lunes, 6 de abril de 2026

Presidente Abinader convoca a las organizaciones sociales, políticas y sectores productivos a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global

presidente Luis Abinader
Presidente Abinader convoca a las organizaciones sociales, políticas y sectores productivos a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global
_ Anuncia medidas ante nueva realidad en Haití tras encabezar reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

Santo Domingo, R.D., 5 de abril de 2026.- El presidente Luis Abinader instruyó a los ministros de la Presidencia; de Hacienda y Economía, y de Industria, Comercio y Mipymes, a realizar consultas con los diversos sectores, productivos, políticos y sociales nacionales para alcanzar un consenso que lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual.

Dijo que en las conversaciones se socializaran planes y medidas diseñadas por el Gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, que se desconoce cuándo terminará.

Recordó que en el ámbito mundial se vive una situación de incertidumbre generada por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

La información la ofreció el gobernante tras encabezar, la tarde de este domingo, una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para evaluar la situación regional e internacional y adoptar las medidas necesarias ante la realidad que vive el mundo.

El mandatario también anunció que dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional ante la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

El mandatario recordó que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables, para lo que “nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia”.

El dignatario explicó que el contexto internacional actual es complejo “y ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia”. 

Manifestó que en el proceso de estabilización en Haití se requerirán esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para apoyar al Gobierno de la vecina nación en su labor de fortalecer la seguridad y las instituciones en ese país.

Reconoce civismo de la población durante el asueto de Semana Santa y la labor realizada durante el operativo coordinador por el COE

El mandatario aprovechó para reconocer el comportamiento civilizado de la mayoría del pueblo dominicano durante el asueto de Semana Santa, con un desplazamiento récord de personas en todo el territorio nacional y la “extraordinaria labor realizada por los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencia y todas las entidades de rescate, asistencia a emergencias y de seguridad, así como a los miles de voluntarios que se integran tradicionalmente en estos operativos”.

“En este Domingo de Resurrección, albergamos la esperanza del retorno a sus hogares de los dominicanos que se desplazaron en todo el país y a aquellos que aún vienen en camino, reiterarles el llamado al retorno con prudencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades”, expresó el presidente Abinader.

En la reunión, realizada en el Ministerio de Defensa, participaron el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.


Unidad, seguridad y responsabilidad: una respuesta de Estado ante la crisis global

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay momentos en la vida de las naciones en los que gobernar no consiste únicamente en administrar el presente, sino en anticipar el impacto de fuerzas externas que amenazan con alterar la estabilidad económica, social y estratégica del país. La coyuntura global que atravesamos hoy —marcada por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, la volatilidad de los mercados energéticos y la fragilidad institucional persistente en Haití— coloca a la República Dominicana ante uno de esos momentos decisivos.

En ese contexto, el llamado del presidente Luis Abinader a construir un gran acuerdo nacional no es un gesto retórico ni una maniobra política. Es, esencialmente, una señal de liderazgo responsable y de comprensión profunda de la naturaleza sistémica de la crisis que se avecina. Las amenazas actuales no reconocen fronteras ideológicas ni distinguen entre sectores productivos, partidos políticos o estratos sociales. Exigen, por el contrario, visión compartida, cohesión nacional y acción coordinada.

La instrucción presidencial a los ministros de la Presidencia, Hacienda, Economía, Industria y Comercio para iniciar un proceso inmediato de consultas con los sectores productivos, sociales y políticos refleja una concepción moderna de la gobernanza en tiempos de incertidumbre. Se trata de socializar diagnósticos, transparentar escenarios y construir consensos alrededor de medidas que permitan sostener el crecimiento económico, proteger el empleo y mitigar el impacto inflacionario sobre las familias dominicanas. En una economía abierta y dependiente del comercio internacional, del turismo y de las remesas, ignorar la onda expansiva de un conflicto global sería un error imperdonable.

Este esfuerzo de concertación cobra especial relevancia en un escenario donde los precios de la energía y de los alimentos tienden a reaccionar con rapidez ante cualquier escalada bélica. Anticipar decisiones, ajustar políticas fiscales y monetarias con prudencia, y comunicar con claridad a la ciudadanía las razones y los límites de cada medida, forma parte de una estrategia de contención que solo puede tener éxito si está respaldada por un amplio acuerdo social y político. La estabilidad no se decreta: se construye colectivamente.

Pero la agenda presidencial no se limita a la dimensión económica. El segundo anuncio —la convocatoria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional— revela la otra cara de una realidad que no puede abordarse con ingenuidad. La llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para Haití, marca un nuevo capítulo en la compleja crisis del vecino país. Es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente por sí solo para revertir años de colapso institucional, violencia criminal y deterioro social.

La posición de la República Dominicana frente a Haití ha sido consistente y clara: actuar con responsabilidad, prudencia y apego al derecho internacional, sin renunciar jamás al deber primario de proteger su territorio y a su población. Reconocer que la estabilización de Haití requerirá un compromiso sostenido de la comunidad internacional no exime al Estado dominicano de tomar medidas preventivas ante posibles repercusiones inmediatas en materia de seguridad, migración y orden público.

De ahí la decisión de reforzar la vigilancia en toda la frontera y mantener a las Fuerzas Armadas en estado de alerta, desplegadas y preparadas para responder a cualquier contingencia. Esta no es una postura de confrontación, sino de defensa legítima. La protección del territorio nacional, la preservación del orden público y la seguridad de los ciudadanos no son opciones políticas: son responsabilidades irrenunciables del Estado. En un entorno regional inestable, la previsión es una forma de paz.

Conviene subrayar que esta estrategia integral —acuerdo nacional en lo económico, firmeza serena en lo estratégico— no surge en el vacío. Se sustenta en una visión de Estado que ha sabido navegar crisis sucesivas sin sacrificar la democracia, el crecimiento ni la cohesión social. El reconocimiento del presidente Abinader al civismo del pueblo dominicano durante la pasada Semana Santa, así como a la labor del Centro de Operaciones de Emergencias, los organismos de rescate y miles de voluntarios, no es un gesto menor. Es un recordatorio de que la fortaleza de la nación reside también en su capital humano, en su cultura de solidaridad y en la confianza construida entre instituciones y ciudadanía.

En tiempos donde el ruido y la polarización amenazan con nublar el debate público, el llamado a la unidad adquiere un valor estratégico. Un acuerdo nacional no implica uniformidad ni silencio crítico; implica la madurez de reconocer que hay desafíos que trascienden coyunturas electorales y agendas particulares. Implica asumir que preservar la estabilidad macroeconómica, la seguridad nacional y la paz social es un patrimonio común que debe ser defendido con inteligencia y sentido histórico.

La República Dominicana no está ajena a los vientos de cambio que sacuden al mundo. Pero tampoco está condenada a ser una víctima pasiva de ellos. Con liderazgo, diálogo y determinación, es posible convertir la incertidumbre en una oportunidad para fortalecer instituciones, renovar consensos y reafirmar el compromiso con un desarrollo inclusivo y sostenible.

Hoy más que nunca, el país necesita menos estridencia y más acuerdos; menos improvisación y más planificación; menos miedo y más responsabilidad compartida. El llamado está hecho. La historia juzgará la capacidad de todos —gobierno, oposición, sector privado y sociedad civil— de estar a la altura del momento.

Luis Orlando Díaz Vólquez

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Presidente Abinader plantea acuerdo nacional y refuerza la frontera: coordinación económica y prevención en seguridad

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La República Dominicana entra en una fase de gestión pública que exige simultáneamente concertación interna y prevención estratégica. En un mismo mensaje, el presidente Luis Abinader articuló dos ejes de acción: por un lado, la convocatoria a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global asociada al conflicto bélico en Medio Oriente; por el otro, la activación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, en atención a la evolución de la situación haitiana y a la llegada del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) el pasado 1 de abril. 

El primer anuncio se centra en la economía y en la necesidad de alinear expectativas entre el Gobierno, los sectores productivos y los actores políticos y sociales. El mandatario instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, así como a Industria, Comercio y Mipymes, a iniciar consultas de forma inmediata con el objetivo de construir un consenso que permita enfrentar la crisis global actual. En ese marco, el Gobierno indicó que busca socializar planes y medidas orientadas a sostener las estimaciones de crecimiento y mitigar el impacto sobre las familias dominicanas, en un contexto internacional que describió como incierto y de duración imprevisible.

Esta línea de concertación se inscribe en esfuerzos previos de coordinación con el sector privado. Días antes, se reportó una reunión en el Palacio Nacional con representantes del sector productivo para garantizar abastecimiento, mitigar efectos de la coyuntura global y monitorear precios de la canasta básica y productos de consumo masivo, ante el encarecimiento de los hidrocarburos vinculado a tensiones internacionales. Ese encuentro incluyó asociaciones empresariales, industriales, comerciales y agrícolas, y derivó en compromisos de seguimiento para evaluar la evolución de la situación internacional y las medidas adoptadas. 

El segundo anuncio coloca el foco en la seguridad nacional y la estabilidad regional. Tras encabezar una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional —según se informó, celebrada en el Ministerio de Defensa— el presidente comunicó la decisión de reforzar la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad nacional. La medida se presenta en el contexto de la llegada del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con miras a contribuir a la estabilización de Haití. 

El mensaje oficial enfatiza que la República Dominicana actuará con “responsabilidad y prudencia” frente a la evolución haitiana, al tiempo que sostiene una posición de principio: la defensa del territorio, la protección de la población y la preservación del orden público constituyen responsabilidades irrenunciables del Estado. En ese mismo sentido, se indicó que las Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia. 

A la par, el pronunciamiento reconoce un elemento clave del escenario: la estabilización de Haití no será un evento puntual ni de corto plazo, sino un proceso que demandará esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional, especialmente para fortalecer seguridad e instituciones haitianas. Esta apreciación coloca la discusión en un plano de realismo institucional: aun con iniciativas multilaterales en marcha, la gestión de riesgos para el Estado dominicano requiere previsión, coordinación interagencial y claridad operativa. [noticiasgu...ogspot.com]

En el componente social, el presidente también dedicó un reconocimiento al comportamiento ciudadano durante el asueto de Semana Santa, destacando el desplazamiento masivo de personas y la labor del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismos de rescate, entidades de seguridad y miles de voluntarios; además, reiteró el llamado al retorno con prudencia siguiendo las recomendaciones de las autoridades. En la narrativa pública, este punto opera como recordatorio de que la resiliencia nacional se sostiene no solo en decisiones de alto nivel, sino también en cultura cívica y capacidad de respuesta institucional. 

Visto en conjunto, el cuadro que se comunica al país combina gobernanza económica y prevención estratégica. En lo económico, el Gobierno impulsa un mecanismo de consulta para ordenar respuestas y construir entendimientos amplios sobre cómo amortiguar el impacto de la crisis global en el bolsillo familiar. En lo territorial y de seguridad, la orden es reforzar la frontera y mantener las fuerzas en disposición, mientras se monitorea el desarrollo de la situación haitiana y el despliegue internacional anunciado.

Para una sociedad que demanda resultados y certezas, el valor de este enfoque radica en la coordinación: coordinar con sectores productivos para proteger abastecimiento y precios, y coordinar con el aparato de defensa y seguridad para anticipar contingencias sin improvisación. En tiempos de volatilidad, la agenda pública se mide por la capacidad de sostener estabilidad económica y, simultáneamente, garantizar integridad territorial y orden público con apego institucional.

Luis Orlando Díaz Vólquez

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Cuando la aduana deja de ser frontera y se convierte en plataforma

DGA en marzo de 2026: cuando la aduana deja de ser frontera y se convierte en plataforma

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay instituciones que se miden por su presencia cotidiana y otras que se evalúan por su capacidad de anticiparse a los riesgos del tiempo que les toca vivir. En un mundo donde el comercio se reconfigura, las cadenas de suministro se estresan y la seguridad se vuelve inseparable de la economía, la Dirección General de Aduanas (DGA) aparece —según el número 92 del Boletín de la DGA, correspondiente al mes de marzo de 2026— como una de las bisagras más decisivas entre el Estado que protege y el país que produce. No se trata únicamente de recaudar, controlar o autorizar; se trata de diseñar un modelo institucional que facilite el intercambio, fortalezca la competitividad y, al mismo tiempo, cierre las brechas que aprovechan las economías ilícitas.

El boletín describe una DGA que reafirma su misión esencial: facilitar el comercio exterior, garantizar la seguridad del Estado, proteger la salud de la población y elevar la competitividad nacional mediante una gestión moderna, eficiente y transparente. Ese enunciado, en sí mismo, podría parecer protocolar si no viniera acompañado de hechos y programas con impacto operativo. Pero precisamente lo que destaca del contenido es la coherencia entre misión y acciones: logística, digitalización, control, cultura institucional y programas sociales aparecen conectados bajo una misma lógica de fortalecimiento del Estado y de mejora del clima económico.

Uno de los ejes con mayor proyección estratégica es la consolidación del Consejo Nacional de Logística (CNL). La aprobación de licencias para nuevas empresas bajo la Ley 30-24 y la designación de una coordinación operativa apuntan a algo más grande que un trámite: a la construcción de un sistema logístico con reglas, gobernanza y continuidad. El mensaje es inequívoco: República Dominicana no puede aspirar a ser un hub regional únicamente por ubicación geográfica; necesita institucionalidad logística, procedimientos ágiles, interoperabilidad público‑privada y estándares que permitan competir por cargas, inversiones y rutas. El CNL, tal como se presenta, funciona como la mesa donde el país alinea intereses productivos y capacidades estatales para reducir fricciones, tiempos y costos.

En paralelo, el boletín coloca el acento en una idea que pocas veces se aborda con claridad en la gestión aduanera: la competitividad también se construye desde el cuidado de la vida. La entrega de 2,500 cascos protectores a empleados de zonas francas en San Pedro de Macorís, integrada a un programa de educación y seguridad vial en colaboración con INFOTEP y el sector industrial local, es un recordatorio de que la productividad no puede separarse de la responsabilidad social. Un accidente menos es un hogar preservado, un trabajador que no se ausenta, una empresa que no pierde experiencia y un sistema de salud que no carga costos evitables. Cuando la seguridad vial se incorpora a la agenda institucional, el Estado está diciendo: el desarrollo no es solo crecimiento; es protección y dignidad.

El diálogo con actores económicos, representado por el acercamiento con la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (CODOCOM), reafirma otra dimensión clave: la formalidad no se impone únicamente con sanción, también se construye con concertación y reglas claras. Promover el comercio legal y la competencia justa exige, al mismo tiempo, controles efectivos y canales de comunicación permanentes para que el sector privado identifique rutas de regularización y colaboración. Esta visión es particularmente importante en contextos donde la informalidad y el contrabando generan asimetrías que castigan al productor formal, erosionan la base tributaria y distorsionan precios.

La modernización tecnológica del servicio aduanero ocupa un capítulo con implicaciones prácticas inmediatas: la implementación de pagos de impuestos aduanales con tarjetas de débito y crédito, iniciando con pilotos en administraciones y aeropuertos y con planes de expansión hacia plataformas digitales. Si se ejecuta con seguridad, trazabilidad y cobertura amplia, esta medida reduce barreras de cumplimiento, facilita la formalización de Mipymes y disminuye costos de transacción. En términos simples: una aduana que cobra mejor no es la que cobra más duro, sino la que cobra con menos fricción, más transparencia y mejor experiencia para el usuario. La transformación digital, bien aplicada, también fortalece la integridad institucional: cada transacción registrada reduce espacios de discrecionalidad y mejora la auditoría.

El boletín no se queda en la lógica de servicio: enfatiza que la DGA también es una institución de seguridad. La detección de un cargamento significativo de presunta cocaína en un contenedor de tránsito y el decomiso de dinero no declarado en un aeropuerto evidencian que la frontera económica es también frontera criminal. Aquí, el desafío de política pública es equilibrar velocidad y control: facilitar comercio sin abrir puertas al delito, acelerar despachos sin perder capacidad de inspección inteligente. La clave está en la gestión de riesgo, en el uso estratégico de inteligencia y tecnología, y en la coordinación interagencial, porque el crimen organizado opera precisamente donde el Estado se fragmenta.

En ese punto se entiende mejor la importancia de los programas de facilitación del comercio: mejoras al “Despacho en 24 Horas”, fortalecimiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) e impulso al horario extendido en puertos y aeropuertos. El objetivo final no es una meta administrativa, sino una promesa nacional: que mover mercancías en República Dominicana sea más rápido, más predecible y más barato, sin sacrificar control. Ese equilibrio es el que transforma a un país en plataforma logística. Y, en la práctica, es lo que permite que las zonas francas compitan, que el exportador cumpla tiempos, que el inversionista encuentre predictibilidad y que el consumidor final reciba precios más eficientes.

El componente de capital humano y certificaciones confirma una apuesta de largo plazo. La capacitación en gestión de riesgos y procesos aduaneros, junto con la entrega de certificaciones del programa Operador Económico Autorizado (OEA) —con cientos de empresas certificadas según el boletín— se alinea con estándares globales que premian la confianza y la trazabilidad. Una aduana moderna no inspecciona “más”; inspecciona “mejor”, priorizando según perfil de riesgo y creando incentivos para que el sector privado invierta en cumplimiento. En términos estratégicos, el OEA es un lenguaje común entre aduanas del mundo: dice “esta empresa es confiable” y, por tanto, merece facilidades. Eso se traduce en ventajas competitivas reales.

La mención de visitas y cooperación internacional, incluida la presencia de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para constatar avances, sitúa el boletín en un plano más amplio: la modernización aduanera no se valida solo dentro del país; se valida en su capacidad de interoperar con el ecosistema global. Cuando una aduana se alinea con mejores prácticas internacionales, gana credibilidad, reduce costos reputacionales y fortalece la confianza de socios comerciales. En un mundo de tensiones geopolíticas y crecientes requisitos de trazabilidad, esa credibilidad puede ser tan valiosa como un incentivo fiscal.

A todo esto se suma un elemento que suele pasar desapercibido en los análisis técnicos: la cultura institucional. Conmemoraciones patrias, símbolos compartidos y programas como “Mujeres en Conexión” —orientados a mentoría, liderazgo femenino y equidad— muestran que la DGA intenta construir identidad interna y cohesión. En instituciones de control, la ética y la integridad no son “valores decorativos”; son infraestructura invisible. Una cultura organizacional sólida reduce vulnerabilidades, mejora el servicio y eleva el estándar del trato al ciudadano y al operador económico.

Finalmente, el boletín destaca resultados de recaudación y proyecciones de cumplimiento anual, elemento que cierra el círculo: facilitar, digitalizar, certificar y controlar también se refleja en rendimiento fiscal. Pero el verdadero debate editorial no es celebrar cifras, sino sostener el principio de sostenibilidad: recaudar más con mejor gestión y con una economía formal que crece, no con presión desordenada que castigue productividad. Si la DGA consolida su enfoque de eficiencia, transparencia y coordinación público‑privada, el país gana por múltiples vías: más competitividad, más seguridad, más ingresos y mejor reputación internacional.

En suma, el Boletín DGA #92 sugiere una institución que intenta ocupar su rol completo: no solo “aduana” en el sentido clásico, sino plataforma nacional de competitividad y seguridad. El reto, como siempre, está en la ejecución consistente: que la digitalización se generalice sin brechas, que la facilitación conviva con control inteligente, que la logística se gobierne con continuidad y que la integridad institucional siga siendo la columna vertebral. En un contexto regional donde muchos compiten por ser hub, la diferencia no la hará el discurso, sino la capacidad de convertir cada proceso —del pago al despacho, del riesgo al OEA— en confianza ....