SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El caudal de revelaciones recientes sobre posibles violaciones a varias leyes de Estados Unidos de América por parte del Senador demócrata de New Jersey, Robert Menéndez, y por su íntimo amigo e importante contribuyente a sus campanas, el reconocido oftalmólogo de origen dominicano, Salomón Melgen, han cautivado la atención de amplios sectores del público en general por la convergencia -en las historias que se entrelazan- de esos tres potentes afrodisíacos noticiosos que son el “sexo, el poder y el dinero”.
A pesar de la proximidad geográfica y la intensidad de los lazos entre nuestro país y EE.UU., la mayoría de nuestras élites frecuentemente demuestran, por sus pronunciamientos y actuaciones, un colosal desconocimiento sobre el funcionamiento de la sociedad e instituciones estadounidenses.
Hay que estar claros, en todas partes cuecen habas. Las instituciones en EE.UU. no están exentas de ser manipuladas o abusadas por las más altas autoridades públicas. Ejemplos abundan, desde el tristemente célebre caso conocido como Watergate, hasta el más reciente del ex gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, solo para mencionar un par de ejemplos contemporáneos.
La diferencia con lo que ocurre en nuestro país radica en que, en EE.UU., las autoridades federales, en este caso el Buró Federal de Investigaciones, o FBI (la policía federal), por sus siglas en inglés, los medios de comunicación, los partidos políticos, las ONG’s, la sociedad en general y en última instancia el poder legislativo o el judicial, sirven como frenos y contrapesos para que las transgresiones de los funcionarios, sin importar el rango de éstos, no queden impunes. Por una activa participación de estas entidades, Richard Nixon, el responsable de Watergate, tuvo que renunciar a la presidencia de EEUU y Blagojevich purga actualmente una condena de 14 años, por soborno y otros delitos, en una penitenciaría federal.
Contrario a lo que aparentemente piensan algunas personalidades dominicanas, en el escándalo Menéndez-Melgen, casi todos los entes antes mencionados, es decir, FBI, medios, partidos políticos, ONG’s, etc., (salvo el poder judicial, todavía no, pero sí un comité del Senado) han sido activados por diversas fuentes, y no solo por la denuncia de noviembre pasado del periódico digital The Daily Caller.
Por ejemplo, en cuanto a los dos viajes de Menéndez en el avión de Melgen a RD en 2010, la denuncia ante las autoridades la formuló el partido Republicano de New Jersey, donde gobierna Chris Christie, connotado dirigente republicano y posible aspirante a la candidatura de su partido para la elección presidencial de 2016, y férreo opositor de Menéndez, desde cuando Christie era fiscal federal en ese estado. A su vez, el hecho de que el senador admitiera haber efectuado los viajes, ocurridos más de dos años antes sin que los divulgara, y pagara por éstos la suma de $58,500.00 dólares (el equivalente a una tercera parte de su salario anual de $174,000.00), ha llevado al Comité de Ética del Senado a iniciar una investigación. En relación a la participación del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la redada llevada a cabo los días 29 y 30 de enero pasado, en las oficinas del Dr. Melgen en West Palm Beach, conjuntamente con agentes del FBI, por alegado fraude al servicio de salud federal conocido como Medicare, los medios apuntan a las declaraciones de varios oftalmólogos prominentes de la Florida como fuentes claves en promover la investigación.
El eje investigativo central en este caso es el FBI ya que -para el Buró- la corrupción pública es la principal prioridad de su división de investigación criminal, porque, de acuerdo a su página web, “la corrupción pública socava la confianza de la sociedad y debilita la solidez de nuestra democracia”. Esta realidad parece difícil de entender para quienes consideran en nuestro país que el poder, la filantropía, el dinero, el estatus social o las buenas relaciones deben colocar en jaque mate a cualquier investigación con motivo de una denuncia de corrupción o de tráfico de influencia.
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Resulta interesante conocer que en marzo de 2012, el Centro por la Integridad Pública de Estados Unidos, una ONG, publicó un informe en el cual detallaba el riesgo de prevalencia de la corrupción y la falta de rendición de cuentas en los 50 estados de ese país. Los resultados no son muy halagadores ya que ningún estado sacó A (sobresaliente), solo cinco estados obtuvieron B+ (muy bueno), mientras que 8 estados reprobaron con una puntuación menor de 59 puntos.
Un análisis de los estados mejores y peores calificados demostró que el monitoreo frecuente por los ciudadanos, funcionarios públicos y organizaciones de vigilancia y control es esencial para incentivar la integridad de las autoridades. El principal rasgo común a los ocho que fallaron es la carencia de entidades sólidas, efectivas e independientes de vigilancia. Sorprendentemente, los estados con las mejores notas tienen gobiernos grandes, con un largo historial de corrupción y poderosas maquinarias partidistas. Precisamente, ese largo historial de corrupción es lo que los llevó a reformas profundas, poniendo en vigencia medidas de transparencia, cumplimiento y rendición de cuentas, que mantienen a los políticos más honestos.
¿Y cuál de los 50 estados recibió la mejor puntuación? Pues ningún otro que New Jersey, el del senador Menéndez, donde las agencias encargadas de hacer cumplir con las normas éticas reciben la más alta puntuación. Claro está, estas instituciones monitorean a los funcionarios estatales, no a los federales, como es el caso del senador. Sin embargo, este prestigio y maquinaria local influyen sobre el ámbito nacional.
No cabe duda, sin embargo, que el principal factor en el nivel de atención que recibe el senador Menéndez se debe al hecho de que desde hace un par de semanas atrás asumió la presidencia de la influyente Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU. Por esto se realiza un escrutinio a todas las denuncias, en particular, las que se relacionan con intereses de la política exterior de EEUU. Recuérdese que Menéndez era el segundo al mando de la Comisión y logró su presidencia después de la renuncia del senador John Kerry, quien fue nombrado por Obama y confirmado por el Senado para ocupar el cargo de Secretario de Estado, al renunciar Hillary Clinton. Es decir, el senador se calza zapatos importantes.
Como revelara la revista La Lupa sin Trabas el pasado 16 de enero, los avatares del proceso para la obtención y ratificación del leonino contrato monopólico para escanear por rayos X los contenedores en los puertos dominicanos por la compañía ICSSI, incluyen detalles antológicos, dignos de república bananera, sobre el tráfico de influencia, la escasa ética política, la falta de sensatez en cuanto a las bases reales sobre las que se construyen la valoración de una compañía, la tozudez en querer imponer un contrato que a todas luces pinta inconstitucional y violatorio de compromisos convencionales del país, en detrimento del comercio internacional dominicano, y la complicidad del gobierno del PRD, que otorgó la concesión, y el del PLD, que la confirmó. Preciosa manera de promover la inversión extranjera y el buen nombre del país.
En un claro intento por apoyar a las instituciones empresariales que se han opuesto al contrato de ICSSI y de enviar un mensaje al gobierno dominicano y a la sociedad en general, el ministro consejero de la Embajada de EE.UU, Dan Foote, recientemente manifestó ante los navieros dominicanos su reconocimiento y agradecimiento, a nombre del gobierno de EE.UU., “a todas las entidades dominicanas –el gobierno, los puertos, las navieras- por la excepcional cooperación y colaboración que han brindado en los programas bilaterales de seguridad”. No hay que ser clarividente para entender el mensaje. ¿O sí?
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Ahora bien, en Estados Unidos ¿cuántas investigaciones se llevan a cabo, quiénes las realizan, con qué propósito y cuáles son los posibles delitos? En la actualidad se sabe que tres entidades, dos del ejecutivo y una del legislativo, investigan varias denuncias, sin que se sepa a ciencia cierta por cuales hechos: por una parte, el FBI y la oficina del Inspector General del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos, y por la otra, el Comité de Ética del Senado.
El objetivo de una investigación federal es determinar si existen suficientes indicios de que se ha cometido una violación a las leyes federales de EEUU para presentar los hechos y el derecho ante un gran jurado, de forma tal que éste emita una orden de enjuiciamiento si considera que existe “causa probable” de que se cometió un delito; en el caso de la Comisión de Ética su función es la de establecer si se violaron las normas del Senado, para, si se comprobara una transgresión, presentar un informe al pleno para su decisión.
En vista de los hechos denunciados, si un gran jurado o el Comité de Ética llegaran a presentar cargos, en algunos casos los hechos apuntan a infracciones individuales, mientras que en otros existe la posibilidad de que sean delitos comunes a ambos, aunque se juzguen por separado. Primero, miremos los hechos atinentes a Menéndez, luego los relacionados a Melgen y finalmente los comunes a ambos. Es importante señalar, que tanto Menéndez como Melgen han negado enfáticamente haber cometido o participado en ninguna infracción a la ley, en relación a las denuncias efectuadas.
El análisis a continuación, claro está, es esquemático.
Bob Menéndez.
1. Denuncia sobre el uso del cargo de confianza de Senador, con responsabilidades federales y la capacidad para influir sobre decisiones de funcionarios públicos y/o agencias gubernamentales, con el objeto de favorecer a una persona de quien recibía considerables contribuciones en efectivo y otros favores. Aunque la investigación del FBI no resulte en la presentación de cargos federales por este tema, siempre es posible que la Comisión de Ética formule una acusación ante el pleno, bajo la Norma del Senado 35.1, cuya sanción podría fluctuar desde una moción de censura hasta la expulsión. Sin embargo, por lo general, el Senado ha sido sumamente renuente a expulsar a uno de sus miembros y los casos han sido extremadamente raros; y
2. Denuncia de haber recibido regalos de Melgen, como los admitidos viajes en su avión, sin reportarlos, en violación de normas federales y de ética del Senado, que exigen la divulgación de la recepción de regalos provenientes de amistades en el caso de sumas mayores de $250.00. Si bien posteriormente el senador pagó por los dos vuelos, lo cual debería en principio eliminar los cargos federales, persiste la posibilidad de que la Comisión de Ética presente un informe al pleno, de acuerdo a la Norma antes citada.
Salomón Melgen.
1. Es dato público que el doctor Melgen está siendo investigado por una Fuerza Élite para Prevenir el Fraude al Medicare (Medicare Fraud Strike Force), creada en 2007, conjuntamente por la oficina del Inspector General del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia, y con base en Miami. El propósito principal de esta Fuerza Elite es el de investigar fraudes al programa Medicare. De acuerdo al NYT, Miami Herald, y el Washington Post, el doctor Melgen tiene un historial de alrededor de diez años de conflictos con las autoridades del Medicare, programa al cual tuvo que reembolsar $8.9 millones de dólares por facturar en exceso; el doctor ha apelado la decisión en relación al reembolso y, entre otras medidas, solicitó la asistencia del senador frente al Departamento de Salud. De presentarse cargos y comprobarse que Melgen facturó al Medicare bajo falsos alegatos o reclamos podría ser pasible de multas y un máximo de cárcel de hasta 5 años por cada caso, bajo diversas leyes, como la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, 18 U.S.C. § 287); la Ley de Declaraciones Falsas (False Statements Act, 18 U.S.C. § 1001); o la Ley del Seguro Social [Social Security Act, 42 U.S.C. § 1320 a-7 b (a)].
Menéndez y Melgen.
1. Denuncia sobre el uso del cargo de confianza de Senador, con responsabilidades federales y la capacidad para influir sobre decisiones de funcionarios públicos y/o agencias gubernamentales, con el objeto de favorecer a una persona de quien recibía considerables contribuciones en efectivo y otros favores. La persona que ofrece el soborno con la intención de influir sobre la conducta del funcionario público queda también abarcada por la ley. El tráfico de influencia que deriva en soborno es un delito difícil de probar pues hay que establecer la motivación o intención de corromper, ya que recibir regalos o contribuciones para las campañas políticas no son considerados per se actos de soborno, salvo que se puedan vincular a una acción concreta de influencia indebida. Si se formularan cargos en contra de ambos la legislación aplicable sería: 18 U.S.C. § 201 Soborno de Funcionarios Públicos y Testigos (Bribery of Public Officials and Witnesses). Las penalidades contempladas por esta ley incluyen multas y/o un máximo de hasta 15 años de prisión.
2. En vista de los eventos para recaudar fondos celebrados en R.D., posible investigación en relación a la recepción de sumas en efectivo para la campaña de Menéndez o para el partido Demócrata, de parte de individuos o compañías extranjeras en violación de las leyes FARA, FECA y Reforma a las Campañas Bipartidistas (Bipartisan Campaign Reform Act). Véase el NYT. La constitucionalidad de esta prohibición quedó definitivamente zanjada con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. en el caso Bluman v Federal Election Commission. Después de esta decisión de la Suprema y en vista de la gran cantidad de fondos sin -o escasa- transparencia, que han fluido recientemente hacia los políticos, las campanas y los partidos en Estados Unidos, a través de los llamados Súper Pacs y las instituciones sociales sin fines de lucro creadas por éstos, el FBI ha incrementado el número de investigaciones sobre estas posibles infracciones. Para establecer una violación a la ley se requiere probar que el dinero ha sido recibido “intencionadamente y voluntariamente” (“knowingly and willingly”), un estándar difícil de demostrar; la pena es multa y/o prisión de hasta cinco años; y
3. Posible investigación por violación de la Ley Recursos del Ministerio Público y Otros Medios para poner Fin a la Explotación de Niños en la Actualidad, conocida de manera abreviada como Ley de Protección o Ley Proteger, de 2003 (Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act, conocida en inglés como Protect Act). Esta denuncia, de acuerdo a The Daily Caller, el Nuevo Herald y The Weekly Standard, se relaciona con el hecho de que ambos, supuestamente, sostuvieron relaciones sexuales con menores de 18 años de edad en República Dominicana. La citada ley penaliza dicha actividad con prisión de hasta un máximo de 30 años, aunque el acto ocurra fuera del territorio de EE.UU. Sin embargo, la aplicación extraterritorial de la ley tiene múltiples obstáculos dado el hecho de que las menores involucradas en la denuncia residen fuera de EE.UU., y por tanto, la toma de declaraciones juradas, entre otros aspectos, no resulta un proceso fácil, en vista de las garantías procesales para proteger los derechos de un acusado, establecidas en las enmiendas cinco y seis de la Constitución de Estados Unidos.
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Puede ser que, al final del día, el FBI o las autoridades de Medicare decidan no proceder sobre las denuncias pues, a pesar de sus investigaciones, no hayan encontrado indicios de transgresión alguna a las leyes federales de su país. Asimismo, el Comité de Ética puede decidir el archivo del caso sin presentar un informe al Senado. Ahí terminaría esta saga en Estados Unidos y todo continuaría sin que se haya perdido ni un solo paso a son del tambor de sus mismos principios e instituciones.
En cuanto a República Dominicana, creo que tampoco se perdería ni un solo paso, excepto que al son de un tambor caribeño con principios e instituciones que cada día se degradan más.
http://acento.com.do/2015/actualidad/48678-una-interpretacion-juridica-el-caso-bob-menendez-salomon-melgen/
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