He ahí, las modernas unidades de transporte escolar dominicano, alimentadas por biomasa, cuyos desechos son biodegradables. #AnclaRD pic.twitter.com/fXKUM2zI96— LaMarchaSigueRD (@LaMarchaSigue) 2 de julio de 2017
miércoles, 5 de julio de 2017
Modernas unidades de transporte escolar dominicano, alimentadas por biomasa, cuyos desechos son biodegradables. #AnclaRD — LaMarchaSigueRD (@LaMarchaSigue) 2 de julio de 2017
El PRM tilda de esfuerzo inútil, el informe justifica parcialidad en contrato a Odebrecht
4 de julio de 2017. SANTO DOMINGO
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que el informe de la Comisión designada por el Presidente de la República para evaluar la licitación de la Central Punta Catalina se caracteriza por ser un esfuerzo inútil para justificar la parcialidad del Gobierno de Danilo Medina en el otorgamiento del contrato de Odebrecht.
En rueda de prensa celebrada este martes en la casa nacional, encabezada por el Secretario General del partido, Antonio Almonte, quien fungió de vocero afirmó que el PRM objeta y critica las violaciones que pone en evidencia el Informe a las exigencias del marco legal y normativo que regulaban la licitación. Las violaciones que se cometieron en los criterios que llevaron a cabo la escogencia de Odebrecht como ganadora de la licitación, las costosas distorsiones concernientes a la financiación de las plantas de carbón, los indicios y confesiones de sobornos que mediaron en la negociación y los claros indicios de sobrevaluaciones en el costo de la obra.
1) Una licitación improcedente.
En enero del 2012 la CDEE dio apertura a una licitación pública internacional para construir plantas eléctricas de carbón o gas natural de 260 megavatios cada una hasta completar 1,000 megavatios. (LPI No. CDEEE-11/2011).
Según esta licitación serian empresas privadas locales y extranjeras las que construirían dichas plantas con recursos propios o financiamiento gestionado por ellas. El único compromiso del Estado sería garantizar la compra de la energía, a través de las distribuidoras. En este esquema el Estado no tendría necesidad de endeudarse, ni aportar un centavo para la construcción de las plantas.
En el marco de esta licitación, en abril del 2012, siete empresas precalificaron y otras seis estaban pendientes de subsanar algunos detalles. En julio del 2012, el recién electo presidente Danilo Medina viajó a Brasil para, entre otras cosas, gestionar cooperación del gobierno de ese país a fin de construir una central termoeléctrica.
En octubre de ese año, la CDEEE canceló la referida licitación sin ofrecer ninguna explicación. Luego, en mayo del 2013, abrió una nueva para la construcción de Punta Catalina.
La diferencia ha sido que ahora el gobierno ha tenido que buscar los recursos para financiar las plantas por un monto aproximado a los US$3,000 millones que provienen de impuestos y del endeudamiento público. Al respecto, cabe preguntarse ¿qué motivó semejante decisión del Presidente Danilo Medina?
2) El Informe de la Comisión encubre el incumplimiento de Odebrecht respecto al compromiso de financiamiento.
De acuerdo al punto 14 del documento “Bases Fase de Ofertas y Cierre” (Bases de Licitación de Punta Catalina) cada participante debía adjuntar en su propuesta los documentos de garantía de financiamiento de por lo menos el 80% del costo del proyecto. La importancia de este requisito era tal que en el punto 14.8 de las bases se establecía que “será excluida toda oferta que no incluyera una oferta de financiamiento”.
En realidad, Odebrecht cumplió inicialmente con ese requisito, pero luego debido a su involucramiento en el escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil, el financiamiento de 650 millones de dólares aprobado por el BNDES fue bloqueado y en consecuencia el desembolso de parte del financiamiento colateral del grupo de bancos europeos por 550 millones de dólares también ha sido parcialmente bloqueado.
En esas circunstancias, lo que correspondía a Odebrecht era sustituir esos financiamientos por otros, en razón de que se trataba de una clausula ineludible en las bases de la licitación. Es decir, Odebrecht incumplió y está descargando en el Gobierno Dominicano la responsabilidad de buscar el financiamiento.
Lamentablemente, el Informe, plantea en sus páginas 75-76, acepta como buena y válida la posición de Odebrecht cuando señala: “Queda claro que la responsabilidad de buscar el financiamiento era del Estado Dominicano”.
La realidad es que Odebrecht no pudo sustituir el financiamiento de BNDES, por sus implicaciones en el escándalo internacional de corrupción que la inhabilitó, dejando al Gobierno Dominicano y a Punta Catalina en un franco estado de indefinición en cuanto a financiamiento.
Ese hecho ha producido un retraso de casi un año en la construcción, y generado costos financieros y otros perjuicios al Estado dominicano que podrían traducirse en penalidades a dicha empresa de acuerdo a disposiciones del propio contrato de construcción (EPC). Esa es la razón por la cual Odebrecht señala al gobierno como responsable de la búsqueda del financiamiento.
Lamentablemente, el Informe coincide con los alegatos de Odebrecht y la descarga de culpas, mientras deriva hacia el Estado todos los costos de los incumplimientos. Cabría preguntarse: ¿Por qué el Informe protege los intereses de Odebrecht y no los del Estado Dominicano?
3) El Informe confirma la sobrevaluación del contrato de Punta Catalina (Contrato EPC).
Las bases de la licitación establecían que la evaluación económica de las ofertas se haría por la comparación entre un mínimo de dos y dado que solo calificó Odebrecht, el Comité de Licitación, para fines comparación, improvisó un “licitante teórico o virtual”.
La figura del “licitante teórico virtual” constituye una violación a las bases de licitación, porque esta establecía la comparación entre por lo menos dos oferentes calificados
¿Cuál fue ese licitante virtual?
Se trata de una planta de carbón construida en EEUU cuyo precio promedio (precio nivelado de energía) es de 100.1 dólares por megavatio hora, publicado por la Administración de Información de la Energía (EIA) en enero 2003 (Ver pag. 67-71 del Informe de la Comisión Especial).
El precio promedio de energía de una planta (como la usada como referencia en EEUU) incluye importantes costos que nunca son parte de un contrato de construcción y que se le denomina usualmente como “Costos del dueño”, tales como: costos de los terrenos, intereses de préstamos, variaciones o imprevistos del proyecto, costos pre operacionales de por lo menos 6 meses, diseños de planta, de supervisión, pago a firmas consultoras de abogados, técnicos y económicas, impuestos, más otros costos que tienden a representar de cerca de 30% de la inversión total.
El monto del contrato presentado por Odebrecht (US$1,945) no incluye ninguno de los reglones indicados arriba que se denominan “Costos del dueño” y que representan cerca de 30%. (Cost and Perfomance Baseline for fossil Energy Plants, Volume 1ª (DOE/NETL), páginas 87-94, julio de 2015).
De manera pues, que utilizar como referencia un precio promedio de energía que incluye costos que no forman parte de un contrato construcción (sino que son costos asumidos directamente por el dueño) para comparar y validar la oferta de Odebrecht es justificar de manera implícita sobrecostos.
Finalmente, hay que destacar que el “Licitante teórico o virtual” fue definido e introducido justo el mismo día que se conoció que Odebrecht era una única oferta económico a evaluar (15 de noviembre de 2013), resultando que el precio ofertado por Odebrecht coincidió casi un 100% con el precio promedio del “Licitante teórico o virtual”.
En resumen, la introducción del licitante virtual y su precio promedio hace parecer como normal el precio sobrevaluado del contrato de Punta Catalina. Ambos precios no son comparables porque reflejan diferentes componentes costos. Reiteramos el precio de un contrato de construcción nunca será comparable con la inversión total de una planta finalizada.
Cabría preguntarse ¿por qué la Comisión Especial no profundizó en la investigación de estas inconsistencias?
4) ¿Puede terminarse Punta Catalina sin Odebrecht?
Según consta en el Informe, la respuesta de las firmas Tecnimont e Ingeniería Estrella a esa pregunta fue que no estaban en capacidad de terminar la construcción de la Central sin la participación de Odebrecht. Esa respuesta contrasta con lo afirmado en la página 49, nota 12, del Informe cuando dice que Tecnimont había “participado en 223 proyectos eléctricos, incluyendo plantas de carbón, en 44 países”, mientras que Odebrecht nunca ha construido una planta de carbón. La verdad es que el líder técnico de la obra según en el contrato consorcial es Tecnimont. Cabría preguntarse ¿Por qué el interés reiterado de proteger a Odebrecht de sus incumplimientos?
5) Violación en ley sobre sobornos (448-06) y contratación (304-06
Es lamentable que el Informe no se refiriera a otras importantes violaciones hechas por Odebrecht que incluyen las bases de la licitación, como las leyes nacionales de contratación y soborno en el comercio y la inversión, así como su propio contrato (EPC).
Al confesar el pago de soborno Odebrecht violó el artículo 7.1 (d) de las Bases Fase de Precalificación que establecía como uno de los prerrequisitos para la participación el que la firma no incurriera en pago de soborno en el país ni en el extrajero.
Ninguna de esas violaciones ha tenido consecuencia para Odebrecht, aunque sí para las finanzas públicas. Se trata de un funesto precedente para la institucionalidad y transparencia en las contrataciones de obras y servicios públicos.
Cabría preguntarse ¿Por qué no ha habido consecuencias en los actos de sobornos y violaciones a las leyes mencionadas?
6) Más irregularidades
Llama a la atención la declaración de un ex miembro del Comité de Licitación en el sentido de que el informe de apenas una página sobre de evaluación técnica que determinó la eliminación de tres firmas finalistas fuera aceptada sin discutir por el Comité de Licitación.
Además, con la salida de los únicos miembros independientes del Comité de Licitación dejó todo el proceso de licitación y adjudicación del contrato en manos de empleados de la CDEEE.
Es evidente que las conclusiones que presenta la Comisión Especial designada por el Presidente de la República sobre la licitación de la Central de Punta Catalina contribuyen poco al esclarecimiento de las violaciones e irregularidades cometidas en el proceso de licitación de dicho proyecto. Mucho de las recomendaciones constituyen violaciones a leyes y normativas vigentes, por lo tanto, la sociedad dominicana debe redoblar sus reclamos para que la impunidad no prevalezca y las violaciones a las leyes y normas sean ejemplarmente sancionadas.
Estuvieron, además, Rafael Montilla, Roberto Fulcar, Franklin García Fermín, Siquio Ng de la Rosa, Fernando Durán, entre otros.
Trascendental entrevista al jurista Pedro Catrain en Uno + Uno TV con Juan Bolívar Díaz / @UnomasUnotv @JBolivarDiaz @TeleAntillas2 @InformativosTA
http://www.7dias.com.do/portada/2017/07/04/i231121_prm-dice-que-informe-justifica-parcialidad-contrato-odebrecht.html#.WVxUWIg1_IU
NOTICIAS RELACIONADAS#tbt Altagracia Salazar asegura que el ejercicio del periodismo en República Dominicana está doblegado - #Presente 14 años de #AquienMadruga @altagraciasa y @erickmendozaene #MarchaVerde
Altagracia Salazar asegura que el ejercicio del periodismo en República Dominicana está doblegado
#tbt Altagracia Salazar asegura que el ejercicio del
periodismo en República ... https://youtu.be/l-HbauFWlCA
vía @YouTube @AltagraciaSa Publicado el 6 oct. 2011
La periodista Altagracia Salazar destacó que en la República Dominicana los periodistas son víctima de la violencia, citando el primer caso de la delincuencia común con el asesinato del corresponsal Juan Andújar y las heridas al también reportero Juan Sánchez.
Expresó que nuestra sociedad es violenta, tan violenta como la mexicana, en términos de las estadísticas suministradas por el expositor mexicano, Rogaciano Méndez, del Sindicato Nacional de Redactores de México.
Destacó que la Policía dominicana mata 3 mil al año, pero los periodistas no lo dicen. El ejercicio está doblegado. Veinte periodistas revelan presión del gobierno y 500 dicen lo contrario; no existe solidaridad.
La periodista Altagracia Salazar destacó que en la República Dominicana los periodistas son víctima de la violencia, citando el primer caso de la delincuencia común con el asesinato del corresponsal Juan Andújar y las heridas al también reportero Juan Sánchez.
Expresó que nuestra sociedad es violenta, tan violenta como la mexicana, en términos de las estadísticas suministradas por el expositor mexicano, Rogaciano Méndez, del Sindicato Nacional de Redactores de México.
Destacó que la Policía dominicana mata 3 mil al año, pero los periodistas no lo dicen. El ejercicio está doblegado. Veinte periodistas revelan presión del gobierno y 500 dicen lo contrario; no existe solidaridad.
Marcha Verde pide investigación sobre Termoeléctrica Punta Catalina; Marcha Verde devuelve la pelota a comisión Punta Catalina: “evidencia el interés de encubrir a Danilo Medina”
Marcha Verde pide investigación sobre Termoeléctrica Punta Catalina
http://www.7dias.com.do/portada/2017/07/04/i231066_marcha-verde-pide-investigacion-sobre-termoelectrica-punta-catalina.html#.WVuSIog1_IU
Marcha Verde pide investigación penal termoeléctrica de Punta Catalina
Marcha Verde ve atentado al estado de derecho informe rindió comisión Punta Catalina
http://www.7dias.com.do/portada/2017/07/04/i231066_marcha-verde-pide-investigacion-sobre-termoelectrica-punta-catalina.html#.WVuSIog1_IU
Marcha Verde devuelve la pelota a comisión Punta Catalina: “evidencia el interés de encubrir a Danilo Medina”
Foto: Acento.com.do/Carlos Pimentel, activista de Marcha Verde explica la proclama en respuesta al informe de la comisión de Punta Catalina.
Santo Domingo, 3 jul (EFE).- El movimiento cívico Marcha Verde solicitó hoy al Ministerio Público una “inmediata investigación penal” del proceso de licitación, adjudicación y construcción de la termoeléctrica que levanta en el sur del país la brasileña Odebrecht.
Asimismo, acusó al presidente Danilo Medina, de tratar de encubrir las irregularidades que supuestamente se produjeron en torno al caso, y desestimó las conclusiones de una comisión de notables designada por el Ejecutivo, que recientemente avaló la construcción de la termoeléctrica.
En ese sentido, la organización apartidista denunció que esa comisión y su informe constituyen un “atentado” al estado de derecho en el país, al considerar que sus conclusiones “evidencia el interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano”.
Además, que la construcción de los contratos para la construcción de la termoeléctrica se firmaron en el período en el que Odebrecht reconoció haber pagado 92 millones en sobornos para la obtención de obras estatales en República Dominicana entre 2001 y 2014.
Marcha Verde también dijo, en un documento que emitió en rueda de prensa, que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló que el empresario dominicano Ángel Rondón pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la planta.
De acuerdo al colectivo, la designación de una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las dos plantas a carbón que construye Odebrecht, evidencia el “lodazal” y el “desorden institucional” en el que se encuentra el país, así como la disposición de diferentes sectores a violar abiertamente la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública.
“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, expuso la organización.
La comisión de notables designada por Medina determinó que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio de construcción está dentro de un rango “razonable”. Marcha Verde exige una investigación penal de Punta Catalina https://youtu.be/NifyE2BFOKA
Odebrecht construye en la provincia dominicana de Peravia (sur), una termoeléctrica que producirá más de 700 megavatios de electricidad cuando entre en funcionamiento el año próximo, según ha explicado la propia compañía. Su coste ronda los 2.000 millones de dólares.
Marcha Verde, que surgió en enero pasado a raíz del escándalo de los sobornos de Odebrecht, ha enarbolado una lucha contra la corrupción e impunidad que, asegura, campean en el país.EFE
A continuación el comunicado de Marcha Verde:
Marcha Verde exige investigación penal de Punta Catalina
ADVIERTE COMISIÓN “COSMÉTICA” VIOLA ORDEN INSTITUCIONAL Y ESTADO DE DERECHO
La Marcha Verde solicitó hoy el inicio inmediato de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, como lo sugieren Servio Tulio Castaños Guzmán, varias de las empresas que participaron en la licitación y la Procuraduría General de la República en el documento de solicitud de medida de coerción por el caso Odebrecht.
Para el movimiento, en su condición de miembro de la comisión cosmética designada por el presidente Danilo Medina para investigar la adjudicación de las plantas, Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue Punta Catalina y sobre los indignantes altos niveles “de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting”.
Además, la Marcha Verde recuerda que el contrato de las plantas se firmó en el período en que Odebrecht reconoció haber pagado US$92 millones en sobornos para la obtención de obras en República Dominicana. Esta afirmación de la multinacional, resalta, se valida en la solicitud de medida de coerción en la que el procurador Jean Alain Rodríguez asegura que Ángel Rondón Rijo pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la central termoeléctrica.
“Lo dice Servio Tulio, lo dice por escrito el procurador, lo dicen empresarios que participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht y lo denuncian varios de los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”.
El movimiento verde también considera que el Congreso Nacional tiene la obligación de revisar el dudoso contrato de arrendamiento de terrenos para construir las plantas a carbón, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.
La Marcha Verde advierte que esos terrenos deben declararse de utilidad pública e interés social, de forma tal que la planta quede sobre un inmueble propiedad del Estado y no a nombre de la familia Vicini como se encuentra actualmente, y así asegurar la titularidad sobre la central eléctrica y las facilidades portuarias construidas con recursos del pueblo dominicano.
“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, advierte el movimiento que realizará una marcha nacional el próximo domingo 16 de julio, desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy hasta el Centro de los Héroes.
Comisión viola orden institucional
Según la Marcha Verde, la designación de una comisión para investigar todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por el presidente Danilo Medina evidencia el lodazal y el desorden institucional en el que se encuentra el país, así como la disposición de diferentes sectores a violar abiertamente la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública.
El artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17 no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado, recordó la agrupación ciudadana.
Marcha Verde califica a la comisión, a las acciones de ésta y a su informe de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena Justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos, evidenciando el interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano.
A pesar de la intención del presidente Danilo Medina de utilizar esta comisión para encubrir las irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción, los hallazgos encontrados son de magnitud y contundencia tal que la comsión debió consignarlos en el informe, aunque en sus conclusiones intentaran manipular las consecuencias de estos. http://acento.com.do/2017/actualidad/8471461-marcha-verde-devuelve-la-pelota-comision-punta-catalina-evidencia-interes-encubrir-danilo-medina/
Marcha Verde ve atentado al estado de derecho informe rindió comisión Punta Catalina
El colectivo Marcha Verde, que lucha por el cese de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, calificó hoy como un atentado al estado de derecho y a la división de poderes, las acciones de la comisión y el informe que rindió al país sobre el proceso de licitación, adjudicación y financiamiento de las plantas que se construyen en Punta Catalina, Baní, provincia Peravia.
“Marcha Verde califica a la comisión, a las acciones de ésta y a su informe de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena Justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos, evidenciando el interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano”, señaló el colectivo en un comunicado.
Aseguró que a pesar de la intención del presidente Medina de utilizar esta comisiónpara presuntamente encubrir las irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, “los hallazgos encontrados son de magnitud y contundencia tal que la comisión debió consignarlos en el informe, aunque en sus conclusiones intentaran manipular las consecuencias de estos”.
En ese sentido, solicitaron el inicio de una investigación penal del proceso relacionado a las plantas a carbón de Punta Catalina, “como lo sugieren Servio Tulio Castaños Guzmán, varias de las empresas que participaron en la licitación y la Procuraduría General de la República en el documento de solicitud de medida de coerción por el caso Odebrecht”.
El movimiento explicó que, en su condición de miembro de la comisión designada por el presidente Medina para investigar la adjudicación de las plantas, Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue la Central Termoeléctrica Punta Catalina, así como los altos niveles “de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting”.
Asimismo, citó que el contrato de las plantas se firmó en el período en que la multinacional Odebrecht reconoció haber pagado US$92 millones en sobornospara la obtención de obras en República Dominicana.
Agregó que esta afirmación de la empresa constructora brasileña se valida en la solicitud de medida de coerción en la que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asegura que Ángel Rondón Rijo pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la central termoeléctrica.
“Lo dice Servio Tulio, lo dice por escrito el Procurador, lo dicen empresarios que participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht y lo denuncian varios de los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”.
Los terrenos. El colectivo también consideró que el Congreso Nacional tiene la obligación de revisar el contrato de arrendamiento de terrenos para construir las plantas a carbón, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.
Advirtió que esos terrenos deben declararse de utilidad pública e interés social,de forma tal que la planta quede sobre un inmueble propiedad del Estado y no a nombre de la familia Vicini como se encuentra actualmente, “y así asegurar la titularidad sobre la central eléctrica y las facilidades portuarias construidas con recursos del pueblo dominicano”.
“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, enfatizó el movimiento tras recordar la marcha nacional el próximo domingo 16 de julio, desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy hasta el Centro de los Héroes.
Lodazal. Según la Marcha Verde, la designación de una comisión para investigar todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por el presidente Medina, evidencia “el lodazal y el desorden” institucional en el que se encuentra el país, así como la disposición de diferentes sectores a “violar abiertamente la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública”.
Señala que el artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17, no le confiere al presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado.
http://hoy.com.do/marcha-verde-ve-atentado-al-estado-de-derecho-informe-rindio-comision-punta-catalina/#.WVrpFEeW118.twitter
NOTICIAS | 03 JUL 2017, 7:40 PM |DIARIO LIBRE
Marcha Verde insiste en una investigación penal a Punta Catalina
Calificó a la comisión, a las acciones de esta y a su informe, de “atentados al Estado de Derecho”, “a la buena administración” y “a la buena Justicia”
Uno de los voceros de la Marcha Vede, Carlos Pimentel, habla a la prensa durante un acto.
SANTO DOMINGO. La Marcha Verde solicitó hoy el inicio “inmediato” de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón Punta Catalina.
La Marcha Verde calificó a la comisión, a las acciones de esta y a su informe, de “atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena Justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos”.
Asegura que existe un marcado “interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano”.
En una comunicación de prensa el grupo citaron al miembro de la comisión que investigó la adjudicación, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, que en marzo de este año pidió que se investigara la adjudicación, así como a las empresas que participaron en el proceso de licitación y a la Procuraduría General de la República en el documento de solicitud de medida de coerción por el caso Odebrecht.
Para el movimiento, en su condición de miembro de la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar la adjudicación de las plantas, Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigara a Punta Catalina.
“Lo dice Servio Tulio, lo dice por escrito el procurador, lo dicen empresarios que participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht (al admitir el pago de US$92 millones en sobornos) y lo denuncian varios de los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”, asegura.
El movimiento también considera que el Congreso Nacional tiene la obligación de investigar el tema.
“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, advierte el movimiento que realizará una marcha nacional el próximo domingo 16 de julio, desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy hasta el Centro de los Héroes.
Dice comisión viola orden institucional
Según la Marcha Verde, la designación de una comisión para investigar todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por el presidente Danilo Medina evidencia el “desorden institucional en el que se encuentra el país”, así como la disposición de diferentes sectores a violar la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública.
Arguye el movimiento que el artículo 128 de la Constitución, y citado por el decreto 6-17, no le confiere al presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, para las cuales ya existen jurisdicciones u órganos constitucionales y de otros poderes del Estado para esos fines.
https://www.diariolibre.com/noticias/marcha-verde-insiste-en-una-investigacion-penal-a-punta-catalina-HY7540768
Suscribirse a:
Entradas (Atom)