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Estados Unidos avanza en una posible acusación formal contra Raúl Castro, el ex dictador cubano de 94 años y hermano de Fidel, en relación con el derribo de avionetas ocurrido hace tres décadas, según informaron a CBS News funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.
La acusación potencial, que deberá ser aprobada por un gran jurado, se centraría en el derribo de aeronaves del grupo humanitario Hermanos al Rescate perpetrado por Cuba en 1996. El portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al respecto.
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La iniciativa se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra el régimen cubano. Washington ha amenazado con aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba, lo que ha derivado en cortes de suministro energético tras la interrupción casi total de los envíos de crudo.
El presidente Donald Trump ha exigido reformas de fondo en la isla y ha llegado a plantear públicamente una “toma de control amistosa” del país. Raúl Castro, aunque dejó formalmente la dirección del Partido Comunista en 2021, es considerado aún uno de los actores con mayor poder real dentro del régimen.
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Su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, es visto como representante del nonagenario y como interlocutor clave entre La Habana y Washington. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con él el jueves, en un segundo encuentro tras una visita previa el mes pasado.
Ratcliffe transmitió personalmente el mensaje de Trump: Estados Unidos está “preparado para comprometerse seriamente en asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según indicó un funcionario de la CIA.
El mismo funcionario subrayó que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental”. El encuentro abarcó cooperación en inteligencia, estabilidad económica y asuntos de seguridad, según la misma fuente a la que obtuvo acceso Axios.
La dictadura cubana afirmó en un comunicado que sus representantes presentaron elementos que “permitieron demostrar categóricamente” que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según la nota, Cuba no alberga, apoya ni financia organizaciones terroristas o extremistas y no existen bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio.
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Ambas partes expresaron interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los organismos de aplicación de la ley, con el objetivo de fortalecer la seguridad de ambos países y de la región. A pesar del diálogo, la administración de Donald Trump considera que las autoridades del régimen mantienen una falta de avances en la apertura de la economía y el sistema político cubano, según fuentes citadas por Bloomberg.
El fiscal federal principal de Miami impulsó, meses atrás, una nueva iniciativa dirigida contra líderes del comunismo cubano. El programa involucra a autoridades federales, locales, el Departamento del Tesoro y fuerzas del orden estatales, y persigue delitos económicos, narcotráfico, crímenes violentos e infracciones migratorias, con foco en la cúpula del Partido Comunista, según informó previamente CBS News.
En marzo, el fiscal general de Florida anunció en una conferencia de prensa la reapertura de una investigación estatal —que había sido archivada— sobre el mismo incidente de 1996. El senador republicano por Florida Rick Scott también ha exigido recientemente al Departamento de Justicia que presente cargos contra Castro y lo lleve ante la justicia estadounidense.
Entre los grupos de poder en Cuba, la familia Castro, con Raúl Castro como figura principal, controla áreas estratégicas como la economía, los negocios, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. El organigrama incluye al sector militar y de seguridad, junto a figuras influyentes por su gestión de recursos, como Ana Guillermina Lastres Morera.
“Ella es general de Brigada, presidenta de Gaesa y miembro del Comité Central, lo que le otorga un poder superior al de cualquier ministro”, señaló Miguel Cossio, director ejecutivo del Museo Americano de la Diáspora Cubana.
El pasado 7 de mayo, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la empresa minera Moa Nickel S.A., el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA) y su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera.
