunidad será sumamente difícil cambiar la irresponsable actitud de la  población  frente  a la epidemia.
“La amenaza es el virus, no las personas”
No hay que olvidar que durante el pasado toque de queda, la Policía Nacional dispuso  la detención de 92 mil ciudadanos en distintos puntos del país  por presunta violación de las medidas de control y prevención,  según reveló el propio director de la institución,  Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte.
Deliberadamente o no, el mensaje de Abinader estuvo muy en línea con un llamado de atención formulado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando invitó a los gobiernos a no olvidar nunca que “la amenaza es el virus, no las personas”, agregando que “la mejor respuesta es la que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el estado de derecho".
El principal dirigente de la ONU  dijo que "la mejor manera de mantener el apoyo público a las medidas es que los Gobiernos sean abiertos y transparentes e involucren a las personas en la toma de decisiones que los afectan", una práctica que ha sido totalmente soslayada en la estrategia del Estado Dominicano frente a la actual crisis.